Opinión
Los cimientos de la justicia Penal Electoral: Principios fundamentales del derecho penal electoral en la República Dominicana.
Por Robinson Jesús Lebrón Céspedes
Introducción
El derecho penal electoral constituye un pilar fundamental para la protección de la democracia y la garantía de procesos electorales justos, transparente y legítimos. En este ámbito, diversos principios jurídicos orientan tanto la creación como la aplicación de las normas penales electorales, asegurando el respecto al debido proceso y a los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Principios como la legalidad y tipicidad penal electoral, la proporcionalidad de las sanciones, la publicidad y transparencia, la celeridad procesal, así como la responsabilidad penal individual, la protección de los derechos humanos y la especialidad de esta rama del derecho, configuran un marco normativo que busca equilibrar la potestad sancionadora del Estado con las garantías propias de un Estado de derecho.
Principio de Legalidad y Tipicidad Penal Electoral.
El principio de legalidad, consagrado en el artículo 1 del Código Penal Dominicano, establece que no hay delito sin ley previa que lo defina. En el contexto electoral, este principio garantiza que solo se pueda sancionar penalmente una conducta si está expresamente tipificada en la legislación vigente. La Ley No. 20-23, Orgánica del Régimen Electoral, y la Ley No. 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, contienen disposiciones específicas que tipifican delitos electorales, asegurando que las acciones ilícitas en procesos electorales sean claramente definidas y sancionadas conforme a la ley (Junta Central Electoral, 2023).
Principio de Imparcialidad y Autonomía de los Órganos Electorales
La imparcialidad es esencial en el Derecho Penal Electoral, asegurando que los órganos encargados de la administración electoral actúen sin favoritismos. La Junta Central Electoral (JCE) y el Tribunal Superior Electoral (TSE) deben operar con autonomía técnica, administrativa, operativa, presupuestaria y financiera, como lo establece la Ley No. 20-23, Orgánica del Régimen Electoral (Junta Central Electoral, 2023). Esta autonomía permite que las decisiones en materia electoral se tomen sin influencias externas, garantizando procesos transparentes y justos.
Principio de Legalidad en el Procedimiento Penal Electoral
El principio de legalidad también se extiende al procedimiento penal electoral, asegurando que las actuaciones procesales se realicen conforme a las normas establecidas. El Código Procesal Penal Dominicano (Ley No. 76-02) regula el procedimiento para la persecución y sanción de los delitos electorales, estableciendo garantías procesales para los imputados y víctimas, y asegurando que las investigaciones y juicios se conduzcan de acuerdo con el debido proceso (Organización de Estados Americanos, 2003).
Principio de Proporcionalidad en las Sanciones Penales
La proporcionalidad es un principio fundamental que exige que las sanciones impuestas por delitos electorales sean adecuadas y proporcionales a la gravedad del ilícito cometido. Este principio busca evitar castigos excesivos y garantizar que las penas sean justas y equitativas. La Ley No. 20-23 establece sanciones que varían según la naturaleza y magnitud del delito electoral, permitiendo una respuesta penal que se ajusta a las circunstancias específicas de cada caso (Junta Central Electoral, 2023).
Principio de Publicidad y Transparencia en los Actos Procesales
La publicidad y transparencia son esenciales para garantizar la confianza pública en el sistema electoral y judicial. El artículo 3 numeral 8 de la Ley No. 39-25 orgánica del tribunal superior electoral, establece que los actos procesales en materia electoral deben ser públicos, permitiendo el acceso de los ciudadanos, ciudadanas y a medios de comunicación a la información relacionada con los procesos y decisiones en materia electoral (Junta Central Electoral, 2023). Esta apertura contribuye a la legitimidad de las elecciones y al control social de las actuaciones de los órganos electorales.
Principio de Celeridad Procesal en Materia Electoral.
La celeridad procesal es un principio que busca la pronta resolución de los casos, evitando dilaciones indebidas que puedan afectar la eficacia de la justicia electoral. La Ley No. 39-25 del Tribunal Superior Electoral establece en su artículo 3 numeral 1, que la celeridad impone la justicia electoral, en especial lo de tutela de los derechos de ciudadanía y de los partidos políticos en procesos electorales. Que los conflictos que se puedan suscitar deben tener resolución en el plazo constitucional y legalmente previstos y sin demora innecesarias. El principio de celeridad imperará en toda suerte de los incidentes procesales, así como la fase de ejecuciones que emanen del tribunal (Junta Central Electoral, 2023).
