Análisis Noticiosos
Los gobiernos del dolor
Por Marcos Roitman Rosenmann
La capacidad para adjetivar las políticas de recortes antisociales y antidemocráticos no tiene límite. Tampoco el cinismo y la hipocresía con que actúa la clase política gobernante. Mariano Rajoy, presidente del gobierno; María Cospedal, pluriempleada, secretaria general del Partido Popular y presidenta de la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha, y Alberto Ruiz Gallardón, ministro de Justicia, se emplean a fondo. Hablan de dolor a la hora de aplicar las políticas de ajuste presupuestario. Para ejemplarizar cuál es su estado de ánimo, Gallardón ha puesto de moda una frase que está en boca de muchos ministros y de Rajoy: «Gobernar consiste en repartir dolor». Pero en la repartición hay quienes lo infringen y administran y otros que lo reciben y padecen. En esta crisis las decisiones no afectan por igual a unos y otros. Torturador y torturado no son lo mismo. Pensar en el sufrimiento y el dolor ajeno para quienes se benefician del mismo no deja de ser un comportamiento rayano en la enfermedad patológica. Ellos sienten el dolor ajeno, aunque no hacen nada para remediarlo. Gracias a sus lumbreras, la vida cotidiana en España se llena de dolor. Veamos.
Los bancos de alimentos se han convertido en alternativa para miles de familias en paro. Sin ingresos estables ni prestaciones sociales, ni tarjeta sanitaria, con hijos en edad escolar, sin becas ni ayudas, acuden a ellos para recibir una cuota de alimentos para sobrevivir. Pasta, leche, huevos, azúcar, arroz, galletas y alguno que otro enlatado. También se aprovisionan de artículos de limpieza y aseo personal. No pierden la dignidad y salen adelante. Asimismo, las campañas navideñas de organizaciones no gubernamentales (ONG), caracterizadas por ubicar sus objetivos solidarios en África, Asia o América Latina, hoy demandan alimentos para bancos y comedores sociales en España. Sus peticiones dejan al descubierto la desarticulación del estado de bienestar. La brecha entre ricos y pobres se profundiza. España se torna dual. Las diferencias sociales se hacen visibles. Imágenes de la posguerra civil, en los años 40, con cartillas de racionamiento, hambre y pobreza vuelven a estar presentes. Se trata de gente pidiendo en las calles, semáforos, el Metro, durmiendo entre cartones, yendo de casa en casa solicitando algún producto para alimentar a la familia o trabajo. Ya no son vagabundos o marginales. Son trabajadores desahuciados, despedidos de su trabajos que viven en coches con su prole y no reciben prestaciones. Vuelve la España dual, excluyente, caciquil y oligárquica.
La ilusión de una sociedad moderna se difumina. La Constitución es papel mojado. Ni social ni democrática ni de derecho. Las pensiones se congelan, la educación se torna confesional. Se impone la asignatura de religión católica en los colegios públicos. La vivienda es un lujo al alcance de pocos. Pero los bancos mantienen cerradas más de medio millón de viviendas. La justicia sigue el mismo camino, los ciudadanos, por recurrir sentencias o acudir a los tribunales, deberán pagar elevadas tasas. Se elimina el concepto de justicia redistributiva y garantista. Sólo tendrán justicia quienes tengan dinero. El turno de oficio se restringe. La sanidad se entrega a empresas cuyo fin consiste en obtener ganancias. Ninguno de los beneficiarios de las privatizaciones de hospitales y centros de salud pertenecen a la esfera sanitaria. Son empresas afincadas en la construcción, coresponsables de la burbuja inmobiliaria. Ahora, en medio de la crisis, trasladan su codicia a la sanidad. La salud, si se privatiza, se convierte en un buen negocio para especuladores sin escrúpulos. Los beneficiaros son conocidos. Dragados y Contratas, Sacyr, Acciona, Hispania o FCC. Pertenecen a bancos como BBVA, BSCH y similares. Así administran dolor.
Mientras se pone a la venta el sistema sanitario, la justicia, la educación, las compañías aéreas, las universidades, los aeropuertos e infraestructuras, algo inédito comienza a extenderse por Europa. Familias noruegas, danesas y suecas inician un plan de «apadrinar» familias españolas en situación de exclusión. Son decenas los beneficiarios. Les pagan el alquiler de la vivienda y les mandan dinero para hacer frente a la educación de sus hijos.
En otras esferas el problema es similar. Los fondos para investigar se han reducido 75 por ciento, con el consiguiente cierre de laboratorios y líneas de investigación. Trabajos pioneros sobre sida, cáncer, genoma humano, etcétera, se tiran a la basura. Se disuelven equipos interdisciplinarios y los profesionales desilusionados, con sueldos de miseria, abandonan por impotencia. En los años 80 muchos de ellos, con carreras prometedoras en el extranjero, regresaron bajo el compromiso de obtener contratos y una inversión amplia en I+D. Se sienten engañados. La fuga de cerebros se generaliza en todas las disciplinas. Física, química, ingeniería, medicina, ciencias ambientales, nuevas tecnologías, etcétera. Muchos de ellos hacen maletas. La juventud, sin futuro, busca fuera una opción de vida digna. No importa en qué ni cómo. Pero la ministra de Trabajo lo interpreta como resultado «del espíritu de aventura y afán de conocimiento de una juventud llena de vida».
