Análisis Noticiosos
Los grandes retos para el Gobierno, los partidos y la sociedad en el 2018
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7 años agoon
Por Juan Bolívar Díaz
El presidente Danilo Medina afrontará grandes retos institucionales, económicos y políticos en un año que agotará más de la mitad de su gobierno, comenzando con su propia base de sustento partidista sumida en una parálisis por la emergencia de tendencias continuistas que precipitan una pre-campaña electoral del expresidente Leonel Fernández.
Las limitaciones fiscales, las dificultades para concluir su obra cumbre de las plantas de carbón de Punta Catalina y la respuesta judicial al escándalo de Odebrecht marcan el inicio de un año fundamental para que la oposición política empiece a constituir una alternativa organizativa y con base en las reformas electorales pendientes.
Los primeros desafíos
Entre los primeros desafíos que enfrenta este año el gobierno está la respuesta al escándalo de corrupción Odebrecht. El 7 de febrero se cumplen los 8 meses del plazo para que la Procuraduría General formalice o amplíe las acusaciones presentadas a finales de mayo contra 14 implicados en los sobornos denunciados por 92 millones de dólares. Aunque el juez Francisco Ortega dictó coerción el 7 de junio, posteriormente la jueza Miriam Germán, presidenta de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, consideró el expediente cargado de vaguedades o suposiciones.
La generalidad de opiniones de juristas, abogados defensores y comentaristas han coincidido en que el ministerio público se limitó a transcribir las implicaciones caracterizadas por generalidades, que le entregó la justicia brasileña, con notoria ausencia de investigaciones en el ámbito nacional para documentarlas. Lo más objetivo o documentado del expediente fueron el centenar de transferencias de cinco empresas offshore de Odebrecht a dos del dominicano Angel Rondón por 83 millones de dólares. El 21 de diciembre Rondón fue incluido por Estados Unidos en una lista de 15 personas a las que acusa de corrupción o violación de derechos humanos, lo que fue interpretado como aviso de que da seguimiento a las denuncias de Odebrecht ante su justicia.
El gobierno afronta la primera renovación de cuatro de los 13 de los integrantes del Tribunal Constitucional cuyo período de 6 años venció en diciembre: Víctor Gómez Bergés, quien por edad debió ser relevado en el 2015, Jottyn Cury David, Leyda Margarita Piña, e Idelfonso Reyes. Con el control mayoritario del Consejo de la Magistratura, será importante hacia qué dirección se inclina el presidente Medina.
La confrontación política
Con el inicio de la legislatura a fin de febrero, se verá si el presidente mantendrá su empeño en imponer el padrón electoral abierto en la elección de candidatos, que se inscribe en la ruta continuista que se le atribuye, lo que congeló en el Congreso el proceso de aprobación de la Ley de Partidos y la Ley del Régimen Electoral, ambas orgánicas, por lo que requieren dos tercios de los votos.
El tranque ha dejado paralizado al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que no ha podido decidir al respecto. Pasado más de tres meses de la última reunión de su Comité Político el 2 de octubre, donde decidió integrar una comisión de juristas para que dictaminen sobre si la imposición a todos los partidos de esa forma de elección es inconstitucional, como ya decidió en el 2004 la Suprema Corte de Justicia sobre una ley que la había establecido.
El discurso-informe del presidente ante la Asamblea Nacional, el 27 de febrero, será crucial para despejar la atmósfera política en su propio partido y a nivel nacional, dependiendo de que prosiga o no la ruta de la imposición, lo que mantiene un malestar que abarca la mayoría de los partidos y de las instituciones sociales, y ha disparado la lucha interna a niveles sin precedentes en el PLD.
El mandatario podría seguir guardando silencio sobre lo que es obvio, pero mientras tanto, su contrincante interno, el expresidente de la República Leonel Fernández, por demás presidente del PLD, aprovechó diciembre para lanzarse al medio de la calle en la búsqueda de apoyo público para una eventual candidatura que Medina no parece dispuesto a avalar. La decisión sacudirá la segunda mitad de su período gubernamental.
Sociedad civil y oposición
Las dificultades del continuismo en el poder podrían agravarse por efectos externos de repercusión fiscal, como la tendencia alcista del precio del petróleo y la drástica reducción de impuestos decidida en Estados Unidos, que podría generar alzas de intereses.
