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En el caso Medusa van 26 «imputados» que admiten su culpabilidad.
REDACCIÓN.- Van 26 implicados en hechos de corrupción en el expediente de la operación Medusa que han admitido su culpabilidad tras arribar a acuerdos con el Ministerio Público, cuyo principal acusado lo es el ex-procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez Sánchez.
Cabe señalar que de los 26 que admitieron la acusación del Ministerio Público, 17 son personas físicas y 9 jurídicas.
Entre ellos está Lisandro José Macarrulla Martínez, quien en calidad de gerente de Mac Construcciones SRL, se asoció con funcionarios de la Procuraduría General de la República para desfalcar al Estado por el monto de diecisiete millones de pesos.
Macarrulla Martínez admitió realizó pagos de sobornos a Rafael Stefano Cano Sacco, para que esté a su vez lo entregará al acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez, según el Ministerio Público.
El exdirector administrativo de la Procuraduría General de la República, Jonathan Rodríguez Imbert, cobró sobornos y otras acciones durante la construcción de la cárcel Las Parras.
De acuerdo con la acusación, Rodríguez Imbert, también firmaba bajo indicación de autorización de los pagos hechos a Productiva, SRL, este contacto directo con el proceso de pago les permitía enterarse de que se trataba de un mismo rubro.
César Nicolás Rizik Pimentel admitió que se apropió indebidamente de la mayor parte de los fondos públicos administrados por la Procuraduría, destinados a satisfacer de manera adecuada las necesidades de primer orden relativas a la alimentación y la salud de los más de 27,000 privados de libertad que se encuentran distribuidos en los 47 recintos penitenciarios del país, de los cuales 19 pertenecen al denominado modelo tradicional.
Le sigue Ismael Elías de Jesús de Peña Tactuk, quien en calidad de gerente de la entidad comercial Espacio & Arquitectura SRL, realizó pago de sobornos para ganarla licitación dentro del plan de humanización en el lote 12 de Barahona.
Asimismo, Carlos Augusto Guzmán Oliver, Reynaldo de Jesús Santos de la Cruz, José Miguel Estrada Jackson, César Nicolás Rizik Pimentel, Francisco Arturo Santos Gómez, se asociaron con las personas que trabajaban el tema de la distribución de los alimentos para las cárceles.
De acuerdo con la acusación, estos trabajaban la información sobre la forma en la que era enviado el dinero por José Miguel Estrada Jackson y César Nicolás Rizik Pimentel a los encargados de recibir los alimentos en distintos centros penitenciarios para que estos recibieron sin problemas los alimentos por la mala calidad e incompletos.
El órgano persecutor detalló que aunque las empresas tienen a nivel de composición societaria socios diferentes, que fungía como prestanombre, los dueños reales de las referidas empresas son los acusados José Miguel Estrada Jackson y César Nicolás Rizik Pimentel, quienes gracias a sus vínculos con Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy, cuñado del ex Procurador, ganaban mediante maniobras fraudulentas casi la totalidad de los lotes de las licitaciones de alimentos, indica la acusación.
En tanto que Daniel Enrique Vásquez Feliz y Francisco Alberto Vásquez Feliz ingresaron a la composición de accionistas de la entidad comercial Divamor Group, S.R.L., con la siguiente distribución de las cuotas sociales a su favor.
Vásquez Feliz, es un amigo de íntima confianza del acusado José Miguel Estrada Jackson, quien conjuntamente con Cesar Nicolás Rizik Pimentel, eran los que tenían el control absoluto de la razón social de Divamor Group, SRL. Aunque en papeles el acusado Daniel Enrique Vásquez Feliz aparece como el socio mayoritario de la empresa Divamor Group, SRL, en realidad el mismo participó como encargado de despachar los productos de todas las empresas relacionado con la estructura, en la una de las naves que estaba ubicada en Manoguayabo, a mediados del año dos mil veinte (2020).
Igualmente, Francisco Alberto Vásquez Feliz, está vinculado a la entrega de los productos contratados en presentaciones de menor cantidad y calidad a la que indica en el conduce que sustenta la factura pagada, así para estafar al Estado.
