Nacionales
Diputados toman decisión con proyecto de regulación de candidaturas independientes que crea crisis institucional en el paía.
Santo Domingo, R.D.-La confrontación entre la política y el derecho toma un giro en la República Dominicana de cuestionamiento a la legitimidad del Tribunal Constitucional en lo que respecta a la emisión de la sentencia que estableció un nuevo criterio jurisprudencial sobre las candidaturas independientes, cuyos proyectos de regulación se conocen en la Cámara de Diputados y que entraría en vigencia a partir del año 2028.
La comisión especial que estudió los proyectos de ley sobre candidaturas independientes decidió rendir un informe desfavorable, lo que deja fuera del juego legislativo las propuestas que buscaban regular esta figura reconocida por una sentencia emitida en diciembre del 2024 por el Tribunal Constitucional, cuya decisión ubica al margen de la legalidad la actitud de los legisladores que conocen las referidas piezas, ya que el único órgano facultado para determinar la constitucionalidad de una norma es el TC.
El informe, aprobado por 15 de los 17 diputados presentes, rechaza los tres proyectos de ley que estaban en estudio, incluyendo uno presentado por el propio presidente de la comisión, el diputado Elías Wessin Chávez.
La decisión se basa, según explicó Wessin Chávez, en que los proyectos chocan con la Constitución, al entender que la Carta Magna solo acepta la participación en las elecciones a través de los partidos políticos.
En ese sentido, la comisión concluyó que solo una reforma a la Constitución podría dar cabida legal a las candidaturas independientes, por lo que recomendó que su regulación se haga cuando se modifique la Carta Magna otra vez.
Con este informe, los diputados también desafían el precedente sentado por el Tribunal Constitucional en la sentencia TC/0788/24, que reconoció el derecho de los ciudadanos a postularse a cargos de elección popular sin estar afiliados a partidos, y ordenó al Congreso legislar sobre el asunto.
Sin embargo, la comisión especial entendió que el Congreso «tiene potestad soberana para tomar sus decisiones«, incluso frente a un mandato del Tribunal Constitucional que es irrevocable.
El diputado Rogelio Genao, miembro de la comisión especial y representante del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), respaldó la decisión y afirmó que los proyectos evaluados presentan múltiples choques con la Constitución, como en los casos de las reglas para la sustitución del presidente de la República, la representación política en juntas municipales y el principio de asociación política a través de partidos.
Genao aseguró que la comisión actuó correctamente y dentro del marco de sus facultades legislativas, y sostuvo que el Congreso es el único órgano autorizado para elaborar leyes y que la sentencia del Tribunal Constitucional se excedió en su alcance.
Afirmó que el alto tribunal cruzó la línea de su rol jurídico y asumió una función que le corresponde únicamente al poder legislativo.
«El Tribunal Constitucional no está para legislar. Para eso tenemos el Congreso de la República, que está compuesto por el Senado y la Cámara de Diputados«, expresó Genao al declarar que el Tribunal Constitucional «se excedió» en su alcance y en sus funciones.
El legislador también destacó que esta podría ser la primera vez que el Congreso rechaza formalmente una disposición del Tribunal Constitucional que le ordena legislar, lo cual, a su juicio, marca un precedente para reafirmar los límites y funciones de cada poder del Estado.
El diputado Ramón Bueno, miembro de la comisión especial y político del Partido Revolucionario Moderno (PRM), sostuvo que el equipo que estudió los proyectos sobre candidaturas independientes concluyó que estos «chocan con la Constitución de la República» en varios de sus artículos.
Además, criticó la sentencia del Tribunal Constitucional que, a su juicio, «se excedió» en su interpretación del tema.
«Somos el Congreso, somos soberanos y la Constitución, de manera mayoritaria de 17 miembros que somos, 15 votamos, entendiendo el rol del Congreso Nacional», expresó.
Ahora, el informe pasará al hemiciclo, donde el pleno de la Cámara de Diputados tendrá la última palabra y decidirá si acoge o no el informe de la comisión especial.
Tras la sentencia emitida en diciembre por el Tribunal Constitucional, la Junta Central Electoral (JCE) depositó un proyecto de ley para regular las candidaturas independientes que incluía la búsqueda de miles de firmas para avalar las aspiraciones, la creación de una asociación cívica para sustentar las candidaturas en las boletas y otros requisitos abultados para los aspirantes.
Nacionales
Reunion bilateral se produce entre Abinader y la mandataria electa de Costa Rica, Laura Fernández
Santo Domingo, R.D.-El presidente Luis Abinader sostuvo una reunión bilateral en el Museo de Arte Costarricense con la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, en la que abordaron diversos temas de interés común orientados a continuar fortaleciendo los lazos fraternales, comerciales y diplomáticos entre ambas naciones.
Durante la reunión, ambos líderes intercambiaron muestras de afecto y reafirmaron la cercanía histórica entre la República Dominicana y Costa Rica; además, abordaron la importancia de mantener un diálogo permanente y de continuar trabajando de manera conjunta en iniciativas que contribuyan al desarrollo, la integración regional y el fortalecimiento de las relaciones entre ambos pueblos.
