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En el caso Medusa van 26 «imputados» que admiten su culpabilidad.
REDACCIÓN.- Van 26 implicados en hechos de corrupción en el expediente de la operación Medusa que han admitido su culpabilidad tras arribar a acuerdos con el Ministerio Público, cuyo principal acusado lo es el ex-procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez Sánchez.
Cabe señalar que de los 26 que admitieron la acusación del Ministerio Público, 17 son personas físicas y 9 jurídicas.
Entre ellos está Lisandro José Macarrulla Martínez, quien en calidad de gerente de Mac Construcciones SRL, se asoció con funcionarios de la Procuraduría General de la República para desfalcar al Estado por el monto de diecisiete millones de pesos.
Macarrulla Martínez admitió realizó pagos de sobornos a Rafael Stefano Cano Sacco, para que esté a su vez lo entregará al acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez, según el Ministerio Público.
El exdirector administrativo de la Procuraduría General de la República, Jonathan Rodríguez Imbert, cobró sobornos y otras acciones durante la construcción de la cárcel Las Parras.
De acuerdo con la acusación, Rodríguez Imbert, también firmaba bajo indicación de autorización de los pagos hechos a Productiva, SRL, este contacto directo con el proceso de pago les permitía enterarse de que se trataba de un mismo rubro.
César Nicolás Rizik Pimentel admitió que se apropió indebidamente de la mayor parte de los fondos públicos administrados por la Procuraduría, destinados a satisfacer de manera adecuada las necesidades de primer orden relativas a la alimentación y la salud de los más de 27,000 privados de libertad que se encuentran distribuidos en los 47 recintos penitenciarios del país, de los cuales 19 pertenecen al denominado modelo tradicional.
Le sigue Ismael Elías de Jesús de Peña Tactuk, quien en calidad de gerente de la entidad comercial Espacio & Arquitectura SRL, realizó pago de sobornos para ganarla licitación dentro del plan de humanización en el lote 12 de Barahona.
Asimismo, Carlos Augusto Guzmán Oliver, Reynaldo de Jesús Santos de la Cruz, José Miguel Estrada Jackson, César Nicolás Rizik Pimentel, Francisco Arturo Santos Gómez, se asociaron con las personas que trabajaban el tema de la distribución de los alimentos para las cárceles.
De acuerdo con la acusación, estos trabajaban la información sobre la forma en la que era enviado el dinero por José Miguel Estrada Jackson y César Nicolás Rizik Pimentel a los encargados de recibir los alimentos en distintos centros penitenciarios para que estos recibieron sin problemas los alimentos por la mala calidad e incompletos.
El órgano persecutor detalló que aunque las empresas tienen a nivel de composición societaria socios diferentes, que fungía como prestanombre, los dueños reales de las referidas empresas son los acusados José Miguel Estrada Jackson y César Nicolás Rizik Pimentel, quienes gracias a sus vínculos con Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy, cuñado del ex Procurador, ganaban mediante maniobras fraudulentas casi la totalidad de los lotes de las licitaciones de alimentos, indica la acusación.
En tanto que Daniel Enrique Vásquez Feliz y Francisco Alberto Vásquez Feliz ingresaron a la composición de accionistas de la entidad comercial Divamor Group, S.R.L., con la siguiente distribución de las cuotas sociales a su favor.
Vásquez Feliz, es un amigo de íntima confianza del acusado José Miguel Estrada Jackson, quien conjuntamente con Cesar Nicolás Rizik Pimentel, eran los que tenían el control absoluto de la razón social de Divamor Group, SRL. Aunque en papeles el acusado Daniel Enrique Vásquez Feliz aparece como el socio mayoritario de la empresa Divamor Group, SRL, en realidad el mismo participó como encargado de despachar los productos de todas las empresas relacionado con la estructura, en la una de las naves que estaba ubicada en Manoguayabo, a mediados del año dos mil veinte (2020).
Igualmente, Francisco Alberto Vásquez Feliz, está vinculado a la entrega de los productos contratados en presentaciones de menor cantidad y calidad a la que indica en el conduce que sustenta la factura pagada, así para estafar al Estado.
Del mismo modo, Francisco Arturo Santos Gómez, en representación de Rogama, S.R.L., admitió que incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
Asimismo, Francisco Arturo Gómez, también se asoció con José Miguel Estrada Jackson, quien bailó más que la sopita en el expediente del Ministerio Público, en la distribución de alimentos que no fueron entregados en su totalidad.
En tanto que Alfredo Alexander Solano Augusto se encargaba de darles las indicaciones a los encargados de realizar las inspecciones a los fines de favorecer a las empresas del entramado.
Ricardo Antonio Carrasquero admitió que estafó al Estado Dominicano mediante la prestación de los servicios de Supervisión de Obras de Construcción del CCR La Nueva Victoria, Lote 1.