Del mismo modo, Francisco Arturo Santos Gómez, en representación de Rogama, S.R.L., admitió que incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
Asimismo, Francisco Arturo Gómez, también se asoció con José Miguel Estrada Jackson, quien bailó más que la sopita en el expediente del Ministerio Público, en la distribución de alimentos que no fueron entregados en su totalidad.
En tanto que Alfredo Alexander Solano Augusto se encargaba de darles las indicaciones a los encargados de realizar las inspecciones a los fines de favorecer a las empresas del entramado.
Ricardo Antonio Carrasquero admitió que estafó al Estado Dominicano mediante la prestación de los servicios de Supervisión de Obras de Construcción del CCR La Nueva Victoria, Lote 1.
De acuerdo con la acusación José Antonio Santana Julián, Lisandro José Macarrulla Martínez, Cesarión Morel Grullón e Ismael Elías de Jesús de Peña Tactuk, se asociaron para estafar al Estado Dominicano, de manera principal en el Plan de Humanización de la Procuraduría General de la República, este entramado de corrupción realizó una selección de las constructoras más preparadas y las mejores en el área de supervisión privada.
Luego de que estas empresas ganaron las obras seleccionadas, debían pagar el 20 por ciento del valor de la obra adjudicada.
Mientras que, Mercedes Camelia Salcedo Disla y Carolina Pimentel Bonifacio estafaron al Estado dominicano, empleando diversas maniobras fraudulentas, como la no entrega de los productos contratados al referido centro penitenciario.
Personas Físicas
1. Lisandro José Macarrulla
2. Ricardo Carrasquero
3. José Santana Julián
4. Reynaldo Santos
5. César Nicolás Rizik
6. José M. Estrada
7. Rafael S. Rasuk
8. Jenny Marte Peña
9. Mercedes Salcedo
10. Carolina Pimentel
11. Carlos A. Guzmán
12. Ismael Elías Peña
13. Daniel E. Vásquez
14. Francisco Vásquez
15. Fausto J. Cáceres
16. Francisco Gómez
17. Jonnathan Rodríguez
18. Mac Construcciones
19. Espacio & Arquitectura
20. Herrajes Rachel
21. Parasata Mercantil
22. Constructora Carrasquero
23. Abastesa, S.A.S
24. F &F Import
25. Swaziland SRL
26. Divamor Group SRL
Por EFE
El despliegue de la fuerza multinacional para restaurar la seguridad de Haití, liderada por Kenia, comenzará el próximo 26 de mayo, según anunció el ministro de Asuntos Exteriores de Bahamas, Fred Mitchell.
Bahamas se ha comprometido a enviar 150 oficiales de las Fuerzas de Defensa para ayudar a la seguridad marítima en el marco de esta fuerza multinacional que busca estabilizar Haití.
Mitchell también dio la bienvenida a la elección el martes pasado de Fritz Bélizaire, extitular de Deportes, como nuevo primer ministro de Haití.
«Este es un proceso liderado por Haití, y Caricom (Comunidad del Caribe) ha hecho todo lo posible para llevarlo a este punto», dijo el jefe de la diplomacia de Bahamas, que forma parte junto a otros 14 países de la mencionada organización caribeña, que ha mediado entre las partes haitianas.
En su opinión, el nuevo primer ministro «cuenta con la más amplia aceptación en este momento por parte de las élites de Haití y la comunidad internacional acepta que esta es la dirección correcta a seguir», según las declaraciones publicadas por los medios bahameños.
Tardanza ante todo por problemas financieros
Sobre la fuerza multinacional, autorizada por el Consejo de Seguridad y que debe dar apoyo a la Policía Nacional Haitiana, la ONU reconoció la semana pasada que esta tarda en ver la luz por problemas ante todo financieros.
El portavoz Stéphane Dujarric informó que no hay novedades sobre el número de países dispuestos a participar en esa fuerza -principalmente Kenia, Burkina Faso y varios países del Caribe-, y que la financiación de esa fuerza no ha superado el 10,6 % del presupuesto requerido.
