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Editorial

Los Intereses Pesan más que las Convicciones.

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Comisión Nacional de los Derechos Humanos demandan agendar conocimiento del proyecto de Ley que modifica el régimen penitenciario por parte de Congreso. Manuel María Mercedes, presidente de los Derechos Humanos Foto: © Edgar Hernández Fecha:09/10/2017

Han sido muchas las veces que legisladores del Partido Revolucionario Moderno (PRM) han prometido la aprobación de dos proyectos de leyes que cursan en el Congreso Nacional, los cuales son el de extinción de dominio y el Código Penal.

El debate sobre las tres causales ha sido un escollo muy fuerte para lograr que el país cuente con un nuevo Código Penal, ya que el vigente data del año 1984, pero que además hay serios compromisos de los diputados y senadores con la impunidad que prevalece en el país en favor de los partidos políticos y de otros sectores metidos hasta los tuétanos en la corrupción pública y privada.

Por esta razón, por mucha convicción que haya en algunos legisladores, sus intereses, que en algunos casos involucran el crimen organizado, no los deja avanzar en la aprobación de dos piezas legislativas vitales para lograr un cierto adecentamiento de la vida nacional.

Los intereses que determinan su voto en el Congreso Nacional y el cumplimiento con su compromiso de campaña se vuelven dificultosos, porque si bien quieren proyectar la idea que tienen buenas intenciones, lo cierto es que no tienen formas de deshacerse de la defensa de los intereses del bajo mundo y de los grupos fácticos.

Es una dicotomía que no genera otra cosa que demagogia y engaño en contra de un pueblo que quiere que las cosas se manejen de otra forma, lo cual no luce tan viable.

La aprobación de un nuevo Código Penal y una ley de extinción de dominio no parece tan fácil, al menos con detalles que pongan en juego los intereses del crimen organizado y que son representados en el Congreso Nacional por diputados y senadores.

Esta es la causa de que estos proyectos duerman el sueño eterno en las cámaras legislativas, porque sólo se hará posible si en los mismos se eliminan cláusulas o artículos que conviertan estas nuevas leyes en inaplicables o sencillamente en una mayor tolerancia con los ilícitos que se buscan penalizar con ellos.

La verdad es que el nivel de contaminación de la sociedad dominicana con crímenes y delitos repugnantes convierten el país en una bomba de tiempo, donde los intereses de las grandes mayorías nacionales no son más que sueños irrealizables.

Nadie tiene una explicación convincente y que se pueda ver a simple vista la causa de la no aprobación de los referidos proyectos, pero la realidad es que hay grandes escollos para que el país pueda contar con dos leyes que permitirían avanzar a una buena velocidad en el combate de la corrupción administrativa, el lavado de activos, el narcotráfico y otros ilícitos del crimen organizado.

Que nadie se llame a engaño de que el país verá aprobados los proyectos de leyes mas arriba mencionados, a menos que los mismos sufran una mutilación o que se ajusten a los intereses de unos legisladores que tienen más compromiso con lo mal hecho que con los intereses del pueblo que los eligió.

Así de sencilla o de compleja es la cuestión

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Editorial

Policías y militares dominicanos no difieren mucho de los haitianos.

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Si una cosa debe preocupar a la sociedad dominicana tiene que ser el comportamiento de sus policías y militares, porque la gran mayoría no exhibe una buena conducta.

Si se revisa la participación policial y militar en los atracos y robos a mano armada que ocurren en el territorio nacional,  siempre se encontrará la sombre de miembros de los cuerpos armados.

Y si se analizara el problema a partir de lo que ocurre en la frontera, las cosas se complican, porque aparte de que son los militares destacados allí los que permiten la entrada de los haitianos, también fácilmente va a quedar al descubierto que por ahí entra mas que seres humanos, sino  droga,  trata de blanca y miles de actividades ilegales.

Lo complicado del asunto es que el lenguaje que se habla en esa parte del pais es el del dinero dinero, cuyo involucramiento de los militares destacados allí  proviene de los partidos políticos, en los que todo tiene un precio y sólo las cosas caminan cuando cada uno recibe los suyos.

Es decir, que pedir un comportamiento ético y mística en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional es una quimera que no parece tan fácil de lograr.

El país está inmerso en la fiesta de los cuartos y el que no tiene la audacia para buscarlo y repartir se queda fuera de la misma, porque nadie lo quiera a su lado y precisamente así están los cuerpos armados de la nación.

Ahí está la explicación del comportamiento de los miembros de la Dirección Nacional de Migración, quienes están más atentos de las propiedades de los haitianos que de su documentación y si son o no ilegales.

