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En el caso Medusa van 26 «imputados» que admiten su culpabilidad.
REDACCIÓN.- Van 26 implicados en hechos de corrupción en el expediente de la operación Medusa que han admitido su culpabilidad tras arribar a acuerdos con el Ministerio Público, cuyo principal acusado lo es el ex-procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez Sánchez.
Cabe señalar que de los 26 que admitieron la acusación del Ministerio Público, 17 son personas físicas y 9 jurídicas.
Entre ellos está Lisandro José Macarrulla Martínez, quien en calidad de gerente de Mac Construcciones SRL, se asoció con funcionarios de la Procuraduría General de la República para desfalcar al Estado por el monto de diecisiete millones de pesos.
Macarrulla Martínez admitió realizó pagos de sobornos a Rafael Stefano Cano Sacco, para que esté a su vez lo entregará al acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez, según el Ministerio Público.
El exdirector administrativo de la Procuraduría General de la República, Jonathan Rodríguez Imbert, cobró sobornos y otras acciones durante la construcción de la cárcel Las Parras.
De acuerdo con la acusación, Rodríguez Imbert, también firmaba bajo indicación de autorización de los pagos hechos a Productiva, SRL, este contacto directo con el proceso de pago les permitía enterarse de que se trataba de un mismo rubro.
César Nicolás Rizik Pimentel admitió que se apropió indebidamente de la mayor parte de los fondos públicos administrados por la Procuraduría, destinados a satisfacer de manera adecuada las necesidades de primer orden relativas a la alimentación y la salud de los más de 27,000 privados de libertad que se encuentran distribuidos en los 47 recintos penitenciarios del país, de los cuales 19 pertenecen al denominado modelo tradicional.
Le sigue Ismael Elías de Jesús de Peña Tactuk, quien en calidad de gerente de la entidad comercial Espacio & Arquitectura SRL, realizó pago de sobornos para ganarla licitación dentro del plan de humanización en el lote 12 de Barahona.
Asimismo, Carlos Augusto Guzmán Oliver, Reynaldo de Jesús Santos de la Cruz, José Miguel Estrada Jackson, César Nicolás Rizik Pimentel, Francisco Arturo Santos Gómez, se asociaron con las personas que trabajaban el tema de la distribución de los alimentos para las cárceles.
De acuerdo con la acusación, estos trabajaban la información sobre la forma en la que era enviado el dinero por José Miguel Estrada Jackson y César Nicolás Rizik Pimentel a los encargados de recibir los alimentos en distintos centros penitenciarios para que estos recibieron sin problemas los alimentos por la mala calidad e incompletos.
El órgano persecutor detalló que aunque las empresas tienen a nivel de composición societaria socios diferentes, que fungía como prestanombre, los dueños reales de las referidas empresas son los acusados José Miguel Estrada Jackson y César Nicolás Rizik Pimentel, quienes gracias a sus vínculos con Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy, cuñado del ex Procurador, ganaban mediante maniobras fraudulentas casi la totalidad de los lotes de las licitaciones de alimentos, indica la acusación.
En tanto que Daniel Enrique Vásquez Feliz y Francisco Alberto Vásquez Feliz ingresaron a la composición de accionistas de la entidad comercial Divamor Group, S.R.L., con la siguiente distribución de las cuotas sociales a su favor.
Vásquez Feliz, es un amigo de íntima confianza del acusado José Miguel Estrada Jackson, quien conjuntamente con Cesar Nicolás Rizik Pimentel, eran los que tenían el control absoluto de la razón social de Divamor Group, SRL. Aunque en papeles el acusado Daniel Enrique Vásquez Feliz aparece como el socio mayoritario de la empresa Divamor Group, SRL, en realidad el mismo participó como encargado de despachar los productos de todas las empresas relacionado con la estructura, en la una de las naves que estaba ubicada en Manoguayabo, a mediados del año dos mil veinte (2020).
Igualmente, Francisco Alberto Vásquez Feliz, está vinculado a la entrega de los productos contratados en presentaciones de menor cantidad y calidad a la que indica en el conduce que sustenta la factura pagada, así para estafar al Estado.
Del mismo modo, Francisco Arturo Santos Gómez, en representación de Rogama, S.R.L., admitió que incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
Asimismo, Francisco Arturo Gómez, también se asoció con José Miguel Estrada Jackson, quien bailó más que la sopita en el expediente del Ministerio Público, en la distribución de alimentos que no fueron entregados en su totalidad.
En tanto que Alfredo Alexander Solano Augusto se encargaba de darles las indicaciones a los encargados de realizar las inspecciones a los fines de favorecer a las empresas del entramado.
Ricardo Antonio Carrasquero admitió que estafó al Estado Dominicano mediante la prestación de los servicios de Supervisión de Obras de Construcción del CCR La Nueva Victoria, Lote 1.
