Latinoamericanas
Los empresarios mexicanos reclaman al Gobierno oxígeno para afrontar la crisis
Los expertos sugieren medidas fiscales innovadoras para capear una recesión provocada por la pandemia
México.– México se prepara para entrar nuevamente en un terreno de crisis. Hacienda reconoció el miércoles, por primera vez desde la emergencia generada por la epidemia, que el país puede sufrir una caída de hasta un 3.9% del PIB. El cálculo sigue siendo optimista comparado a las previsiones de bancos e instituciones. Sin embargo, ya existe un consenso claro: la economía se va a detener casi por completo. Está en manos del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador suavizar el duro golpe. Los empresarios han reclamado, hasta ahora sin éxito, medidas de apoyo fiscal. Por ello, el anuncio que el presidente hará el domingo, donde revelará las medidas de reactivación económica, ha despertado una gran expectación.
El desaire del presidente al empresariado llegó horas después de que la Administración les arrancara la promesa de no despedir empleados a lo largo del mes que dura la declaratoria de emergencia emitida el lunes. La noche de ese día, el canciller Marcelo Ebrard dijo que a nadie puede privarse de su salario hasta el 30 de abril. La promesa parece difícil de cumplir, sobre todo para un universo de casi cuatro millones de empresas pequeñas y medianas que concentran más del 70% del empleo. “A la mayoría les será muy difícil, si no imposible, sobrevivir a una condición de cero ingresos por ventas y a la vez sostener el 100% de sus plantillas laborales con el 100% del pago puntual de impuestos y contribuciones. Simplemente será imposible cumplir”, comenta Francisco Cervantes, el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).
Las pequeñas empresas ya sufren el desplome de ingresos y la escasa flexibilidad para reducir su plantilla laboral. Los empresarios subrayan la significancia de que el Gobierno haya declarado la “emergencia” sanitaria y no la “contingencia”. El segundo término, previsto en la Ley Federal del Trabajo, permite a los empresarios pagar a sus empleados el salario mínimo durante 30 días. Si la crisis se prolonga, pueden despedir al personal. “Se tienen todos los efectos de la contingencia, pero sin el nombre”, explica José Manuel López, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco). “Es deseable mantener la planta laboral, la pregunta es si lo deseable es posible”. La confederación estima en 243.500 millones de pesos, casi 10.000 millones de dólares, el impacto económico del 17 al 31 de marzo, justo antes de la declaración de la emergencia sanitaria.
Santiago Levy, investigador del Brookings Institution, considera que el principal objetivo del Gobierno debe ser ese: cero despidos y cero cierre de empresas. Procurar esto haría viable una recuperación económica para 2021, donde el país estaría de vuelta a un camino de crecimiento, mínimo pero crecimiento al fin. El experto alerta de que las particularidades de la crisis de la coronavirus obligan al Gobierno a evitar las socorridas medidas contracíclicas como son el aumento de la inversión pública o expandir los programas sociales. “Nada de eso ayuda a preservar empleos formales y que las empresas formales no quiebren en tres meses. Los programas sociales no son parte de la solución para esta crisis”, asegura.
Levy ha propuesto un agresivo plan de subsidios a las empresas. Este incluiría la suspensión durante meses de las aportaciones patronales a las cuentas de retiro y prestaciones de vivienda, lo que reduciría un 25% los costos. También propone una negociación de rebaja temporal de salarios para evitar despidos y que el Gobierno ofrezca pagar hasta un 10% de la nómina. Todo esto representaría una reducción en torno al 50% de los costos de las empresas en los duros meses por venir. “Mientras más cueste subsidiar a las empresas, mejor. Hay que innovar rápidamente y romper tabúes”, añade desde Washington.
Viridiana Ríos, analista y académica, propone combinar este tipo de ayudas con una futura reforma fiscal que aumente la presión impositiva sobre las grandes empresas y condonar impuestos hasta un nivel que permita el pago de las nóminas de los trabajadores. No obstante, como el resto de expertos consultados, cree que el Gobierno está obligado a adquirir deuda para evitar que la gigantesca fuerza laboral que vive en la informal se pauperice aún más. “No es suficiente el presupuesto de los programas prioritarios del Gobierno. Llegan a solo 20 millones de personas, en un país con 50 millones de pobres”, sostiene. La profesora asistente de Harvard ve con escepticismo el anuncio del domingo porque cree que le faltará fuerza ante las circunstancias. “En las previsiones de deuda para 2020, no hay adquisiciones importantes”, añade.
Proteger a los trabajadores formales
La crisis que viene subrayará la dualidad de la economía mexicana, donde la informalidad, un 56% del mercado laboral, convive con los trabajadores formales. “En esta crisis no se puede olvidar a ninguno de los dos sectores”, señala Roberto Vélez, director del Centro de Estudios Espinosa Yglesias. Este think tank se ha sumado a las propuestas recientes con un documento respaldado por expertos y economistas de todos los polos ideológicos que coinciden en la urgencia de preservar los empleos formales. “La manera de proteger a los informales debe ser evitar que los empleados formales se conviertan en informales o pobres”, añade. De lo contrario, la base de informales, que deben ser la prioridad para un Gobierno de izquierdas, corre el riesgo de que se incremente sin control con la fuerza de un hoyo negro.
