Conecta con nosotros

Opinión

Los antivalores y la sociedad dominicana.

Published

on

Por José Cabral

Cada día se repite por los medios de difusión masivos que la República Dominicana ha sido copada por una serie de antivalores que se constituyen en un gran motivo de preocupación.

El problema se observa en los diferentes niveles de la pirámide social, es decir, entre los que ocupan los estratos alto, medio y bajo de la sociedad.

Nadie quiere cumplir con nada ni nadie e incluso los responsables de una conducta deshonesta recurren a querellas y denuncias en contra de sus propias víctimas.

Todo ello es el resultado de la doble moral que hoy arropa a los dominicanos, cuyos cambios en este sentido sólo serán posible en la medida en que el Estado cambie sus paradigmas.

Pero lo más grave del problema es que la gente ve como normal y se hace hasta cómplice de sus amigos o familiares que actúan al margen de la ley y de la conducta natural en cualquier conglomerado social donde existe algún respeto por el prójimo.

Siempre se debe recordar que los Estados imponen valores o antivalores y que el dominicano sólo se inclina por lo segundo, ya que es el responsable de las distorsiones que hoy arropan a la sociedad.

Los antivalores han tomado tanta fuerza que la gran mayoría de la gente miente como si nada fuera e incluso no le preocupa caer en una figura jurídica del derecho penal conocida como el perjurio.

El fenómeno se observa a todos los niveles de la sociedad, ya que un trabajador de la escala social más baja, como muy bien puede ser el de profesión mecánico, carpintero, plomero o de cualquier otro oficio poco le importa quedarle mal a su cliente y hasta esgrimir argumentos que no se corresponden con la verdad para justificar su mala conducta.

Y no se trata de algo aislado, sino general, común por donde sea que el ciudadano se mueva, lo cual indica que este tipo de comportamiento ya forma parte de la forma de guiarse del dominicano.

Ojalá el país no asuma con descuido el fenómeno, porque llegará el momento en que nadie creerá en nadie, porque no se trata de un problema de la época como muchos intentan argumentar, sino de una degradación moral que puede arruinar toda la sociedad para siempre.

Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Opinión

La Procuraduría General de la República y el MP deben amarrar el toro por los cuernos.

Published

on

Por José Cabral

Nadie sabe cómo se produce la formación de jueces y fiscales en la República Dominicana, a pesar de la existencia de las escuelas nacional de la judicatura y del Ministerio Público.

Cuantos disparates jurídicos se ven en los tribunales y las fiscalías de los diferentes distritos judiciales del territorio nacional, en unos más que en otros.

Cuando se tiene que litigar o acudir a los tribunales, por la razón que sea, llena de mucha amargura al que tiene que hacerlo.

Pero la asistencia a un palacio de justicia no sólo causa preocupación con ver a simple vista lo que allí ocurre, sino también por la forma en que se manejan las leyes en estas instancias.

Es un escenario donde los fiscales y los jueces hacen las cosas como a ellos les da la gana, muchas veces por irresponsabilidad y otras por incapacidad.

Tanto es así, que hay fiscales que tienen el cliché de que todo lo penal que proviene de una ley del derecho civil no es competencia del Ministerio Público.

Es decir, que el que comete fraude o falsifica documentos en el marco de una junta directiva de un condominio, el caso no es penal, sino civil, siempre de acuerdo a la visión del Ministerio Público.

Entonces, frente a esa incapacidad es como si no existiera la razonabilidad para determinar que cualquier ley del derecho civil tiene situaciones que por sus propias características entran en el derecho penal.

Esta situación genera en la actualidad una verdadera crisis con las actuaciones del Ministerio Público, cuyos miembros tienen unas actitudes que van a generar muchas vías de hecho por el manejo equivocado que se les da a los casos.

En el próximo artículo buscaré analizar el comportamiento de los jueces de los tribunales inferiores y de las cortes de apelación, quienes siempre recurren a la palabra clave para evitar la consecuente queja por una sentencia arbitraria emitida en contra de una serie de valores, principios y derechos constitucionales fundamentales, que es si no está de acuerdo con la decisión, recurra.

