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Opinión

Los Estados y la información a la Corte Penal Internacional

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Por Rommel Santos Diaz

El Estatuto de Roma señala que los Estados cuentan  con un mes después de la recepción de la notificación  para informar a la Corte Penal Internacional  de que esta llevando a cabo una investigación respecto  al mismo caso, y para solicitar al Fiscal que renuncie a su competencia a favor del Estado. Este corto plazo asegura que la Corte no padezca de retrasos innecesarios  con el cumplimiento de sus funciones.

El Estatuto de Roma  prevé que el Estado podrá informar a la Corte Penal Internacional de sus propias investigaciones. Aunque los Estados no están obligados a informar a la Corte de sus propias investigaciones, sería aconsejable que un Estado  informará  a la Corte sobre sus propias investigaciones, para así evitar una duplicación innecesaria de esfuerzos y asegurar que la CPI se inhiba de su competencia a favor del Estado.

Una vez que el Estado solicite inhibición de competencia de la CPI de una investigación , el Fiscal esta obligado a suspender la investigación del caso..

Sin embargo, el Fiscal podrá solicitar a  estos  Estados que le informen periódicamente de la marcha de sus investigaciones y del juicio ulterior. Los Estados Partes deberán responder a esas peticiones sin dilaciones indebidas.

Aun si un Estado no solicita al Fiscal la inhibición de su competencia a favor del Estado, el Fiscal puede suspender la investigación de la Corte Penal Internacional.

Finalmente, El Fiscal podrá solicitar al Estado  que se trate que le comunique sobre las actuaciones y solicitar que dichas informaciones sean mantenidas  bajo confidencialidad.

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Opinión

Advertir a tiempo, responder con hechos

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Por Isaias Ramos

Una carta de un grupo de obispos católicos brasileños al Pueblo de Dios, fechada el 22 de octubre de 2026, nos devuelve una pregunta urgente: ¿cómo debe responder quien tiene autoridad cuando defender sus principios exige incomodar al poder?

Sus firmantes vincularon el discernimiento ciudadano con la democracia, los derechos laborales, los pobres y la Casa Común. Fue una intervención de esos obispos, no de todo el episcopado. Podemos discutir sus valoraciones políticas y reconocer el valor de asumir públicamente un deber mientras todavía existe oportunidad de prevenir.

Nuestra historia ofrece un antecedente. En enero de 1960, los obispos dominicanos reclamaron respeto a la dignidad humana ante la represión trujillista. Su carta pastoral provocó la hostilidad del régimen contra sus firmantes. Guardando las diferencias históricas, aquel episodio recuerda que la autoridad moral se prueba cuando defender principios tiene un costo.

La responsabilidad de advertir no termina donde comienza la afinidad política. Una institución debe aplicar a sus aliados el criterio que exige a sus adversarios. La confianza se debilita cuando una misma conducta recibe condena o indulgencia según quién la cometa.

Ese examen alcanza a nuestro país. ¿Qué han hecho las autoridades, las instituciones públicas y privadas, los medios, las empresas y las organizaciones sociales y religiosas para corregir las prácticas que deterioran nuestra convivencia? ¿Qué han premiado, tolerado o normalizado?

Cuando la cercanía al poder sustituye al mérito y los indicios de irregularidad se ignoran por conveniencia, enseñamos que cumplir las reglas importa menos que conocer a quien puede dispensarnos de ellas. El daño llega también a quien empieza a preguntarse si actuar honestamente todavía tiene sentido.

La madre que espera atención médica, el trabajador que cumple sus obligaciones y el joven que busca su primer empleo necesitan algo más que exhortaciones a sacrificarse. Necesitan atención sin contactos, oportunidades sin deber favores y reglas que no los dejen atrás por cumplirlas. La igualdad debe sentirse en el trato que reciben.

