Editorial
Los colegios profesionales y el comportamiento desnaturalizador de sus miembros.
Las colegiaciones profesionales, aunque no han cumplido cabalmente con su cometido, no dejan de ser un arma poderosa para el ejercicio ético de los egresados de las diferentes universidades del país, pero principalmente de carreras tan exigentes como la Medicina, el Derecho y la Ingeniería.
Todo el mundo sabe que los médicos, los abogados y los ingenieros que se comportan antiéticamente son un peligro público para los conglomerados sociales donde ejercen la profesión.
En el país se ha hecho muy común que muchos médicos buscan sacarles dinero a los pacientes con la complicación de sus casos, de ingenieros que construyen obras a troche y moche, con muchos vicios ocultos, sin seguir los protocolos anti-sísmicos, las cuales son una permanente amenaza de derrumbarse en cualquier momento y los abogados pueden con bastante facilidad manipular los casos que llevan para afectar gravemente a sus clientes y en consecuencia el estado de derecho.
De manera, que el aspecto ético es algo que se debe proteger en cualquier sociedad, pero principalmente en aquellas en las que la politiquería lo controlan todo, como por ejemplo en la República Dominicana.
Entonces, el legislador tiene que revisar algunas o prácticamente todas las leyes de colegiación porque en algunas se permiten cosas, mientras en otras no, lo cual representa una violación del principio constitucional de igualdad.
No hay una explicación lógica de que el Colegio Médico Dominicano tenga un carácter gremial cuando en los demás está prohíbo, lo cual constituye una distorsión de las funciones de la figura jurídica de este tipo.
Ello así, porque todos los médicos de forma obligatoria tienen que pertenecer al CMD, aun aquellos que son empresarios en ese sector por ser propietario de clínicas o de centros médicos privados, pero se entiende que la dirección de la referida institución no puede montarle una huelga a uno de sus miembros, porque resultaría contraproducente.
Pero, aunque que el legislador haya dejado una brecha para que el Colegio de Abogados o cualquier otro que ostente esta categoría sea puesto al servicio de la politiquería mediante la participación de las diferentes organizaciones que interactúan en el escenario nacional para imponer unos dirigentes que respondan a sus intereses, desnaturaliza y daña la razón de ser de una corporación de derecho público de carácter interno y que tiene una capacidad sancionadora para los que se salgan de su cauce ético que implica irse en contra de los intereses de la sociedad.
Se impone que el legislador corrija los entuertos que aparecen en algunos de los colegios profesionales para que en su desempeño prevalezca el principio de legalidad, seguridad jurídica, razonabilidad, entre otros principios y valores del derecho.
La crisis presentada en el Colegio Dominicano de Abogados es una buena razón y un momento oportuno para corregir las distorsiones que el legislador ha dejado filtrar para crear confusión y desnaturalización de entidades que tienen una misión tan sagrada y vital en un Estado carente de la institucionalidad necesaria que justifica su existencia.
Manos a la obra.
Sin pretender quitarle importancia al derecho, valor y principio de igualdad, porque se supone que todos somos iguales ante la ley, pero la transferencia de los liderazgos políticos en el país es motivo de una gran preocupación.
En los actuales momentos la democracia nacional está en crisis y cualquiera sin un ápice de buenas intenciones puede convertirse en un líder nacional, porque esas son de las cosas que ocurren cuando un país llega al fondo en lo que respecta a los valores.
La República Dominicana atraviesa por ese trance, ya que hay una famosa expresión que dice que una gota de agua cae tanto en el mismo lugar hasta que hace un hoyo.
Exactamente eso ha ocurrido en el país, dado que ha sido tanta la corrupción y las acciones antijurídicas y anti morales, así como anti éticas que ya la gente parece haberse cansado.
Es de tal magnitud el problema que los funcionarios públicos que provienen de la partidocracia no se conforman con sustraer (50) cincuenta ó (100,000,000.00) cien millones de pesos, sino miles, cuyos mejores ejemplos son encontrados en los casos que están a punto de caer en prescripción extintiva porque ya van a cumplir 4 años de haberse iniciado.
Pero no es solo ese el problema, sino que la partidocracia ahora quiere perpetuar ese mal con dejar como herencia la administración del patrimonio público a sus esposas, hijos y nietos, principales beneficiarios de la sustracción del dinero del Estado.
Los herederos de la partidocracia ya están muy activos en la vida nacional y sólo esperan que sus padres y madres envejezcan para entonces ellos tomar las riendas del Estado para que continúe la fiesta de la que no participa el pueblo dominicano.
El fin de esa interminable parranda solo se llegará si la ciudadanía toma el toro por los cuernos e incluso impide que en el campo de la política partidista las cosas se manejen como si se tratara de una herencia proveniente de la determinación de herederos establecida para cuando el de cujus ha dejado bienes que sus legítimos herederos son sus hijos y nietos.
La partidocracia busca prolongar sus ilegales acciones hasta los más lejanos de sus herederos, mientras el pueblo dominicano no tiene derecho a la salud, la educación y una vivienda digna.
