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En el caso Medusa van 26 «imputados» que admiten su culpabilidad.
REDACCIÓN.- Van 26 implicados en hechos de corrupción en el expediente de la operación Medusa que han admitido su culpabilidad tras arribar a acuerdos con el Ministerio Público, cuyo principal acusado lo es el ex-procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez Sánchez.
Cabe señalar que de los 26 que admitieron la acusación del Ministerio Público, 17 son personas físicas y 9 jurídicas.
Entre ellos está Lisandro José Macarrulla Martínez, quien en calidad de gerente de Mac Construcciones SRL, se asoció con funcionarios de la Procuraduría General de la República para desfalcar al Estado por el monto de diecisiete millones de pesos.
Macarrulla Martínez admitió realizó pagos de sobornos a Rafael Stefano Cano Sacco, para que esté a su vez lo entregará al acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez, según el Ministerio Público.
El exdirector administrativo de la Procuraduría General de la República, Jonathan Rodríguez Imbert, cobró sobornos y otras acciones durante la construcción de la cárcel Las Parras.
De acuerdo con la acusación, Rodríguez Imbert, también firmaba bajo indicación de autorización de los pagos hechos a Productiva, SRL, este contacto directo con el proceso de pago les permitía enterarse de que se trataba de un mismo rubro.
César Nicolás Rizik Pimentel admitió que se apropió indebidamente de la mayor parte de los fondos públicos administrados por la Procuraduría, destinados a satisfacer de manera adecuada las necesidades de primer orden relativas a la alimentación y la salud de los más de 27,000 privados de libertad que se encuentran distribuidos en los 47 recintos penitenciarios del país, de los cuales 19 pertenecen al denominado modelo tradicional.
Le sigue Ismael Elías de Jesús de Peña Tactuk, quien en calidad de gerente de la entidad comercial Espacio & Arquitectura SRL, realizó pago de sobornos para ganarla licitación dentro del plan de humanización en el lote 12 de Barahona.
Asimismo, Carlos Augusto Guzmán Oliver, Reynaldo de Jesús Santos de la Cruz, José Miguel Estrada Jackson, César Nicolás Rizik Pimentel, Francisco Arturo Santos Gómez, se asociaron con las personas que trabajaban el tema de la distribución de los alimentos para las cárceles.
De acuerdo con la acusación, estos trabajaban la información sobre la forma en la que era enviado el dinero por José Miguel Estrada Jackson y César Nicolás Rizik Pimentel a los encargados de recibir los alimentos en distintos centros penitenciarios para que estos recibieron sin problemas los alimentos por la mala calidad e incompletos.
El órgano persecutor detalló que aunque las empresas tienen a nivel de composición societaria socios diferentes, que fungía como prestanombre, los dueños reales de las referidas empresas son los acusados José Miguel Estrada Jackson y César Nicolás Rizik Pimentel, quienes gracias a sus vínculos con Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy, cuñado del ex Procurador, ganaban mediante maniobras fraudulentas casi la totalidad de los lotes de las licitaciones de alimentos, indica la acusación.
En tanto que Daniel Enrique Vásquez Feliz y Francisco Alberto Vásquez Feliz ingresaron a la composición de accionistas de la entidad comercial Divamor Group, S.R.L., con la siguiente distribución de las cuotas sociales a su favor.
Vásquez Feliz, es un amigo de íntima confianza del acusado José Miguel Estrada Jackson, quien conjuntamente con Cesar Nicolás Rizik Pimentel, eran los que tenían el control absoluto de la razón social de Divamor Group, SRL. Aunque en papeles el acusado Daniel Enrique Vásquez Feliz aparece como el socio mayoritario de la empresa Divamor Group, SRL, en realidad el mismo participó como encargado de despachar los productos de todas las empresas relacionado con la estructura, en la una de las naves que estaba ubicada en Manoguayabo, a mediados del año dos mil veinte (2020).
Igualmente, Francisco Alberto Vásquez Feliz, está vinculado a la entrega de los productos contratados en presentaciones de menor cantidad y calidad a la que indica en el conduce que sustenta la factura pagada, así para estafar al Estado.
Del mismo modo, Francisco Arturo Santos Gómez, en representación de Rogama, S.R.L., admitió que incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
Asimismo, Francisco Arturo Gómez, también se asoció con José Miguel Estrada Jackson, quien bailó más que la sopita en el expediente del Ministerio Público, en la distribución de alimentos que no fueron entregados en su totalidad.
En tanto que Alfredo Alexander Solano Augusto se encargaba de darles las indicaciones a los encargados de realizar las inspecciones a los fines de favorecer a las empresas del entramado.
Ricardo Antonio Carrasquero admitió que estafó al Estado Dominicano mediante la prestación de los servicios de Supervisión de Obras de Construcción del CCR La Nueva Victoria, Lote 1.
De acuerdo con la acusación José Antonio Santana Julián, Lisandro José Macarrulla Martínez, Cesarión Morel Grullón e Ismael Elías de Jesús de Peña Tactuk, se asociaron para estafar al Estado Dominicano, de manera principal en el Plan de Humanización de la Procuraduría General de la República, este entramado de corrupción realizó una selección de las constructoras más preparadas y las mejores en el área de supervisión privada.