En esas experiencias reconocemos dimensiones de la crisis material, moral y espiritual que denunciamos. Debemos examinar las decisiones y omisiones de quienes han dirigido la nación durante las últimas décadas y los intereses que las han sostenido. Las responsabilidades deben establecerse con hechos, según la autoridad ejercida y la capacidad real de intervenir.

Una denuncia no equivale a una condena: corresponde a la instancia competente evaluarla conforme a la ley. Cuando se comprueba una irregularidad, debe explicarse qué cambiará, quién lo hará y en qué plazo. La información pública debe respetar las reservas legales y los derechos de las personas.

Ese compromiso alcanza a todos los sectores. Las empresas deben corregir incumplimientos; los medios, investigar sin favoritismos y rectificar de forma visible; las organizaciones religiosas y sociales, sostener sus criterios cuando aplicarlos incomoda a personas cercanas.

Como ciudadanos, podemos contrastar promesas con resultados y rechazar el privilegio que nos beneficia. No podemos exigir una fila justa mientras buscamos a alguien que nos permita saltarla. Nadie necesita esperar a ocupar un cargo para comenzar.

Ningún cargo, uniforme, investidura o influencia concede una dispensa moral. Desde nuestras convicciones cristianas, sostenemos que respondemos ante Dios por nuestros actos y omisiones. Ante la sociedad, corresponde rendir cuentas y asumir las consecuencias que establezca la ley. Quienes tienen mayor autoridad deben responder por ella, pero ningún ciudadano queda exento de cumplir sus deberes.

El bicentenario de nuestra independencia debe encontrarnos en una sociedad donde el orden proteja derechos, la justicia alcance a todos y las oportunidades no dependan del apellido, la fortuna o la cercanía al poder.

La nación que queremos legar a nuestros hijos comienza en el trato que recibe hoy quien carece de influencia. Se construye en cada decisión pública, en cada institución que conserva su independencia y en nuestra conducta cotidiana. Ahí deben reconocerse los valores que les pedimos defender.

El 2044 comienza hoy.

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Opinión

El periodismo, la IA y la ética (5 de 10)

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Por Oscar López Reyes

(Exposición ante el XXX Congreso Hispanoamericano de la Prensa)

SANTA CRUZ DE LA SIERRA, Bolivia.- El periodismo contemporáneo humano afronta un lance incisivo con el periodismo algorítmico, por la riña de este último con los códigos deontológicos de la profesión, que enrumba hacia una nueva etapa epistemológica y académica de las ciencias de la comunicación social.

El periodismo humano se esfuerza por la transparencia, la soberanía y el pensamiento crítico, buscando superar la mengua de credibilidad y confianza pública mediática, reducida por los desafueros amparados en la Inteligencia Artificial.

Aunque la IA aporta indiscutibles ventajas técnicas, como la automatización de transcripciones y el análisis de datos multitudinarios, la centralización de los modelos tecnológicos amenaza el pilar democrático de una prensa diversa y conectada con el realismo existencial.

La inteligencia artificial plantea una dualidad y un dilema ético. Concuerda que opere como un puntal técnico y deje el parámetro editorial definitivo y la sensibilidad en manos del periodista humano. Y cambia el periodismo de investigación cuando actúa como un eficaz apoyo funcional para avasallar en el trabajo de campo y el rigor crítico.

Ante el “tsunami” informativo (exceso de noticias rebosantes de ruidos y malicias), urge apelar a la curaduría periodística, separando el trigo de la paja y puntualizando en los ángulos solidarios y comunitarios, sin sesgos algorítmicos. En el arte, la literatura, el derecho y otras disciplinas la curaduría consiste en indagar, filtrar, jerarquizar y cuidar bienes para ser expuestos en público, y en la esfera digital implica testificar y contextualizar volúmenes de datos corpulentos con utilidad adicional y en la veta de la emocionalidad y autenticidades.