De acuerdo con la acusación José Antonio Santana Julián, Lisandro José Macarrulla Martínez, Cesarión Morel Grullón e Ismael Elías de Jesús de Peña Tactuk, se asociaron para estafar al Estado Dominicano, de manera principal en el Plan de Humanización de la Procuraduría General de la República, este entramado de corrupción realizó una selección de las constructoras más preparadas y las mejores en el área de supervisión privada.
Luego de que estas empresas ganaron las obras seleccionadas, debían pagar el 20 por ciento del valor de la obra adjudicada.
Mientras que, Mercedes Camelia Salcedo Disla y Carolina Pimentel Bonifacio estafaron al Estado dominicano, empleando diversas maniobras fraudulentas, como la no entrega de los productos contratados al referido centro penitenciario.
Personas Físicas
1. Lisandro José Macarrulla
2. Ricardo Carrasquero
3. José Santana Julián
4. Reynaldo Santos
5. César Nicolás Rizik
6. José M. Estrada
7. Rafael S. Rasuk
8. Jenny Marte Peña
9. Mercedes Salcedo
10. Carolina Pimentel
11. Carlos A. Guzmán
12. Ismael Elías Peña
13. Daniel E. Vásquez
14. Francisco Vásquez
15. Fausto J. Cáceres
16. Francisco Gómez
17. Jonnathan Rodríguez
18. Mac Construcciones
19. Espacio & Arquitectura
20. Herrajes Rachel
21. Parasata Mercantil
22. Constructora Carrasquero
23. Abastesa, S.A.S
24. F &F Import
25. Swaziland SRL
26. Divamor Group SRL
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República Dominicana reclama información a Rusia sobre 20 nacionales presuntamente vinculados al conflicto con Ucrania
Cancillería mantiene gestiones diplomáticas para localizar a dominicanos que habrían viajado atraídos por ofertas de empleo y posteriormente se encontraron en circunstancias distintas a las prometidas.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.— El Gobierno dominicano intensificó sus gestiones diplomáticas ante las autoridades de Rusia para esclarecer la situación de al menos 20 ciudadanos dominicanos cuyos familiares han denunciado posibles irregularidades relacionadas con ofertas laborales que los llevaron a ese país, donde presuntamente terminaron vinculados a actividades relacionadas con la guerra contra Ucrania.
El Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) informó este miércoles que dispone de los expedientes documentados de esos 20 nacionales, identificados formalmente por sus familiares, cuyas informaciones ya fueron comunicadas a las autoridades rusas para iniciar las gestiones correspondientes.
La institución explicó que también ha recibido reportes sobre otros dominicanos que podrían encontrarse en circunstancias similares, aunque todavía no cuenta con la documentación necesaria para tramitar oficialmente esos casos.
Ofertas de trabajo bajo cuestionamiento
De acuerdo con las informaciones recibidas por la Cancillería, varios ciudadanos dominicanos viajaron a territorio ruso después de aceptar propuestas de empleo para desempeñar labores técnicas.
Sin embargo, algunos de los afectados y sus familiares han denunciado que, una vez en ese país, las condiciones que encontraron no coincidían con las oportunidades laborales que inicialmente les habían ofrecido.
Entre las situaciones reportadas figura la presunta incorporación de dominicanos a actividades relacionadas con el conflicto militar entre Rusia y Ucrania.
El MIREX precisó que los ciudadanos involucrados suscribieron contratos individuales en territorio ruso, aunque aclaró que esta circunstancia no limita la responsabilidad del Estado dominicano de ofrecer protección y asistencia consular a quienes la requieran.
Hasta el momento, las informaciones divulgadas no permiten establecer que los 20 ciudadanos identificados hayan sido incorporados efectivamente a operaciones militares.
Gobierno dominicano lleva preocupación a las autoridades rusas
Las gestiones diplomáticas alcanzaron el nivel de los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países.
El pasado 24 de septiembre, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas celebrada en Nueva York, el canciller dominicano Víctor «Ito» Bisonó abordó directamente la situación con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov.
Durante la reunión bilateral, el representante dominicano manifestó la preocupación del Gobierno por las ofertas de empleo dirigidas a ciudadanos nacionales que podrían derivar en situaciones relacionadas con las operaciones militares desarrolladas en territorio ucraniano.
Como resultado de esos contactos, ambas partes acordaron mantener abiertos los mecanismos de comunicación diplomática para continuar examinando los casos reportados.
Paralelamente, la Embajada dominicana en Moscú remitió comunicaciones oficiales al Ministerio de Relaciones Exteriores ruso solicitando información sobre el paradero y las circunstancias en que se encuentran los ciudadanos identificados.
