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Los dos cuerpos más importantes de la sociedad, el humano y el social, amenazados de muertes en el país..

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Una crisis humana como la que genera la pandemia del coronavirus deja traumas y daños definitivamente irreparables, pero lo mismo se podría decir a nivel del cuerpo social, cuya principal caracterización son en los órdenes emocionales, económicas y jurídico-legales.

En estos momentos la más peligrosa y amenazante es la humana, porque el coronavirus golpea quitándole la vida a la gente, lo cual es lo más preciado para el ser vivo y está por encima de cualquier otra cosa, porque las demás  entran en un plano más bien regulador, pero después que ha llegado la muerte no hay nada que valga.

Desde esa perspectiva es normal que el principal miedo sea a perder la vida, porque después de ella no hay nada más, dado que hasta la riqueza material tiene sentido si la misma perdura para disfrutar de ella, pero no después de la muerte, pese a que mantenerla sin las normas que establece la ley también revisten una gran importancia social.

El coronavirus continúa su camino amenazante por el mundo, cuya cantidad de muertos y de contagiados llega a niveles que no tienen precedentes por lo menos en  la época contemporánea, lo cual  impacta a la gente de tal modo que  no quiera escuchar otra cosa que no sea lo que tenga que ver  con la enfermedad.

La cuestión es que la sociedad  está entre la  espada y la pared, en virtud de que cuando pase la pandemia, porque así tendrá que ocurrir,  vendría  la  preocupación por   vivir en paz y con las garantías legales y sociales que requiere  afrontar también los asuntos que ponen en peligro el aparato institucional de la nación.

Todo el que muere a consecuencia de la pandemia, como ya ha ocurrido, no necesita otra cosa que un entierro digno, lo cual tampoco ha permitido el coronavirus, pero el que sigue vivo necesita de un estado de derecho que le garantiza el acceso a la salud, a la educación y a la justicia.

Sin embargo, lo preocupante de lo que ocurre en estos momentos es que ambas garantías están amenazadas, primero por el Covid-19 y segundo porque el país podría caer en un vacío  institucional que ya no sólo ponga en peligro la existencia de mucha gente, sino también la economía y todo el andamiaje jurídico-social que termine por el caos reinante arrebatándole la vida a una buena parte de la sociedad.

El coronavirus es una realidad latente y vigente, pero el vacío  institucional se podría presentar en cualquier momento, porque lo que se impone es que el dominicano tome todas las medidas que recomienda el protocolo internacional para evitar el contagio y que su vida no se ponga en peligro, pero también en el marco de la prudencia desarrollar y articular un plan para  preservar el orden jurídico e institucional para no ver colapsar la nación.

Tras el paso de la pandemia la segunda batalla tiene que ver con la gran debacle económica que podría provenir a consecuencia del impacto de las medidas que se han hecho imprescindibles para contrarrestar los altos niveles de contagio, como son el aglomeramiento y  la vida social, lo cual ha generado el cierre de prácticamente todas las fuentes de generación de dinero tanto interno como externamente.

Esta doble realidad demanda actuar con mucho tacto, prudencia y ecuanimidad para lograr salir bien de ambas situaciones, por lo que no pensar en la otra amenaza que está frente a todo y es que no hayan elecciones antes del 16 de agosto implica que el país podría caer en una total ilegalidad e ilegitimidad en razón de que quedaría violentada la Constitución de la República que consigna la juramentación de nuevas autoridades nacionales para la fecha señalada más arriba.

El aparato legal de la República Dominicana manda que las nuevas autoridades para que sean legitimas y legales deben haber sido escogidas en  elecciones nacionales, pero si las mismas no se dieran entonces todo lo que se derive de la irregularidad no tienen ningún valor y son nulas.

Si la nación no sabe sobrellevar la pandemia con sus requerimientos legales la crisis que afectaría al país seria de una dimensión que muy difícilmente puedan tener solución hasta tanto no se corrija la ilegalidad y la ilegitimidad en que caiga la República Dominicana.

En tal virtud, para cambiar la irregularidad generada habría que entrar a producir una modificación constitucional que su secuela podría ser más dañina, es decir, la cura podría ser peor que la enfermedad.

