Editorial
Los hechos hablan más claro que las palabras.
Desde hace algunos años diferentes sectores de la vida nacional han mostrado su preocupación por la prácticamente desaparición de los valores éticos y morales de la sociedad dominicana.
El país no para de producir periódicamente conductas y hechos que revelan hasta dónde los dominicanos han entrado en un pragmatismo que no respeta ninguna norma social y mucho menos el ordenamiento jurídico nacional.
Son incontables los casos de personas que van a la administración pública a llevarse los recursos del patrimonio nacional, sin importar de como su conducta impacta a la mayoría de la gente y a toda la sociedad.
La avaricia y podría decirse que las carencias han sobresalido de muy mala manera en la sociedad, donde a la gente le importa más un peso que su propia vida.
El interés por lo material se ha llevado de paro lo humano e incluso lo legal, lo cual ha creado en la sociedad dominicana una especie de salvajismo peligroso para la convivencia social.
Este tema es a propósito de un hecho que viene a ratificar la inclinación de la gente por cualquier cosa material, no importa que se trate de un cascarón de un huevo, por cuya causa mueren muchas personas permanentemente y se trata del asesinato de cuatro miembros de una familia en el sector Brisas del Edén en Santo Domingo Este por un problema pasional y donde los vecinos en medio del derramamiento de sangre se robaron prácticamente todas las propiedades de las víctimas.
Este caso habla lo suficientemente contundente de un problema social y ético moral que sólo el Estado puede afrontarlo mediante políticas públicas dirigidas a restablecer valores.
El crimen que tuvo que ver con una relación tormentosa entre un hombre con una gran vocación criminal y una mujer que ha pasado a ser parte de las estadísticas de los feminicidios y otra vez de la irresponsabilidad con que se maneja la fiscalía en el país.
Este múltiple crimen debe encender las alarmas de las autoridades, no sólo por lo que el hecho implica en si mismo, sino también por el componente delincuencial que se ha vuelto como un entretenimiento entre muchos dominicanos que ya sólo no le importa el que dirán, pero mucho menos la sanción que establecen las leyes penales para casos como éste.
Ahora mismo hay mucha tela por donde cortar con un problema que parece tener una dimensión mucho mayor y cuyas consecuencias podrían ser devastadoras para la sociedad dominicana.
El problema está planteado y sólo falta que se busque un remedio a tiempo, antes de que la cuestión se vuelva epidémica y que la sociedad dominicana termine prácticamente como salvaje e insalvable.
La existencia humana es transitoria. El poder termina, las riquezas cambian de manos y las generaciones se suceden. Sin embargo, nuestras acciones pueden dejar huellas que trascienden el tiempo.
En una sociedad donde frecuentemente se confunde el éxito con la acumulación de bienes y el reconocimiento público, resulta necesario reflexionar sobre el verdadero sentido de nuestra existencia.
El valor de una vida no debería medirse por lo que acumulamos, sino por el bien que hacemos, los valores que transmitimos y las oportunidades que creamos para los demás.
La República Dominicana necesita comprender que construir un legado también significa fortalecer la educación, defender la justicia, actuar con honestidad y asumir responsabilidades frente a las futuras generaciones.
Porque, cuando llegue el momento de partir, lo verdaderamente importante no será cuánto tuvimos, sino cuánto contribuimos a mejorar el mundo que dejamos.
La vida pasa, pero el bien que sembramos puede permanecer.
La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil constituye un acontecimiento de extraordinaria trascendencia política para América Latina, no solamente porque garantiza la continuidad de un gobierno progresista en la principal economía de la región, sino porque representa un significativo revés para el bolsonarismo y las aspiraciones de influencia regional del presidente estadounidense Donald Trump.
La derrota de Flávio Bolsonaro, heredero político del expresidente Jair Bolsonaro, estrechamente vinculado al mandatario norteamericano, demuestra que el respaldo de una potencia extranjera y las afinidades ideológicas no garantizan el triunfo electoral ni sustituyen la voluntad soberana de los pueblos.