Luego de que estas empresas ganaron las obras seleccionadas, debían pagar el 20 por ciento del valor de la obra adjudicada.
Mientras que, Mercedes Camelia Salcedo Disla y Carolina Pimentel Bonifacio estafaron al Estado dominicano, empleando diversas maniobras fraudulentas, como la no entrega de los productos contratados al referido centro penitenciario.
Personas Físicas
1. Lisandro José Macarrulla
2. Ricardo Carrasquero
3. José Santana Julián
4. Reynaldo Santos
5. César Nicolás Rizik
6. José M. Estrada
7. Rafael S. Rasuk
8. Jenny Marte Peña
9. Mercedes Salcedo
10. Carolina Pimentel
11. Carlos A. Guzmán
12. Ismael Elías Peña
13. Daniel E. Vásquez
14. Francisco Vásquez
15. Fausto J. Cáceres
16. Francisco Gómez
17. Jonnathan Rodríguez
18. Mac Construcciones
19. Espacio & Arquitectura
20. Herrajes Rachel
21. Parasata Mercantil
22. Constructora Carrasquero
23. Abastesa, S.A.S
24. F &F Import
25. Swaziland SRL
26. Divamor Group SRL
Durante una operacion de las autoridades dominicanas fueron incautados este miércoles 114 paquetes de presunta cocaína en las costas del municipio de Baní, provincia Peravia.
Según una nota de prensa de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), el operativo se inició tras una alerta sobre una embarcación que se dirigía hacia territorio dominicano con un posible cargamento de sustancias ilícitas. Ante esto, se activaron los equipos aéreos, marítimos y terrestres para interceptar la lancha.
Tras varias horas de seguimiento, los ocupantes de la embarcación, al detectar la presencia de las autoridades, aceleraron la marcha y lanzaron varias pacas de presuntos narcoticos al mar Caribe antes de huir rumbo al sur, logrando evadir la persecución.
Posteriormente, se realizó un operativo de búsqueda en aguas del Caribe, a varias millas náuticas al sur de Baní, donde lograron recuperar cuatro pacas que contenían los 114 paquetes, de presunta cocaína, envueltos en cinta adhesiva y marcados con distintos logotipos.
Buscan a los tripulantes
La DNCD informó que helicópteros, lanchas y unidades de reacción terrestre permanecen desplegadas en la zona mientras continúan las labores para localizar otros posibles ilícitos y dar con los tripulantes de la lancha.
- En la operación participaron agentes de la DNCD, miembros de la Armada de la República Dominicana (ARD) y la Fuerza Aérea (FARD), bajo la coordinación del Ministerio Público.
Los paquetes ocupados fueron enviados, bajo cadena de custodia, al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), que determinará el tipo y peso exacto del alijo.
Santo Domingo, R.D.-Ricardo de los Santos, presidente del Senado de la República, reiteró este miércoles su firme posición respecto a los límites impuestos a la reelección presidencial consecutiva, afirmando que no respaldará ninguna iniciativa que pretenda modificar lo establecido en la reforma constitucional de 2024.
«Yo no me voy a desdecir. Yo presidí una reforma constitucional como presidente de la Asamblea, y ahí se determinó claramente que el objetivo principal era poner los verdaderos candados para que ningún presidente pueda participar más de lo permitido y nunca jamás», expresó.
De los Santos negó que exista alguna orientación partidaria que favorezca cambiar la Constitución, como sugieren algunos sectores.
«No hay ninguna línea partidaria de eso, lo que se está diciendo, eso se lo están inventando», afirmó.
Reafirmación del compromiso con la reforma constitucional de 2024
Recordó que la línea oficial del liderazgo político fue precisamente cumplir con la palabra empeñada y colocar «los verdaderos candados» que impiden que cualquier presidente pueda intentar perpetuarse en el poder.
- La reforma constitucional de 2024 limitó la reelección presidencial consecutiva y, según De los Santos, su contenido no está sujeto a revisión.
Santiago de los Caballeros, 3 de diciembre de 2025.– Esta tarde la Policía Nacional informó que se presentaron ante el despacho del director regional, general Juan Bautista Jiménez Reinoso, los señores Juan Compré (Guanchi), Osvaldo Brito y Bernardo Fernández, dirigentes de la Coalición de Organizaciones Sociales y Populares del Cibao, junto al periodista Orlando Reyes, para entregarse a los jóvenes Ramón Emilio Gonzales Cabrera, Adelin José Núñez Guzmán y Juan Martín Hernández Rosario.
Los citados jóvenes eran requeridos por la institución para ser investigados por el Ministerio Público en relación con su presunta vinculación al atentado contra la vivienda del alcalde del municipio de Navarrete, Genrry Peralta, la cual fue tiroteada.
La entrega de los jóvenes se realizó como resultado de varios allanamientos ejecutados bajo las órdenes judiciales núms. AJ0079232 y AJ0079234-2025, llevados a cabo por la Policía Nacional junto al Ministerio Público en busca de los responsables del hecho.