Entregan expedientes de 20 dominicanos a embajador ruso
Las gestiones continuaron el martes 6 de octubre, cuando los viceministros dominicanos Francisco Caraballo Núñez, responsable de Política Exterior Bilateral, y Opinio Díaz, de Asuntos Consulares y Migratorios, sostuvieron un encuentro con el embajador ruso en República Dominicana, Serguéi Seredin.
Durante la reunión, los funcionarios entregaron formalmente la documentación correspondiente a los 20 ciudadanos cuyos casos habían sido reportados por sus familiares.
Según informó la Cancillería, el diplomático ruso expresó su disposición de remitir los expedientes a las instituciones competentes de su país para su evaluación y posterior respuesta.
Cancillería advierte sobre riesgos de ofertas laborales
El Ministerio de Relaciones Exteriores recordó que desde el 24 de septiembre había emitido una advertencia pública sobre propuestas de empleo en Rusia que podrían colocar a ciudadanos dominicanos en circunstancias distintas de las inicialmente ofrecidas.
La institución reiteró que mantiene disponibles sus servicios de protección consular para atender solicitudes de localización, establecer comunicación con familiares y gestionar asistencia en los casos que lo ameriten.
También contempla brindar acompañamiento diplomático a quienes necesiten apoyo para un eventual retorno a República Dominicana.
Contactos disponibles para solicitar asistencia
Los dominicanos que se encuentren en Rusia, así como sus familiares en territorio nacional, pueden solicitar orientación mediante los canales oficiales habilitados por la Cancillería.
Embajada dominicana en Moscú:
- Dirección: calle Mytnaya 3, oficina 2A, Moscú, 119049.
- Teléfonos: +7 (495) 415-36-01, +7 (495) 415-25-96 y +7 925 212-06-98.
- Correos electrónicos: seccionconsularrusia@mirex.gob.do y consular@embajadadominicana.org.ru.
Asistencia desde República Dominicana:
- Teléfono: (809) 987-7001, extensiones 7595, 7597 y 7100.
- Correo electrónico: proteccionanacionales@mirex.gob.do.
La situación mantiene la atención de las autoridades dominicanas debido a las denuncias sobre posibles mecanismos de captación laboral que habrían terminado exponiendo a ciudadanos nacionales a los riesgos de un conflicto armado internacional.
Mientras continúan las investigaciones y las comunicaciones oficiales entre ambos gobiernos, las familias de los afectados permanecen a la espera de información que permita determinar su paradero, sus condiciones de seguridad y las posibilidades de regresar al país.
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Casi 200 personas buscadas por la justicia se entregan a las autoridades en menos de dos meses
La Policía Nacional registra 42 entregas voluntarias durante los primeros seis días de octubre, mientras que los casos relacionados con homicidios suman 49 desde mediados de agosto.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.— Un total de 195 personas requeridas por las autoridades por su presunta vinculación con diferentes hechos delictivos se entregaron voluntariamente entre el 17 de agosto y el 6 de octubre de 2026, de acuerdo con las estadísticas divulgadas sobre estos casos.
De esa cantidad, 42 entregas ocurrieron durante los primeros seis días de octubre, lo que representa el 21.5 % del total registrado en el período analizado.
Los datos reflejan que una proporción importante de las personas que decidieron presentarse ante las autoridades estaba siendo buscada por hechos relacionados con delitos contra la propiedad, homicidios, agresiones físicas y lesiones ocasionadas mediante armas de fuego.
Delitos contra la propiedad encabezan las entregas recientes
Entre el 1 y el 6 de octubre, los casos vinculados con delitos contra la propiedad concentraron el mayor número de entregas voluntarias, con 15 personas.
En segundo lugar figuraron las agresiones físicas, con 12 entregas, mientras que otras cinco correspondieron a personas requeridas por investigaciones relacionadas con homicidios.
Durante ese mismo período también se contabilizaron tres entregas por heridas ocasionadas con armas blancas y dos por violencia intrafamiliar.
Las restantes correspondieron a heridas con armas de fuego, investigaciones, abuso sexual, amenazas y abuso de confianza, con un caso en cada categoría.
Septiembre concentró la mayor cantidad de entregas
La distribución mensual evidencia que septiembre fue el período con más personas que optaron por presentarse voluntariamente ante las autoridades.
Durante ese mes se registraron 122 entregas, equivalentes al 62.6 % del total acumulado.
Entre el 17 y el 31 de agosto se habían contabilizado 31 casos, representando el 15.9 %, mientras que los primeros seis días de octubre aportaron otros 42, equivalentes al 21.5 %.
Estas cifras muestran una concentración de las entregas durante septiembre, aunque los datos suministrados no permiten establecer por sí solos las razones que motivaron a las personas requeridas a ponerse a disposición de las autoridades.
