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Diputados toman decisión con proyecto de regulación de candidaturas independientes que crea crisis institucional en el paía.

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Santo Domingo, R.D.-La confrontación entre la política y el derecho toma un giro en la República Dominicana de cuestionamiento a la legitimidad del Tribunal Constitucional en lo que respecta a la emisión de  la sentencia que estableció un nuevo criterio jurisprudencial sobre las candidaturas independientes, cuyos proyectos de regulación se conocen en la Cámara de Diputados y que entraría en vigencia a partir del año 2028.

La comisión especial que estudió los proyectos de ley sobre candidaturas independientes decidió rendir un informe desfavorable, lo que deja fuera del juego legislativo las propuestas que buscaban regular esta figura reconocida por una sentencia emitida en diciembre del 2024 por el Tribunal Constitucional, cuya decisión ubica al margen de la legalidad la actitud de los legisladores que conocen las referidas piezas, ya que el único órgano  facultado para determinar la constitucionalidad de una norma es el TC. 

El informe, aprobado por 15 de los 17 diputados presentes, rechaza los tres proyectos de ley que estaban en estudio, incluyendo uno presentado por el propio presidente de la comisión, el diputado Elías Wessin Chávez.

La decisión se basa, según explicó Wessin Chávez, en que los proyectos chocan con la Constitución, al entender que la Carta Magna solo acepta la participación en las elecciones a través de los partidos políticos.

En ese sentido, la comisión concluyó que solo una reforma a la Constitución podría dar cabida legal a las candidaturas independientes, por lo que recomendó que su regulación se haga cuando se modifique la Carta Magna otra vez.

Con este informe, los diputados también desafían el precedente sentado por el Tribunal Constitucional en la sentencia TC/0788/24, que reconoció el derecho de los ciudadanos a postularse a cargos de elección popular sin estar afiliados a partidos, y ordenó al Congreso legislar sobre el asunto.

Sin embargo, la comisión especial entendió que el Congreso «tiene potestad soberana para tomar sus decisiones«, incluso frente a un mandato del Tribunal Constitucional que es irrevocable.

El diputado Rogelio Genao, miembro de la comisión especial y representante del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), respaldó la decisión y afirmó que los proyectos evaluados presentan múltiples choques con la Constitución, como en los casos de las reglas para la sustitución del presidente de la República, la representación política en juntas municipales y el principio de asociación política a través de partidos.

Genao aseguró que la comisión actuó correctamente y dentro del marco de sus facultades legislativas, y sostuvo que el Congreso es el único órgano autorizado para elaborar leyes y que la sentencia del Tribunal Constitucional se excedió en su alcance.

Afirmó que el alto tribunal cruzó la línea de su rol jurídico y asumió una función que le corresponde únicamente al poder legislativo.

«El Tribunal Constitucional no está para legislar. Para eso tenemos el Congreso de la República, que está compuesto por el Senado y la Cámara de Diputados«, expresó Genao al declarar que el Tribunal Constitucional «se excedió» en su alcance y en sus funciones.

El legislador también destacó que esta podría ser la primera vez que el Congreso rechaza formalmente una disposición del Tribunal Constitucional que le ordena legislar, lo cual, a su juicio, marca un precedente para reafirmar los límites y funciones de cada poder del Estado.

El diputado Ramón Bueno, miembro de la comisión especial y político del Partido Revolucionario Moderno (PRM), sostuvo que el equipo que estudió los proyectos sobre candidaturas independientes concluyó que estos «chocan con la Constitución de la República» en varios de sus artículos.

Además, criticó la sentencia del Tribunal Constitucional que, a su juicio, «se excedió» en su interpretación del tema.

«Somos el Congreso, somos soberanos y la Constitución, de manera mayoritaria de 17 miembros que somos, 15 votamos, entendiendo el rol del Congreso Nacional», expresó.

Ahora, el informe pasará al hemiciclo, donde el pleno de la Cámara de Diputados tendrá la última palabra y decidirá si acoge o no el informe de la comisión especial.

Tras la sentencia emitida en diciembre por el Tribunal Constitucional, la Junta Central Electoral (JCE) depositó un proyecto de ley para regular las candidaturas independientes que incluía la búsqueda de miles de firmas para avalar las aspiraciones, la creación de una asociación cívica para sustentar las candidaturas en las boletas y otros requisitos abultados para los aspirantes.

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Detalles de cómo la PGR siguió al fiscal Aurelio Valdez hasta comprobar entrega de dinero en sobornos

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Santo Domingo, R.D.-La solicitud de medida de coerción en contra del fiscal Aurelio Valdez Alcántara narra el proceso de investigación y seguimiento que le hizo el Ministerio Público por supuestamente recibir 10 mil dólares en una entrega controlada.

De acuerdo al órgano acusador, el 13 de marzo de este año, el fiscal concretó un encuentro con Roberto Canaán, quien es testigo en el caso de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa). La reunión sería en Plaza Lama de avenida Jiménez Moya con 27 de Febrero.

