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En el caso Medusa van 26 «imputados» que admiten su culpabilidad.
REDACCIÓN.- Van 26 implicados en hechos de corrupción en el expediente de la operación Medusa que han admitido su culpabilidad tras arribar a acuerdos con el Ministerio Público, cuyo principal acusado lo es el ex-procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez Sánchez.
Cabe señalar que de los 26 que admitieron la acusación del Ministerio Público, 17 son personas físicas y 9 jurídicas.
Entre ellos está Lisandro José Macarrulla Martínez, quien en calidad de gerente de Mac Construcciones SRL, se asoció con funcionarios de la Procuraduría General de la República para desfalcar al Estado por el monto de diecisiete millones de pesos.
Macarrulla Martínez admitió realizó pagos de sobornos a Rafael Stefano Cano Sacco, para que esté a su vez lo entregará al acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez, según el Ministerio Público.
El exdirector administrativo de la Procuraduría General de la República, Jonathan Rodríguez Imbert, cobró sobornos y otras acciones durante la construcción de la cárcel Las Parras.
De acuerdo con la acusación, Rodríguez Imbert, también firmaba bajo indicación de autorización de los pagos hechos a Productiva, SRL, este contacto directo con el proceso de pago les permitía enterarse de que se trataba de un mismo rubro.
César Nicolás Rizik Pimentel admitió que se apropió indebidamente de la mayor parte de los fondos públicos administrados por la Procuraduría, destinados a satisfacer de manera adecuada las necesidades de primer orden relativas a la alimentación y la salud de los más de 27,000 privados de libertad que se encuentran distribuidos en los 47 recintos penitenciarios del país, de los cuales 19 pertenecen al denominado modelo tradicional.
Le sigue Ismael Elías de Jesús de Peña Tactuk, quien en calidad de gerente de la entidad comercial Espacio & Arquitectura SRL, realizó pago de sobornos para ganarla licitación dentro del plan de humanización en el lote 12 de Barahona.
Asimismo, Carlos Augusto Guzmán Oliver, Reynaldo de Jesús Santos de la Cruz, José Miguel Estrada Jackson, César Nicolás Rizik Pimentel, Francisco Arturo Santos Gómez, se asociaron con las personas que trabajaban el tema de la distribución de los alimentos para las cárceles.
De acuerdo con la acusación, estos trabajaban la información sobre la forma en la que era enviado el dinero por José Miguel Estrada Jackson y César Nicolás Rizik Pimentel a los encargados de recibir los alimentos en distintos centros penitenciarios para que estos recibieron sin problemas los alimentos por la mala calidad e incompletos.
El órgano persecutor detalló que aunque las empresas tienen a nivel de composición societaria socios diferentes, que fungía como prestanombre, los dueños reales de las referidas empresas son los acusados José Miguel Estrada Jackson y César Nicolás Rizik Pimentel, quienes gracias a sus vínculos con Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy, cuñado del ex Procurador, ganaban mediante maniobras fraudulentas casi la totalidad de los lotes de las licitaciones de alimentos, indica la acusación.
En tanto que Daniel Enrique Vásquez Feliz y Francisco Alberto Vásquez Feliz ingresaron a la composición de accionistas de la entidad comercial Divamor Group, S.R.L., con la siguiente distribución de las cuotas sociales a su favor.
Vásquez Feliz, es un amigo de íntima confianza del acusado José Miguel Estrada Jackson, quien conjuntamente con Cesar Nicolás Rizik Pimentel, eran los que tenían el control absoluto de la razón social de Divamor Group, SRL. Aunque en papeles el acusado Daniel Enrique Vásquez Feliz aparece como el socio mayoritario de la empresa Divamor Group, SRL, en realidad el mismo participó como encargado de despachar los productos de todas las empresas relacionado con la estructura, en la una de las naves que estaba ubicada en Manoguayabo, a mediados del año dos mil veinte (2020).
Igualmente, Francisco Alberto Vásquez Feliz, está vinculado a la entrega de los productos contratados en presentaciones de menor cantidad y calidad a la que indica en el conduce que sustenta la factura pagada, así para estafar al Estado.
Del mismo modo, Francisco Arturo Santos Gómez, en representación de Rogama, S.R.L., admitió que incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
Asimismo, Francisco Arturo Gómez, también se asoció con José Miguel Estrada Jackson, quien bailó más que la sopita en el expediente del Ministerio Público, en la distribución de alimentos que no fueron entregados en su totalidad.
En tanto que Alfredo Alexander Solano Augusto se encargaba de darles las indicaciones a los encargados de realizar las inspecciones a los fines de favorecer a las empresas del entramado.
Ricardo Antonio Carrasquero admitió que estafó al Estado Dominicano mediante la prestación de los servicios de Supervisión de Obras de Construcción del CCR La Nueva Victoria, Lote 1.
De acuerdo con la acusación José Antonio Santana Julián, Lisandro José Macarrulla Martínez, Cesarión Morel Grullón e Ismael Elías de Jesús de Peña Tactuk, se asociaron para estafar al Estado Dominicano, de manera principal en el Plan de Humanización de la Procuraduría General de la República, este entramado de corrupción realizó una selección de las constructoras más preparadas y las mejores en el área de supervisión privada.
Luego de que estas empresas ganaron las obras seleccionadas, debían pagar el 20 por ciento del valor de la obra adjudicada.
Mientras que, Mercedes Camelia Salcedo Disla y Carolina Pimentel Bonifacio estafaron al Estado dominicano, empleando diversas maniobras fraudulentas, como la no entrega de los productos contratados al referido centro penitenciario.