En cualquier lugar del mundo las autoridades que no estén avaladas por la legitimidad y la legalidad, cuya última condición se lleva de paro los derechos constitucionales, porque en medio de esta situación mueren, los gobernantes quedan al margen de la comunidad internacional porque su presencia en las organizaciones multilaterales tiene que estar fundamenta en una serie de acuerdos internacionales que sólo tienen sentido frente a la vigencia integral del aparato legal.

Se podría estar hablando de una crisis de una dimensión que entonces pondría en peligro la solvencia y la preservación de la vida económica, ya que hasta para diseñar políticas públicas en esta materia tiene que ser a partir de la legalidad y la legitimidad, ya que hay un principio jurídico de que todo lo que se deriva de la violación de la ley es totalmente nulo.

Todo esto envía el mensaje que frente a la pandemia del coronavirus el dominicano tiene que sacar de abajo para la preservación, no sólo de la vida, sino también de los precarios derechos jurídicos, económicos y sociales para que el peligro de perder el último suspiro no se convierta en un laberinto que al final de la jornada no deje abierta ninguna posibilidad de sobrevivir.

En las actuales circunstancias el dominicano tiene que convertirse en un gran soldado de dos guerras, la primera la que se libra en contra del coronavirus o de la pandemia, y la segunda para evitar que desaparezca el aparato institucional, porque entonces habría un panorama mucho peor, sobre todo frente a un mundo que se verá ante grandes aprietos por la secuela dejada por el Covid-19.

Se impone que el país se dote de la gallardía para que en el curso de los próximos días se pueda vencer en los dos terrenos de batallas, el de la enfermedad que avanza quitándole la vida a mucha gente y la lucha por la preservación del precario aparato institucional,  que es el único que puede  garantizar la convivencia social y representar un  dique de contención a la hambruna y la crisis que implica el golpe mortal  de la pandemia a la mayoría de las sociedades del mundo, pero muy particularmente a la República Dominicana.

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Biden pasa la pelota a Kamala Harris para candidatura presidencial en elecciones de noviembre en E.U.

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Abogada, fiscal general de California y senadora, la hasta ahora ‘número dos’ del Gobierno ha batallado por el derecho al aborto

New York.-Desde la etapa de Adams y los padres fundadores, el puesto de vicepresidente ha ganado en sustancia: Harris, la exitosa abogada californiana ―demasiado californiana, es decir, liberal, para los republicanos―, ha asumido parte de la política migratoria de la Administración de Biden desde 2021, hasta el punto de ser ridiculizada por la oposición como “zarina de la inmigración”. También se convirtió a partir de la revocación, en junio de 2022, de la doctrina Roe vs Wade, que consagraba la protección constitucional del derecho al aborto, en abanderada de la salud sexual y reproductiva de sus congéneres, una baza política que permitió a los demócratas salvar los muebles, e incluso el decorado, en las elecciones de medio mandato de noviembre de ese año. Feminista confesa, su gesto de vestir de blanco en la noche de la celebración de la victoria demócrata en Wilmington (Delaware) recordó el papel de las sufragistas.

Kamala, pura élite demócrata, llegó a la Casa Blanca como número dos de Biden tras haberle retado en las primarias. La respaldaban una legislatura en la Cámara baja (2017-2021) y, previamente, una experiencia de seis años como fiscal general de California (2011-2017). Fiscalía y Senado, en ese orden: la pautada escalera hacia el poder en EE UU; el remate de años de fogueo como, primero, ayudante del fiscal de distrito (1990-98) en Oakland, un puesto que le granjeó especial fama de dura en casos de violencia de bandas, tráfico de drogas y abusos sexuales, y fiscal de distrito (2004), el trampolín a la fiscalía general del Estado.

Eran los tiempos del demócrata Barack Obama, y la resaca de la gran crisis de 2008, con su historial de bancarrotas, y Harris demostró su independencia política, rechazando, por ejemplo, las presiones del Gobierno para que llegara a un acuerdo en una demanda nacional contra prestamistas hipotecarios por prácticas desleales (el agujero de las hipotecas basura o subprime aún no se había cerrado). Perseverante y correosa, Harris insistió en el ejemplo de California y en 2012 logró una sentencia cinco veces superior a la que Washington le invitaba a cerrar. Especial mérito suyo fue anular en 2013 la proposición 8 (2008), que prohibía el matrimonio entre personas del mismo sexo en el Estado de California. Su libro Smart on Crime, publicado en 2009, fue considerado un modelo para abordar el problema de la reincidencia delictiva.

