Editorial
Los colegios profesionales y el comportamiento desnaturalizador de sus miembros.
Las colegiaciones profesionales, aunque no han cumplido cabalmente con su cometido, no dejan de ser un arma poderosa para el ejercicio ético de los egresados de las diferentes universidades del país, pero principalmente de carreras tan exigentes como la Medicina, el Derecho y la Ingeniería.
Todo el mundo sabe que los médicos, los abogados y los ingenieros que se comportan antiéticamente son un peligro público para los conglomerados sociales donde ejercen la profesión.
En el país se ha hecho muy común que muchos médicos buscan sacarles dinero a los pacientes con la complicación de sus casos, de ingenieros que construyen obras a troche y moche, con muchos vicios ocultos, sin seguir los protocolos anti-sísmicos, las cuales son una permanente amenaza de derrumbarse en cualquier momento y los abogados pueden con bastante facilidad manipular los casos que llevan para afectar gravemente a sus clientes y en consecuencia el estado de derecho.
De manera, que el aspecto ético es algo que se debe proteger en cualquier sociedad, pero principalmente en aquellas en las que la politiquería lo controlan todo, como por ejemplo en la República Dominicana.
Entonces, el legislador tiene que revisar algunas o prácticamente todas las leyes de colegiación porque en algunas se permiten cosas, mientras en otras no, lo cual representa una violación del principio constitucional de igualdad.
No hay una explicación lógica de que el Colegio Médico Dominicano tenga un carácter gremial cuando en los demás está prohíbo, lo cual constituye una distorsión de las funciones de la figura jurídica de este tipo.
Ello así, porque todos los médicos de forma obligatoria tienen que pertenecer al CMD, aun aquellos que son empresarios en ese sector por ser propietario de clínicas o de centros médicos privados, pero se entiende que la dirección de la referida institución no puede montarle una huelga a uno de sus miembros, porque resultaría contraproducente.
Pero, aunque que el legislador haya dejado una brecha para que el Colegio de Abogados o cualquier otro que ostente esta categoría sea puesto al servicio de la politiquería mediante la participación de las diferentes organizaciones que interactúan en el escenario nacional para imponer unos dirigentes que respondan a sus intereses, desnaturaliza y daña la razón de ser de una corporación de derecho público de carácter interno y que tiene una capacidad sancionadora para los que se salgan de su cauce ético que implica irse en contra de los intereses de la sociedad.
Se impone que el legislador corrija los entuertos que aparecen en algunos de los colegios profesionales para que en su desempeño prevalezca el principio de legalidad, seguridad jurídica, razonabilidad, entre otros principios y valores del derecho.
La crisis presentada en el Colegio Dominicano de Abogados es una buena razón y un momento oportuno para corregir las distorsiones que el legislador ha dejado filtrar para crear confusión y desnaturalización de entidades que tienen una misión tan sagrada y vital en un Estado carente de la institucionalidad necesaria que justifica su existencia.
Manos a la obra.
Desde hace mucho tiempo que se escucha decir que los Estados Unidos han iniciado en el campo político un tránsito indetenible hacia el tercer mundo.
Ese convencimiento en muchos lugares del mundo no luce que sea solamente por la carestía del costo de vida y la predominación de empleos de mala calidad, sino, principalmente, por el aparecimiento de una figura que no respeta nada ni a nadie.
Donald Trump ha demostrado la fragilidad del sistema norteamericano con violaciones de la ley civil y penal que lo iguala a lo que ocurre allí con los llamados países del tercer mundo.
Donald Trump ha dejado claro que tiene más poder y fuerza que los instrumentos que tiene el Estado para combatir el crimen y el delito.
Sin embargo, se observa que este personaje parece haber entrado en decadencia con la entrada en escena como candidato presidencial de Kamala Harris.
Aunque, naturalmente, nadie todavía puede cantar victoria, porque Trump se mueve entre altas y bajas, pese a que políticamente se ha beneficiado más de la primera que de la segunda.
Ello así, aunque su discurso es discriminatorio, promotor de violencia y de una serie de irreverencia, pero la mas o mayor perjudicada es la sociedad norteamericana.
Su agresividad ha sido tan radical que aparte de atacar instituciones sagradas de la vida de los Estados Unidos, ha intentado acabar o eliminar organismos de seguridad como el Buró Federal de Investigaciones (FBI), al cual ha atacado sin piedad.
