Análisis Noticiosos
Los logros y fracasos de Leonel Fernández
Por Juan Bolívar Díaz
Ocho años de gobierno con estabilidad, crecimiento económico y gran obra material en base a endeudamiento, pero con escaso desarrollo humano, grave corrupción, compra de conciencias y precariedad institucional
Leonel Fernández, presidente saliente
Los ocho años consecutivos de Gobierno de Leonel Fernández marcan una etapa de estabilidad y crecimiento económico, con un legado importante de construcciones, aunque financiadas con enorme endeudamiento, dejando déficits fiscal y de balanza comercial que cuestionan la sostenibilidad del modelo de desarrollo.
Las graves deficiencias en educación, energía y competitividad, junto al clientelismo, la corrupción, falta de transparencia y precariedades institucionales arrojan un balance decepcionante de la gestión de un líder que enarboló el discurso de la era de la información y la sociedad del conocimiento.
Los mayores logros
La estabilidad macroeconómica con crecimiento promedio anual del 8 por ciento del producto bruto interno y un significativo legado de construcciones han sido los mayores logros del Gobierno de ocho años que culmina la próxima semana.
Es generalizado el criterio de que el doctor Leonel Fernández se inscribió en la historia de los grandes constructores junto a Rafael Trujillo y Joaquín Balaguer, aunque con la diferencia de que lo hizo en base a un financiamiento que triplicó la deuda pública, de 7,900 a más de 24 mil millones de dólares y con déficits fiscales que en los últimos cinco años, incluyendo el actual, superan los 300 mil millones de pesos.
El sostenido crecimiento económico, con control de la inflación y la tasa cambiaria durante estos ocho años nadie se lo podrá discutir al presidente Fernández, como tampoco una extensa red de comunicación terrestre, que va desde dos líneas de Metro hasta múltiples elevados, pasos a desnivel, carreteras y puentes, así como edificaciones gubernamentales, de escuelas y hospitales.
También hay que acreditarle la aprobación de múltiples reformas institucionales, muchas de las cuales se cumplen precariamente, y una nueva Constitución con rasgos contradictorios de modernidad y retrocesos, pero que le ha permitido, con la colaboración de opositores, acumular un enorme poder político que mantendría tras salir del Gobierno, gracias a su capacidad para atraerse adherentes en base al reparto de cargos y parcelas de poder en nuevos y viejos organismos estatales.
Importantes avances en la implementación del Sistema de Seguridad Social y la ampliación de las relaciones exteriores, con mayor presencia en los organismos internacionales, figuran también entre méritos que se reconocen a la gestión que finaliza, aunque con un costo excesivo y nada transparente en más de 60 extensos viajes presidenciales por una treintena de naciones.
Corrupción y competitividad
Tras ocho años de Gobierno, el presidente Leonel Fernández deja al país como campeón mundial en malversación de los fondos públicos y corrupción, así como en declive en su capacidad competitiva, con escándalos de todos los calibres, entre los cuales resalta el contrato de 130 millones de dólares con la Sun Land, considerado el mayor de la historia nacional.
La corrupción y la falta de transparencia la han certificado sistemáticamente organismos como Transparencia Internacional, el Banco Mundial y el Foro Económico Mundial, cuyo Indice de Competitividad 2011-12 coloca a la República en la posición 110 entre 142 naciones evaluadas, con descenso de 17 escalones desde el 93 que registró en 2007.
Con la última posición en “despilfarro en el gasto gubernamental” entre 142 países evaluados por el Foro, la 141 en “favoritismo de los funcionarios del Gobierno”, y la 140 en “desvíos de los fondos públicos”, se puede asumir que Dominicana es campeona mundial en corrupción. La “calidad del sistema educativo” está en el escalón 136, “educación matemática y científica” en el 139 y la “calidad de la educación primaria” desciende hasta el 140.
El reparto de los recursos públicos se hizo norma de Gobierno para mantener los militantes propios y atraerse a decenas de partidos y grupos con la entrega de parcelas estatales, lo que a la vez debilitaba la institucionalidad del sistema de partidos y de muy diversas instituciones sociales.
Se desbordaron los altos salarios públicos, los barrilitos, cofrecitos, nominillas y repartos de todo género y el Presidente otorgó cientos de pensiones privilegiadas de 40 y 50 mil pesos a personas que no se las ganaron e incluso que no las necesitaban.
El Gobierno de Leonel Fernández acumuló la alarmante cantidad de 340 viceministros y subsecretarios, más de 300 generales militares y policiales y hasta diciembre pasado tenía una nómina de 1,163 personas designadas en cargos diplomáticos y consulares, muchas de las cuales no han sido acreditadas por los gobiernos donde fueron destinadas.