Voy a exponer y a clasificar en 7, que denominaré las 7D, los quebrantamientos legales y éticos, y sus formas de contrarrestarlos:

1.- Tergiversación y tejemaneje (deepfakes)

La manipulación y los sesgos informativos se atrincheran en una contienda ética primaria de la era digital, en la cual la IA generativa apalanca como un pedestal primordial, en vista de que está desprovista de entendimiento contextual o moral e inestabiliza el ejercicio periodístico. Textos, audios, videos o imágenes falaces hiperrealistas son diseñados para embaucar a la audiencia o cometer fraudes, como la suplantación de identidades, han interferido en el firmamento global –frecuentemente con eficacia – en decenas de certámenes electorales y suscitado miles de millones en pérdida financieras.

La tergiversación y el tejemaneje informativo por actores políticos o mercenarios digitales -rostros, voces o noticias inventadas- se asientan en tres cimientos: 1) la maquinación malévola de seres humanos, 2) el extractivismo de datos (recolección y monetización ilegal de compañías tecnológicas), y 3) desconfiguración propia de la tecnología.

¿Qué se hace para contenerlos?

Las regulaciones legislativas son la contención, como está siendo demostrado en distintas naciones. La Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, en vigencia desde el 1 de agosto de 2024, prohíbe la manipulación del comportamiento humano y castiga hasta con 35 millones de euros a las corporaciones que cometan infracciones graves. Y en Estados Unidos, la Ley Take It Down, válida desde el 19 de mayo de 2026, fija sanciones de 53 mil dólares, así como medidas cautelares y compensación al consumidor.

2.- Encubrimiento y exclusión (algoritmo)

Con la meta de jerarquizar en secreto estrategias comerciales o gubernamentales, ciertas plataformas encubren y excluyen o invisibilizan noticias, entidades y personas, a sabiendas de que sus algoritmos destilan maquiavelismos técnicos engorrosos, que fecundan adicciones y dañan la salud mental infantil.

Sin cumplir con el “derecho a la explicación” ni aclaratorias para los receptores, los algoritmos entrenados en el modelo de lenguaje perpetúan y repiten referencias históricas, prejuicios relativos a orígenes de personas, género, edad, raza, estatus socioeconómico y discapacidades que avalan para rechazar contrataciones de servicios o el otorgamiento de créditos, que denota la conculcación de derechos y oportunidades.

Para identificar, bloquear o disminuir mensajes mendaces se acude al “ojo crítico”, poniendo en tela de juicio y evaluando para la detección visual y auditiva, y a las plataformas emergentes, como Fac-Checking, la fuente, el perfil y el contexto.

¿Cómo podar los perjuicios de las corporaciones?

Las recientes leyes aprobadas aseguran su invencibilidad. Fiscales, gobiernos locales y ciudadanos de Estados Unidos están ganando demandas judiciales a las gigantes Meta (Facebook, Instagram), TikTok, YouTube y Snapchat. Un tribunal de México multó a Meta (a pagar 375 millones de dólares por violar la Ley de Prácticas Comerciales Desleales y ocultar información sobre las deficiencias y peligros de sus plataformas, las cuales facilitaban activamente la explotación sexual infantil.

3.- Infracción a privacidad y espionaje

Los códigos de ética periodística estipulan el respeto a la privacidad, como un derecho humano esencial pero, a contrapelo, la comunicación digital y su faceta avanzada, la inteligencia artificial, propagan a los cuatro vientos, sin filtro, informaciones privadas de ciudadanos de todas las estirpes. La intromisión en asuntos particulares se acoge, salvo que sean de interés colectivo, como denuncias sobre corrupción, calamidades, delitos contra la sociedad o actos de merecida exaltación.

Diariamente, medios digitales postean cuestiones personales alimentadas por la IA sin tomar en cuenta pilares éticos insustituibles, como proteger el anonimato, guardar el secreto profesional, preservar el derecho a la libre expresión, la dignidad y el dolor ajeno para lucrarse.