Además de ser el recambio más natural y sobre todo automático, sin abrir la caja de los truenos de una convención demócrata urgente a cuatro meses de las elecciones ―algo contra lo que había advertido, entre otros, la progresista Alexandria Ocasio-Cortez―, Biden parece devolver ahora el favor a Harris. La que en 2020 parecía una sólida aspirante a la candidatura demócrata, en unas primarias especialmente concurridas, tiró la toalla en diciembre de 2019 al no lograr ventaja del furgón de cola. Tres meses después, en los albores de la pandemia, dio su apoyo a Biden, la sexta de todos los aspirantes al puesto. La competición demócrata quedó entonces reducida a un duelo entre Biden y el izquierdista Bernie Sanders, pero el apoyo de Harris al actual presidente fue determinante para llevarlo a la Casa Blanca.

“He decidido que voy a apoyar con gran entusiasmo a Joe Biden para que sea presidente de Estados Unidos”, dijo entonces la senadora en un vídeo compartido en Twitter. “Creo en Joe. Creo realmente en él, y le conozco desde hace mucho tiempo”. Ya entonces su nombre aparecía con cierta frecuencia en las quinielas de vicepresidenciables, igual que ahora, desde el fatal debate del 27 de junio que mostró la decadencia de Biden, sonaba como candidata a la presidencia. Los republicanos, que esta semana bromeaban sobre el debate que enfrentará a los dos candidatos a la vicepresidencia al negarse a poner una fecha por “desconocer la identidad del vicepresidente” que hipotéticamente pudiera elegir Kamala Harris, posiblemente acertaron.

Matrimonio mixto

Las raíces de la posible candidata demócrata a la presidencia de EE UU hay que buscarlas en Jamaica y la India. Su padre, profesor de la Universidad de Stanford, procedía de la isla caribeña; su madre, hija de un diplomático indio, era investigadora del cáncer. Su hermana, Maya, a la que está muy unida, es experta en políticas públicas. La aspirante a la candidatura presidencial se licenció en Políticas y Economía en 1986 en la Universidad Howard y, tres años después, en Derecho en el Hasting College. Sus orígenes, por tanto, son los de una familia acomodada, demasiado intelectual para los estándares del nuevo populismo republicano.

Su carrera profesional también la instaló en la élite, igual que su matrimonio tardío, a punto de cumplir 50 años, con el abogado Douglas Emhoff, a quien conoció en una cita a ciegas y que en 2021 se convirtió en el primer segundo caballero de EE UU. Emhoff, que es judío, ha aparcado prácticamente su carrera para ejercer a tiempo completo esta función oficial, que conlleva la representación pública y actos frecuentes (en su caso, la participación en debates y actos contra el antisemitismo, un debate al alza a raíz de la guerra de Gaza). Cuando se casaron, hace diez años, Emhoff pisó una copa de cristal con el pie derecho, como marca la tradición judía, y Harris colocó al novio una guirnalda de flores al modo indio.

elpais.com

 

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La partidocracia y sus torpezas con decisiones como el Código Penal que cuestiona idoneidad de democracia representativa.

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Por Elba García

El Código Penal es un conjunto sistematizado de normas jurídicas del derecho público interno que sanciona las infracciones, contempla las medidas de seguridad, seguimiento judicial, órdenes de protección y la responsabilidad penal, teniendo como principios fundamentales la protección de la persona humana y sus bienes, la preservación de la paz pública y del orden social, como garantía de la existencia de la Nación y del Estado.

Como se puede observar en sus enunciados el nuevo Código Penal es una herramienta de primer orden para la consecución de la armonía social y la conservación del estado de derecho, pero el  nuevo proyecto ya aprobado en el Congreso  constituye otra de la irracionalidad del Partido Revolucionario Moderno (PRM), que forma parte de las estructuras partidarias tradicionales que incurren en grandes atropellos en  contra de la sociedad y que de alguna manera deja claro que su torpeza forma parte de la característica fundamental y común de la partidocracia.

