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Los ciudadanos estadounidenses están llamados este martes a las urnas para determinar el futuro político del país.
Europa Press
Madrid, España.-Los ciudadanos estadounidenses están llamados este martes a las urnas para determinar el futuro político del país durante los próximos cuatro años. La vicepresidenta, Kamala Harris, aspira a prolongar el Gobierno demócrata ante un Donald Trump que busca hacer historia volviendo a la Casa Blanca cuatro años después, en un contexto en el que las encuestas evitan dar por sentada la victoria de alguna de las dos candidaturas.
Aunque el proceso como tal lleva semanas en marcha habida cuenta de que los ciudadanos ya han podido votar por correo e incluso de manera presencial, este martes será el gran día. Cuando cierren los colegios electorales –la mayoría lo harán entre la 1.00 y las 6.00 horas de la España peninsular–, comenzará un goteo de proyecciones y resultados a partir del cual conocer al futuro inquilino de la Casa Blanca.
Técnicamente, los ciudadanos no eligen de manera directa al presidente, sino a los integrantes del Colegio Electoral, en virtud de un particular sistema que establece que la candidatura vencedora en cada estado se lleva todos los representantes en juego en dicho territorio; a excepción de Maine y Nebraska, donde el reparto es proporcional.
Estos territorios no votan claramente demócrata o republicano y oscilan en función de cada cita. La media nacional de encuestas de RealClearPolitics apunta que en los estados en disputa, Trump mantiene su ventaja en Arizona, Nevada, Pensilvania, Carolina del Norte y Georgia, mientras que Harris parte por delante en Wisconsin y Michigan.
El contador de cada candidato irá subiendo a lo largo de la noche y una vez que uno de ellos alcance los 270 electores, más de la mitad de los integrantes del Colegio Electoral, se le proclamará ‘de facto’ vencedor. La tradición marca entonces una sucesión de discursos de victoria y derrota, si bien Trump hace cuatro años se negó a reconocer públicamente el triunfo del actual presidente, Joe Biden.
UNA CAMPAÑA CONVULSA
Estados Unidos llega al 5 de noviembre tras una de las campañas electorales más convulsas de la historia reciente. En un inicio, el ‘ticket’ demócrata debían compartirlo Biden y Harris, pero el mal desempeño del presidente en su debate televisado contra Trump –27 de junio– y una sucesión de errores reavivaron el debate sobre su avanzada edad y le forzaron a hacerse a un lado. Su figura parecía ya amortizada.
La ‘número dos’ tomó las riendas con el aval del presidente y sin primarias de por medio, una excepción que el Partido Demócrata intentó solventar con una conferencia nacional destinada a impulsar a Harris y a su nuevo compañero, Tim Walz, gobernador de Minesota.
En el bando contrario al de Harris está Trump, que se presentó de nuevo a las primarias de los republicanos dispuesto a arrasar y sin un mínimo contrapeso dentro de su partido. Si hace ocho años los moderados intentaron pararle los pies en un primer momento, en 2024 ya todos parecían resignados a asumir lo que a todas luces parecía inevitable.
De hecho, a Trump no parece haberle pasado factura ni el asalto al Capitolio de enero de 2021, protagonizado por cientos de sus seguidores, ni los múltiples frentes judiciales que tiene abiertos. En mayo, se convirtió en el primer presidente condenado en Estados Unidos, por falsificar registros para comprar el silencio de una exactriz porno, Stormy Daniels, poco antes de los comicios de 2016.
Trump ha sobrevivido en campaña a un intento de asesinato del que salió herido: el 14 de julio, un individuo disparó en pleno mitin en Pensilvania antes de caer abatido por las fuerzas de seguridad. El candidato resultó herido en una oreja, mientras que un hombre que asistía al acto falleció, lo que desencadenó una ola de solidaridad y condena unánime en plena ola de polarización política.
A mediados de septiembre, el magnate volvió a ser víctima de otro intento de ataque en su propio club de golf en Florida, si bien la persona detenida no llegó a efectuar disparo alguno.
CUATRO AÑOS A CONTAR DESDE EL 20 DE ENERO
Pase lo que pase este martes, no habrá un recambio inmediato en el Despacho Oval. El sistema político de Estados Unidos viene marcado por una mezcla de leyes y tradiciones que arranca con la celebración de las elecciones el primer martes después del primer lunes de noviembre y concluye el 20 de enero del año siguiente ante la entrada principal del Capitolio con la investidura formal del próximo presidente o presidenta.