Los trabajadores han sido las víctimas propicias de esta política de repartir dolor. Los empresarios acumulan, reciben beneficios, se dan la gran vida, pero exigen austeridad y moderación salarial. El despido libre se generaliza. La reforma laboral, desde su aplicación, ha visto aumentar las cifras de paro en más de medio millón de personas. Suma y sigue. La criminalización de las protestas da un salto cualitativo. La policía tiene orden de tomar datos a manifestantes y pasarlos al Ministerio de Interior. De manera aleatoria se pide la documentación y en una o dos semanas reciben una multa de entre 300 y 500 euros por disturbios o resistencia a la autoridad.
La avalancha de estudiantes, maestros, médicos, enfermeras, jueces, fiscales, abogados, pensionistas, minusválidos, jornaleros, obreros, funcionarios, bomberos, asociaciones de vecinos, amas de casa, consumidores y parados crece y se extiende. Políticos mediocres, agazapados en un discurso ramplón, recurren al argumento de la fuerza. Reprimen. La policía, local o nacional, toma las calles de ciudades y pueblos. Intimidan, increpan, disparan balines de goma, bombas de humo y a los detenidos los maltratan y torturan. Los grupos especiales antidisturbios no llevan identificación a la vista, aspecto obligatorio. El gobierno los protege, archiva las causas en caso de acusaciones o los indulta directamente si son condenados por la justicia. Esa es la forma de «administrar dolor». En otras palabras: el que parte y reparte se lleva la mejor parte. Unos nacen para mandar y otros para obedecer. El señor sea con nosotros. Amén.
Por José Cabral
Un total de 450 jueces y juezas de los 737 que hay en todo el país, así como sus 6,516 empleados fijos del Poder Judicial han paralizado sus laborares en demanda de aumento e indexación salarial, contratación de más personal en los tribunales y por mejores condiciones de trabajo.
Estos reclamos no pueden ser soslayados porque el sistema está lleno de deficiencias y debilidades de las que no se puede excluir a nadie, ya que todo obedece a las grandes distorsiones que sufre el Estado.
Entiendo que es un grave problema de institucionalidad, lo cual afecta a todos los actores del sistema, desde los jueces, fiscales y personal administrativo.
Tengo este criterio porque nadie puede discutir que las distorsiones que caracterizan al Estado no sólo se pueden ver en el sistema de justicia, sino también en el Poder Legislativo y el Ejecutivo.
Entonces, en el marco de estas debilidades y deficiencias que ponen en tela de juicio la democracia, se encuentran los bajos salarios de los jueces y todo el personal de la judicatura nacional.
Esta realidad lleva a todo el que tiene dos dedos de frente a entender que las demandas de los jueces y juezas son justas desde cualquier perspectiva que se vea y a cuyo problema debe buscársele una salida saludable, sin soslayar los demás asuntos que impactan negativamente al sistema de justicia.
El Consejo del Poder Judicial no sólo debe procurar darle salida a esa deficiencia y a sus problemas financieros, sino que al propio tiempo debe crear los mecanismos necesarios para que los tribunales del país tengan otro desempeño.
De manera, que la solución debe ser integral, no sólo a nivel de los salarios y las mejores condiciones laborales de los jueces, ya que las deficiencias tienen implicaciones que también tienen que ver con la arbitrariedad con que se manejan los casos en los tribunales, lo que muchas veces implican la violación de los derechos de los que buscan hacer justicia sobre la base de los derechos fundamentales.
Es decir, que, si bien los bajos salarios de los jueces es un problema grave en el marco del Estado dominicano, también debe decirse que hay otros de igual o peor magnitud que no tienen la mejor de las salidas.
Lo que pretendo establecer es que el problema no sólo tiene que ver con los salarios, el cúmulo de trabajo y el poco personal, sino también del manejo jurídico de los casos, porque es bueno que se entienda que muchos jueces y juezas violan hasta el derecho de recurrir de muchos justiciables y naturalmente los que incurren en esas inconductas no es que deben tener un mal salario, sino que deben ser expulsados del sistema de justicia para bien de la sociedad y la democracia.
Es oportuna la ocasión para que los que dirigen el Estado dominicano no sólo se aboquen a mejorar los salarios y las condiciones de trabajo de los jueces y juezas, lo cual me parece de justicia, sino también a fiscalizar mejor su desempeño porque hay que buscar la forma de mejorar el sistema justicia para bien de todas y cada de las personas, porque no hay derechos sin deberes.
Por José Cabral
Este miércoles participé de una conciliación en la fiscalía del juzgado de paz de Santiago sobre una pensión alimenticia y el magistrado que condujo la misma expresó tantos contrasentidos jurídicos que cualquiera siente vergüenza ajena.