Ahora se podría decir que la principal amenaza a la permanencia de Trump en la vida pública de los Estados Unidos de América sea su edad, porque de otra manera no habría forma de apartarlo de la política de esa nación.
Las elecciones de noviembre podrían ser el último eslabón de un Donald Trump que no para de ofender y de alguna manera burlarse de la sociedad que dice defender.
Los perfiles de la sociedad dominicana indican desde hace muchos años que somos una nación profundamente patológica.
El estudio que sirve de base para esta afirmación y que se publica en la sección De Portada de este periódico, deja claro que la República Dominicana presenta un cuadro que requiere de un tratamiento especial.
Lo malo de esto que lo que se refleja en la investigación en referencia confirma la tesis de que el dominicano ha sido arropado por una serie de antivalores, cuyo principal promotor es el Estado.
La cuestión es que nadie confía en nadie, todo el mundo duda de los demás, es un asunto que impacta de una forma muy severa el desarrollo social, lo cual también daña lo económico.
Pero lo preocupante no es sólo conocer y analizar esa realidad, sino pensar en cómo darle solución a un problema que ha minado los cimientes ético-morales de los dominicanos.
Lo más lamentable de esta realidad es que nadie toma el asunto en serio y cuando alguien expresa su preocupación sobre lo que ocurre es considerado como un desfasado y desadaptado social.
De manera, que se trata de un problema de fondo que no se soluciona con acciones simples y sin consistencia.
La pregunta es cómo enfrentar esa cultura de “dejar hacer y dejar pasar”, cuya sociedad sobrepone lo económico por encima de cualquier valor familiar, moral o social.
Esta encuesta retrata de cuerpo entero una sociedad profundamente enferma y con tendencia a empeorar hasta poner en peligro su propia existencia.
De cada uno de los dominicanos depende que esa realidad cambie, pero para ser realista mientras el Estado no se maneje con un criterio diferente, es decir, promover valores, más que anti valores, muy difícilmente el cuadro se pueda revertir.
Tenga toda la seguridad de que así es, hermano conciudadano.
Editorial
Las fortunas, aunque mal habidas, es una garantía de vigencia en el escenario político nacional.
Cada día se confirma que el discurso de los políticos es sólo un instrumento para mentir y vender una percepción que no tiene nada que ver con la realidad.
Esa forma de ver la vida parece que será la principal causa para que la República Dominicana colapse totalmente.
Tanto es así que el presidente Luis Abinader y el PRM se han encargado de dejar claro que la falta de transparencia y de ética sólo tienen sentido si el personaje involucrada no está con su causa.
Esta conducta de Abinader y el PRM se confirma con la designación de Julio Cesar Valentín en la Superintendencia de Seguros, ya que cuando fue imputado de corrupción en el caso Odebrecht fue causa de satisfacción por parte de los oficialistas, pero hoy celebran y bailan juntos.
Pero esta realidad no se da porque se trata de Valentín, sino de cualquier otro peledeísta imputado de corrupción que se pase al gobierno, porque al ser todos iguales su maldad está determinada por el litoral en que se encuentre el personaje involucrado.
De manera, que unos y otros son pájaros del mismo nido, aunque se proyecten con nombres y colores diferentes.
La gran desgracia de la República Dominicana tiene que ver con la cultura depredadora de su gente, lo cual probablemente es peor que la falta de institucionalidad, de la pobre fiscalización y de los bajos niveles de regulación que impactan al Estado.
Es una carrera en contra del tiempo que parece ser silenciosa, pero que en realidad no lo es, porque el comportamiento de la clase política deja claro que su nivel de interpretación y planteamiento de soluciones no llega más allá de su prioridad que es enriquecerse al precio que sea.
Por eso la preocupación de los que conforman los partidos de turnarse en la repartición del patrimonio nacional, no otra cosa, no deja margen para creer que haya mecanismos eficientes para combatir ese mal.
Es un problema de grandes magnitudes, porque no hay quien pueda dar el primer paso para combatir el principal instrumento de la corrupción y el atraso como son los partidos políticos, los cuales con su irracionalidad y falta de delicadeza, no dejan ninguna vía y mucho menos se ve alguna vocación para erradicar ese mal comportamiento.