El nuevo Código Penal permite ver el trasfondo de los partidos que lo han corrompido todo, no sólo los recursos del patrimonio nacional, sino también las leyes y todo el ordenamiento jurídico que rige a la sociedad, porque recurren al peor de los engaños no para mejorar, sino para quitarle credibilidad y justificación a la democracia.

Los errores de los que detentan el poder no consiste sólo en negar lo que es una corriente en la mayoría de los países del mundo, como las tres causales, sino de imponer mediante la ley de supuestos derechos que lesionan la dignidad humana, que se contraponen con el derecho internacional y que chocan con la propia Constitución.

En qué cabeza puede caber que los legisladores, cuya mayoría pertenece al PRM, pero que si fueran otros de sus iguales que gobernara no hubiera ninguna diferencia, porque esencialmente son todos parecidos, que buscan a través del nuevo Código Penal una impunidad y tolerancia con los delitos y el crimen que es un bochorno en cualquier nación relativamente civilizada.

Ello ocurre, por ejemplo, con el concepto aplicado a la violación sexual, la cual sólo se produce si ha habido penetración, pero no de otra forma y se tolera como si el país viviera todavía en los tiempos de las cavernas.

Otra aberración que se comete en el nuevo Código Penal es disponer que cualquier situación que se presente en el seno de los cuerpos castrenses del país debe conocerse en un tribunal administrativo militar, lo cual representa una negación de los avances que se producen en el mundo sobre el estado de derecho.

A pesar del que el nuevo Código Penal incorpora sanciones para figuras jurídicas que no tenían ninguna presencia en el mismo, como el sicariato, los feminicidios, entre otros, lo cierto es que el mismo es una representación del atraso a que está sometida la sociedad dominicana por la falta de raciocinio y por la torpeza de la partidocracia.

El nuevo Código Penal es una buena carta de presentación para que todo aquel que tiene una actitud beligerante con los que gobiernan tenga toda la legitimidad del mundo, porque sólo para los que no entienden que imponer esta norma representa una afrenta y una vergüenza  en contra de los sectores más pensantes de la sociedad.

Es tan grande la torpeza que el nuevo Código legaliza telera y permite la violencia física y psicológica en contra de la niñez, lo cual ya ha sido erradicado a través del derecho internacional, del que es signatario el país, lo cual no parece entender el partido de gobierno.

Sin lugar a dudas que este tipo de comportamiento de los legisladores, principalmente del partido oficial, es la mejor forma de auto agredirse y que el gobierno termine con la peor de la credibilidad, porque no dejan dudas que son iguales o peores de los que han sido sacados del poder por su mal comportamiento.

Lo grave del asunto es que los que hoy critican ese comportamiento de los legisladores de un partido que durante su campaña electoral prometió mejorar la democracia dominicana, pero que actúan como si no tuvieran memoria, hacen turno para que cuando asciendan al control del Estado repetir la misma historia, ya que su única agenda valedera y respetada es buscar fortunas a través del patrimonio del pueblo dominicano.

El nuevo Código Penal se ha encargado, a partir de la visión plasmada en él por los congresistas, de que la corrupción administrativa es una aberración a la que no están dispuestos a renunciar, cuando consignan que la misma prescribe a los veinte años, pese a que en todas las legislaciones del mundo ese delito o crimen no expira nunca, es decir, que es imprescriptible.

El comportamiento oficial frente al nuevo Código Penal no es la excepción, sino que esa conducta es encontrada en todas y cada una de las acciones del Gobierno, como muy bien se puede mencionar el endeudamiento externo, el clientelismo y otras tantas que no dejan dudas de que la nación está frente a gente que no ama el país, sino sus intereses particulares y personales.

Otro asunto con el que pueblo dominicano no se llevará sorpresa es con la llamada reforma fiscal, la cual es un instrumento de llevarle más sufrimiento al sector más vulnerable y pobre de la sociedad, ya que la tendencia es a que la carga impositiva vaya dirigida a sobrecargar a las grandes mayorías nacionales, mediante un régimen tributario regresivo y menos progresivo, que consiste en gravar el consumo en vez de las grandes ganancias que tienen grupos muy concretos de la sociedad.