Este resultado adquiere mayor relevancia en momentos en que varios gobiernos latinoamericanos cercanos a Washington enfrentan crecientes cuestionamientos ciudadanos. En Argentina, Javier Milei registra importantes niveles de rechazo, mientras que en Chile, José Antonio Kast, y en Ecuador, Daniel Noboa, afrontan dificultades para mantener la confianza de amplios sectores de sus respectivas poblaciones.
Aunque cada nación presenta circunstancias económicas, sociales y políticas particulares, existe una lección común: los ciudadanos no pueden alimentarse de discursos ideológicos ni resolver sus necesidades mediante alianzas internacionales que no se traducen en beneficios concretos.
La inflación, la inseguridad, el desempleo, la desigualdad y el deterioro de las condiciones de vida terminan imponiéndose sobre cualquier estrategia de propaganda o confrontación política.
Sin embargo, sería prematuro interpretar la victoria de Lula como el inicio inevitable de una derrota generalizada de la derecha latinoamericana. Tampoco significa que la izquierda tenga asegurado el respaldo popular. El propio resultado brasileño evidencia una sociedad profundamente dividida y un electorado que exige respuestas a sus problemas cotidianos.
Lo verdaderamente significativo es que Brasil ha reafirmado su capacidad para decidir su destino político, manteniendo un importante contrapeso frente a los intentos de ampliar la influencia ideológica de Washington en la región.
Donald Trump conserva un considerable poder internacional, pero su influencia tiene límites cuando se enfrenta a la voluntad democrática de sociedades que defienden sus propios intereses.
América Latina necesita gobiernos comprometidos con el desarrollo económico, la justicia social, la institucionalidad democrática y la independencia de sus decisiones. No requiere dirigentes cuya principal fortaleza política sea la cercanía con una potencia extranjera.
El triunfo de Lula deja una enseñanza que debería resonar en todo el continente: la soberanía no se negocia, la confianza ciudadana no se hereda y ningún liderazgo extranjero puede sustituir el derecho de los pueblos a decidir su propio futuro.
La verdadera legitimidad de un gobierno no depende de quién lo respalde desde el exterior, sino de su capacidad para responder a las necesidades y aspiraciones de la sociedad que lo eligió.
La tragedia de la discoteca Jet Set, que dejó 236 fallecidos y más de 180 heridos, debe convertirse en un punto de partida para revisar la seguridad de las edificaciones en República Dominicana. La protección de la vida humana no puede depender de la improvisación ni de que ocurra una desgracia para que las autoridades actúen.
La decisión judicial de modificar la calificación jurídica del caso hacia el homicidio voluntario sustentado en el dolo eventual abre un importante debate sobre la responsabilidad penal de quienes, conociendo riesgos estructurales graves, permiten que sus establecimientos continúen funcionando sin adoptar las medidas necesarias.
Aunque corresponde a los tribunales determinar la responsabilidad de los imputados, respetando la presunción de inocencia, el caso plantea una interrogante nacional: ¿cuántas edificaciones presentan deterioro, sobrecargas o modificaciones estructurales que podrían poner en peligro a sus ocupantes?
El Estado tiene la obligación de fortalecer la supervisión de los inmuebles, especialmente aquellos donde se concentran grandes cantidades de personas. Pero esta responsabilidad también corresponde a propietarios, administradores y comunidades de condominios, conforme a sus obligaciones legales.
No basta con aprobar planos y otorgar permisos de construcción. Se necesitan inspecciones periódicas basadas en criterios de riesgo, mantenimiento preventivo y medidas correctivas oportunas.
La seguridad estructural no debe considerarse un gasto opcional, sino una inversión indispensable para proteger vidas.
La República Dominicana no puede permitir que las advertencias técnicas sean ignoradas hasta que se produzca una tragedia. El caso Jet Set debe impulsar una verdadera cultura de prevención, fiscalización y cumplimiento de las normas.
Porque la responsabilidad de proteger vidas comienza mucho antes de que un edificio se desplome.