Quien pronuncie el discurso triunfante tendrá que lidiar con una economía aparentemente en auge pero que sigue preocupando a los ciudadanos –un 81 por ciento reconoce que es un aspecto que tendrá en cuenta al depositar su voto, según Pew Research Center–. También la inmigración se ha colado entre las preocupaciones generales, con un Trump hablando abiertamente de «invasión».
En materia social, Harris ha hecho especial hincapié en que con Trump en la Casa Blanca derechos de las mujeres como el del aborto estarán en peligro, advirtiendo de una tendencia de retroceso que ya comenzó con un dictamen del Tribunal Supremo en junio de 2022. Tener las riendas del país puede ser además clave para modificar el actual dominio conservador en el Alto Tribunal, ya que el futuro presidente tendrá previsiblemente margen para nombrar a algún magistrado.
Trump también ha hecho gala en campaña de ser un presidente garante de la paz y ha llegado a decir que, si él hubiese seguido cuatro años más en el cargo, Vladimir Putin no se habría atrevido a invadir Ucrania o no existiría la actual escalada de violencia en Oriente Próximo. En lo que sí coinciden ambos aspirantes es en dejar claro que Israel es el principal aliado en esta región, pese a las críticas deslizadas por la Administración Biden al primer ministro Benjamin Netanyahu.
En Europa, tanto en la órbita de la UE como de la OTAN se observa con atención la cita a la expectativa de lo que pueda ocurrir. Harris simboliza para la gran mayoría de los gobiernos la continuidad de las políticas de Biden, mientras que Trump ya demostró que está dispuesto a añadir más presión política, económica o en materia de Defensa sobre sus teóricos aliados europeos.
Internacionales
Fondos obtenidos de ayudas por COVID-19 habrían financiado complot contra Jovenel Moïse
Fiscales estadounidenses investigan el uso fraudulento de recursos de programas creados durante la pandemia para financiar parte de la operación que culminó con el asesinato del presidente haitiano en 2021.
MIAMI, Estados Unidos.– Dinero obtenido fraudulentamente de programas de asistencia económica creados por Estados Unidos durante la pandemia de COVID-19 habría sido utilizado para financiar parte de la conspiración que culminó con el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, ocurrido el 7 de julio de 2021.
La investigación de las autoridades estadounidenses sostiene que recursos procedentes de programas como el Paycheck Protection Program (PPP) y los préstamos de emergencia EIDL fueron desviados y utilizados para contribuir a la adquisición de armas, equipos tácticos y otros recursos vinculados con la operación.
Las autoridades también sitúan al sur de Florida como uno de los principales centros desde donde se habrían desarrollado actividades de planificación y financiamiento relacionadas con el complot.
El caso ha cobrado nueva relevancia tras el traslado desde Haití hacia Estados Unidos de 18 hombres acusados en relación con el magnicidio, quienes deberán enfrentar procesos ante la justicia federal estadounidense.
Trasladan 18 acusados a Estados Unidos
Los detenidos llegaron bajo custodia de autoridades estadounidenses y fueron puestos a disposición de la justicia federal en Miami.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó el traslado como parte de una nueva etapa de las investigaciones sobre el asesinato del mandatario haitiano.
El fiscal federal para el Distrito Sur de Florida, Jason Reding Quiñones, indicó que las autoridades continuarán investigando a las personas que presuntamente financiaron, facilitaron o participaron en la operación.
La investigación estadounidense se ha extendido durante años y ha permitido presentar cargos contra decenas de personas por distintos niveles de participación en la conspiración.
El rastro del dinero
Uno de los elementos que ha adquirido mayor importancia dentro del expediente es determinar de dónde procedieron los recursos utilizados para preparar la operación.
Según la investigación citada, parte del dinero habría sido obtenido fraudulentamente mediante programas federales creados para auxiliar a empresas y trabajadores afectados económicamente durante la pandemia.
Las autoridades estadounidenses atribuyen a Walter Veintemilla un papel importante dentro del esquema financiero. De acuerdo con el Departamento de Justicia, habría acordado aportar US$175,000 mediante un préstamo relacionado con recursos procedentes de los programas PPP y EIDL.
Otro financista vinculado al expediente fue condenado a 20 años de prisión por lavar cientos de miles de dólares provenientes fraudulentamente de esos programas y utilizados para contribuir al financiamiento de la conspiración.