Está por verse si el Movimiento Marcha Verde logra mantener el vigor que exhibió a lo largo del año pasado, cuando se constituyó en la principal preocupación política para el PLD y su gobierno. La primera prueba será el 28 de enero cuando ha convocado una marcha hacia el Palacio Nacional conmemorativa de su debut el 22 de enero del 2016, cuando sorprendió al país al movilizar a decenas de miles de ciudadanos. Tras una decena de grandes marchas por el país, la última 16 de julio con más de cien mil manifestantes en Santo Domingo, quedó como la mayor demostración de la ciudadanía dominicana.
La oposición política al régimen peledeísta, debilitada desde los desmembramientos de los tradicionales partidos Revolucionario Dominicano y Reformista Social Cristiano, consumidos por luchas internas e incentivos estatales, afronta este año el desafío de su recomposición a través del Partido Revolucionario Moderno (PRM) que emergió como alternativa en las elecciones del 2016 con el 35 por ciento de los votos.
El fortalecimiento de la opción PRM depende en gran medida del éxito que alcance el 18 de febrero cuando tendrá su primera votación para elegir sus dirigentes nacionales, municipales y locales con un padrón de casi 500 mil militantes confeccionado en los últimos meses. Si prevalece la voluntad mayoritaria de sus miembros, sin mayores conflictos, se fortalecería como partido de oposición y liquidaría el argumento de que los partidos nacionales no pueden tener un padrón confiable de miembros.
Los problemas de fondo
Las prioridades que ponga en ejecución el presidente Medina a partir de este año indicarán si asume que está en su último periodo, “y que no podrá postularse jamás al mismo cargo”, como consigna su modificación constitucional del 2015 que le permitió optar por su segundo mandato. Así como no debe esperarse que a estas alturas emprenda la urgente pero difícil reforma fiscal, cuyos beneficios netos se cosecharían al finalizar del período, tampoco debería emprender obras que no pueda terminar en dos años, y por el volumen de inversión que demandan, como la presa de Río Grande en el sur, o el proyecto de remodelación de La Ciénaga-Los Guandules en Santo Domingo.
Las nuevas inversiones deberían priorizar la conclusión de obras fundamentales como las plantas de carbón, afectada por la grave disyuntiva de dilación por un arbitraje internacional que plantea el reclamo de 708 millones de dólares adicionales por la constructora Odebrecht. Así mismo la segunda línea del metro capitalino, a paso de tortuga aunque Medina la “estrenó” en la campaña electoral del 2016, el teleférico de Santo Domingo y la remodelación de casi medio centenar de hospitales, varios de los mayores del país, que llevan cinco años semiparalizados. Es lógico el anuncio de expansión del exitoso programa 911, que ya opera en Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal y Puerto Plata.
En lo que le queda de período el gobierno de Medina ya sólo podrá poner parches en los problemas de fondo, como agua potable, electricidad, seguridad ciudadana, salubridad y seguridad social, reordenamiento del transporte y vivienda, con programas limitados por la precariedad de financiamiento. Mientras al mismo tiempo tendría que contener el déficit fiscal y su correlativo endeudamiento. Parece tarde para alcanzar mejoramiento de la competitividad y reducción del crónico déficit de balanza comercial.
Necesidad de nuevo aliento
Ya sea que Danilo Medina acate el imperio constitucional que le prohíbe buscar otra reelección, o que contribuya a desmembrar su poderoso partido y enfrentar al resto de la sociedad, para aspirar al éxito requiere insuflar un nuevo aliento, como jefe del Estado.
La reducción del crecimiento económico durante el año pasado constituye un reto adicional, y el gobierno ha comenzado el año en conflicto con el fundamental sector turístico al cambiar unilateralmente las reglas, sin previo estudio ni consulta, para permitir edificaciones de hasta 22 pisos en las playas, con grandes inversiones limitadas a cinco.
El segmento más vivo de la sociedad dominicana ha iniciado el 2018 agobiado por la corrupción, la impunidad y la desconfianza en las instituciones estatales, manifiesta en las calles, en las encuestas y en el debate de los medios de comunicación.