Principio de Responsabilidad Penal Individual.
Este principio establece que la responsabilidad penal es personal e intransferible, es decir, solo la persona que comete el delito puede ser sancionada por él. En el ámbito electoral, esto implica que cada individuo debe rendir cuentas por sus actos de ilícitos, sin que se pueda imputar responsabilidad penal a terceros sin evidencia directa de su participación en el delito (Organización de Estados Americanos, 2003).
Principio de Protección de los Derechos Humanos en el Proceso Penal Electoral
El respeto y protección de los derechos humanos son fundamentales en todo proceso penal, incluyendo los procedimientos relacionados con delitos y crímenes electorales. La Constitución de la República Dominicana y los tratados internacionales ratificados por el país garantizan derechos como la presunción de inocencia, el derecho a un juicio justo y la protección contra la tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes (Organización de Estados Americanos, 2003). Estos derechos deben ser observados en todas las fases del proceso penal electoral.
Principio de Especialidad del Derecho Penal Electoral.
El Derecho Penal Electoral se caracteriza por su especialidad, ya que regula conductas ilícitas que afectan directamente el ejercicio del derecho al voto y la integridad de los procesos electorales. Esta especialidad permite una respuesta jurídica adecuada a las particularidades de los delitos electorales, diferenciándolos de otros tipos de delitos comunes. La Ley No. 39-25 del Tribunal Superior Electoral y la Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos políticos establecen un marco normativo específico para la persecución y sanción de los delitos electorales, reconociendo su naturaleza particular y la necesidad de una regulación diferenciada (Junta Central Electoral, 2023).
Conclusión.
En conclusión, los principios del derecho penal electoral no solo establecen límites al ejercicio del poder punitivo del Estado, sino que también garantizan la equidad, justicia y legitimidad de los procesos electorales.
La observancia de la legalidad, tipicidad, la proporcionalidad de las sanciones, la publicidad y transparencia, la celeridad procesal, así como la responsabilidad penal individual, la protección de los derechos humanos y la especialidad de esta rama del derecho, permiten asegurar que los procedimientos sean desarrollen conforme a los estándares democráticos. Asimismo, estos principios constituyen la base para un sistema electoral confiable, en el que prevalezcan la justicia, la legalidad y el respeto a la voluntad popular.
Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
El autor es abogado y Docente Universitario.
Por Oscar López Reyes
Pretendiendo prolongar la creencia de internet del “chivo sin ley” (“fake news” o noticias falsas, desinformación, manipulación, coerción, ciberdelincuencia, etc.), el nuevo Código Penal -estipula condenas hasta de 40 años- ha sido rebautizado como la Ley Mordaza por pseudo-periodistas, “comunicadores” sin títulos universitarios ni otro aval académico o gremial que ejercen el chantaje extorsivo mediático monetario. ¿Acaso asistimos a una revancha en favor de la impunidad de los delitos de palabras (más devastadores que una bala), el aborto, la corrupción y el narcotráfico?
Está en marcha, y crece, la industria de la intimidación, amparados los extorsionadores en el libertinaje digital, la dañina viralidad y la percepción de impunidad por la ausencia de sanción penal. Pululan, especialmente en las redes sociales y la radio, las advertencias de divulgar datos comprometedores o retirar los difundidos si no les efectúan transferencias económicas inmediatas.
Nunca como ahora, malandrines con el antifaz de periodistas presionan y emprenden campañas de descréditos contra figuras públicas, empresarios y políticos con noticias falsas o descontextualizadas, montajes digitales, ediciones tendenciosas, titulares sensacionalistas, perfiles falsos, fotografías e informaciones íntimas y sensibles, rumores espúreos, imágenes o videos manipulados y otros datos personales perjudiciales.
¿Por estos y otros tipos de modus operandi, ha oído usted que condenaron a un director de diario, a un egresado universitario de comunicación social o a otros profesionales del ecosistema informativo?
Sencillamente, “agua pasada no mueve molino”. Más que una persecución contra la libertad de expresión, las campanas repican contra el delito de extorsión mediática, una modalidad delictiva que le está ganando a los abogados extorsionistas.