Continue Reading

Opinión

La Sede de la Corte Penal  Internacional en el Territorio de un Estado

Published

on

Por Rommel Santos Díaz

El artículo 3 del Estatuto de Roma dispone que la Sede de la Corte Penal Internacional  esté en La Haya, y que la Asamblea de los Estados Partes  aprobará un acuerdo entre la CPI y el Estado anfitrión.

El  artículo 3 (3) y 62 del Estatuto de Roma propone que la CPI también podrá celebrar sesiones en otro lugar cuando sea necesario  para un proceso o una serie de procesos  específicos.

Los Estados  Partes podrán disponer  que la Sede de la CPI esté en su territorio cuando  esto sea necesario o beneficioso.

Las Reglas de Prueba y Procedimientos  normalmente especificarán los procedimientos a tomar para que CPI  sesione fuera de su Sede.

Ninguna de estas disposiciones crea obligación alguna para los Estados.

Muchos Estados cuentan con legislación  y procedimientos administrativos  que permiten que el Tribunal Penal Internacional  para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda  celebre sesiones en su territorio.

Esta legislación y procedimientos podrían requerir una reforma mínima, para permitir que la Corte Penal  Internacional  también tenga su sede en su territorio.

Algunas veces, el hecho de celebrar un juicio en el  lugar en que se cometió el delito dará a las víctimas  un mayor sentido de justicia, ya que podrían claramente apreciar que la CPI funciona.

Finalmente, los Estados deberán tomar en consideración la posibilidad de permitir que la Corte Penal Internacional  funcione plenamente  en su territorio.

[email protected]

Continue Reading

Opinión

Un hospital en el “Maharishi”

Published

on

Por Nelson Encarnación

Los residentes en “los kilómetros” se han sorprendido con el anuncio de que en los amplios terrenos donde funcionó hace décadas un colegio conocido como “Maharishi”, se pretende construir un centro recreativo que estará a cargo del Ayuntamiento del Distrito Nacional.

A la sorpresa ha seguido el reclamo de que, en lugar de dicho centro, se construya un hospital general, en atención a que en esa zona no existe un establecimiento de salud de esa categoría ni de ninguna otra.

En realidad, toda esa amplia franja de territorio que va del Centro de los Héroes hasta el kilómetro 12 de la avenida Independencia (hacia el oeste de la carretera Sánchez), y de Sur a Norte, desde el Malecón hasta la avenida 27 de Febrero, solo existen dos centros médicos privados y ningún hospital del Estado.

Nos referimos a las clínicas Independencia y Real, mientras que el hospital más cercano es el Marcelino Vélez Santana, enclavado en la zona de Herrera, cuya capacidad se desborda solo con la demanda de la gran población del municipio Santo Domingo Oeste y vecindades que le rodean.

Es decir, la zona que mencionamos está compuesta de una numerosa población en su mayoría de condiciones económicas vulnerables que tiene que movilizarse a hospitales distantes para procurar una atención médica que no se puede costear en los escasos centros privados.

Desconocemos las razones por las cuales el Estado nunca ha contemplado la necesidad de dotar a la zona suroeste de la capital de un gran hospital, mientras se han realizado cuantiosas inversiones para la construcción de varias ofertas de salud en otros lugares, a veces establecimientos bien cercanos.

Ante esa realidad, el presidente Luis Abinader se consagrará como un preocupado por la salud de esa población si en los referidos terrenos, en vez de un indefinido “centro recreativo” se decidiera la construcción de un hospital que responda a las necesidades de salud de miles de personas marginadas de los servicios sanitarios accesibles.

En este caso yo abogo por la colectividad, no por unos cuantos que por intereses particulares quisieran que los terrenos del “Maharishi” siguieran bajo su usufructo.

De modo que, un hospital sería de impacto colectivo de un alcance mucho mayor que un innominado centro recreativo que nadie ha pedido. Presidente, tome esto como una solicitud formal.

Continue Reading

Edificio La República: Restauración No. 138, cuarta planta, Santiago, República Dominicana. Teléfono: 809-247-3606. Fax: 809-581-0030.
www.larepublicaonline.com  / Email: [email protected]
Copyright © 2021 Blue National Group