Personas Físicas
1. Lisandro José Macarrulla
2. Ricardo Carrasquero
3. José Santana Julián
4. Reynaldo Santos
5. César Nicolás Rizik
6. José M. Estrada
7. Rafael S. Rasuk
8. Jenny Marte Peña
9. Mercedes Salcedo
10. Carolina Pimentel
11. Carlos A. Guzmán
12. Ismael Elías Peña
13. Daniel E. Vásquez
14. Francisco Vásquez
15. Fausto J. Cáceres
16. Francisco Gómez
17. Jonnathan Rodríguez
18. Mac Construcciones
19. Espacio & Arquitectura
20. Herrajes Rachel
21. Parasata Mercantil
22. Constructora Carrasquero
23. Abastesa, S.A.S
24. F &F Import
25. Swaziland SRL
26. Divamor Group SRL
Santo Domingo, R.D.-Una iniciativa introducida en la Cámara de Diputados estudia actualmente una iniciativa que permitiría por primera vez de forma expresa que los hombres puedan incorporar el apellido de sus esposas en su cédula y otros documentos, bajo las mismas condiciones que hoy lo hacen algunas mujeres de manera opcional.
El proyecto de ley es autoría de la diputada Gabriela Abreu Santos, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), y busca regular el apellido de los cónyuges en la cédula de identidad, una practica que, según la pieza legislativa, solo estaba organizada de forma administrativa, no legal.
En ese sentido, la propuesta busca que no solo las mujeres usen el apellido de los esposos, sino que los hombres también puedan agregar el apellido de sus esposas en sus documentos.
El proyecto señala que la inclusión del apellido de la pareja podría realizarse mediante la expresión «de + apellido del cónyuge» o mediante cualquier otra modalidad que establezca la Junta Central Electoral en su reglamentación.
Para solicitar la incorporación del apellido del cónyuge, la propuesta exige la presentación del acta de matrimonio registrada conforme a la Ley 4-23, una solicitud expresa del interesado y un documento de identidad vigente.
La pieza legislativa también dispone que este derecho se reconozca sin distinción de género, por lo que podría ser ejercido por cualquiera de los cónyuges en igualdad de condiciones.
El proyecto contempla que la persona que haya decidido utilizar el apellido de su pareja podrá solicitar en cualquier momento su eliminación del documento de identidad.
Asimismo, en caso de divorcio, nulidad del matrimonio o fallecimiento del cónyuge, el titular del documento podrá optar por mantener el apellido como uso social o solicitar su retiro de la cédula.
En caso de ser aprobada totalmente en el Congreso, la JCE dispondría de un plazo de 90 días para dictar el reglamento que regule la aplicación de la norma.a
En la exposición de motivos, la diputada Abreu Santos sostiene que el objetivo del proyecto es garantizar la libertad de elección de los ciudadanos en el uso del apellido de su cónyuge, en condiciones de igualdad, y fortalecer la seguridad jurídica en materia de identidad.
La legisladora también señala que actualmente la inclusión del apellido del cónyuge en la cédula se realiza como una práctica administrativa, sin una regulación legal expresa, por lo que considera necesario establecer una norma clara que regule esta posibilidad.
Santo Domingo, R.D.- Charlizze Altagracia Hernández Monegro, joven golpeada por un coronel de la Policía Nacional, interpuso una querella con constitución en actor civil contra el coronel Fausto Madé Ramírez, por haberla agredido en plena vía pública en Los Mina, municipio Santo Domingo Este, hecho que que quedó captado en video y fue ampliamente difundido en las redes sociales.
La instancia fue presentada ante la Fiscalía de Santo Domingo e incluye como tercero civilmente responsable a la entidad policial por tratarse de un agente en funciones.
Los abogados de la querellante sustentan la acción en los artículos 186, 198, 265, 266, 309, 309-1 y 309-3, ordinales B, C y E, del Código Penal Dominicano, que tipifican delitos relacionados con agresión y violencia.
Este hecho vuelve a colocar en el centro del debate público el uso de la fuerza por parte de agentes del orden y la efectividad de los mecanismos de supervisión, en momentos en que se impulsa una reforma policial orientada a fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas dentro de la institución.
- Sin embargo, su accionar no es un hecho aislado en su historial dentro de la institución.
El oficial ya había sido sancionado anteriormente en 2018, entonces con rango de teniente, y subcomandante del destacamento de Los Frailes por una conducta violenta hacia un ciudadano.
Según el informe del cuerpo del orden de ese momento, el agente incurrió en una actuación contraria a los principios de prudencia y tolerancia que deben regir el accionar policial, por lo que fue remitido a la Dirección de Asuntos Internos.
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Distribuyen agentes policiales para reforzar seguridad en operativo de Semana Santa 2026
Santo Domingo, R.D.-Agentes de la Policía Nacional fueron distribuidos este miércoles s nivel nacional para fortalecer las labores de prevención y garantizar la seguridad ciudadana durante el asueto de Semana Santa 2026.
Los agentes, debidamente uniformados y con su equipaje en mano, forman parte del contingente que se integrará al Operativo Proteger y Servir Semana Santa 2026, una iniciativa del Gobierno dominicano que articula esfuerzos entre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad del Estado.
Las autoridades policiales señalaron que este despliegue forma parte de la estrategia preventiva diseñada para reducir la incidencia delictiva, evitar accidentes y ofrecer una respuesta oportuna ante cualquier eventualidad que pudiera surgir durante el desplazamiento masivo de ciudadanos en este período.
Asimismo, exhortaron a los agentes a desempeñar sus funciones con apego a los protocolos institucionales, respeto a los derechos fundamentales y un alto sentido de responsabilidad, recordando que representan el rostro cercano de la institución ante la ciudadanía.
Con esta distribución, la Policía Nacional continúa fortaleciendo su capacidad operativa y reafirma su compromiso de proteger vidas, preservar el orden público y contribuir a que la población disfrute de una Semana Santa segura y en paz.