La presidenta electa expresó su interés en continuar consolidando los lazos fraternales entre ambos países, promoviendo mayores oportunidades de intercambio comercial y fortaleciendo la cooperación en áreas estratégicas para el desarrollo de ambas naciones.
De igual forma, reafirmó el compromiso de Costa Rica con la Alianza para el Desarrollo en Democracia (ADD), destacando que su gobierno continuará formando parte activa de este mecanismo regional de cooperación.
De su lado, el presidente Abinader reiteró la disposición del Gobierno dominicano de continuar afianzando las relaciones de amistad, cooperación y entendimiento mutuo con Costa Rica. Asimismo, destacó la importancia de mantener una agenda conjunta orientada al crecimiento económico, la defensa de la democracia y el fortalecimiento de los vínculos regionales entre ambas naciones.
Santo Domingo, R.D.-Un cargamento de 1,295 paquetes de presunta cocaina y marihuana fueron confiscados por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) durante dos operaciones simultáneas ejecutadas en las costas de Pedernales.
En la intervención fueron arrestados tres dominicanos y un venezolano.
El vocero del organismo antinarcóticos, Carlos Devers, identificó a los detenidos como Walkin Marino Montás Tapia, Luis Alberto Figueroa Ariza, Manolo Resello Amador y Luis Alberto Acosta Santana.
Señaló que los 1,295 paquetes fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), bajo estrictos protocolos de cadena de custodia, para determinar el tipo y peso exacto de la sustancia.
Devers explicó que las operaciones fueron realizadas por efectivos de la Armada de República Dominicana (ARD), la Fuerza Aérea (FARD) y organismos de inteligencia del Estado, con el apoyo de la Fuerza de Tarea Interagencial Sur (JIATFS) y la DEA de los Estados Unidos.
Indicó que la primera lancha era una embarcación de 24 pies con motores de 100 HP. Allí se arrestó a Resello Amador y Acosta Santana, incautando 16 pacas que contenían 314 paquetes de cocaína y 89 de marihuana (403 en total).
Mientras que, en la segunda lancha, fue neutralizada tras una intensa persecución en coordenadas cercanas. En esta se ocuparon 836 paquetes de marihuana y 56 de cocaína (892 en total). Fueron arrestados Montas Tapias y Figueroa Ariza.
El vocero reafirmó que se continuarán fortaleciendo las operaciones de interdicción como parte de la política de seguridad del Gobierno dominicano para garantizar la soberanía y la paz nacional.
Santo Domingo, R.D.-Por sospecha legitima el Pleno de la Suprema Corte de Justicia desestimó la demanda en declinatoria por causa interpuesta por Donni Mayobanex Santana Cuevas, exembajador del Consejo Nacional de Frontera.
Este hombre, que cumple una condena de 20 años de prisión por la violación sexual de su hijastra menor de edad, buscaba que su proceso judicial fuera transferido fuera de la jurisdicción de San Cristóbal.
Santana Cuevas, quien se encuentra en libertad tras un permiso laboral, presentó el recurso contra la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Cristóbal.
El Pleno de la Suprema Corte, encabezado por su presidente Luis Henry Molina Peña, determinó que la defensa de Santana no logró probar hechos graves o concordantes que permitieran inferir una falta de imparcialidad u objetividad por parte de los magistrados de San Cristóbal.
En su resolución, la Suprema fue enfática al aclarar que “la simple discrepancia con decisiones judiciales desfavorables no constituye un fundamento válido para alegar sospecha de parcialidad”.
Asimismo, la Suprema ratificó como correcta la actuación de la Corte de Apelación al fallar sobre recusaciones previas con sus propios integrantes, siempre que se cumpla con el cuórum legal requerido.
La solicitud de declinatoria, depositada el pasado 9 de diciembre de 2025, argumentaba que existía un «ambiente hostil» debido a la presión mediática y un supuesto comportamiento prejuiciado de los jueces.
Pese a la decisión mayoritaria, el fallo contó con el voto disidente de los magistrados Fran Soto, María Garabito Ramírez, Rafael Vásquez Goico y Yorlin Vásquez Castro.
Los jueces disidentes argumentaron que la figura de la «declinatoria por sospecha legítima» no está contemplada de forma expresa en la normativa procesal penal vigente, lo cual ha provocado decisiones contradictorias dentro del mismo órgano judicial en ocasiones anteriores.
Sostienen que el ejercicio de un poder público debe realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción; por tanto, el examen de la cuestión planteada por ante esta Alzada lesiona el principio de legalidad, como se ha indicado precedentemente.
En ese orden, alegan que su posición radica en establecer que en todos los casos de solicitud de declinatoria por seguridad pública o sospecha legítima, lo que procede es declarar la inadmisibilidad de la misma, por carecer de base legal, como ocurre en otras materias y se ha expuesto en el cuerpo del presente voto.
Con esta resolución, el expediente de Donni Santana permanecerá en San Cristóbal, donde se decidirá finalmente la validez de los beneficios carcelarios que reclama el condenado.