La inseguridad sigue siendo la nota dominante en la zona metropolitana de la capital haitiana desde que, a finales de febrero pasado, se registrara una escalada de la violencia a manos de las bandas armadas que controlan gran parte de Puerto Príncipe.
Santo Domingo, R.D.-Fueron elevadas a alerta amarilla por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) las provincias El Seibo y La Altagracia, que estaban en verde.
Con la inclusión de estas provincias, se incrementa a 13 las localidades en ese nivel de alerta, mientras otras 12 se mantienen en verde.
La decisión fue tomada, en virtud del último informe de la Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) que estableció que «la vaguada ha continuado provocando un ambiente húmedo e inestable sobre gran parte del país, generando las ocurrencias de lluvias de diferentes intensidades y frecuencias, así como, aisladas tronadas y ráfagas de viento, para esta tarde y horas de la noche».
La Onamet prevé un incremento de la nubosidad más significativo acompañado de aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en gran parte del país.
En amarilla también se encuentran: el Distrito Nacional, Santo Domingo, María Trinidad Sánchez, La Vega, Monseñor Nouel, Puerto Plata, Duarte, Sánchez Ramírez, Monte Plata, Santiago, Samaná y Hato Mayor.
Mientras que en verde permanecen: Hermanas Mirabal, San Cristóbal, La Romana, Santiago Rodríguez, San Juan, Espaillat, Dajabón, Montecristi, Elías Piña, San Pedro de Macorís, San José de Ocoa y Valverde.
El COE recuerda que emite los niveles de alerta ante posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas.
Acumulados de lluvias podrían llegar a 180 milímetros
La Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) prevé un incremento de las lluvias a partir de este jueves y cuyos acumulados de agua podrían oscilar entre 150 y 180 milímetros durante las próximas 24 a 72 horas en el territorio nacional.
Heriberto Fabián, predictor de la Onamet, informó este jueves a Diario Libre que según los modelos de pronósticos, los acumulados máximos podrían estar entre 150 y 180 milímetros durante 24 a 72 horas, pudiendo incluso ser superiores en puntos aislados.
Se recuerda que una pulgada de agua equivale a 25.4 milímetros, por lo que esos 150 y 180 milímetros representan entre cinco y siete pulgadas.
El predictor destacó que esa cantidad de acumulados representa mucha lluvia, la cual es generada producto de una vaguada que afecta al país.
Santo Domingo, R.D.-Vanessa Acosta Peralta, jueza de la Suprema Corte de Justicia, consideró que al darse prioridad a la privación de libertad de personas infractoras relacionadas con el uso problemático de las drogas, se obvian cuestiones importantes como la salud mental y la participación de la víctima en este proceso de recuperación.
En ese sentido, la jueza de la primera sala del alto tribunal judicial del país favoreció un cambio de paradigma y un abordaje distinto a la represión para personas infractoras relacionadas con el uso problemático de las drogas, a fin de encontrar alternativas que les permitan reivindicarse en la sociedad y la familia.
Sostuvo que la cultura de penalización ha sido un gran obstáculo para ese fin de reinserción y recuperación de la persona que infringe la ley penal, pues se ha considerado la sanción privativa de libertad como la respuesta a la criminalidad.
La jueza insistió en que las personas privadas de libertad merecen tener la oportunidad de reinventarse y dar un salto cualitativo a su vida, al tiempo de señalar que existen alternativas al encarcelamiento por delitos de drogas que algunos países están implementando.
Agrega la magistrada que esto con el objetivo de reducir las tasas de reincidencia, descomprimir los sistemas penitenciarios y ofrecer oportunidad de rehabilitación más efectiva, tomando en cuenta al ser humano.
Expuso que implementar estas alternativas requiere un cambio significativo en la legislación, una mejora en la colaboración interinstitucional y un fuerte compromiso con los derechos humanos y la igualdad de género.
“El objetivo siempre debe ser tratar la raíz del problema y proporcionar soluciones sostenibles que beneficien la persona y la sociedad en su conjunto”, concluyó la magistrada en la actividad realizada con el apoyo de la Organización de Estados Americanos, a través de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas y la Comisión Interamericana de Mujeres (OEA/CICAD/CIM) y Canadá.