El centro de estudios, especializado en movilidad social, asegura que México llega poco preparado para la contingencia. Sin embargo, tiene un espacio fiscal cercano al 2.2% del PIB para endeudarse. La deuda podría cubrir algunas de las medidas mencionadas, como son la cobertura de cuotas obrero patronales, el otorgamiento de créditos fiscales y otras herramientas para subsidiar a las compañías en apuros. “El Gobierno cuenta con esta capacidad. Esto no mata la economía, sino amortigua la caída”, añade Vélez.
El endeudamiento, sin embargo, es uno de los enemigos de la ortodoxa política económica de López Obrador, marcada por la austeridad. Para evitar que salten las alarmas, Santiago Levy propone que la deuda venga acompañada de señales a los mercados de que no se perderá el control de las finanzas públicas. “Puede ser mediante la emisión de bonos para la emergencia sanitaria y de una sobretasa transitoria a los impuestos que será cubierta en 2021”, explica.
Los empresarios han reclamado la falta de claridad de la declaratoria de emergencia, que supuestamente servirá de hoja de ruta durante la emergencia. Las patronales confesaron su confusión por la ambigüedad del mensaje gubernamental y las restricciones a las actividades no esenciales. Los industriales de Nuevo León, uno de los motores económicos del país, sugirieron a sus socios una negociación con empleados y sindicatos para modificar las condiciones laborales durante la contingencia. Otras cámaras aseguran estar negociando con el Gobierno la ampliación de la lista de actividades esenciales para permitirles seguir en marcha.
El empresariado espera iniciativas a la altura de las circunstancias y comparables a las emprendidas por otros países de la región. Chile, por ejemplo, ha destinado recursos que equivalen al 4.7% de su PIB para atender la emergencia. Los esfuerzos de Brasil y Perú rondan en torno al 2%.
El Gobierno mexicano se ha limitado, de momento, a ampliar un programa existente de microcréditos. El anuncio de créditos de 25.000 pesos, unos mil dólares al disparado tipo de cambio de hoy, para un millón de empresas se queda corto. “Les va a servir solo a los autoempleados. Se necesitan créditos de mayor cuantía”, señala José Manuel López, de Concanaco. La relación del empresariado con López Obrador para el resto del sexenio está por definirse. El domingo será clave para lo que ha sido una tirante asociación.
elpais.com
Latinoamericanas
Tercer día de huelga de hambre avanza en demanda de libertad para presos políticos en Venezuela
Caracas, Venezuela.-Con cansancio, angustia y enfado, mujeres familiares de presos políticos entraron el lunes en su tercer día de huelga de hambre en Caracas para presionar por más excarcelaciones, tras aplazarse la semana pasada por segunda vez la aprobación de una ley de amnistía.
«Ya el cuerpo comienza a resentirse, pues. (Siento) mucha debilidad, cansancio cuando me levanto. Y bueno, ya ni siquiera se puede descansar. Dormir bien, nada de eso», cuenta a la AFP Evelin Quiaro, de 46 años, con una botella con agua y electrolitos a su lado.
Una decena de mujeres comenzó la huelga al romper el alba el 14 de febrero en la entrada de los calabozos de la Policía Nacional conocidos como Zona 7 en Caracas, donde acampan familias desde hace semanas.
Dentro permanecen unos 60 detenidos políticos y, según sus allegados, también están en huelga de hambre desde el sábado.
Sus caras demacradas muestran una debilidad que se entremezcla con rabia, angustia y desesperación.
«¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nos van a tener en esto?», se queja Quiaro. «Ya tenemos mucho tiempo acá durmiendo en carpas, conviviendo acá de una manera inhumana. O sea, ya las condiciones están al límite y nosotros también estamos al límite», denuncia.
– «Peligroso» –
Durante la madrugada del 14 de febrero fueron excarcelados 17 presos políticos de esos calabozos donde está también detenido el hijo de Quiaro de 30 años desde noviembre de 2025, acusado de terrorismo, asociación para delinquir y financiamiento al terrorismo.
«Tenemos la convicción de que esto tiene que surtir efecto», confía Quiaro.
Una de las diez mujeres tuvo que abandonar el ayuno por problemas de tensión, señala Rafael Arreaza, un médico que las asiste.
Enroscándose en una cadena, Narwin Gil, cuyo cuñado está preso pero su hermana fue excarcelada, cierra el paso a un agente que llega con comida para los guardias del centro de detención.
«Si nuestros familiares no comen, ellos tampoco deben comer», le dice al policía, que da media vuelta.
«¡Basta, basta! Y necesito no que sean uno ni sean dos, son todos, todos, todos los que están en Venezuela» deben salir, pide Gil. «Nosotras ninguna queremos estar aquí. No queremos estar aquí».
