Nacionales
Diputados toman decisión con proyecto de regulación de candidaturas independientes que crea crisis institucional en el paía.
Santo Domingo, R.D.-La confrontación entre la política y el derecho toma un giro en la República Dominicana de cuestionamiento a la legitimidad del Tribunal Constitucional en lo que respecta a la emisión de la sentencia que estableció un nuevo criterio jurisprudencial sobre las candidaturas independientes, cuyos proyectos de regulación se conocen en la Cámara de Diputados y que entraría en vigencia a partir del año 2028.
La comisión especial que estudió los proyectos de ley sobre candidaturas independientes decidió rendir un informe desfavorable, lo que deja fuera del juego legislativo las propuestas que buscaban regular esta figura reconocida por una sentencia emitida en diciembre del 2024 por el Tribunal Constitucional, cuya decisión ubica al margen de la legalidad la actitud de los legisladores que conocen las referidas piezas, ya que el único órgano facultado para determinar la constitucionalidad de una norma es el TC.
El informe, aprobado por 15 de los 17 diputados presentes, rechaza los tres proyectos de ley que estaban en estudio, incluyendo uno presentado por el propio presidente de la comisión, el diputado Elías Wessin Chávez.
La decisión se basa, según explicó Wessin Chávez, en que los proyectos chocan con la Constitución, al entender que la Carta Magna solo acepta la participación en las elecciones a través de los partidos políticos.
En ese sentido, la comisión concluyó que solo una reforma a la Constitución podría dar cabida legal a las candidaturas independientes, por lo que recomendó que su regulación se haga cuando se modifique la Carta Magna otra vez.
Con este informe, los diputados también desafían el precedente sentado por el Tribunal Constitucional en la sentencia TC/0788/24, que reconoció el derecho de los ciudadanos a postularse a cargos de elección popular sin estar afiliados a partidos, y ordenó al Congreso legislar sobre el asunto.
Sin embargo, la comisión especial entendió que el Congreso «tiene potestad soberana para tomar sus decisiones«, incluso frente a un mandato del Tribunal Constitucional que es irrevocable.
El diputado Rogelio Genao, miembro de la comisión especial y representante del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), respaldó la decisión y afirmó que los proyectos evaluados presentan múltiples choques con la Constitución, como en los casos de las reglas para la sustitución del presidente de la República, la representación política en juntas municipales y el principio de asociación política a través de partidos.
Genao aseguró que la comisión actuó correctamente y dentro del marco de sus facultades legislativas, y sostuvo que el Congreso es el único órgano autorizado para elaborar leyes y que la sentencia del Tribunal Constitucional se excedió en su alcance.
Afirmó que el alto tribunal cruzó la línea de su rol jurídico y asumió una función que le corresponde únicamente al poder legislativo.
«El Tribunal Constitucional no está para legislar. Para eso tenemos el Congreso de la República, que está compuesto por el Senado y la Cámara de Diputados«, expresó Genao al declarar que el Tribunal Constitucional «se excedió» en su alcance y en sus funciones.
El legislador también destacó que esta podría ser la primera vez que el Congreso rechaza formalmente una disposición del Tribunal Constitucional que le ordena legislar, lo cual, a su juicio, marca un precedente para reafirmar los límites y funciones de cada poder del Estado.
El diputado Ramón Bueno, miembro de la comisión especial y político del Partido Revolucionario Moderno (PRM), sostuvo que el equipo que estudió los proyectos sobre candidaturas independientes concluyó que estos «chocan con la Constitución de la República» en varios de sus artículos.
Además, criticó la sentencia del Tribunal Constitucional que, a su juicio, «se excedió» en su interpretación del tema.
«Somos el Congreso, somos soberanos y la Constitución, de manera mayoritaria de 17 miembros que somos, 15 votamos, entendiendo el rol del Congreso Nacional», expresó.
Ahora, el informe pasará al hemiciclo, donde el pleno de la Cámara de Diputados tendrá la última palabra y decidirá si acoge o no el informe de la comisión especial.