Los investigadores sostienen que los recursos ayudaron a costear elementos necesarios para ejecutar la operación, mientras otros participantes habrían facilitado armas, municiones, chalecos antibalas, radios y equipos tácticos.
Intereses económicos detrás del complot
La investigación estadounidense también apunta a posibles intereses económicos de algunos de los organizadores.
De acuerdo con las autoridades, varias personas relacionadas con el plan buscaban obtener oportunidades comerciales y contratos con el Gobierno haitiano después de provocar un cambio de poder.
El plan habría evolucionado a través de diferentes etapas.
Las autoridades estadounidenses sostienen que inicialmente existió la intención de derrocar a Moïse y establecer un gobierno favorable a determinados intereses. Posteriormente se habría contemplado secuestrar al mandatario, hasta que finalmente la operación derivó en el ataque contra su residencia.
El asesinato de Jovenel Moïse
Durante la madrugada del 7 de julio de 2021, un grupo armado penetró en la residencia privada del presidente haitiano.
Moïse fue asesinado a tiros y su esposa, Martine Moïse, resultó gravemente herida.
Entre los participantes señalados por las investigaciones figuran exmilitares colombianos y otras personas de diferentes nacionalidades.
Otro elemento incorporado al expediente es que algunos de los participantes presuntamente utilizaron indumentaria y distintivos para aparentar que pertenecían a la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).
Las evidencias presentadas en los procesos judiciales incluyen fotografías de equipos tácticos, radios y distintivos relacionados con esa falsa identificación.
Cerca de 30 personas acusadas
La investigación estadounidense ha derivado en acusaciones contra alrededor de 30 personas por distintos delitos relacionados con la conspiración.
Los cargos varían según la participación atribuida a cada acusado e incluyen, entre otros, conspiración para matar o secuestrar a una persona fuera de Estados Unidos y delitos vinculados al fraude.
Cuatro de los principales acusados fueron declarados culpables en mayo por un jurado federal en Miami y enfrentan posibles condenas de cadena perpetua.
El traslado de los 18 detenidos desde Haití abre ahora una nueva etapa judicial en un caso que, cinco años después del magnicidio, continúa revelando detalles sobre cómo se habría organizado, financiado y ejecutado una de las operaciones criminales de mayor impacto político en la historia reciente del Caribe.
Internacionales
CNN, MS NOW y Politico llevan a Trump ante los tribunales por veto en la Casa Blanca
Los tres medios cuestionan judicialmente la retirada de sus acreditaciones y sostienen que la decisión vulnera la libertad de prensa y el debido proceso protegidos por la Constitución estadounidense.
WASHINGTON, Estados Unidos.– La confrontación entre el presidente Donald Trump y varios de los principales medios de comunicación estadounidenses abrió un nuevo capítulo judicial luego de que CNN, MS NOW y Politico demandaran a su administración por impedir a sus periodistas acceder a la Casa Blanca.
Los medios acudieron al Tribunal Federal del Distrito de Columbia después de que las credenciales de sus periodistas fueran desactivadas y estos no pudieran ingresar al complejo presidencial.
La demanda sostiene que la decisión constituye una represalia basada en el contenido de su cobertura y plantea posibles violaciones de la Primera Enmienda, que protege las libertades de expresión y de prensa, así como de las garantías de debido proceso de la Quinta Enmienda.
Los demandantes solicitaron además una orden judicial temporal que permita restablecer su acceso mientras los tribunales deciden el fondo del conflicto. La acción fue presentada el lunes 21 de septiembre.
Trump defiende su decisión
El presidente había anunciado previamente la exclusión de los tres medios argumentando que difundían lo que él considera informaciones falsas.
Tras conocerse la demanda, Trump negó que su actuación constituya un ataque contra la libertad de prensa y sostuvo que sus cuestionamientos están dirigidos a lo que denomina “fake news”.
La Casa Blanca, por su parte, ha defendido que el acceso a sus instalaciones es un privilegio y no un derecho irrestricto.
Una controversia constitucional
El caso coloca nuevamente en discusión los límites que tiene un presidente estadounidense para controlar el acceso de periodistas a la sede del Poder Ejecutivo.
La Constitución no concede a los profesionales de la comunicación un derecho ilimitado a participar en todos los actos presidenciales ni a entrar en espacios restringidos. Sin embargo, precedentes judiciales han establecido límites a la capacidad del Gobierno para retirar acreditaciones arbitrariamente o discriminar a periodistas por el contenido o punto de vista de sus publicaciones.