En contraste, menoscaban la credibilidad mediática y la confianza social, petardos como el morbo, los rumores, la obtención de informaciones mediante hackeos o filtraciones, el espionaje informático y grabaciones ocultas y telefónicas, como el software Pegasus.

¿Cómo afrontar la desprotección?

Las instancias judiciales han de seguir sentando precedentes contra las compañías que implementan algoritmos que lesionan y estropean a los usuarios, y que están conminando a las corporaciones electrónicas y computacionales a establecer controles de edad estrictos y sistemas avanzados de supervisión constantes que provocan ansiedad, depresión, autolesiones y suicidios.

En agosto de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos impuso una multa y acuerdo de 400 millones de dólares a Tik Tok, por quebrantar la Ley de Protección de la Privacidad del Menor en Internet, lo que permitió que menores de 13 años crearan cuentas sin el consentimiento de sus padres. Y, cientos de familias y distritos escolares de Estados Unidos imputaron en los tribunales a Meta, TikTok, YouTube y Snapchat por emplear artefacto como el scroll infinito y las notificaciones constantes que provocan ansiedad, depresión, autolesiones y suicidios.

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Referencias bibliográficas:

1.- Algoritmos para la vida cotidiana: La ciencia de la informática aplicada a las decisiones humanas, Brian Christian y Tom Griffiths, Teell Editorial, Madrid,

España, España, 2017.

2.- Inteligencia artificial generativa con modelos de ChatGPT y OpenAI, Valent0ina Alto, Editora Anaya Multimedia, Madrid, España, 2023.

3.- Domina la inteligencia artificial antes de que ella te domine a ti: IA101 estrategias para impulsar tu carrera y mejorar tu vida, Lasse Rouhiainen, Alienta Editorial. Ciudad, Barcelona, España, 2026.

4.- Generación IA: guía para un uso responsable, creativo y seguro de la inteligencia artificial, María Lázaro Ávila, Ediciones Anaya Multimedia, Madrid, España, 2026.

5.- Inteligencia Artificial. Guía definitiva desde los orígenes a la IA generativa, Adrián González Sánchez y Laura Sánchez Fernández, Ediciones Anaya Multimedia, Madrid, España, 2025.

6.- Liderando la era de la IA generativa: Playbook ejecutivo para convertirse en el líder que impulsa la transformación de su empresa, Adrián González Sánchez, Marcombo, Alpha Editorial, Barcelona, España, 2026.

7. Artículo académico (PMC / Frontiers in Artificial Intelligence). Romanishyn, A., Malytska, O., y Goncharuk, V. (2025, 31 de julio). AI-driven disinformation: policy recommendations for democratic resilience. Frontiers in Artificial Intelligence, 8, 1569115.,. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12351547/.

8. Noticia de Agencia (Agência Brasil). Agência Brasil. (2026, 6 de febrero). Contenidos falsos creados con IA se triplican entre 2024 y 2025.,.

9. Reportaje periodístico (El Nacional / BBC). Titheradge, N., y Malchevska, O. (2026, 22 de marzo). ¿Por qué ChatGPT aconsejó a una joven rusa suicidarse? El Nacional, p. 7.

10. Artículo de opinión/tecnología (Vía Tecnológica). Díaz, R. (s.f.). La IA no es confiable, y esta es la razón. Vía Tecnológica.

11. Artículo sobre salud (The New York Times / Estudio). Rosenbluth, T. (2025, 29 de octubre). Los consejos de salud de los chatbots de IA suelen ser erróneos, según un estudio.

12. Breve de prensa (Fraude con IA). Agencias. (s.f.). Gana millones por fraude con IA.

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El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático y escritor.

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Opinión

La corporación mercenaria “Vetus Global” de Erik Prince es la plataforma de la invasión de Bukele en Haití

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Por Narciso Isa Conde

La intervención en Haití liderada por Erik Prince y Vetus Global, con apoyo de Bukele, refleja una estrategia mercenaria para controlar el país.