Tras la sentencia emitida en diciembre por el Tribunal Constitucional, la Junta Central Electoral (JCE) depositó un proyecto de ley para regular las candidaturas independientes que incluía la búsqueda de miles de firmas para avalar las aspiraciones, la creación de una asociación cívica para sustentar las candidaturas en las boletas y otros requisitos abultados para los aspirantes.
Nacionales
Una promesa que nadie cree de Abinader de que se compromete a resolver problema eléctrico hasta el 2032
Santo Domingo, R.D.-En otra de sus afirmaciones sin base, el presidente Luis Abinader manifestó que su gestión de Gobierno trabaja para que la República Dominicana no tenga problemas en el sector eléctrico hasta el 2032.
Al participar en la conferencia–diálogo “Un Presidente Economista» en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), el mandatario señaló que cuando llegó a la Presidencia de la República en agosto del 2020, la demanda energética era igual a la oferta de las generadoras eléctricas.
El mandatario enfatizó que así como él se «adelantó a los acontecimientos», los próximos presidentes también deberán de adelantarse para evitar que los afecte una crisis eléctrica.
«Los otros gobiernos van a tener también que adelantarse para que todos los años crezcan. Cuando yo llegué al gobierno, el consumo máximo de la zona fría era 2,650 megas. Hoy es de 4,300», indicó.
Las declaraciones del presidente surgen luego de que varios sectores hayan del Gran Santo Domingo, y otras partes días, denunciarán largas tandas de apagones.
El presidente Luis Abinader durante el conversatorio organizado en IntecJorge Martínez
Al responder la pregunta de uno de los estudiantes, el presidente señaló que el tema energético fue solo una de las «crisis y crisis» que le han tocado en sus casi seis años a cargo del Poder Ejecutivo.
«Yo entré con la pandemia. La pandemia, imagínense, llevamos año y medio con el país encerrado y el tema era que hasta qué hora es que se va a permitir, hasta la 10:00 de la noche o hasta las 11:00 y nosotros luchando para que el turismo abra. Fuimos el país que primero recuperó el turismo en el mundo. Pero al mismo tiempo, con esta situación planificamos, también las grandes obras y el desarrollo de infraestructura básica», explicó.
El mandatario indicó que a pesar que de esos temas, hay que planificar las obras de infraestructura por el bien y desarrollo del país.
Abinader indicó que en su mandato se han enfocado en la construcción de acueductos y mejora de otros para mejorar el sistema de agua potable del país.
«Durante muchos años no se hicieron acueductos para el gran Santo Domingo. Nosotros ya le hemos agregado. Hicimos el acueducto de barrera de salinidad, que le estamos agregando 4 metros cúbicos. A finales de este año le vamos a agregar, con una mejoría de Valdesia, a 2 metros cúbicos de agua. Y estamos haciendo el de Hatillo para 10 años. Le vamos a dar un metro cúbico a Cotuí y los otros para la capital», exclamó.
Santo Domingo, R.D.-El creador de contenido Angel Martinez fue condenado este jueves por la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional a seis meses de prisión tras hallarlo culpable de difamar e injuriar a Milagros De Camps Germán, exviceministra de Medio Ambiente.
La jueza Luz Almonte también condenó a Martínez a pagar una indemnización de 10 millones de pesos por los daños ocasionados a la exfuncionaria.
Asimismo, deberá cumplir condena en el centro de corrección Haras Nacionales en Santo Domingo Norte.
Según la querella, la narrativa fue amplificada con «lenguaje burlón», imágenes manipuladas y afirmaciones ajenas a la verdad, en lo que la parte accionante describe como una campaña de difamación sistemática y viral.
Este mismo tribunal dictó tres meses de prisión suspendida contra Ángel Martínez el pasado miércoles, tras declararlo culpable de difamación e injuria en perjuicio del diputado Sergio Gory Moya.
