De portada
Los dos cuerpos más importantes de la sociedad, el humano y el social, amenazados de muertes en el país..
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Una crisis humana como la que genera la pandemia del coronavirus deja traumas y daños definitivamente irreparables, pero lo mismo se podría decir a nivel del cuerpo social, cuya principal caracterización son en los órdenes emocionales, económicas y jurídico-legales.
En estos momentos la más peligrosa y amenazante es la humana, porque el coronavirus golpea quitándole la vida a la gente, lo cual es lo más preciado para el ser vivo y está por encima de cualquier otra cosa, porque las demás entran en un plano más bien regulador, pero después que ha llegado la muerte no hay nada que valga.
Desde esa perspectiva es normal que el principal miedo sea a perder la vida, porque después de ella no hay nada más, dado que hasta la riqueza material tiene sentido si la misma perdura para disfrutar de ella, pero no después de la muerte, pese a que mantenerla sin las normas que establece la ley también revisten una gran importancia social.
La cuestión es que la sociedad está entre la espada y la pared, en virtud de que cuando pase la pandemia, porque así tendrá que ocurrir, vendría la preocupación por vivir en paz y con las garantías legales y sociales que requiere afrontar también los asuntos que ponen en peligro el aparato institucional de la nación.
Todo el que muere a consecuencia de la pandemia, como ya ha ocurrido, no necesita otra cosa que un entierro digno, lo cual tampoco ha permitido el coronavirus, pero el que sigue vivo necesita de un estado de derecho que le garantiza el acceso a la salud, a la educación y a la justicia.
Sin embargo, lo preocupante de lo que ocurre en estos momentos es que ambas garantías están amenazadas, primero por el Covid-19 y segundo porque el país podría caer en un vacío institucional que ya no sólo ponga en peligro la existencia de mucha gente, sino también la economía y todo el andamiaje jurídico-social que termine por el caos reinante arrebatándole la vida a una buena parte de la sociedad.
Tras el paso de la pandemia la segunda batalla tiene que ver con la gran debacle económica que podría provenir a consecuencia del impacto de las medidas que se han hecho imprescindibles para contrarrestar los altos niveles de contagio, como son el aglomeramiento y la vida social, lo cual ha generado el cierre de prácticamente todas las fuentes de generación de dinero tanto interno como externamente.
Esta doble realidad demanda actuar con mucho tacto, prudencia y ecuanimidad para lograr salir bien de ambas situaciones, por lo que no pensar en la otra amenaza que está frente a todo y es que no hayan elecciones antes del 16 de agosto implica que el país podría caer en una total ilegalidad e ilegitimidad en razón de que quedaría violentada la Constitución de la República que consigna la juramentación de nuevas autoridades nacionales para la fecha señalada más arriba.
Si la nación no sabe sobrellevar la pandemia con sus requerimientos legales la crisis que afectaría al país seria de una dimensión que muy difícilmente puedan tener solución hasta tanto no se corrija la ilegalidad y la ilegitimidad en que caiga la República Dominicana.
En tal virtud, para cambiar la irregularidad generada habría que entrar a producir una modificación constitucional que su secuela podría ser más dañina, es decir, la cura podría ser peor que la enfermedad.
En cualquier lugar del mundo las autoridades que no estén avaladas por la legitimidad y la legalidad, cuya última condición se lleva de paro los derechos constitucionales, porque en medio de esta situación mueren, los gobernantes quedan al margen de la comunidad internacional porque su presencia en las organizaciones multilaterales tiene que estar fundamenta en una serie de acuerdos internacionales que sólo tienen sentido frente a la vigencia integral del aparato legal.
Se podría estar hablando de una crisis de una dimensión que entonces pondría en peligro la solvencia y la preservación de la vida económica, ya que hasta para diseñar políticas públicas en esta materia tiene que ser a partir de la legalidad y la legitimidad, ya que hay un principio jurídico de que todo lo que se deriva de la violación de la ley es totalmente nulo.
Todo esto envía el mensaje que frente a la pandemia del coronavirus el dominicano tiene que sacar de abajo para la preservación, no sólo de la vida, sino también de los precarios derechos jurídicos, económicos y sociales para que el peligro de perder el último suspiro no se convierta en un laberinto que al final de la jornada no deje abierta ninguna posibilidad de sobrevivir.
Se impone que el país se dote de la gallardía para que en el curso de los próximos días se pueda vencer en los dos terrenos de batallas, el de la enfermedad que avanza quitándole la vida a mucha gente y la lucha por la preservación del precario aparato institucional, que es el único que puede garantizar la convivencia social y representar un dique de contención a la hambruna y la crisis que implica el golpe mortal de la pandemia a la mayoría de las sociedades del mundo, pero muy particularmente a la República Dominicana.