– «Desgastadas» –
Las mujeres se quejan del aplazamiento -dos veces- de la aprobación de una ley de amnistía que en teoría abarca los 27 años de chavismo gobernante. Se espera que la norma se traduzca en la libertad de cientos de detenidos.
La próxima sesión legislativa está pautada para el 19 de febrero cuando se prevé la discusión final de la normativa para su aprobación.
Es «terrible, terrible porque nos cambió nuestra dinámica», lamenta María Escalona, de 41 años, cuyo esposo está detenido desde septiembre.
«Mis niños pequeños (8 y 9 años) sufren porque no están con su papá. Entonces es estresante, es preocupante. Estamos desgastadas ya con esta huelga de hambre».
Escalona espera que la ley sea examinada el jueves. Pero ya no quiere esperar. «Quiero que salgan ya. Tiene que ser antes del jueves».
El opositor Edmundo González Urrutia, que reivindica la victoria en las presidenciales de 2024, se quejó desde su exilio en Madrid. «Detrás de cada preso político hay una familia que resiste. ¡Familias en huelga de hambre! Lo hacen porque sienten que no les dejan otra opción. Lo hacen desde el dolor y la angustia», escribió en X.
Más de 600 presos políticos siguen tras las rejas y 444 han conseguido libertad condicional desde el 8 de enero, según la ONG Foro Penal.
Agencia EFE
Puerto Príncipe, Haití.-Al menos 299 personas fueron asesinadas en enero de 2026 en Haití, víctimas de bala o de enfrentamientos, según reveló este miércoles un informe de la ONG local Orden de Defensores de los Derechos Humanos (Ordedh), que denuncia una «explosión de secuestros» que desafía la autoridad del Estado.
El balance estadístico elaborado por esta ONG local pone de relieve la hegemonía de los grupos armados, en particular de la coalición Viv Ansanm, responsable de un 42.81 % de la mortalidad registrada, según el informe.
«Paralelamente a esta carnicería, la industria del secuestro está experimentando un auge que paraliza el espíritu mismo de la población. A pesar de los repetidos anuncios y los escasos esfuerzos de la Policía Nacional de Haití (PNH), el secuestro sigue siendo un reto insuperable para la institución», indica el informe.
Estos datos revelan una concentración de la violencia mortal en el departamento del Oeste -donde se ubica la capital, Puerto Príncipe-, que por sí solo registra un 85.28 % de las muertes a escala nacional.
La ONG recordó que 2026 comenzó «con una constatación absolutamente sombría», debido a que «la vida humana en Haití parece haber perdido su valor sagrado».
«Los ciudadanos, atrapados entre la impotencia de las autoridades y la agresividad de los grupos armados, viven en un estado de sitio permanente», señaló.
También, la organización humanitaria apuntó que los resultados operativos de la Policía Nacional de Haití (PNH) «siguen siendo vagos y muy insuficientes ante la magnitud del desastre».
«Esta incapacidad para frenar los secuestros crea una sensación de abandono total, en la que el Estado parece espectador del sufrimiento de sus propios ciudadanos, entregados a merced de depredadores sin escrúpulos», indicó.
Exige tomar medidas
De acuerdo con la ONG, la magnitud de estos hechos exige una «toma de conciencia inmediata e inequívoca» por parte de los actores nacionales e internacionales.
Según ella, la situación exige una solidaridad activa y una intervención diplomática que vaya «más allá de las simples promesas de apoyo».
También, «es imperativo» que los socios de Haití reconozcan la actual emergencia humanitaria y de seguridad «como una prioridad absoluta, ya que cada día de retraso en la asistencia técnica y estratégica se traduce en nuevas pérdidas de vidas humanas», afirmó la Ordedh.
«La supervivencia de la nación depende de la capacidad de los actores nacionales e internacionales para restablecer, con carácter urgente, la autoridad de la ley y el respeto por la vida» dijo la ONG.
Haití vive una crisis política y social severa, y según la oficina de las Naciones Unidas en el país casi 6,000 personas murieron y otras 2,708 resultaron heridas en Haití en 2025 a causa de la violencia de las bandas y las operaciones de las fuerzas de seguridad para combatirlas.
BRASILIA.- Al menos quince personas han muerto y varias más han resultado heridas después de que el autobús en el que viajaban volcara a su paso por la localidad de São José da Tapera, en el oeste del estado de Alagoas, en el este de Brasil.
Entre los fallecidos hay tres menores de edad. El autobús transportaba a un total de 60 personas, quienes regresaban de una celebración católica en la localidad de Juazeiro do Norte, en el estado vecino de Ceará, informa el portal G1.
El gobernador de Alagoas, Paulo Dantas, ha lamentado informado de lo ocurrido en redes sociales, desde donde ha expresado su solidaridad para con las víctimas. «Ante esta tragedia que entristece a todo nuestro estado, he decretado luto oficial de tres días», ha anunciado.
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