Nacionales
Diputados toman decisión con proyecto de regulación de candidaturas independientes que crea crisis institucional en el paía.
Santo Domingo, R.D.-La confrontación entre la política y el derecho toma un giro en la República Dominicana de cuestionamiento a la legitimidad del Tribunal Constitucional en lo que respecta a la emisión de la sentencia que estableció un nuevo criterio jurisprudencial sobre las candidaturas independientes, cuyos proyectos de regulación se conocen en la Cámara de Diputados y que entraría en vigencia a partir del año 2028.
La comisión especial que estudió los proyectos de ley sobre candidaturas independientes decidió rendir un informe desfavorable, lo que deja fuera del juego legislativo las propuestas que buscaban regular esta figura reconocida por una sentencia emitida en diciembre del 2024 por el Tribunal Constitucional, cuya decisión ubica al margen de la legalidad la actitud de los legisladores que conocen las referidas piezas, ya que el único órgano facultado para determinar la constitucionalidad de una norma es el TC.
El informe, aprobado por 15 de los 17 diputados presentes, rechaza los tres proyectos de ley que estaban en estudio, incluyendo uno presentado por el propio presidente de la comisión, el diputado Elías Wessin Chávez.
La decisión se basa, según explicó Wessin Chávez, en que los proyectos chocan con la Constitución, al entender que la Carta Magna solo acepta la participación en las elecciones a través de los partidos políticos.
En ese sentido, la comisión concluyó que solo una reforma a la Constitución podría dar cabida legal a las candidaturas independientes, por lo que recomendó que su regulación se haga cuando se modifique la Carta Magna otra vez.
Con este informe, los diputados también desafían el precedente sentado por el Tribunal Constitucional en la sentencia TC/0788/24, que reconoció el derecho de los ciudadanos a postularse a cargos de elección popular sin estar afiliados a partidos, y ordenó al Congreso legislar sobre el asunto.
Sin embargo, la comisión especial entendió que el Congreso «tiene potestad soberana para tomar sus decisiones«, incluso frente a un mandato del Tribunal Constitucional que es irrevocable.
El diputado Rogelio Genao, miembro de la comisión especial y representante del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), respaldó la decisión y afirmó que los proyectos evaluados presentan múltiples choques con la Constitución, como en los casos de las reglas para la sustitución del presidente de la República, la representación política en juntas municipales y el principio de asociación política a través de partidos.
Genao aseguró que la comisión actuó correctamente y dentro del marco de sus facultades legislativas, y sostuvo que el Congreso es el único órgano autorizado para elaborar leyes y que la sentencia del Tribunal Constitucional se excedió en su alcance.
Afirmó que el alto tribunal cruzó la línea de su rol jurídico y asumió una función que le corresponde únicamente al poder legislativo.
«El Tribunal Constitucional no está para legislar. Para eso tenemos el Congreso de la República, que está compuesto por el Senado y la Cámara de Diputados«, expresó Genao al declarar que el Tribunal Constitucional «se excedió» en su alcance y en sus funciones.
El legislador también destacó que esta podría ser la primera vez que el Congreso rechaza formalmente una disposición del Tribunal Constitucional que le ordena legislar, lo cual, a su juicio, marca un precedente para reafirmar los límites y funciones de cada poder del Estado.
El diputado Ramón Bueno, miembro de la comisión especial y político del Partido Revolucionario Moderno (PRM), sostuvo que el equipo que estudió los proyectos sobre candidaturas independientes concluyó que estos «chocan con la Constitución de la República» en varios de sus artículos.
Además, criticó la sentencia del Tribunal Constitucional que, a su juicio, «se excedió» en su interpretación del tema.
«Somos el Congreso, somos soberanos y la Constitución, de manera mayoritaria de 17 miembros que somos, 15 votamos, entendiendo el rol del Congreso Nacional», expresó.
Ahora, el informe pasará al hemiciclo, donde el pleno de la Cámara de Diputados tendrá la última palabra y decidirá si acoge o no el informe de la comisión especial.
Tras la sentencia emitida en diciembre por el Tribunal Constitucional, la Junta Central Electoral (JCE) depositó un proyecto de ley para regular las candidaturas independientes que incluía la búsqueda de miles de firmas para avalar las aspiraciones, la creación de una asociación cívica para sustentar las candidaturas en las boletas y otros requisitos abultados para los aspirantes.
