Editorial
Los Embargos Ilegales, Una Trampa Peligrosa Contra la Sociedad
Desde hace mucho tiempo la gente ha tenido que resignarse a la ejecución de una serie de embargos ilegales con la complicidad del órgano del Estado que debe perseguir el crimen y el delito.
El problema tiene una gravedad tal, que los fiscales en su papel de cómplice del delincuente, porque de eso se trata, de actos delincuenciales, recurre a todo tipo de manipulación cuando alguien presenta una querella en contra de los vándalos que se dedican a semejante actividad.
El argumento de los fiscales siempre consiste en que son casos del derecho civil, no del penal, lo cual exonera al malhechor de los delitos o crimen cometidos.
Cuando la víctima insiste, entonces el Ministerio Público recurre a un recurso que le otorga tanto el Código Procesal Penal y la Ley Orgánica del Ministerio Público y es el envío a un archivo definitivo, pero en violación de la normativa procesal que está consignada en las mismas leyes.
Todo esto dice que el Ministerio Público no es más que un cómplice del delincuente que se dedica a los embargos ilegales.
Da pena y vergüenza ver como los fiscales protegen a esta gente, se convierten prácticamente en sus abogados defensores, lo hacen hasta con rabia cuando la víctima persiste en su denuncia.
Lo que ocurre con los embargos ilegales en el Distrito Judicial de Santiago, lo cual, sin dudas, se trata de un fenómeno nacional, es una verdadera vergüenza, porque el Ministerio Público parece haber sido entrenado para que no vea los ilícitos penales o sencillamente la actitud obedece a un nivel de ignorancia que asusta.
Este tema viene a colación como resultado de la aprobación por parte del Congreso Nacional de una nueva ley que cambia el procedimiento para el otorgamiento de la fuerza pública, ya que ahora el acreedor tendrá que solicitarla mediante instancia a la Presidencia de la Cámara Civil y Comercial de la jurisdicción de que se trate, pero además para la ejecución tendrá que hacerse acompañar del juez de paz del área donde esté ubicado el deudor.
Aunque la nueva ley no es la panacea al problema, pero por lo menos es un alivio que ayuda a la gente que puede ser víctima de los que están envueltos en esta industria de los embargos ilegales a través de una revisión minuciosa de la solicitud de la fuerza pública para la ejecución de los mismos por parte del juez presidente de la Cámara Civil y Comercial del distrito judicial de que se trate.
La existencia humana es transitoria. El poder termina, las riquezas cambian de manos y las generaciones se suceden. Sin embargo, nuestras acciones pueden dejar huellas que trascienden el tiempo.
En una sociedad donde frecuentemente se confunde el éxito con la acumulación de bienes y el reconocimiento público, resulta necesario reflexionar sobre el verdadero sentido de nuestra existencia.
El valor de una vida no debería medirse por lo que acumulamos, sino por el bien que hacemos, los valores que transmitimos y las oportunidades que creamos para los demás.
La República Dominicana necesita comprender que construir un legado también significa fortalecer la educación, defender la justicia, actuar con honestidad y asumir responsabilidades frente a las futuras generaciones.
Porque, cuando llegue el momento de partir, lo verdaderamente importante no será cuánto tuvimos, sino cuánto contribuimos a mejorar el mundo que dejamos.
La vida pasa, pero el bien que sembramos puede permanecer.
La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil constituye un acontecimiento de extraordinaria trascendencia política para América Latina, no solamente porque garantiza la continuidad de un gobierno progresista en la principal economía de la región, sino porque representa un significativo revés para el bolsonarismo y las aspiraciones de influencia regional del presidente estadounidense Donald Trump.
La derrota de Flávio Bolsonaro, heredero político del expresidente Jair Bolsonaro, estrechamente vinculado al mandatario norteamericano, demuestra que el respaldo de una potencia extranjera y las afinidades ideológicas no garantizan el triunfo electoral ni sustituyen la voluntad soberana de los pueblos.