Hay quienes tienen confianza en que Danilo Medina se sobrepondrá a los intereses que abogan por el continuismo a cualquier precio, y leerá los signos de los tiempos buscando el aliento necesario para concluir su gestión gubernamental con relativo éxito. Pero eso ya no será posible prolongando su silencio y dejando que prosiga la impunidad generalizada y el desprecio a la institucionalidad democrática.-
Análisis Noticiosos
Panamá cierra ruta del Tapón del Darién ruta hacia Estados Unidos
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1 día agoon
marzo 13, 2025El presidente José Raúl Mulino asegura que el tránsito de personas se ha reducido este año en un 98%. Coincide con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca
Bogotá.-El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ha anunciado este jueves el cierre de los centros migratorios que ha formado parte de la ruta del Tapón del Darién, la zona selvática que han cruzado más de un millón de inmigrantes desde 2016. Mulino asegura que el tránsito de personas que se dirigían a Estados Unidos ha disminuido un 98%. Las deportaciones masivas ordenadas por Donald Trump han disuadido a muchos inmigrantes, que incluso realizan el camino de vuelta a sus países por este mismo paso fronterizo, solo que en sentido contrario.
“No permitiremos más migrantes en esa zona del Darién y cerramos una operación que comenzó en el año 2016. Me da mucha complacencia haber cumplido y haber cerrado el Darién, con lo que eso significa para la seguridad regional y panameña”, ha dicho en rueda de prensa. Mulino hace este anuncio el mismo día que la NBC ha revelado que Trump le ha pedido al Pentágono varios planes para tomar el control del Canal de Panamá, la joya sobre la que gira la economía de este país.
El Darién lo cruzaban sobre todo venezolanos que huían de la catastrófica situación económica de su país, pero también colombianos, ecuatorianos y hasta gente llegada desde lugares remotos, como Vietnam, Afganistán o Congo. El paso desde la zona colombiana lo controlaban grupos paramilitares que han ganado cientos de millones de dólares con este negocio. Cada migrante debía desembolsar unos 350 dólares si quería tener derecho a pasar. Un número indeterminado de personas ha muerto en estos años víctima de los peligros de la selva, crecidas de ríos y atracos y violaciones de bandas de delincuentes.
El lado panameño lo controlaba el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), que vigilaba el cruce de los viajeros. Antes de abandonar la selva, tenían que parar en Bajo Chiquito y Canaan Membrillo, donde las autoridades panameñas hacían control de pasaportes y atendía médicamente a los inmigrantes. Una veintena de oenegés y entidades de Naciones Unidas se ocupaban también de darles asistencia, cuidar de los menores y proveerles de agua potable, duchas y alimentos.
El paso migratorio también le cambió la vida a los pueblos indígenas que viven a orillas del río que cruza la selva, mayormente de origen embera. Los habitantes de estas pequeñas poblaciones llevaban en barca a los migrantes y les daban techo y les vendían comida. De repente tuvieron unos ingresos económicos extraordinarios. El cierre supone un golpe económico muy grande para sus comunidades. La caída del flujo de inmigrantes, de acuerdo al presidente de Panamá, ha sido estrepitosa: “Hace un año teníamos 36.841 migrantes cruzando por Darién, hoy marzo llegamos a 112. Una disminución importantísima, que representa de entre el 97-98 % de éxito por parte de las autoridades de Migración y el Senafront”.
El Darién como paso importante empezó a ser relevante cuando en 2016 empezaron a cruzarlo ciudadanos de nacionalidad cubana. Abierta esa vía que parecía más factible que la marítima, las cifras se elevaron en 2021 con 133.726 migrantes, 248.284 en 2022 y 520.000 en 2023. Se convirtió en el cruce fronterizo más importante del mundo. Después llegaban a Costa Rica, donde continuaban hasta México. Desde el norte de ese país entraban en Estados Unidos. La llegada de Trump a la Casa Blanca lo ha cambiado todo. Por ahora, el cruce del Darién queda clausurado.
elpais.com
Análisis Noticiosos
Reforma judicial confronta a Suprema Corte y al Tribunal Electoral en México.
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4 semanas agoon
febrero 15, 2025El último lance entre las dos instituciones pone en evidencia cómo se ha menoscabado la autoridad del Poder Judicial en México
México.-Una de las enseñanzas inesperadas de la reforma judicial en México es que las autoridades pueden desobedecer las sentencias de los jueces, o acatarlas a conveniencia, cuando una mayoría democráticamente electa controla todas las palancas del poder en el Ejecutivo y el Legislativo. El último episodio de la crisis institucional lo ejemplifica el intento del Tribunal Electoral (TEPJF), dominado por una mayoría oficialista, de disputar las facultades de la Suprema Corte de Justicia para revisar los juicios de amparo. Detrás del conflicto está la lluvia de suspensiones dictadas por jueces para frenar las elecciones del 1 de junio, en las que los mexicanos votarán a miles de cargos de la Judicatura. El Supremo echó abajo esas suspensiones y dejó a salvo la elección judicial —pues no procede el amparo en materia electoral y menos contra una reforma constitucional—, no sin antes observar que los magistrados del TEPJF se arrogaron facultades inexistentes para invalidar las resoluciones de los jueces en su intento de desatorar el proceso.