Nacionales
JCE flexibiliza renovación de cédula sin restricción por nacimiento los fines de semana y feriados
Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE) dispuso este viernes que, durante los fines de semana y los días feriados, los ciudadanos podrán renovar su cédula sin restricción alguna relacionada con el mes de nacimiento.
La medida aplica en los centros de cedulación habilitados a nivel nacional y busca facilitar el proceso de renovación del documento.
- Otra decisión tomada por el Pleno, con impacto en la población adulta, es la eliminación total de la restricción del mes de nacimiento para todos los ciudadanos de 70 años o más en todo el territorio nacional, autorizando su atención inmediata en cualquier centro de cedulación.
Además, la JCE informó que añadió otros 38 centros de cedulación, los cuales se suman a los anunciados anteriormente, para que las personas nacidas entre enero y junio puedan renovar la cédula de identidad y electoral de lunes a viernes, en los horarios vigentes, y los sábados, domingos y días feriados sin restricción del mes de nacimiento.
Centros de cedulación
Los centros de cedulación que se añaden están ubicados en Arroyo Salado (Payita), Bayaguana, Cabrera, Cambita-Garabitos, Constanza, Consuelo, El Factor, Esperanza, Fantino, Gaspar Hernández, Guayubín, Jarabacoa, Jima Abajo, Las Matas de Farfán, Licey al Medio, Loma de Cabrera y Miches.
En consecuencia, los centros donde no aplican estas disposiciones y que mantienen su flujo habitual son: Azua 01 y 02, Bajos de Haina 01 y 02, Baní 01 y 02, Barahona, Boca Chica, Bonao, Carretera Mella, Cedulación Megacentro, los centros de expedición de Bella Vista Mall, Ciudad Juan Bosch, Coral Mall, Galería 360, Higüey, Megacentro, Occidental Mall, Plaza Central, Sambil, San Juan de la Maguana, Santiago y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), así como Comendador, Cotuí y Cristo Rey.
De igual manera, San Ignacio de Sabaneta, San José de Ocoa, San Juan de la Maguana, San Pedro de Macorís, las oficinas de Santiago de los Caballeros (Las Colinas, Las Carreras, Colinas Mall, Los Jardines, Cienfuegos y Cuesta Colorada), Santiago VIP, Verón, Villa Mella y dos centros disponibles en la sede central de la JCE.
- La JCE exhortó a la población a aprovechar las facilidades establecidas para renovar la nueva cédula de identidad y electoral.
Nacionales
Caso Onco14: Gerentes obligaban al personal a vender medicamentos donados bajo amenaza de despido
Santo Domingo.- Los tres gerentes del Consejo de la Asociación Sin Fines de Lucro (ASFL) Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, implicados en el caso Onco14, se habrían aprovechado de sus posiciones para comercializar medicamentos donados, incluyendo fármacos de alto costo destinados a pacientes oncológicos.
Según el Ministerio Público, esta práctica constituye una “conducta cruel contra personas pobres afectadas por una enfermedad devastadora como el cáncer”.
Así consta la solicitud de medida de coerción depositada por el Ministerio Público, que solicita 18 meses de prisión preventiva para los integrantes de la presunta red de corrupción vinculada al caso Onco14.
De acuerdo con la investigación, los acusados habrían convertido la institución en una especie de empresa familiar para sustraer recursos económicos en beneficio propio.
Venta de medicamentos donados y amenazas al personal
Según el expediente, el personal era amenazado con el despido si entregaba estos medicamentos de forma gratuita.
La justificación utilizada era que la farmacia necesitaba generar ventas y que, por tanto, los pacientes debían comprar los medicamentos.
Los acusados habrían comercializado medicamentos donados, incluyendo tratamientos de alto costo utilizados en quimioterapias. Además, dejaron vencer aquellos fármacos que no pudieron vender, una práctica que el Ministerio Público califica como ilegal y especialmente perjudicial para pacientes de escasos recursos afectados por cáncer.
Doble facturación y fraude contra SeNaSa
La investigación también establece que los imputados realizaban una doble facturación de medicamentos suministrados a pacientes, cobrando en dos ocasiones los conduces correspondientes a un mismo medicamento, en perjuicio del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y de los pacientes.
Asimismo, se les atribuye haber suministrado dosis incompletas de medicamentos de quimioterapia, dividiendo un mismo frasco entre dos pacientes mientras facturaban a SeNaSa un frasco completo para cada uno, obteniendo así un beneficio económico ilícito.
