Editorial
Los Feminicidios: Una Herida Lacerante en el Alma Nacional
Los feminicidios son una expresión de una serie de factores que tipifican a la sociedad dominicana como una de las peores en lo que tiene que ver con crímenes en contra de la mujer.
Sin embargo, este flagelo no se puede analizar si no es desde una perspectiva integral de las fallas y los déficits que afectan al Estado dominicano, donde a pesar de una serie de esfuerzos para combatir lo que muy bien podría calificarse como una herida que no deja de sangrar, lacerante en el alma nacional.
Hay muchos analistas que entienden que la aprobación y posterior aplicación de la Ley 24-97 establecía controles al fenómeno de los feminicidios, lo cual constituye una visión equivocada para enfrentar esta conducta violenta de muchos hombres en contra de sus parejas.
Si bien la ley y la persecución de este tipo de crimen es un componente importante, lo cierto es que los correctivos deben ir acompañados de otros de índoles culturales y socioeconómicos, así como educativos.
Porque es importante que se entienda que los feminicidios comienzan con una herencia histórico-cultural que se fundamenta en el machismo, el jefismo, el patriarcado y el caudillismo, éste último responsable de la generación de los mencionados más arriba.
En segundo lugar el hecho de que la mujer dominicana depende en un nivel muy alto en el aspecto económico del hombre, ya sea porque se mantiene en el hogar en la atención de los hijos o sencillamente porque no tiene una profesión o habilidad para insertarse en el mercado laboral.
En tercer lugar la existencia de una condición psico-social que lleva a la mujer a resignarse e incluso a ver la violencia y el machismo como algo normal y propio de la sociedad dominicana, lo cual la lleva a aguantar hasta que llega la desgracia.
Todos esos factores, entre otros, nos dicen que el problema debe contar con políticas públicas para combatir los feminicidios, ya que debe dársele mayor importancia a incorporar un plan al sistema educativo nacional para formar hombres nuevos, que debe comenzar por los pequeñitos que apenas dan su primer paso en su formación académica y cultural.
Ese plan a través del sistema educativo debe ir acompañado de una campaña ininterrumpida por los medios de comunicación para cambiar el comportamiento en lo que se refiere a la relación de parejas y así probablemente podría cambiar la realidad nacional en el tema de los feminicidios.
Son impresionantes los resultados y las heridas incurables que deja este flagelo en la sociedad dominicana, donde muchos de los que asesinan sus parejas se suicidan y condenan a los hijos a una vida desgraciada y llena de traumas.
Pero como hemos dicho en otros artículos, el problema de los feminicidios es una plaga que es el resultado, si lo analizamos desde una perspectiva más integral, que su principal responsable es el Estado, porque carece de la visión y la institucionalidad para enfrentar idóneamente lo que muy bien podría llamarse una gran tragedia nacional.
Si la sociedad no se planifica y elabora un plan de desarrollo nacional para combatir los feminicidios y otros fenómenos fruto de una serie de factores, se nos irá la vida con el sueño de cambiar una realidad cuyas causas no deben buscarse en la sabana, sino en el enfermo.
La existencia humana es transitoria. El poder termina, las riquezas cambian de manos y las generaciones se suceden. Sin embargo, nuestras acciones pueden dejar huellas que trascienden el tiempo.
En una sociedad donde frecuentemente se confunde el éxito con la acumulación de bienes y el reconocimiento público, resulta necesario reflexionar sobre el verdadero sentido de nuestra existencia.
El valor de una vida no debería medirse por lo que acumulamos, sino por el bien que hacemos, los valores que transmitimos y las oportunidades que creamos para los demás.
La República Dominicana necesita comprender que construir un legado también significa fortalecer la educación, defender la justicia, actuar con honestidad y asumir responsabilidades frente a las futuras generaciones.
Porque, cuando llegue el momento de partir, lo verdaderamente importante no será cuánto tuvimos, sino cuánto contribuimos a mejorar el mundo que dejamos.
La vida pasa, pero el bien que sembramos puede permanecer.
La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil constituye un acontecimiento de extraordinaria trascendencia política para América Latina, no solamente porque garantiza la continuidad de un gobierno progresista en la principal economía de la región, sino porque representa un significativo revés para el bolsonarismo y las aspiraciones de influencia regional del presidente estadounidense Donald Trump.