Entre los disparates jurídicos de este fiscalizador está que antes de que se iniciara la vista de conciliación, que se hizo a solicitud de un padre que propone el pago de un monto especifico y concreto de pensión alimenticia, el funcionario incitó a la madre citada a que presentada una denuncia en contra de éste en violación de los procedimientos establecidos al respecto.
Pero peor fue todo lo que dijo este señor, como por ejemplo sostener que cualquier poder de una de las partes que llegue a sus manos de antemano es cuestionado porque alega que allí se llevan muchos títulos auténticos de este tipo falsificados, lo cual me llevó a llamar a la atención a este funcionario porque las leyes establecen los procedimientos al respecto.
Los contrasentidos del magistrado no pararon e incluso llegó a decir que en términos de pensión o manutención los hermanos y otros familiares del padre son también responsables de suplir de alimentos al niño víctima de una situación de irresponsabilidad paternal, pese a que no era el caso de la especie, lo que también me llevó a recordarle que lo que decía era una violación al principio constitucional de que nadie es responsable por los hechos que cometen otros sin importar los vínculos de familiaridad, a menos de que se trate de un menor no emancipado.
Este fiscal llegó al colmo de violar la Constitución de la República cuando mandó a retirarse a todos aquellos abogados que él considera que tienen una edad que a su juicio deben darles paso a otros profesionales del derecho más jóvenes, lo que también representa una vulneración del artículo 39 la carta magna cuando dice que nadie debe ser discriminado por sexo, color, edad y preferencia sexual, entre otras cosas.
Este comportamiento del Ministerio Público no es de ahora, ya que se trata de una debilidad que arrastra desde hace décadas, porque la verdad es que nadie sabe de dónde saca el órgano a este tipo de personaje, quien además decía y reiteraba con la anuencia de algunos abogados presentes que un poder no tenía validez en la jurisdicción de niñas, niños y adolescentes por tratarse de una ley especial.
Yo he sido uno de los que se han quejado por la tolerancia con que el sistema trata la emisión de actos auténticos que no cumplen con las formalidades de ley y que representan una falsedad, no sólo material, sino también intelectual, pero el problema consiste en que es letra muerta lo que dispone la Ley 140-15 y el propio Código Civil Dominicano al respecto.
Regularmente los jueces no estatuyen sobre este tipo de delito, pero ello de ninguna manera justifica que un fiscal o fiscalizador ignore los procedimientos a seguir cuando sospeche que un título autentico es falso, porque no puede hacer como el personaje de este miércoles que actúa como si tuviera la competencia para emitir sentencias o desempañar funciones jurisdiccionales.
Y no se trata sólo de un abuso de poder, sino de una gran ignorancia que daña y lesiona gravemente la credibilidad de todo el sistema de justicia.
No obstante, no es mucho lo que se puede pedir al respecto, porque es un problema integral que sólo una transformación total del Estado podrá resolver.
Por José Cabral
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) mantiene una campaña para crear la percepción de que la mora judicial ha sido reducida a su más mínima expresión.
Sin embargo, cuando cualquier ciudadano se aboca a un análisis de fondo del problema, descubre que se trata de un truco para vender una percepción que no tiene nada que ver con la realidad.
La disminución de la mora judicial ha sido concebida sobre la base de la negación de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa, porque el arma usada para este fin es la figura de la inadmisibilidad.
Ello se puede observar con el llamado interés casacional, el cual se sustenta en un criterio subjetivo del derecho, pero que la figura puede ser utilizada para descongestionar el sistema de justicia sobre la base de decisiones que se apoyan en la inadmisiblidad.
Este mecanismo jurídico permite que se proyecte una eficiencia que no existe y que tampoco representa una solución a un problema que en vez de disminuir se complica.
Por lo que se ve, la SCJ utiliza un arma que no es válida para acabar un problema que desde cualquier perspectiva que se analice representa denegación de justicia.
Justicia tardía es, sin lugar a dudas, denegación de justicia, pero peor aún recurrir a una interpretación como el interés casacional para declarar inadmisibles una gran cantidad de casos y buscar descongestionar el sistema y en esas condiciones en el país no se puede hablar de una mejoría del Estado Social Democrático de Derecho.
Lo que se sí ocurre ahora con el recurso extraordinario de casación es un aumento preocupante de la figura de la inadmisibilidad, a los fines de proyectar lo que en la realidad no se produce, aunque ciertamente genera un descongestionamiento sobre una base ficticia y negadora de derechos.
En este aspecto sostengo que se reasume una percepción que ha hecho tanto daño a la democracia dominicana, cuya credibilidad ya parece irrecuperable.
La mora judicial es un fenómeno que abarca todo el sistema de justicia, desde los juzgados de paz hasta los tribunales de primera instancia y las cortes de apelación, pero naturalmente en el nivel que causa mucha mayor preocupación es en casación, cuya Ley 2-23 se ha convertido en un instrumento para ahora apoyarse en la inadmisibilidad para la denegación de justicia.