Graves interrogantes
Tras ocho años consecutivos de crecimiento económico, el presidente Fernández deja al 41% de la población en niveles de pobreza, 10% en la indigencia, según fue certificado la semana pasada, y con un millón 840 mil tarjetas para acceder a programas de asistencia social y subsidios, el mayor de los cuales es de 700 pesos mensuales, (una libra de arroz por día), que no estimulan a nadie a salir de la pobreza, pero mantienen clientelas y subordinación.
El legado del doctor Fernández de un déficit fiscal que este año superará los 100 mil millones de pesos, y los déficits de la cuenta corriente de la balanza de pagos, sobre 4 mil millones de dólares anuales, y de la balanza comercial que promedia 8,600 millones de dólares anuales en el último cuatrienio, representan serios interrogantes a la sostenibilidad económica del país, especialmente cuando se extiende la crisis económica internacional.
De ahí los reclamos de los sectores productivos que se quejan de una política económica que ha sacrificado la productividad nacional, con energía insuficiente y cara y escasa educación, con serias dificultades de competitividad hasta con Centroamérica y que privilegia las importaciones, acentuando el desnivel con casi todos los países del intercambio nacional.
La convicción del sector empresarial y de los analistas de la economía es que el modelo de desarrollo nacional, que no genera empleos de calidad, con 57 por ciento de informales, está agotado y pone bajo interrogantes la sostenibilidad del país en la medida en que se agota la capacidad de endeudamiento.
Es relevante que el doctor Fernández será el primer presidente dominicano que entrega el poder a un sucesor del mismo partido, pero hasta en sus últimos días se ha empeñado en gastar más de lo percibido, en su empeño por inaugurar obras aunque no estén concluidas, dejando un desorden financiero que dificultará el arranque del nuevo Gobierno y lo obligarán a exponer su popularidad con una dramática reforma que esta vez no podrá ser solo tributaria, sino fiscal e integral.
Grandes cuestionamientos
La baja inversión en educación, apenas por encima del 2 por ciento del PIB, contrariando la Constitución, la ley, el sentir nacional y hasta sus propios planteamientos, es el mayor cuestionamiento de una gestión que se benefició de 6 reformas tributarias que junto al endeudamiento le permitieron triplicar el presupuesto nacional, que pasó de 139 mil millones de pesos en 2004 a los 511 mil millones destinados para el 2012. El mandatario que habla de la sociedad del conocimiento prefirió seguir la tradición de autoerigirse un pedestal del visible cemento y el asfalto, reproduciendo a los dos caudillos que dominaron el escenario nacional del siglo pasado.
La calidad del gasto, sin respetar prioridades, con enormes dispendios, escasa transparencia y generalizada corrupción, es de los baldones que se le enrostran al presidente Fernández, beneficiario él mismo con su Fundación Global de prácticas de tráfico de influencia condenadas en todas las democracias.
Una desmesurada elevación del gasto corriente ha determinado que la inversión pública dependa hasta en un 90 por ciento del financiamiento. La nómina pública creció un 63 por ciento, al pasar de 400 mil a 653 mil personas.
Desde el discurso de juramentación en 2004 se prometió resolver la grave crisis energética con la instalación de megaplantas de carbón y la conversión de otras a gas natural para abaratar el servicio, así como con la renegociación de los contratos onerosos con generadores, recapitalizar las distribuidoras y conjurar el robo y las pérdidas de energía para reducir el subsidio gubernamental que hace 8 años promediaba 25 millones de dólares anuales y que, al contrario, se ha multiplicador 40 veces, ya que en el último cuatrienio ronda los mil millones de dólares por año.
Igualmente escasa ha sido la inversión en mejorar la capacidad de la Policía Nacional para combatir la creciente criminalidad y el narcotráfico que generaron grandes escándalos y cada vez más involucraron a los propios agentes del orden y a militares.
Con rasos ganando 5 mil pesos, sargentos de 8 mil, tenientes de 10 mil y coroneles de 20 mil pesos, nadie debe sorprenderse de la ineficiencia policial y el consiguiente incremento de la inseguridad pública.
Artículo publicado originalmente en el periódico Hoy
El presidente José Raúl Mulino asegura que el tránsito de personas se ha reducido este año en un 98%. Coincide con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca
Bogotá.-El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ha anunciado este jueves el cierre de los centros migratorios que ha formado parte de la ruta del Tapón del Darién, la zona selvática que han cruzado más de un millón de inmigrantes desde 2016. Mulino asegura que el tránsito de personas que se dirigían a Estados Unidos ha disminuido un 98%. Las deportaciones masivas ordenadas por Donald Trump han disuadido a muchos inmigrantes, que incluso realizan el camino de vuelta a sus países por este mismo paso fronterizo, solo que en sentido contrario.
“No permitiremos más migrantes en esa zona del Darién y cerramos una operación que comenzó en el año 2016. Me da mucha complacencia haber cumplido y haber cerrado el Darién, con lo que eso significa para la seguridad regional y panameña”, ha dicho en rueda de prensa. Mulino hace este anuncio el mismo día que la NBC ha revelado que Trump le ha pedido al Pentágono varios planes para tomar el control del Canal de Panamá, la joya sobre la que gira la economía de este país.