“En este lugar Roberto Canaán abordó el vehículo del imputado Aurelio Valdez Alcántara, quien utilizó información privilegiada sobre sus vehículos personales y propiedades para establecer una posición de dominio”, dice la solicitud.

La suma inicial fijada por Valdez Alcántara, según el Ministerio Público, fue de 200 mil dólares, “suma que redujo” a 150 mil, además de que “mostró interés en un reloj Rolex y exigió la entrega de un vehículo de lujo, específicamente un Mercedes Benz 350 o 450 negra”.

Además, el fiscal “rechazó opciones más económicas, como una guagua Volvo o Mazda, insistiendo en el modelo de alta gama solicitado”.

El día 25 de marzo, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, solicitó la designación de un juez para la investigación en este caso. El 27, la magistrada Ysis Muñiz, quien fue la jueza designada, autorizó al Ministerio Público a investigar la entrega vigilada de dinero.

El día 27, en horas de la tarde, Aurelio Valdez contactó a Roberto Canaán para que se reunieran en la Plaza Comercial Bella Vista Mall, en el área de parqueos del cuarto piso, con la “intención de realizar el pago de soborno exigido”.

Como seguimiento en el caso, “para cubrir y documentar la entrega” del dinero, el Ministerio Público conformó un equipo integrado por el mayor Luis Antonio Valdez Moreno, encargado de la División de Operaciones, auxiliado por varios agentes policiales, y acompañados por el fiscal Andrés Octavio Mena.

Estos se trasladaron a la plaza antes citada, también en el cuarto piso, y desde ahí observaron el vehículo Honda CRV, color crema, propiedad del fiscal Aurelio Valdez.

Miraron que Roberto Canaán abordó el carro del fiscal y permaneció por aproximadamente cinco minutos en el interior e hizo la entrega del dinero.

Los policías le ordenaron detener el vehículo y, tras esto, le solicitaron acompañarlos a la Procuraduría General de la República en su vehículo con los agentes.

Cuando se encontraban en el área de parqueos del sótano de la Procuraduría General y en presencia del fiscal Andrés Octavio Mena Marte, procedieron a requisar el interior y preguntarle si tenía algo en su interior, a lo que este indicó que solo tenía un arma de fuego y una tableta tipo computadora de la Procuraduría General de la República.

“En la requisa, con la presencia del imputado Aurelio Valdez Alcántara, específicamente en la parte interior del Sunroof y la tapa corrediza del Sunroof, fueron ocupados la cantidad de 100 billetes de cien dólares americanos, para un total de diez mil dólares (US$10,000.00) en efectivo”, dice la solicitud de medida de coerción, que narra todo lo que encontraron en el vehículo, como tarjetas y celular.

El arma del fiscal, de acuerdo al documento, es una pistola marca Bersa, 9 mm. Color negro con corredera plateada, serial 0018MP, con un cargador y trece (13) cápsulas para la misma.

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Fiscal le habría pedido dinero, reloj y auto a Roberto Canaan, testigo de la PGR en el caso Senasa

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Santo Domingo, R.D.-El fiscal Aurelio Valdez Alcántara, investigado por pedir soborno, le habría pedido a Roberto Canaán, uno de los principales mencionados en el caso de corrupción del Seguro Nacional de Salud (Senasa), el pago de 200 mil pesos, un rolex y auto Mercedes Benz, según el expediente del Ministerio Público.

Canaan se desempeñó como Gerente de Atención al Usuario en Senasa.

En la solicitud de medida de coerción del caso Senasa, Canaan es señalado como el cuarto testigo que usaría el Ministerio Público en el caso.

«Con lo que probamos la estructura orgánica de corrupción, el mecanismo de influencia interna

y el origen ilícito de fondos que caracterizaron la gestión del Dr. Santiago Hazim Albainy. Este testimonio de una persona del círculo interno, aporta una narrativa directa que conecta y da sentido a la evidencia documental previamente.

incorporada», señala el Ministerio Público, como uno de los elementos principales para utilizar a Canaan como testigo en el caso.

Roberto Canaan no figura entre los acusados en el caso Senasa.

El Ministerio Público informó que la investigación que realizan en contra del fiscal arrojó que habría exigido al imputado de Senasa una suma inicial de USD$200,000.

De acuerdo a las informaciones, Valdez Alcántara fue sometido a la justicia tras ser apresado en flagrante delito el viernes.

Según se ha informado, la investigación del caso la dirige directamente la procuradora general de la República, quien garantizó a toda la población “que jamás va a tolerar actos de corrupción en la institución”.

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Aplazan otra vez audiencia de Wander Franco y Vanessa Chevalier

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Santo Domingo, R.D.-La audiencia de apelación del juicio contra el pelotero Wander Franco Martha Vanessa Chevalier fue aplazada nuevamente este lunes.

La fecha dispuesta por el tribunal es del 13 al 15 de mayo, para presentar los medios probatorios por el Ministerio Público e inicio de la defensa técnica.

Franco fue condenado en primera instancia a dos años de prisión suspendida, mientras que Martha Vanessa Chevalier, madre de la menor presuntamente abusada, fue condenada a 10 años de prisión al ser encontrada culpable de explotación sexual lavado de activos.

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