Homicidios representan una cuarta parte de los casos
Al examinar las estadísticas acumuladas por tipo de infracción, los delitos contra la propiedad encabezan la clasificación con 58 entregas voluntarias, equivalentes al 29.7 %.
Los homicidios ocupan la segunda posición, con 49 personas requeridas por hechos de esa naturaleza, lo que representa el 25.1 % del total.
Por su parte, las heridas ocasionadas mediante armas de fuego y las agresiones físicas registran 28 entregas cada una, equivalentes individualmente al 14.4 %.
Las restantes 32 entregas, que representan el 16.4 %, están relacionadas con otras infracciones, entre ellas intentos de homicidio, violencia intrafamiliar, estafas, delitos sexuales, amenazas y violaciones a la legislación sobre armas de fuego.
También figuran investigaciones por falsedad documental, abuso de confianza y otros hechos.
Entrega voluntaria no significa reconocimiento de culpabilidad
Aunque las estadísticas permiten identificar la cantidad de personas que han decidido comparecer ante las autoridades, es importante establecer que una entrega voluntaria no constituye una admisión de culpabilidad ni equivale a una condena judicial.
Las personas investigadas conservan el derecho a la presunción de inocencia, a la defensa y al debido proceso, conforme a las garantías establecidas en la Constitución dominicana.
Corresponde al Ministerio Público determinar la procedencia de las imputaciones, reunir los elementos probatorios necesarios y, cuando corresponda, presentar los casos ante los tribunales competentes.
El registro de estas 195 entregas constituye un indicador de la cantidad de personas requeridas que se han puesto a disposición de las autoridades durante el período señalado. Sin embargo, para evaluar su impacto sobre la seguridad ciudadana resulta necesario conocer también la evolución de las investigaciones, las decisiones judiciales y los resultados de los procesos penales.
Los delincuentes habrían vigilado el establecimiento antes de ejecutar el ataque. El empleado de seguridad recibió un disparo en el pecho y permanece bajo atención médica.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.— Un intento de robo a mano armada contra una joyería del sector Villa Juana, en el Distrito Nacional, dejó como resultado un vigilante herido de bala, luego de que varios individuos intentaran penetrar al establecimiento comercial durante la tarde de este miércoles.
El afectado fue identificado como Carlos Martínez, encargado de la seguridad de la joyería Gisac Jewelry, ubicada en la calle Mauricio Báez, entre María Montés y Alfonso Espinoza.
Según explicó Ederly de León, uno de los propietarios del negocio, el incidente se produjo alrededor de las 3:00 de la tarde, cuando varios desconocidos llegaron a bordo de una yipeta Mazda de color negro, sin placa, con la aparente intención de cometer el asalto.
De acuerdo con su relato, al menos dos hombres vestidos de negro, encapuchados y portando armas de fuego descendieron del vehículo y atacaron directamente al vigilante, ocasionándole una herida en el pecho.
Sin embargo, el intento de robo fue frustrado cuando una de las armas utilizadas por los atacantes presentó una falla, circunstancia que permitió al empleado de seguridad responder a la agresión e impedir que los individuos ingresaran al establecimiento.
Sospechosos habrían vigilado previamente el negocio
El propietario informó que, tras examinar las grabaciones de las cámaras de seguridad, pudo observar que el vehículo utilizado por los presuntos delincuentes había transitado en varias ocasiones por las inmediaciones de la joyería antes de producirse el ataque.
Esta situación hace presumir que los responsables realizaron labores de vigilancia para identificar las condiciones de seguridad del establecimiento y determinar el momento de ejecutar el asalto.
De León sostuvo que los atacantes aparentemente tenían identificado al vigilante como el principal obstáculo para penetrar al negocio, razón por la cual dirigieron contra él la agresión inicial.
Temor por la seguridad de residentes y comerciantes
El hecho también generó preocupación por el peligro al que estuvieron expuestas otras personas que se encontraban en las proximidades del establecimiento comercial.
Al momento del ataque, dentro de la joyería permanecían una ejecutiva de ventas y su pareja, quienes resultaron ilesos.
El propietario expresó alivio porque ninguna otra persona sufrió lesiones, especialmente debido a que junto al establecimiento funciona una banca de lotería y en los alrededores suelen permanecer niños y adolescentes.
Vigilante recibe atenciones médicas
Tras resultar herido, Carlos Martínez fue trasladado a la Plaza de la Salud, donde recibe asistencia médica.
Hasta el momento de la información ofrecida, no se habían comunicado detalles adicionales sobre su evolución clínica ni la gravedad de la lesión.
El caso pone nuevamente sobre el tapete la vulnerabilidad de los establecimientos comerciales frente a los hechos delictivos y los riesgos que enfrentan los trabajadores encargados de protegerlos.