El lance puso en evidencia la ruptura institucional en la que se ha sumido el país ante la voluntad de Morena de implementar su reforma sin cortapisas. Ya hace unos días, en el festejo republicano de la Constitución de 1917, la presidenta, Claudia Sheinbaum, decidió no invitar al evento oficial a Norma Piña, titular de la Suprema Corte y del Poder Judicial. Así, solo estuvieron representados dos de los tres Poderes de la Unión: el Ejecutivo y el Legislativo, controlados por Morena. Como represalia a los jueces que otorgaron suspensiones contra la reforma judicial, el Consejo de la Judicatura Federal —el órgano encargado de vigilar la conducta de los juzgadores, también de mayoría oficialista— acordó denunciarlos penalmente ante la Fiscalía General de la República.
Con esas consideraciones, el TEPJF —siempre gracias a la mayoría de tres magistrados alineada a Morena— estableció que las suspensiones dictadas por los jueces no tenían efectos sobre la elección judicial, y dieron vía libre a las autoridades del Ejecutivo y el Legislativo para ignorar esas resoluciones y continuar con los preparativos de los comicios. El último ejemplo vino luego de que un juez ordenó a los Comités de Evaluación que integraban las listas de candidatos frenar el proceso. Solo el Comité del Poder Judicial acató la instrucción. Los Comités del Ejecutivo y el Legislativo desobedecieron al juez sin ninguna consecuencia.

El ministro del Supremo Alfredo Gutiérrez preparó un proyecto para resolver el conflicto competencial entre los jueces de distrito y el TEPJF. En su proyecto, el togado ya se lamentaba por “la simplicidad con la que diversos actores institucionales decidieron ignorar los cauces legales cuando estos no convenían a sus intereses”. Antes de la votación del asunto, el pasado jueves, los magistrados del Tribunal Electoral exigieron al propio Gutiérrez, así como a los ministros Norma Piña, Javier Laynez y Jorge Pardo, no participar en la discusión del proyecto por haber hecho anteriormente pronunciamientos contra la reforma judicial, lo que, supuestamente, demostraba que no votarían de manera imparcial. El TEPJF, sin embargo, no consideró necesario pedir también la excusa de las ministras Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres, claramente militantes de Morena y quienes, desde su posición en el Supremo, están en campaña buscando ser “ratificadas” en la elección judicial.
Nunca antes los magistrados del Tribunal Electoral habían intentado dar órdenes a los ministros de la Suprema Corte. Si bien el TEPJF es la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral, el Supremo es un tribunal constitucional y su presidenta, Piña, es la cabeza de todo el Poder Judicial, por lo que, jerárquicamente, está por encima de cualquier juzgado. Ninguno de los ministros se excusó de la votación del proyecto de Gutiérrez. Hacerlo hubiera dejado a la Suprema Corte solo con seis integrantes, cuando el mínimo para que exista quorum es de siete.
Al final, el Supremo resolvió, como era de esperarse, que no se puede suspender un proceso electoral ni tampoco una reforma constitucional —como la judicial—, y ordenó a los juzgadores dar marcha atrás en sus resoluciones. Los togados también indicaron que el TEPJF no tenía facultades para revisar juicios de amparo y señalaron que sus fallos al respecto debían leerse como una mera opinión de sus integrantes. “Las sentencias [del Tribunal] no pueden tener la capacidad de incidir de manera alguna en las determinaciones de jueces de amparo; no funciona como instancia de revisión y su pretensión de anular los efectos de las suspensiones simplemente carece de cualquier efecto dentro de nuestro orden jurídico”, dice la resolución del Supremo. El ministro Alberto Pérez Dayán fustigó a los magistrados electorales que han actuado a tono con Morena —Mónica Soto, presidenta del TEPJF; Felipe Fuentes y Felipe de la Mata—, a los que se refirió como “la exigua mayoría de un tribunal deliberadamente incompleto, predecible, obvio, complaciente y sesgado con el poder”.
La sesión del jueves estuvo plena de referencias al quiebre institucional que ha supuesto la reforma judicial, una circunstancia que el ministro Gutiérrez calificó de “perturbadora”. “Esta Corte ha observado cómo cada transgresión al orden constitucional ha allanado el camino para la siguiente, hasta llegar al punto donde los límites institucionales, que alguna vez parecieron inquebrantables, se han vuelto porosos”, dijo el togado. “Diversas autoridades han normalizado lo que debería ser impensable: el desacato selectivo de resoluciones judiciales, la intervención e invención de competencias inexistentes y la subordinación del derecho a consideraciones políticas”, ha añadido.