Uno de los antecedentes relevantes es Sherrill v. Knight, de 1977, en el que una corte federal estableció garantías procesales relacionadas con las acreditaciones de prensa de la Casa Blanca.
La controversia actual plantea precisamente si la exclusión de CNN, MS NOW y Politico respondió a razones legítimas relacionadas con el control de acceso o si, como sostienen los demandantes, se produjo como consecuencia de una cobertura periodística que desagrada al presidente.
Antecedentes de enfrentamientos con la prensa
No es la primera vez que una controversia sobre las acreditaciones de periodistas durante una administración de Trump llega a los tribunales.
En 2018, durante su primer mandato, la Casa Blanca retiró temporalmente la credencial del entonces corresponsal de CNN Jim Acosta después de un enfrentamiento verbal con el mandatario durante una conferencia de prensa. Un juez federal ordenó posteriormente restituir temporalmente la acreditación.
Más recientemente, The Associated Press también sostuvo una disputa judicial con la administración después de que se restringiera su participación en determinados actos presidenciales.
Estos antecedentes son relevantes porque muestran la diferencia jurídica entre el control presidencial de espacios físicos especialmente restringidos y una eventual exclusión motivada por el contenido de la cobertura periodística.
El conflicto afecta la cobertura presidencial
La decisión contra CNN también repercutió en el denominado “pool” de prensa de la Casa Blanca, el sistema mediante el cual un grupo reducido de periodistas y camarógrafos cubre determinadas actividades presidenciales y comparte posteriormente el material con otros medios.
CNN tenía asignadas funciones dentro de ese esquema cuando se produjo la prohibición. La situación llevó a otras cadenas a suspender su participación en determinadas actividades del pool, ampliando el impacto de la controversia.
Los jueces tendrán la palabra
El conflicto deja ahora en manos de los tribunales una cuestión de alcance constitucional: hasta dónde puede llegar la autoridad presidencial para regular el acceso a la Casa Blanca sin convertir esa facultad en un mecanismo de represalia contra determinados medios por su línea de cobertura.
CNN, MS NOW y Politico sostienen que fueron excluidos precisamente por el contenido de sus informaciones. La administración Trump rechaza que se trate de un ataque contra la prensa y defiende su potestad para controlar el acceso a la sede presidencial.
El tribunal deberá determinar si las circunstancias concretas de la exclusión vulneraron las garantías constitucionales invocadas por los demandantes.
Más allá de la disputa entre Trump y tres organizaciones periodísticas, el resultado podría contribuir a precisar nuevamente los límites entre el poder presidencial, la libertad de prensa y el derecho del público a recibir información independiente sobre la actuación del Gobierno.
Internacionales
Nepal mantiene las búsquedas 11 días después de la riada tras nuevos rescates con vida
Agencia Efe
Katmandú.- Nepal mantuvo este sábado las operaciones de búsqueda once días después de la riada que devastó el norte del país, alentado por los nuevos rescates con vida registrados en las últimas horas, mientras centenares de trabajadores continúan desaparecidos en centrales hidroeléctricas arrasadas por el agua y el barro.
El ministro del Interior, Sudhan Gurung, afirmó tras los rescates que los hallazgos habían dejado “un rayo de esperanza” y aseguró que las operaciones continuarían dentro de los túneles.
La búsqueda sigue activa en varios de los complejos hidroeléctricos más afectados, con apoyo de especialistas de la India, China y Corea del Sur, según las últimas actualizaciones oficiales del Gobierno nepalí.
Upper Trishuli-1 concentra uno de los mayores operativos: más de 1400 personas vinculadas al proyecto se encontraban ahí cuando se produjo la catástrofe; 557 permanecen sin localizar y alrededor de 115 podrían haber quedado atrapadas en la zona de la presa y el túnel principal, según la empresa promotora.
El último balance consolidado por la Policía de Nepal elevaba a 1.344 los cuerpos y restos humanos recuperados y a 4.887 las personas todavía sin localizar, mientras los cuerpos de seguridad participan en un operativo que continúa también en comunidades de Rasuwa y Nuwakot y a lo largo del corredor del Trishuli, donde equipos terrestres y helicópteros buscan desaparecidos, evacúan a afectados y llevan suministros a poblaciones aisladas por la destrucción de carreteras y puentes.