El expediente también indica que facturaban medicamentos biológicos originales tanto a pacientes como a aseguradoras, pero entregaban versiones genéricas de menor costo, obteniendo diferencias económicas indebidas en perjuicio de los afectados y del sistema de salud.
Habitaciones para pacientes oncológicos utilizadas con otros fines
Según la solicitud de medida de coerción, los imputados privatizaron de manera ilícita habitaciones destinadas a pacientes oncológicos, reduciendo significativamente la disponibilidad de espacios y la capacidad de respuesta del centro.
Además, una habitación concebida para pacientes con cáncer habría sido utilizada para atender pacientes de cirugías estéticas realizadas por cirujanos plásticos del Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC).
Comercialización ilegal de medicamentos controlados
El Ministerio Público sostiene que los imputados utilizaron la farmacia del Patronato para comercializar medicamentos que contienen sustancias controladas, presuntamente al margen de las disposiciones legales y regulatorias vigentes.
Audiencia de la solicitud de coerción en Santiago
Un juez de la Oficina de Atención Permanente de Santiago conocerá este viernes la solicitud de medida de coerción contra los imputados del caso Onco14.
La audiencia está programada para celebrarse en las próximas horas.
El órgano acusador atribuye al grupo los delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología incluyendo acceso ilícito y uso indebido de códigos de acceso y lavado de activos, en perjuicio del Estado dominicano.
Los tres imputados fueron interrogados durante el fin de semana por un equipo de fiscales encabezado por Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca).
Vargas Sánchez, quien se divorció de Lora Cruceta en 2014, ocupó la vicepresidencia del patronato y desempeñó funciones como auditora interna y externa de la entidad que administra el Instituto Oncológico Regional del Cibao durante la gestión de Lora Cruceta.
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Episcopado Dominicano manifiesta preocupación por discusión de despenalización del aborto en el TC
Santo Domingo, R.D.-La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) manifestó su “profunda preocupación” ante el estado de fallo en que dejó el Tribunal Constitucional a 21 acciones directas de inconstitucionalidad, incluida una contra varios artículos de la Ley 74-25 que instituye el nuevo Código Penal y busca la despenalización del aborto.
Según su opinión, y reflejado en un comunicado, las acciones que se están llevando a cabo en el órgano judicial buscan ignorar los derechos fundamentales de la vida y la familia que están establecidos en la Constitución de la República.
“Los ataques a esos derechos, como es sabido, se vienen lanzando desde hace décadas, y en todas las ocasiones, tanto el legislador constituyente como el ordinario, interpretando los valores e intereses permanentes del pueblo dominicano, los han rechazado en forma sostenida, reconociendo la dignidad innata de la vida humana desde la concepción, y la importancia de preservar la familia como fundamento de la nación”, se puede leer en el escrito.
El pasado 17 de junio, el Tribunal Constitucional se reservó el fallo sobre una acción directa de inconstitucionalidad promovida por la ciudadana Rosa Herminia Hernández, la asociación Alianza Cristiana Dominicana (ACD) y la organización Católicas por el Derecho a Decidir de la República Dominicana (CDDRD).
«Pretender que el Tribunal Constitucional irrespete o subvierta con una sentencia interpretativa la Constitución, de la que son el supremo garante, constituye una acción audaz y de alto riesgo contra el orden constitucional e institucional, especialmente, cuando la misma se funda en visiones ideológicas cargadas de relativismo e impulsadas por el transhumanismo», señala la Conferencia del Episcopado en su comunicado.
Recordaron a la entidad que República Dominicana forma parte de las pocas naciones del mundo que no pertenecen a las “propias culturas de la muerte” para buscar lo que catalogan como “falso sentido del progreso humano o lo que es peor aún, de las libertades y los derechos de las mujeres”.
En ese sentido, apreciaron que el Ministerio Público y ambas cámaras del Congreso Nacional rechazaron ante el Tribunal las pretensiones de varias organizaciones y personas de ignorar lo impuesto por la Constitución.
“Saludamos que el Ministerio Público y ambas cámaras del Congreso Nacional hayan rechazado ante el Tribunal Constitucional las pretensiones de varias organizaciones y personas, con respaldo de entidades internacionales, de desconocer los derechos consignados en la Constitución que, además, por su propia naturaleza, son fundamento de todos los demás derechos y libertades”, expresaron.