Categóricamente, ha tomado cuerpo un delito penal grave, que conlleva a penas de cárcel, útil como un mecanismo disuasivo para sujetos con patrones de conductas impulsivas, terroríficas e incontrolables. Ellos están atrapados por trastornos episódicos y sin arrepentimiento, que se vuelven un peligro público, y que ameritan de psicoterapia, como palpablemente se ha visto últimamente. La prisión apuntala como un preferible tono de voz para calmar el dolor de las víctimas y evitar que respondan con el castigo de una paliza o la muerte.
Alégase que el Tribunal Constitucional ha despenalizado delitos de prensa, pero no olvidemos que últimamente esa instancia se ha constituido en una afrenta para la sociedad. Ha estado aplicando el derecho desde la Luna, divorciado de la realidad, y creándole más conflictos al Estado, sancionando sentencias absurdas, que instituciones oficiales no están en capacidad de cumplir, porque de hacerlo dejarían sin presupuesto la salud, la educación, las obras públicas y otros servicios sociales.
Igual de mal andan senadores y diputados, que son marionetas del populismo y que se doblegan en un santiamén, como si asistieran a un convite de comadres. Luego de más de 20 años discutiendo para lograr la aprobación del Código Penal, ahora esos legisladores acceden fácilmente, como si tuvieran en brazos de Morfeo, a dar rienda suelta a la propuesta para modificarlo sin ser sometido a pruebas, porque ni siquiera ha entrado en vigencia.
Valga referir, como aporte adicional a las anotaciones preexistentes, que los más diversos autores doctrinarios internacionales sobre el derecho a la información concuerdan en que la libertad de expresión es un derecho fundamental, pero no absoluto, que precisa de límites para proteger derechos de terceros y garantizar el orden social. Basta citar a Alejandro Fuenmayor E. en El derecho de acceso de los ciudadanos a la información pública, Francisco Morera Alfaro en Los derechos de los ciudadanos frente a las tareas de la información, Enrique Villalobos Quirós en El derecho a la información y Manuel Fernández Areal en Introducción al derecho de la información.
Y, ¿cuál otro? Sí, podemos leer a Carlos Soria en Derecho a la información y derecho a la honra; A. Hugo Osorio Meléndez en Políticas de información y derecho. Estudio comparativo; Eduardo Nova Monreal en Derecho a la vida privada y libertad de información. Un conflicto de derechos; Ernesto Villanueva e Issa Luna Pla en El derecho de acceso a la información, y Orrin E. Klapp en Información y moral. Estrategias de apertura y cierre ante la nueva información.
En esa óptica, ¿qué dice el nuevo Código Penal?
Acerca de la difamación extorsiva, el artículo 209 expresa que “Quien haga imputación pública a una persona, física o jurídica, de un hecho preciso o concreto que le afecta en su honor o en su consideración, buen nombre, imagen, dignidad e integridad familiar, por cualquier forma pública, … le cause un perjuicio, y con ello obligue o procure obligar a la víctima a ceder a sus exigencias, será sancionado con pena de cinco a diez años de prisión mayor y multa de diez a veinte salarios mínimos del sector público”.
En esta circunstancia, más que acudir a la violencia como los iracundos, la alternativa más expedita para los injuriados y acosados está en el sometimiento judicial para que un juez decida, interponiendo las pruebas y colocando otras piezas regidos por los fundamentos del derecho, dictaminen la culpabilidad o inocencia del imputado. Y todavía para las partes queda la opción de apelar la sentencia.
Si el Congreso Nacional y el Tribunal Constitucional modifican el nuevo Código Penal, al unísono tendrán que hacer una revolución, en virtud de que en República Dominicana a través de varias leyes son perseguibles y sancionables con prisión el chantaje, las campañas injuriosas y difamatorias, los rumores falsos, las expresiones ofensivas o despectivas por medios informáticos, telemáticos o audiovisuales (redes sociales, internet, blogs) y prensa escrita.
¿Y cuáles son esas disposiciones legales?
Son la Ley 183-02 Monetaria y Financiera, la Ley 126-02 sobre Comercio Electrónico, Documentos y Firmas Digitales; la Ley 53-07 Contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, la Ley 136-03 o Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, y otras, que contemplan encierros carcelarios de hasta diez años y multas de hasta dos millones 500 mil pesos o 500 veces el salario mínimo del sector público. ¡Muy bien!