De acuerdo con la acusación José Antonio Santana Julián, Lisandro José Macarrulla Martínez, Cesarión Morel Grullón e Ismael Elías de Jesús de Peña Tactuk, se asociaron para estafar al Estado Dominicano, de manera principal en el Plan de Humanización de la Procuraduría General de la República, este entramado de corrupción realizó una selección de las constructoras más preparadas y las mejores en el área de supervisión privada.
Luego de que estas empresas ganaron las obras seleccionadas, debían pagar el 20 por ciento del valor de la obra adjudicada.
Mientras que, Mercedes Camelia Salcedo Disla y Carolina Pimentel Bonifacio estafaron al Estado dominicano, empleando diversas maniobras fraudulentas, como la no entrega de los productos contratados al referido centro penitenciario.
Personas Físicas
1. Lisandro José Macarrulla
2. Ricardo Carrasquero
3. José Santana Julián
4. Reynaldo Santos
5. César Nicolás Rizik
6. José M. Estrada
7. Rafael S. Rasuk
8. Jenny Marte Peña
9. Mercedes Salcedo
10. Carolina Pimentel
11. Carlos A. Guzmán
12. Ismael Elías Peña
13. Daniel E. Vásquez
14. Francisco Vásquez
15. Fausto J. Cáceres
16. Francisco Gómez
17. Jonnathan Rodríguez
18. Mac Construcciones
19. Espacio & Arquitectura
20. Herrajes Rachel
21. Parasata Mercantil
22. Constructora Carrasquero
23. Abastesa, S.A.S
24. F &F Import
25. Swaziland SRL
26. Divamor Group SRL
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Pepca asegura que pruebas del caso Calamar sustentarán solicitud de condena contra imputados
Mirna Ortiz afirmó que el Ministerio Público presentará pruebas testimoniales y periciales para sustentar su acusación; la lectura del expediente continuará el lunes 21 de septiembre
SANTO DOMINGO.– La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, afirmó que el Ministerio Público considera que las pruebas que presentará durante el juicio de fondo del denominado caso Calamar permitirán sustentar su solicitud de condena contra los imputados.
“Indiscutiblemente, frente a la contundencia de estas pruebas, este tribunal tendrá que condenar a cada uno de los imputados con las penas que en su momento vamos a solicitar”, declaró Ortiz al referirse a la acusación que conoce el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
La procuradora de Corte sostuvo que, conforme a la tesis del órgano acusador, el expediente describe una presunta estructura que habría utilizado instituciones del Estado para desarrollar un esquema de corrupción destinado a obtener beneficios económicos.
“Esta estructura criminal utilizó el Estado como instrumento, la corrupción como método y el lucro para enriquecerse y permanecer en el poder”, manifestó.
Acusación contiene 3,383 páginas
Ortiz explicó que las distintas líneas de investigación contenidas en las 3,383 páginas de la acusación están acompañadas de referencias a pruebas testimoniales y periciales que el Ministerio Público pretende incorporar y debatir durante el juicio.
Entre los procesados figura el exministro de Hacienda Donald Guerrero, junto a otros imputados incluidos en el expediente del caso Calamar.
La lectura de la acusación estuvo encabezada por el procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución del Ministerio Público, acompañado por el equipo de fiscales litigantes.
El conocimiento del expediente continuará el lunes 21 de septiembre, cuando está previsto proseguir con la lectura de la acusación.
Ministerio Público dice que investigaciones continúan
Consultada sobre empresarios y una empresa que hasta el momento no forman parte del proceso, Ortiz indicó que las investigaciones relacionadas con el caso permanecen abiertas.
“El Ministerio Público sigue investigando, seguimos avanzando. Ustedes saben que las investigaciones no se agotan en un solo proceso y más adelante veremos”, expresó.
Por su parte, el abogado José Martínez Hoepelman señaló que la jornada judicial transcurrió con normalidad y que las defensas permitieron que el Ministerio Público desarrollara sus alegatos de apertura sin interrupciones.
Tribunal deberá valorar las pruebas
Las declaraciones de Ortiz representan la posición y teoría acusatoria del Ministerio Público. Corresponderá al Tercer Tribunal Colegiado valorar durante el juicio las pruebas presentadas por la acusación y las defensas, así como los argumentos de todas las partes, antes de determinar si existe o no responsabilidad penal.
Los imputados en el caso Calamar mantienen la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria definitiva dictada conforme al debido proceso.
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Expresidente de la JCE defiende permanencia de partidos minoritarios en el sistema político dominicano
Julio César Castaños Guzmán sostiene que las organizaciones pequeñas representan sectores minoritarios y forman parte de la tradición democrática del país
SANTO DOMINGO.– El expresidente de la Junta Central Electoral (JCE) Julio César Castaños Guzmán se pronunció a favor de preservar la participación de los partidos políticos minoritarios en República Dominicana, al considerar que estas organizaciones contribuyen a la representación de distintos sectores de la sociedad.
“Esos partidos deben mantenerse todos por el bien de la democracia”, expresó el jurista al referirse al papel que desempeñan las organizaciones de menor tamaño dentro del sistema político dominicano, según declaraciones publicadas este miércoles por El Día.