En lo que respecta al nuevo Código Penal, ya aprobado por ambas cámaras, sólo queda que  pase al Poder Ejecutivo para que el mismo sea promulgado, observado o devuelto por el presidente Luis Abinader a las cámaras legislativas para su modificación, cuyo último recurso podría ser una arma del jefe de Estado a partir de que el PRM, que es un partido a la azar, sin una planificación estratégica, permite que cada legislador sea una isla aparte que plantea las cosas en función de su visión muy personal, pero que parece que el mandatario estimula ese tipo de desorden para al final quedar como el santo de la película, apoyándose en una demagogia  que habla muy mal de su persona.

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Descrédito arropa sistema de justicia de R.D por manejo inadecuado de la ley y desprecio por la doctrina y la jurisprudencia.

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Por Elba García

En los actuales momentos y desde hace décadas el sistema de justicia de la República Dominicana ha perdido prácticamente toda su credibilidad, cuyas decisiones de los jueces descansan en interpretaciones muy malas de la ley y en desprecio de la doctrina y la jurisprudencia.

El fenómeno se observa con mucha crudeza en los tribunales inferiores localizados en provincias en las que el Estado prácticamente desaparece, cuyas deficiencias trascienden el ámbito de la justicia y entran a una serie de órganos y entes oficiales.

En la realidad se produce una verdadera desarticulación del sistema de justicia, ya que incluso hay jueces que para emitir una sentencia se tardan hasta años en franca violación de la norma que los rige, pero que en virtud de la poca supervisión a que son sometidos por el Consejo del Poder Judicial los lleva a actuar como chivos sin ley.

El problema de la justicia dominicana descansa no sólo en la pobre institucionalidad que impacta a la nación, sino también a que no se observa una buena formación en aquellos que tienen la sagrada misión de impartir justicia.

En algunos lugares las cosas son peores que en otros, lo cual tiene su explicación en el hecho de que muchos de los jueces de los tribunales inferiores y de las propias cortes de apelación se creen emperadores con el soporte de la ignorancia que los aquella, cuya deficiencia provoca que ellos ignoren la doctrina y la jurisprudencia en sus fallos y al final generan un gran cumulo de trabajos en la Suprema Corte de Justicia como responsable de conocer en casación las decisiones equívocamente tomadas.

El cliché de los jueces es regularmente que si no se está de acuerdo con la decisión tomada que se recurra, pese a que los errores y la mala aplicación de la ley son prácticamente consuetudinaria, sin que nadie los someta a una rigurosa supervisión.

La nueva ley casacional busca controlar las travesuras de los referidos jueces, así como de una serie de abogados que ejercen la profesión con deslealtad procesal, temeridad y abuso de derecho, pero falta ver cuál es el efecto que surte la misma.

La realidad es que, aunque el principal propósito de la Ley 2-23 es disminuir la mora judicial, también crea los mecanismos para controlar, en la medida de lo posible, la emisión de sentencias que no sólo no se ajustan al mandato de la ley, sino también que no respetan lo que disponen la doctrina y la jurisprudencia.

Una razón de esperanza es el manejo desde la perspectiva constitucional de la mayoría de los casos que provienen de la justicia ordinaria a través de la figura de la revisión que es competencia del Tribunal Constitucional.

Pero el descrédito es tan grande del sistema de justicia que la gente prácticamente ha desistido de apoyarse en los tribunales ordinarios para solucionar cualquier conflicto y una buena parte de ella se inclina por la vía de hecho.

El problema en el ámbito judicial también debe verse como parte de las grandes fallas de que adolece la democracia nacional, la cual tiene falencias desde los aspectos electorales, de transparencia y de otros tipos que hace que la sociedad no la tome en serio.

El Tribunal Constitucional que ha trabajado en la dirección de que se respeten una serie de derechos fundamentales, así como de valores y principios, todavía necesita despejar dudas en torno al manejo aparentemente poco idóneo en lo referente a la peor lacra de la sociedad dominicana como son los partidos políticos.

No hay hasta la fecha ninguna sentencia o jurisprudencia del TC que condene a por lo menos uno de los partidos políticos, que no sólo violan la transparencia que manda la Constitución de la República, sino que además utilizan los recursos económicos que les otorga el Estado para violentar su democracia interna mediante la imposición de candidaturas en franca vulneración del principio de igualdad

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