La derrota de Flávio Bolsonaro, heredero político del expresidente Jair Bolsonaro, estrechamente vinculado al mandatario norteamericano, demuestra que el respaldo de una potencia extranjera y las afinidades ideológicas no garantizan el triunfo electoral ni sustituyen la voluntad soberana de los pueblos.
Este resultado adquiere mayor relevancia en momentos en que varios gobiernos latinoamericanos cercanos a Washington enfrentan crecientes cuestionamientos ciudadanos. En Argentina, Javier Milei registra importantes niveles de rechazo, mientras que en Chile, José Antonio Kast, y en Ecuador, Daniel Noboa, afrontan dificultades para mantener la confianza de amplios sectores de sus respectivas poblaciones.
Aunque cada nación presenta circunstancias económicas, sociales y políticas particulares, existe una lección común: los ciudadanos no pueden alimentarse de discursos ideológicos ni resolver sus necesidades mediante alianzas internacionales que no se traducen en beneficios concretos.
La inflación, la inseguridad, el desempleo, la desigualdad y el deterioro de las condiciones de vida terminan imponiéndose sobre cualquier estrategia de propaganda o confrontación política.
Sin embargo, sería prematuro interpretar la victoria de Lula como el inicio inevitable de una derrota generalizada de la derecha latinoamericana. Tampoco significa que la izquierda tenga asegurado el respaldo popular. El propio resultado brasileño evidencia una sociedad profundamente dividida y un electorado que exige respuestas a sus problemas cotidianos.
Lo verdaderamente significativo es que Brasil ha reafirmado su capacidad para decidir su destino político, manteniendo un importante contrapeso frente a los intentos de ampliar la influencia ideológica de Washington en la región.
Donald Trump conserva un considerable poder internacional, pero su influencia tiene límites cuando se enfrenta a la voluntad democrática de sociedades que defienden sus propios intereses.
América Latina necesita gobiernos comprometidos con el desarrollo económico, la justicia social, la institucionalidad democrática y la independencia de sus decisiones. No requiere dirigentes cuya principal fortaleza política sea la cercanía con una potencia extranjera.
El triunfo de Lula deja una enseñanza que debería resonar en todo el continente: la soberanía no se negocia, la confianza ciudadana no se hereda y ningún liderazgo extranjero puede sustituir el derecho de los pueblos a decidir su propio futuro.
La verdadera legitimidad de un gobierno no depende de quién lo respalde desde el exterior, sino de su capacidad para responder a las necesidades y aspiraciones de la sociedad que lo eligió.
La tragedia de la discoteca Jet Set, que dejó 236 fallecidos y más de 180 heridos, debe convertirse en un punto de partida para revisar la seguridad de las edificaciones en República Dominicana. La protección de la vida humana no puede depender de la improvisación ni de que ocurra una desgracia para que las autoridades actúen.
La decisión judicial de modificar la calificación jurídica del caso hacia el homicidio voluntario sustentado en el dolo eventual abre un importante debate sobre la responsabilidad penal de quienes, conociendo riesgos estructurales graves, permiten que sus establecimientos continúen funcionando sin adoptar las medidas necesarias.
Aunque corresponde a los tribunales determinar la responsabilidad de los imputados, respetando la presunción de inocencia, el caso plantea una interrogante nacional: ¿cuántas edificaciones presentan deterioro, sobrecargas o modificaciones estructurales que podrían poner en peligro a sus ocupantes?
El Estado tiene la obligación de fortalecer la supervisión de los inmuebles, especialmente aquellos donde se concentran grandes cantidades de personas. Pero esta responsabilidad también corresponde a propietarios, administradores y comunidades de condominios, conforme a sus obligaciones legales.
No basta con aprobar planos y otorgar permisos de construcción. Se necesitan inspecciones periódicas basadas en criterios de riesgo, mantenimiento preventivo y medidas correctivas oportunas.
La seguridad estructural no debe considerarse un gasto opcional, sino una inversión indispensable para proteger vidas.
La República Dominicana no puede permitir que las advertencias técnicas sean ignoradas hasta que se produzca una tragedia. El caso Jet Set debe impulsar una verdadera cultura de prevención, fiscalización y cumplimiento de las normas.
Porque la responsabilidad de proteger vidas comienza mucho antes de que un edificio se desplome.