Haití tiene mucho de África en el Caribe y la crueldad del coloniaje y de la neo-colonialidad impuesta con saña, tiene motivos imperialistas por el ejemplo histórico que encarnó y las recientes rebeldías escenificadas por su pueblo:

-Por la osadía de ser el primer país en independizarse y el primer pueblo en autodeterminarse en nuestra América y protagonizar la primera revolución social antiesclavista de la negritud oprimida.

-Por haber derrotado al ejército invasor de Napoleón del imperio francés

-Por las periódicas rebeldías contra el despotismo, el empobrecimiento persistente y las agresiones imperialistas.

La invasión más reciente, con participación de unidades del ejército salvadoreño, es fundamentalmente mercenaria y está a cargo de ERIK PRINCE y su Corporación mercenaria BLACKWAYER (ahora VETUS GLOBAL).

· EL PROCESO HACIA “VETUS GLOBAL” Y ERIK PRINCE EN HAITÍ.

Miren ustedes en que consiste esa modalidad de invasión militar y el proceso que condujo a ella:

· EEUU formó y armó las bandas terroristas haitianas con participación de la CÍA, MOSSAD israelí, ejército colombiano y paramilitarismo colombiano; aunque no necesariamente todas ellas están bajo su férreo control

· Ese proceso contó con el apoyo de Álvaro Uribe, de los presidentes haitianos Martelly y Moises, sectores de la PN de Haití y de la inteligencia dominicana; incluyó financiamientos de oligarcas haitianos de la calaña de Gilbert Bigio (ya fallecido), asociado a los Vicini y a González Bunster en negocios dominico-haitianos.

· Las bandas haitianas jugaron un papel clave en la desmovilización del pueblo haitiano; y como les decía, sirvieron de pretexto para imponer la fracasada presencia de la criminal Policía Keniana, recurso que poco después se agotó.

· Entonces, en Haití se ha pasado de la INVASIÓN de KENYA, -patrocinada por EEUU y respaldada como condición de existencia por el gobierno haitiano y por el gobierno de Abinader- a la intervención militar de la corporación privada de mercenarios inicialmente denominada BLACKWAYER, propiedad de ERIK PRINCE.

· La permanencia y expansión de las bandas terroristas haitianas, empleadas como pretexto para las invasiones fracasadas, siguieron siendo usadas para justificar la invasión de esa corporación que ahora responde a la firma privada VETUS GLOBAL. Simplemente cambió de nombre, no de dueño ni de fines.

· A esa corporación mercenaria han sido incorporadas unidades militares de ejércitos regulares de otros países invasores.

Ese es el caso del ejército de El Salvador, con unidades militares enviadas por Bukele para integrar la llamada FUERZA DE SUPRESIÓN DE PANDILLAS bajo esa fórmula contractual, descargando el presupuesto salvadoreño del costoso financiamiento de sus estadías en Haití.

Esta es una fórmula válida para otros casos similares, en la que el Estado agresor hace caso omiso a todo formalismo bilateral o de la propia ONU para invadir y para volver a pisotear la soberanía aplastada.

· Como precisamos más arriba, esa gran empresa militar privada, es propiedad del veterano de guerra ERIK PRINCE, un hombre muy vinculado a Donald Trump y al neofascismo estadounidense.

· Sus contratos «empresariales» se inscriben dentro del perverso proceso global emprendido por EEUU, la OTAN y potencias imperialistas europeas, para la privatización y mercantilización de no pocas operaciones de guerra; esto es, para la conversión de las operaciones militares en negocios privados altamente lucrativos y de corte genocida. Ya se ha denunciado incluso que la invasión salvadoreña-bukelista incluye bombardeos de las barriadas con no pocas muertes de civiles inocentes.

· En el caso de Haití, Erik Prince firmó un acuerdo de 10 años con el gobierno títere de ese país, para disque combatir las bandas de delincuentes que el propio régimen estadounidense organizó.

