Desde hace mucho tiempo la gente ha tenido que resignarse a la ejecución de una serie de embargos ilegales con la complicidad del órgano del Estado que debe perseguir el crimen y el delito.
El problema tiene una gravedad tal, que los fiscales en su papel de cómplice del delincuente, porque de eso se trata, de actos delincuenciales, recurre a todo tipo de manipulación cuando alguien presenta una querella en contra de los vándalos que se dedican a semejante actividad.
El argumento de los fiscales siempre consiste en que son casos del derecho civil, no del penal, lo cual exonera al malhechor de los delitos o crimen cometidos.
Cuando la víctima insiste, entonces el Ministerio Público recurre a un recurso que le otorga tanto el Código Procesal Penal y la Ley Orgánica del Ministerio Público y es el envío a un archivo definitivo, pero en violación de la normativa procesal que está consignada en las mismas leyes.
Todo esto dice que el Ministerio Público no es más que un cómplice del delincuente que se dedica a los embargos ilegales.
Da pena y vergüenza ver como los fiscales protegen a esta gente, se convierten prácticamente en sus abogados defensores, lo hacen hasta con rabia cuando la víctima persiste en su denuncia.
Lo que ocurre con los embargos ilegales en el Distrito Judicial de Santiago, lo cual, sin dudas, se trata de un fenómeno nacional, es una verdadera vergüenza, porque el Ministerio Público parece haber sido entrenado para que no vea los ilícitos penales o sencillamente la actitud obedece a un nivel de ignorancia que asusta.
Este tema viene a colación como resultado de la aprobación por parte del Congreso Nacional de una nueva ley que cambia el procedimiento para el otorgamiento de la fuerza pública, ya que ahora el acreedor tendrá que solicitarla mediante instancia a la Presidencia de la Cámara Civil y Comercial de la jurisdicción de que se trate, pero además para la ejecución tendrá que hacerse acompañar del juez de paz del área donde esté ubicado el deudor.
Aunque la nueva ley no es la panacea al problema, pero por lo menos es un alivio que ayuda a la gente que puede ser víctima de los que están envueltos en esta industria de los embargos ilegales a través de una revisión minuciosa de la solicitud de la fuerza pública para la ejecución de los mismos por parte del juez presidente de la Cámara Civil y Comercial del distrito judicial de que se trate.