El momento parece haber llegado para decir basta ya y plantear una nueva regla del juego con la entrada de una forma diferente la figura de las candidaturas independientes, la cual parece representar una amenaza para que sobreviva el Estado Social Democrático y de Derecho, dado que algunos de los representantes de la partidocracia ya pretenden atentar hasta en contra de la Constitución de la República, ley suprema de la nación.
Lo primero que debe establecerse es que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre las candidaturas independientes representa un paso vital para convertir la democracia nacional en más participativa.
Esta decisión del TC, quiérase o no, permite que el ciudadano se empodere y si lo hace correctamente podría detener la debacle que han impuesto en la sociedad dominicana los partidos políticos, cuya principal misión es promover anti-valores.
Ante los argumentos de la partidocracia, habría necesariamente que preguntarse y si ellos están tan bien como dicen, por qué tanto miedo con las candidaturas independientes, sobre todo si se entiende que si esta figura jurídica no es aprovechada por ahí podría ser que no venga nada nuevo y que en segundo lugar pueda servir para traer algo peor de lo que tenemos.
Entonces, si es verdad que se trabaja en favor de la sociedad, se impone que no se exhiba tanto miedo, porque si consideran que hacen lo correcto, pues no deben preocuparse.
Es un verdadero contrasentido muchas de las cosas que se dicen, porque si fuera algo que verdaderamente reviste tanto peligro, lo que procede es desmontar su importancia con argumentos con lógicos y despojados de todo mal razonamiento.
En una sociedad cimentada en antivalores no es fácil lograr cambios importantes, pero si la herramienta existe podría venir la reformación integral del Estado dominicano.
Las candidaturas independientes son una tabla de salvación nacional de una sociedad en la que ya no cabe más corrupción, contaminada de los pies hasta la cabeza y lo contrario.
Ahora falta que el ciudadano, vale decir la mayoría de ellos, se despoje de ese fanatismo que tradicionalmente lo ha cegado en favor del partidarismo, a fin de asumir con la toda la responsabilidad posible esta nueva figura que podría cambiar totalmente el escenario político nacional.
Hace falta que todos nos armemos de coraje y vayamos al Congreso Nacional a defender en las vistas públicas que habrán de anunciarse sobre las candidaturas independientes, ya que no hacerlo sería apostar al fracaso de la sociedad dominicana.
Que se entienda que la pelea está echada y que nadie detendrá las aspiraciones de los amplios sectores de la vida nacional de tener un país mejor, ya no soportan más corrupción y la negación de derechos, principios y valores constitucionales.
Lo que debe prevalecer en el ánimo nacional es darle vigencia al Estado Social Democrático y de Derecho, a los fines de que prevalezcan los deseos sanos y de verdaderos cambios del pueblo dominicano por una sociedad mejor.
El periódico La República ha vivido de cerca la desgracia que ocurre con la falta de credibilidad del Ministerio Público, principalmente en Santiago, aunque el fenómeno es general, es decir, a nivel de todo el territorio nacional.
El problema de este órgano del Estado, persecutor del crimen y el delito, es más complejo y profundo de lo que cualquiera pueda pensar.
Este periódico lo ha vivido en carne propia, lo cual ha provocado que haya presentado ante el Tribunal Superior Administrativo varios recursos de amparos de cumplimiento tras ser víctimas de no menos de diez ataques de delincuentes que se mueven en diferentes escenarios y cuya respuesta del órgano ha sido su falta por acción o omisión.
Y este diario reitera que está consciente de que por la violación de derechos fundamentales del Ministerio Publico el país está frente a un asunto de una dimensión que podría lesionar y comprometer seriamente la responsabilidad civil y penal del Estado, principalmente frente al derecho internacional.
Se puede proclamar a todo pulmón que, si bien la judicatura no está libre de culpas, lo cierto es que lo del Ministerio Público representa una crisis de magnitudes muy peligrosas para el Estado y la sociedad.
En virtud de este escenario la escogencia de un nuevo procurador general de la República es una oportunidad para desviar el camino tomado por un órgano tan importante como el Ministerio Público, pero en el que nadie cree.
El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y el propio presidente de la República tienen ahora la oportunidad de iniciar un proceso de saneamiento de este órgano del Estado con la escogencia de una figura como Melton Ray Guevara que viene de una gran labor en el proceso de constitucionalización que vive el país.
En opinión de este periódico es la mejor opción de todas, no sólo por su formación en derecho constitucional, principal dolencia del Ministerio Público, sino porque, sin lugar a dudas, es una persona metódica y disciplinada en el desempeño de funciones públicas.
Es una oportunidad que no debe desperdiciarse para enderezar un órgano como el Ministerio Público que tiene como función perseguir el crimen y el delito y su principal debilidad consiste en que su personal camina al margen del respeto de los derechos fundamentales.
Si se escoge a una persona como Ray Guevara como procurador general de la Republica es muy probable que su gestión trascienda históricamente y que los resultados sean el fortalecimiento de la persecución penal y una notable mejoría en lo que respecta al respeto de los derechos fundamentales que debe garantizar el Estado.