Castaños Guzmán argumentó que los partidos pequeños no constituyen un fenómeno reciente y señaló que han formado parte de la vida política nacional desde los orígenes de la República.
A su juicio, eliminar esas organizaciones reduciría las alternativas disponibles para determinados sectores del electorado.
Defiende representación de las minorías
El expresidente de la JCE sostuvo que la importancia de una organización política no debería analizarse exclusivamente a partir de su tamaño o de la cantidad de votos obtenidos en las elecciones.
Según explicó, también deben considerarse aspectos como sus ideas, estructuras internas y capacidad para establecer alianzas.
“La fortaleza de un partido se evalúa por su pensamiento, por sus estructuras y las alianzas que hace”, manifestó Castaños Guzmán, de acuerdo con el reporte periodístico suministrado.
El jurista vinculó además su posición con la representación política de los grupos minoritarios, señalando que estos tienen reconocimiento dentro del orden constitucional dominicano.
“Las minorías están en la Constitución”, afirmó al defender la continuidad de espacios políticos que permitan canalizar distintas expresiones de la sociedad.
Partidos políticos y democracia
Castaños Guzmán sostuvo que el sistema de partidos constituye un componente esencial del régimen democrático y relacionó la existencia de organizaciones políticas institucionalmente sólidas con la calidad de la democracia.
Sus declaraciones se producen en medio de discusiones públicas sobre el funcionamiento, reconocimiento y permanencia de las organizaciones políticas en República Dominicana.
El régimen de partidos dominicano está regulado, entre otras normas, por la Ley núm. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, mientras que la Constitución reconoce el papel de estas organizaciones en el fortalecimiento de la democracia y establece principios relativos a su organización y funcionamiento.
La posición expresada por Castaños Guzmán constituye su valoración sobre el sistema de partidos y la representación de las minorías, dentro del debate sobre el papel que deben desempeñar las organizaciones políticas de menor tamaño en la democracia dominicana.
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Abinader rechaza propuesta para hacer obligatoria la enseñanza del creole en escuelas dominicanas
El mandatario calificó la iniciativa como un “despropósito” y afirmó que el Gobierno apuesta por fortalecer la enseñanza del inglés
SANTO DOMINGO.– El presidente de la República, Luis Abinader, rechazó la propuesta legislativa que busca establecer como obligatoria la enseñanza del creole en las escuelas públicas y privadas de República Dominicana, iniciativa que también contempla incorporar el inglés y el francés al modelo educativo. El mandatario calificó la enseñanza obligatoria del creole como un “despropósito” y aseguró que la propuesta no cuenta con el respaldo de su administración.
Abinader manifestó que el Gobierno tiene interés en fortalecer la enseñanza del inglés en los centros educativos, pero marcó distancia respecto a la inclusión obligatoria del creole. También señaló que la iniciativa no fue discutida ni respaldada por el Gobierno ni por el Partido Revolucionario Moderno (PRM).
¿Qué plantea el proyecto?
La iniciativa fue presentada en la Cámara de Diputados por Julio César Beltré Méndez, diputado del PRM por la provincia Azua. El proyecto propone incorporar obligatoriamente la enseñanza de creole, inglés y francés desde el nivel primario hasta el secundario.
De acuerdo con el contenido de la propuesta, la medida abarcaría centros educativos públicos, privados y de gestión mixta autorizados por el Ministerio de Educación y no estaría limitada exclusivamente a las provincias fronterizas.
El legislador fundamenta la inclusión del creole en las relaciones históricas, comerciales, culturales y migratorias existentes entre República Dominicana y Haití, así como en la dinámica de las comunidades fronterizas. En el caso del inglés, destaca su importancia para sectores como turismo, comercio, tecnología y servicios, mientras que al francés le atribuye relevancia internacional, diplomática y cultural.
Aplicación sería gradual
El proyecto contempla que, en caso de convertirse en ley, el Ministerio de Educación disponga de 12 meses para elaborar el currículo, establecer contenidos, carga horaria y estándares de competencia lingüística.
Su implementación sería progresiva, con un período máximo de cinco años, comenzando por el primer ciclo del nivel primario. También contempla programas para la formación y certificación de docentes capaces de impartir los idiomas.
Una propuesta que genera debate
La iniciativa ha provocado posiciones diferentes entre sectores políticos, educativos y sociales. Mientras sus promotores argumentan que el conocimiento de otros idiomas ampliaría las competencias de los estudiantes y facilitaría la comunicación y las relaciones internacionales, otros sectores cuestionan que el creole deba establecerse como materia obligatoria en todo el sistema educativo.
Incluso dentro del sector magisterial se han divulgado posiciones distintas. La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) aclaró posteriormente que su Comité Ejecutivo Nacional no había adoptado una posición institucional oficial sobre la propuesta.
Por el momento, la enseñanza obligatoria del creole no está vigente en República Dominicana. Se trata de una propuesta legislativa que deberá agotar el procedimiento correspondiente en el Congreso Nacional antes de que pueda convertirse en ley.