Santo Domingo, R.D.-Ricardo de los Santos, presidente del Senado, aseguró este lunes que el nuevo Código Penal entrará en vigencia el próximo 3 de agosto, con las modificaciones que se discuten en el Congreso Nacional.
De los Santos afirmó que existe el ánimo legislativo para completar el trámite antes de que concluya la actual legislatura y sostuvo que ambas cámaras trabajan de manera coordinada para aprobar la pieza sin mayores contratiempos.
“Ese es el ánimo que hay. Nosotros entendemos que antes de que termine esta legislatura habrá Código Penal sin ningún inconveniente, ya que estamos trabajando de manera conjunta para eso”, expresó el presidente del Senado.
La Cámara de Diputados aprobó el pasado sábado, en primera lectura, un paquete de 32 modificaciones distribuidas en 24 artículos de la Ley núm. 74-25, que instituye el nuevo Código Penal de la República Dominicana.
De los Santos destacó que el objetivo es que, cuando el proyecto llegue al Senado, esté suficientemente consensuado para recibir un trámite expedito.
Según explicó, la intención es darle a la iniciativa “el tratamiento con la misma vigorosidad, con el mismo entusiasmo y con el mismo esfuerzo” con que ha trabajado la Cámara de Diputados.
El legislador dijo que el Senado trabaja en armonía con la Cámara Baja y que las inquietudes detectadas durante el proceso se están estudiando en conjunto, a fin de evitar que el texto llegue al Senado con cambios pendientes.
“Las inquietudes que estamos encontrando las estamos estudiando en conjunto, para que ya la pieza estudiada en la Cámara de Diputados cuando llegue al Senado no haya cambios que hacerle, sino que nos aboquemos a darle el tratamiento apropiado para su aprobación, y el envío al Poder Ejecutivo”, sostuvo.
El presidente del Senado informó, sin embargo, que cuando el proyecto llegue a esa cámara tiene algunos párrafos que presentará para introducir al artículo 173.
La discusión legislativa ocurre bajo presión de tiempo. El nuevo Código Penal tiene prevista su entrada en vigencia el 3 de agosto de 2026, por lo que las modificaciones deben aprobarse antes de esa fecha si el Congreso pretende que el texto entre en vigor con los ajustes reclamados por distintos sectores.
De los Santos había rechazado previamente postergar la entrada en vigor de la nueva normativa penal, argumentando que la justicia dominicana requiere instrumentos actualizados para enfrentar la criminalidad y la delincuencia.
El presidente del Senado también informó que las propuestas que no fueron acogidas recibirán una comunicación explicando las razones de su exclusión, con el objetivo de que la sociedad conozca el criterio seguido por el Congreso.
De los Santos recordó que la Cámara de Diputados ha sesionado en horarios extraordinarios y afirmó que el Senado está listo para hacer lo mismo si resulta necesario.
El proyecto se mantiene ahora en una fase decisiva. Una vez la Cámara de Diputados complete la segunda lectura, la pieza deberá pasar al Senado, donde se definirá si el Congreso logra cerrar el proceso de modificación antes de la entrada en vigencia del nuevo Código Penal.

Santo Domingo, R.D.-Desde su llegada al poder el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y su presidente Luis Abinader han retrocedido recurrentemente luego de presentar alguna propuesta a la sociedad, que más que escuchar el rechazo de los ciudadanos, es una muestra de la falta de consistencia y de planificación estratégica del Gobierno, cuya igual suerte ha corrido el proyecto de ley que busca crear el Ministerio de Justicia, el cual se encuentra todavía en la lista de propuestas vigentes de la Cámara de Diputados, pero perimiría en cinco meses, el 12 de enero del 2025.
Santo Domingo, R.D.-Este lunes fue aprobado en segunda lectura en la Cámara de Diputados un proyecto que busca modificar la nueva Ley 74-25 del Código Penal, la cual entra en vigencia durante la primera semana de agosto.
Santo Domingo, R.D.-Fue aprobado en segunda lectura en el Senado de la República el proyecto de ley que agrega dos párrafos al numeral dos del artículo 82 de la la Ley 60-23 para que destine al menos un 10% de lo recaudado en los bienes incautados, decomisados y en extinción de dominio, sean destinados políticas de protección a mujeres víctimas de violencia.