La presidenta Sheinbaum, que siempre defendió las facultades —no existentes— del TEPJF para interferir en las resoluciones de los jueces de amparo, celebró que se haya aprobado el proyecto de Gutiérrez en el Supremo. “La elección de las y los jueces, ministros, magistrados, ¡va! Ya no tiene ninguna barrera de ningún tipo”, ha dicho en su conferencia Mañanera del viernes. La Corte enfila a su desaparición. En septiembre será reemplazada por un nuevo órgano judicial integrado por nueve ministros electos por voto popular, que presidirá quien obtenga más sufragios en la pasarela. La mayoría de los togados actuales decidió no participar en los comicios. Juez y parte, Batres, Esquivel y Ortiz están en abierta campaña y aspiran a ser las más votadas, para entregar a Morena otra institución en la que tendrá mayoría.
elpais.com
Análisis Noticiosos
Latinoamérica excluida de acuerdo de acceso a genérico que previenen el VIH
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2 meses agoon
enero 22, 2025Por Efe
Davos (Suiza).- Prácticamente todo Latinoamérica ha sido excluida de un acuerdo que permitirá a más de un centenar de países tener acceso a medicamentos genéricos que han demostrado tener hasta un 95 % de eficacia para prevenir infecciones con el VIH (virus causante del sida), en momentos en que varios países de la región están experimentando un fuerte aumento de nuevos casos.
“Están excluyendo a países de ingresos medios que podrían producirlas y venderlas más baratas al resto del mundo, países como Brasil, Perú, México y Argentina.
Estos países han participado incluso en los ensayos y ahora son excluidos, lo cual es equivocado y no ético”, declaró en una entrevista con EFE la directora del Programa de Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (UNAIDS), Winnie Byanyima. Las compañías en cuestión son Gilead y ViiV.
La primera ha desarrollado un producto que con solo dos dosis de inyectables al año puede prevenir la infección, mientras que la segunda tiene un medicamento que se administra cada dos meses con el mismo propósito.
UNAIDS estima que, a pesar de no ser una cura, si 10 millones de personas en el mundo tuvieran acceso a estos medicamentos en 2025 se podría cumplir el objetivo internacional de erradicar el VIH para 2030.
El acuerdo para poder acceder a sus versiones genéricas son cruciales en vista del exorbitante coste de estos tratamientos, que en el caso del producido por Gilead puede alcanzar los 40.000 dólares anuales, mientras que los genéricos podrían costar solo 40 dólares al año por persona.
“Estamos muy preocupados porque al mismo tiempo que sabemos que tenemos un medicamento preventivo poderoso y altamente eficaz, vemos la misma vieja historia, como lo que ocurrió con los antirretrovirales, que tomaron diez años (para la comercialización de genéricos) durante los cuales doce millones de africanos murieron esperando que su precio bajara”, recordó Byanyima, quien participa en el Foro Económico Mundial de Davos.
Únicamente la exclusión de Brasil, Colombia, México y Venezuela deja fuera al 7 % de las nuevas infecciones a nivel mundial.
La jefa de UNAIDS citó los casos alarmantes de Venezuela y Perú, donde el año pasado los nuevos casos de infecciones con VIH aumentaron un 98 % y 80 %, respectivamente con respecto a 2023, lo que hace urgente que puedan acceder a estos nuevos medios de prevención.
Sobre la razones de esta evolución negativa, dijo que en el caso de Venezuela se trata de una combinación de factores, como el desarraigo de parte de la población convertida en desplazados internos o refugiados, y la precariedad del sistema de salud.
“En Perú vemos que mucha gente no está conectada con el sistema de salud y también mucho estigma y discriminación. Hay muchas personas gais que buscan ayuda muy tarde y mueren por falta de diagnóstico, así que hay múltiples factores que estamos tratando de investigar”, explicó.
Frente a situaciones como éstas, “Gilead está utilizando tácticas para retrasar las cosas, pero nosotros exigimos rapidez y que se aumente la producción.
Queremos lo que ya tienen, lo que han puesto en el mercado en Estados Unidos y en los países ricos, para que llegue a todas las personas, la mayoría de las cuales están en el Sur (países en desarrollo)”, concluyó Byanyima.