Aunque luzca una irreverencia y un riesgo decirlo, el sometimiento judicial a un periodista por difamación e injuria representa una prueba para demostrar su profesionalidad y apego a las leyes y a los principios y valores éticos en el manejo informativo y el análisis interpretativo. Si así fuere, ¿por qué tanto miedo?
Con frecuencia, ciertas esferas de los diarios exageran y procuran rehuir para no colocarse frente a un crucifijo, por la aversión y el temor traumático, arrastrado por sangrientas experiencias pretéritas. Preservemos el contenido del nuevo Código Penal, y actuemos con la potestad de informar y opinar sin censura ni autocensura, pero ajustados al derecho, y caminando derecho.
……………………………..
El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático, escritor y gremialista.
Por Isaías Ramos
República Dominicana no enfrenta solo un debate salarial. Enfrenta una crisis de arraigo, identidad, soberanía laboral y cumplimiento constitucional. Durante las últimas tres décadas se consolidó un modelo de bajos salarios, débil fiscalización y desorden migratorio-laboral. Pero desde la Constitución de 2010, que consagra el Estado Social y Democrático de Derecho, esa falla dejó de ser solo económica: se convirtió en contradicción frontal con el mandato constitucional. Hoy el problema se ha agudizado. La pregunta es necesaria: ¿para quién funciona realmente este modelo económico?
Según el Informe sobre Democracia y Desarrollo 2026 del PNUD, 39.5% de las personas en República Dominicana contempla irse a vivir o trabajar a otro país, frente a 31.7% en América Latina y el Caribe: 395 de cada 1,000 personas, contra 317 de cada 1,000 del promedio regional. La principal razón para emigrar es la falta de oportunidades económicas: 58.4%.
Ese dato debe estremecer. Los dominicanos no contemplan irse porque no amen su patria. Contemplan irse porque trabajan, luchan, pagan transporte, comida, impuestos y deudas, y aun así sienten que no avanzan. La emigración deseada es un voto de desconfianza contra un modelo que produce crecimiento, pero no suficiente esperanza.
La Constitución no manda una República para administrar resignación. Define al país como Estado Social y Democrático de Derecho, fundado en la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo y la soberanía popular. También reconoce que todo trabajador tiene derecho a un salario justo y suficiente para vivir con dignidad, y declara de alto interés la nacionalización del trabajo.
Por eso, el salario justo no es una consigna. Es mandato constitucional.
La evidencia salarial es contundente. En el primer trimestre de 2026, la ONE reportó que el salario mensual promedio por empleado formal fue RD$34,621. Incluso los sectores mejor remunerados —minas y canteras, organismos extraterritoriales y electricidad— promediaron RD$79,724, RD$70,541 y RD$67,246. Si ese es el techo salarial formal, el país debe preocuparse: muchos ingresos permiten consumir, pero no necesariamente progresar, ahorrar, comprar vivienda o construir patrimonio.
La canasta básica familiar nacional llegó en mayo de 2026 a RD$49,268.36; la del primer quintil fue RD$29,489.84 y la del segundo RD$38,441.67. Frente a eso, demasiados salarios formales siguen siendo salarios de supervivencia. Ahí está el corazón del problema: están convirtiendo la pobreza salarial en ventaja competitiva.
El primer deber de los gobiernos debe ser garantizar salarios justos y dignos. El segundo, aplicar la indexación del mínimo exento del impuesto al salario. La DGII reconoce para 2026 una exención contributiva hasta RD$416,220 anuales y, al mismo tiempo, que por la Ley de Presupuesto queda sin efecto el ajuste previsto en el artículo 327 del Código Tributario. En palabras simples: los gobiernos siguen cobrándole inflación al trabajador formal.
La excusa fiscal tampoco basta. Hacienda estima el gasto tributario de 2026 en RD$393,541.54 millones, equivalente a 4.54% del PIB. Entonces la pregunta no es si hay recursos; la pregunta es a quién deciden proteger primero los gobiernos.
Tercer deber: no hay exenciones sin salario digno. Todo régimen con privilegios fiscales debe demostrar retorno social: salario digno, formalidad, transparencia, capacitación y movilidad salarial.
Cuarto deber: hacer cumplir el 80/20 laboral. El Código de Trabajo establece que al menos 80% de los trabajadores de una empresa debe ser dominicano, y que al menos 80% de la nómina debe corresponder a trabajadores dominicanos, con las excepciones previstas por la ley.