Asimismo, sostuvo que durante el proceso el imputado no logró demostrar las acusaciones realizadas contra el legislador.
Santo Domingo, D. N.—Un acuerdo de aumento salarial fue anunciado por el Consejo del Poder Judicial tras negociaciones en las que participó el Ministerio de Hacienda y Economía que incluye la indexación salarial de jueces y servidores judiciales, cuyo resultado es del diálogo técnico sostenido entre ambas instituciones desde julio del pasado año en el marco del Plan Justicia del Futuro 2034.
Se trata del incremento salarial más significativo que recibe el Poder Judicial desde 2017, posible gracias a la asignación de fondos acordada con el Gobierno tras más de un año de conversaciones. El acuerdo refleja el compromiso sostenido de la actual gestión con la mejora de las condiciones de trabajo de todos los profesionales que integran el sistema de justicia.
En tal sentido, se anunció un incremento general de 30% para los jueces, juezas y puestos administrativos, distribuido en 20% en 2026 y 10% en 2027. Mientras que para el personal de apoyo jurisdiccional —secretarias, abogados ayudantes y oficinistas— se contemplan ajustes superiores, de entre 35% y 50% según el puesto y la instancia, los cuales serán aplicados de forma escalonada en 2026 y 2027.
El anuncio se realizó durante una reunión con una representación amplia de jueces y servidores judiciales, en la que el Consejo presentó, además, un conjunto de decisiones orientadas a fortalecer el sistema de justicia.
La reunión, encabezada por el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Henry Molina, contó con la participación de todos los integrantes del Consejo del Poder Judicial, y de una representación de dos jueces por cada instancia, dos representantes de cada asociación de jueces, dos representantes de los firmantes de la comunicación del 8 de mayo de 2026 y dos representantes de los servidores judiciales, con equidad de género y pluralidad de voces. El Consejo escuchó de manera directa sus inquietudes y propuestas, y reconoció el valor de los planteamientos recibidos como insumo para fortalecer la institución.
El Consejo instruyó completar de manera inmediata el pago de las compensaciones por suplencia de jueces, de forma retroactiva al mes de mayo en los casos que aplique.
Fueron aprobadas 121 propuestas de ascensos y traslados de jueces, conforme a la Ley núm. 327-98 sobre Carrera Judicial. El Consejo dispuso continuar con las fases pendientes del proceso de provisión de cargos, incluida la evaluación de plazas de jueces de Paz, y remitir al Pleno de la Suprema Corte de Justicia la propuesta del proceso de Provisión de Cargos Judiciales de 2024 una vez resueltas las reconsideraciones.
Se aprobaron 144 acciones de personal —119 jurisdiccionales y 25 administrativas— para cubrir vacantes en tribunales. El Consejo dispuso, asimismo, la fijación inmediata, sin evaluación de período probatorio, de los servidores judiciales interinos con seis meses o más de antigüedad. Quienes tengan menos de seis meses podrán ser fijados tras una evaluación satisfactoria.
En el marco del Plan Justicia del Futuro 2034, el Consejo aprobó la creación de la Estrategia de Gobernanza Territorial y Participativa como mecanismo permanente del Poder Judicial. Las mesas departamentales y distritales se constituirán en un plazo no mayor de quince días, para identificar y dar seguimiento a las necesidades prioritarias de cada territorio.
En los próximos días y semanas, el Consejo dará curso a la tramitación administrativa de los pagos por suplencia; comunicará las propuestas de ascensos y traslados; constituirá las mesas departamentales y distritales; ejecutará las acciones de fijación de servidores interinos; y presentará, en un plazo de noventa días, los ajustes al Plan Presupuestal, POA y PACC con los hallazgos del portafolio territorial de iniciativas priorizadas.
El Consejo del Poder Judicial reiteró su disposición a mantener canales permanentes de diálogo con jueces y servidores judiciales, y a avanzar de manera conjunta en el fortalecimiento del sistema de justicia.