Lo grave del problema es que, aunque muchos superiores hablan todo lo que les viene a la boca cuando se produce un escándalo, lo cierto es que nadie está fuera del botín, cuyos beneficiarios no les importa otra cosa que acumular dinero sin importar las consecuencias e incluso aunque tengan que poner en peligro los intereses de la patria.

Si este comportamiento no es detenido al precio que sea, la República Dominicana va a sufrir un deterioro en su imagen que llegará un momento que el mal va ser muy difícil revertir.

El problema toma cuerpo, porque se profundiza la crisis de valores, pero no parece que el mal pueda ser detenido porque es la mayoría de la gente que anda en la misma onda.

Solo queda observar.

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Editorial

Un hecho que hiere la conciencia nacional.

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La violación sexual de una adolescente haitiana durante un operativo de la Dirección General de Migración representa una afrenta en contra de toda familia sin importar en qué lugar del mundo ocurra y la nacionalidad de la víctima.

Puede producirse en cualquiera de los continentes que conforman el mundo y no hay forma de justificar semejante aberración.

Todo el que tiene algún sentimiento paternal tiene que indignarse con semejante aberración, la cual constituye la que más heridas psicológicas y físicas produce en sus víctimas.

Esa es una forma de arruinarla la vida un ser que apenas comienza a vivir, cuyos traumas la acompañarán durante el resto de su existencia.

No hay forma de concebir semejante crimen, porque en realidad la violación sexual es uno de los peores recursos de cualquier degenerado en contra de sus víctimas.

Cualquier buen ciudadano, no importa que tan poca o muy civilizada sea su nación de procedencia, no puede sentirse cómodo con que un degenerado sobre la base del poder público cometa semejante agresión, pero peor aun en contra de una persona que todavía se puede definir como una niña.

Ya el Gobierno ha reaccionado al respecto, pero el asunto no permite dilaciones, porque el remedio tardío puede ser mucho peor que la enfermedad y la sociedad dominicana no puede darse el lujo de proyectarse ante la comunidad internacional como una nación de salvajes y de perversos que se escudan en la ley para cometer sus atrocidades.

No hay forma de justificar semejante acción, sin importar las diferencias migratorias y a otros niveles con los haitianos, porque el crimen cometido por miembros de la Dirección General de Migración trasciende todas las fronteras.

El que viola a una haitiana de igual lo hace con una dominicana o con cualquier otra persona, porque se habla de un enfermo que merece tratamiento clínico y de la sanción que dispone la ley para este tipo de conducta.

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Editorial

La desgracia que nos acecha.

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La forma de manejarse del Gobierno de Luis Abinader y del Partido Revolucionario Moderno (PRM) representa un gran reto para la República Dominicana, porque esta entidad no cuenta con un pensamiento y una planificación estratégicas.

Desde su llegada al poder ha quedado demostrado que no piensa nada de lo que hace, lo cual explica la falta de visión de Estado tanto del mandatario que se gasta el país y del partido que lo sustenta.

Abinader le ha buscado una solución incorrecta para satisfacer el pedido de entrega de fondos adicionales a los partidos políticos, incluido el oficial, la cual implica una modificación no pensada de la Ley de Presupuesto.

Pero lo peor de todo es que nadie, absolutamente nadie, somete a la transparencia que manda la Constitución de la República a los partidos políticos que reciben altas sumas de dinero del Estado sin rendirle cuenta a nadie.

En realidad no se sabe de qué se habla cuando se recurre a  una expresión muy común de que los partidos son el soporte de la democracia.

Tremenda mentira, porque si a la verdad vamos son la mejor expresión de la desgracia nacional.

La partida que ahora entrega el Gobierno a los partidos políticos no es otra cosa  que una vía mas para promover la falta de transparencia y el mal manejo  de los dineros de las arcas nacionales.

Esta nueva partida entregada a la partidocracia significa un gran sacrificio para todos los dominicanos en razón de que ello traerá consigo un mayor endeudamiento público, pese a que ya es bastante.

La fiesta del dispendio y de la corrupción de los actores de la vida política nacional son, sin lugar a dudas, la más grave amenaza en contra de los mejores intereses de la nación.

Es una complicidad que involucra a todo el andamiaje oficial, la cual se inicia en el Palacio Nacional, entre a un amplio sector del empresariado, pasa por el Congreso Nacional, el sistema de justicia, incluidos los tribunales Constitucional y Superior Electoral y para colmo el fenómeno no deja fuera a los medios de comunicación social, sobre todo a los más grandes y que más incidencia tienen en la vida nacional.

A Dios que reparta suerte.

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