Este resultado adquiere mayor relevancia en momentos en que varios gobiernos latinoamericanos cercanos a Washington enfrentan crecientes cuestionamientos ciudadanos. En Argentina, Javier Milei registra importantes niveles de rechazo, mientras que en Chile, José Antonio Kast, y en Ecuador, Daniel Noboa, afrontan dificultades para mantener la confianza de amplios sectores de sus respectivas poblaciones.
Aunque cada nación presenta circunstancias económicas, sociales y políticas particulares, existe una lección común: los ciudadanos no pueden alimentarse de discursos ideológicos ni resolver sus necesidades mediante alianzas internacionales que no se traducen en beneficios concretos.
La inflación, la inseguridad, el desempleo, la desigualdad y el deterioro de las condiciones de vida terminan imponiéndose sobre cualquier estrategia de propaganda o confrontación política.
Sin embargo, sería prematuro interpretar la victoria de Lula como el inicio inevitable de una derrota generalizada de la derecha latinoamericana. Tampoco significa que la izquierda tenga asegurado el respaldo popular. El propio resultado brasileño evidencia una sociedad profundamente dividida y un electorado que exige respuestas a sus problemas cotidianos.
Lo verdaderamente significativo es que Brasil ha reafirmado su capacidad para decidir su destino político, manteniendo un importante contrapeso frente a los intentos de ampliar la influencia ideológica de Washington en la región.
Donald Trump conserva un considerable poder internacional, pero su influencia tiene límites cuando se enfrenta a la voluntad democrática de sociedades que defienden sus propios intereses.
América Latina necesita gobiernos comprometidos con el desarrollo económico, la justicia social, la institucionalidad democrática y la independencia de sus decisiones. No requiere dirigentes cuya principal fortaleza política sea la cercanía con una potencia extranjera.
El triunfo de Lula deja una enseñanza que debería resonar en todo el continente: la soberanía no se negocia, la confianza ciudadana no se hereda y ningún liderazgo extranjero puede sustituir el derecho de los pueblos a decidir su propio futuro.
La verdadera legitimidad de un gobierno no depende de quién lo respalde desde el exterior, sino de su capacidad para responder a las necesidades y aspiraciones de la sociedad que lo eligió.
La tragedia de la discoteca Jet Set, que dejó 236 fallecidos y más de 180 heridos, debe convertirse en un punto de partida para revisar la seguridad de las edificaciones en República Dominicana. La protección de la vida humana no puede depender de la improvisación ni de que ocurra una desgracia para que las autoridades actúen.
La decisión judicial de modificar la calificación jurídica del caso hacia el homicidio voluntario sustentado en el dolo eventual abre un importante debate sobre la responsabilidad penal de quienes, conociendo riesgos estructurales graves, permiten que sus establecimientos continúen funcionando sin adoptar las medidas necesarias.
Aunque corresponde a los tribunales determinar la responsabilidad de los imputados, respetando la presunción de inocencia, el caso plantea una interrogante nacional: ¿cuántas edificaciones presentan deterioro, sobrecargas o modificaciones estructurales que podrían poner en peligro a sus ocupantes?
El Estado tiene la obligación de fortalecer la supervisión de los inmuebles, especialmente aquellos donde se concentran grandes cantidades de personas. Pero esta responsabilidad también corresponde a propietarios, administradores y comunidades de condominios, conforme a sus obligaciones legales.
No basta con aprobar planos y otorgar permisos de construcción. Se necesitan inspecciones periódicas basadas en criterios de riesgo, mantenimiento preventivo y medidas correctivas oportunas.
La seguridad estructural no debe considerarse un gasto opcional, sino una inversión indispensable para proteger vidas.
La República Dominicana no puede permitir que las advertencias técnicas sean ignoradas hasta que se produzca una tragedia. El caso Jet Set debe impulsar una verdadera cultura de prevención, fiscalización y cumplimiento de las normas.
Porque la responsabilidad de proteger vidas comienza mucho antes de que un edificio se desplome.