· Trump, que opera el Estado imperialista estadounidense como un sistema de empresas privadas, escogió a ese contratista privado para estructurar su intervención militar en Haití.

· El contrato incluye la asunción de funciones recaudadoras por la empresa propiedad de Prince y entre las áreas reservadas para sus negocios está el régimen de impuestos y los negocios relacionados con el voluminoso comercio de la República Dominicana con Haití, a través de la frontera. ¡La intervención de las aduanas haitianas como fuente lucrativa privada de una empresa mercenaria!

· Según la agencia Reuters: «Una fuente con conocimiento de la operación indicó que, una vez estabilizada la seguridad, la empresa diseñaría e implementaría un sistema para gravar las mercancías que ingresan desde la República Dominicana.», valoradas en cerca de mil millones de dólares anuales.

· Erik Dean Prince, de 56 años de edad, ex oficial de los Navy SEALs y dueño de la referida empresa privada para librar guerras lucrativas, es –repito- muy conocido por fundar la compañía militar privada Blackwater USA en 1997, empresa que desempeñó un papel destacado en los conflictos de Irak y Afganistán.

· Actualmente esa empresa mercenaria responde al nombre de ACADEMI y pertenece al consorcio VETUS GLOBAL; la cual cuenta con apoyo de Trump y está asociada a Saint Cyr, con aduanas haitianas incluidas.

· Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, Prince ha intervenido en el Ecuador, contratado por el neofascista Noboa y pactado con la República Democrática del Congo labores de seguridad y control de recursos minerales.

· De acuerdo a la agencia Reuter, Vectus Global inició operaciones en Haití en marzo del 2025, «desplegando principalmente drones en coordinación con una fuerza de tarea liderada por el primer ministro».

· Según Reuter a partir de ese momento, la corporación mercenaria incrementó en Haití “su presencia con cientos de combatientes procedentes de Estados Unidos, Europa y El Salvador, entrenados como francotiradores y especialistas en inteligencia y comunicaciones”.

· También, según Reuter, “se han utilizado helicópteros y embarcaciones, y parte del equipo cuenta con hablantes de francés y criollo haitiano”; agencia que entonces coló la información de que una vez estabilizada su presencia en Haití, la empresa mercenaria procedería a implementar, con apoyo del Estado lacayo, el referido sistema impositivo aduanal para gravar las mercancías que ingresan desde la República Dominicana. ¡Toda una mina de oro en papeletas verdes!

· SILENCIOS Y COMPLICIDADES: ALLÁ Y AQUÍ.

A pesar de que la empresa mercenaria de Eric Price ha operado en Haití desde el despacho presidencial, con el cordón umbilical en la Casa Blanca, ni Prince, ni las autoridades consultadas respondieron a solicitudes de comentarios hechos por medios de prensa. ¡Se saben culpables de un servilismo mercantil facineroso!

Laurent Saint-Cyr, mientras fue la principal figura del disuelto Consejo de Gobierno, y el actual mandatario Alix Didier Fils-Aimé, son dos empresarios haitianos que responden bien al trumpismo neofascista y al militarismo mercenario y criminal.

Aquí, en dominicana, prima todavía el silencio oficial y la aparente indiferencia de los medios y sectores dominantes, lo cual tiene mucho de complicidad.

Hay casos, como el de Diario Libre, propiedad del poderoso Grupo Rainieri-Punta Cana, que si le presta mucha atención a la situación de Haití invadido bajo el manto de la ONU.

Pero lo hace de manera muy complaciente con los agresores, evade la necesaria condena al ominoso contrato con esa corporación mercenaria y obvia las complicidades dominicanas.

Luis Abinader y sus dos cancilleres, Roberto Álvarez e Ito Bisonó, son grandes cómplices de esas barbaridades; junto a las dos oligarquías de la isla beneficiarias del caos manipulado y a altos funcionarios de la ONU, organismo que le sirve de paragua encubridor.

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