La alerta está en los medios. Almomento, citando la Encuesta Sectorial Construcción 2025 del Instituto Nacional de Migración, afirma que la mano de obra haitiana representa 68.3% de los trabajadores de la construcción, frente a 31.1% de locales; en empresas formales, la proporción sería 69.1% haitiana y 30.2% dominicana. Ese dato exige auditoría nacional. Si se confirma, sería una inversión práctica del mandato de nacionalización del trabajo, con consecuencias salariales, demográficas, culturales e identitarias.
Hay que decirlo sin odio ni confusión: el problema no es el inmigrante pobre que busca trabajo. El problema son los gobiernos que han permitido el desorden. No son los extranjeros los culpables de desplazar al trabajador dominicano; los responsables son las autoridades llamadas a cumplir y hacer cumplir la Constitución, el Código de Trabajo, la ley tributaria y el orden migratorio-laboral.
Donde debía haber control, hubo tolerancia. Donde debían estar las fronteras resguardadas, hubo abandono, corrupción sin consecuencias y complicidad con el desorden. Donde debía prevalecer la Constitución, se traicionó el interés nacional. Donde debía haber salario justo, hubo precariedad. Donde debía haber defensa del trabajo dominicano, hubo indiferencia. Y donde debía haber cumplimiento de la ley, hubo gobiernos mirando hacia otro lado.
Ese desorden empuja al dominicano a emigrar y a la nación a perder cohesión, identidad, soberanía laboral y control sobre su destino.
Desde el Frente Cívico y Social sostenemos que la patria no se defiende culpando al inmigrante pobre. Se defiende cumpliendo la Constitución, pagando salarios dignos, indexando el impuesto al salario, ordenando la frontera y haciendo cumplir el 80/20.
República Dominicana no necesita una economía que administre resignación. Necesita una economía que produzca arraigo.
Los dominicanos no quieren irse. Los están empujando.
Ya basta. Llegó la hora de hacer valer la Constitución y activar, de verdad, el Estado Social y Democrático de Derecho: un Estado que no esté de rodillas ante los privilegios, sino de pie junto al pueblo trabajador.
Por Rommel Santos Díaz
En las investigaciones realizadas de conformidad con el Estatuto de la Corte Penal Internacional nadie será obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable.
De acuerdo con el Estatuto de Roma nadie será sometido a forma alguna de coacción, intimidación o amenaza, a torturas ni a otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes.
En el proceso de investigación de la Corte Penal Internacional , quien haya de ser interrogado en un idioma que no sea el que comprende y habla perfectamente contará, sin cargo alguno, con los servicios de un intérprete competente y las traducciones que sean necesarias a los efectos de cumplir el requisito de equidad.
De conformidad con el Estatuto de Roma nadie será sometido a arresto o detención arbitrarios ni será privado de su libertad salvo por los motivos previstos en el Estatuto y de conformidad con los procedimientos establecidos en él.
Cuando haya motivos para creer que una persona ha cometido un crimen de la competencia de la Corte Penal Internacional y esa persona haya de ser interrogada por el Fiscal o por las autoridades nacionales, o en cumplimiento de una solicitud hecha de acuerdo las disposiciones del Estatuto de Roma tendrá el derecho a ser informada.
Dentro de los derechos que tiene una persona en el proceso de investigación de la Corte Penal Internacional el Estatuto de Roma señala el de ser informada de que existen motivos para creer que ha cometido un crimen de la competencia de la Corte.
Antes del interrogatorio la persona también deberá ser informada de que tiene derecho a guardar silencio , sin que ello pueda tenerse en cuenta a los efectos de determinar su culpabilidad o inocencia.
Cabe destacar que en el proceso de investigación de la Corte Penal Internacional la persona tiene derecho a ser asistida por un abogado defensor de su elección o, si no lo tuviere, a que se le asigne un defensor de oficio, siempre fuere necesario en interés de la justicia y , en cualquier caso, sin cargo si careciere de medios suficientes.
Finalmente, la persona tendrá el derecho a ser interrogada en presencia de un abogado, a menos que haya renunciado voluntariamente a su derecho a asistencia letrada de conformidad con lo establecido en el Estatuto de Roma.