El Darién lo cruzaban sobre todo venezolanos que huían de la catastrófica situación económica de su país, pero también colombianos, ecuatorianos y hasta gente llegada desde lugares remotos, como Vietnam, Afganistán o Congo. El paso desde la zona colombiana lo controlaban grupos paramilitares que han ganado cientos de millones de dólares con este negocio. Cada migrante debía desembolsar unos 350 dólares si quería tener derecho a pasar. Un número indeterminado de personas ha muerto en estos años víctima de los peligros de la selva, crecidas de ríos y atracos y violaciones de bandas de delincuentes.
El lado panameño lo controlaba el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), que vigilaba el cruce de los viajeros. Antes de abandonar la selva, tenían que parar en Bajo Chiquito y Canaan Membrillo, donde las autoridades panameñas hacían control de pasaportes y atendía médicamente a los inmigrantes. Una veintena de oenegés y entidades de Naciones Unidas se ocupaban también de darles asistencia, cuidar de los menores y proveerles de agua potable, duchas y alimentos.
El paso migratorio también le cambió la vida a los pueblos indígenas que viven a orillas del río que cruza la selva, mayormente de origen embera. Los habitantes de estas pequeñas poblaciones llevaban en barca a los migrantes y les daban techo y les vendían comida. De repente tuvieron unos ingresos económicos extraordinarios. El cierre supone un golpe económico muy grande para sus comunidades. La caída del flujo de inmigrantes, de acuerdo al presidente de Panamá, ha sido estrepitosa: “Hace un año teníamos 36.841 migrantes cruzando por Darién, hoy marzo llegamos a 112. Una disminución importantísima, que representa de entre el 97-98 % de éxito por parte de las autoridades de Migración y el Senafront”.
El Darién como paso importante empezó a ser relevante cuando en 2016 empezaron a cruzarlo ciudadanos de nacionalidad cubana. Abierta esa vía que parecía más factible que la marítima, las cifras se elevaron en 2021 con 133.726 migrantes, 248.284 en 2022 y 520.000 en 2023. Se convirtió en el cruce fronterizo más importante del mundo. Después llegaban a Costa Rica, donde continuaban hasta México. Desde el norte de ese país entraban en Estados Unidos. La llegada de Trump a la Casa Blanca lo ha cambiado todo. Por ahora, el cruce del Darién queda clausurado.
elpais.com
El último lance entre las dos instituciones pone en evidencia cómo se ha menoscabado la autoridad del Poder Judicial en México
México.-Una de las enseñanzas inesperadas de la reforma judicial en México es que las autoridades pueden desobedecer las sentencias de los jueces, o acatarlas a conveniencia, cuando una mayoría democráticamente electa controla todas las palancas del poder en el Ejecutivo y el Legislativo. El último episodio de la crisis institucional lo ejemplifica el intento del Tribunal Electoral (TEPJF), dominado por una mayoría oficialista, de disputar las facultades de la Suprema Corte de Justicia para revisar los juicios de amparo. Detrás del conflicto está la lluvia de suspensiones dictadas por jueces para frenar las elecciones del 1 de junio, en las que los mexicanos votarán a miles de cargos de la Judicatura. El Supremo echó abajo esas suspensiones y dejó a salvo la elección judicial —pues no procede el amparo en materia electoral y menos contra una reforma constitucional—, no sin antes observar que los magistrados del TEPJF se arrogaron facultades inexistentes para invalidar las resoluciones de los jueces en su intento de desatorar el proceso.
El lance puso en evidencia la ruptura institucional en la que se ha sumido el país ante la voluntad de Morena de implementar su reforma sin cortapisas. Ya hace unos días, en el festejo republicano de la Constitución de 1917, la presidenta, Claudia Sheinbaum, decidió no invitar al evento oficial a Norma Piña, titular de la Suprema Corte y del Poder Judicial. Así, solo estuvieron representados dos de los tres Poderes de la Unión: el Ejecutivo y el Legislativo, controlados por Morena. Como represalia a los jueces que otorgaron suspensiones contra la reforma judicial, el Consejo de la Judicatura Federal —el órgano encargado de vigilar la conducta de los juzgadores, también de mayoría oficialista— acordó denunciarlos penalmente ante la Fiscalía General de la República.
Con esas consideraciones, el TEPJF —siempre gracias a la mayoría de tres magistrados alineada a Morena— estableció que las suspensiones dictadas por los jueces no tenían efectos sobre la elección judicial, y dieron vía libre a las autoridades del Ejecutivo y el Legislativo para ignorar esas resoluciones y continuar con los preparativos de los comicios. El último ejemplo vino luego de que un juez ordenó a los Comités de Evaluación que integraban las listas de candidatos frenar el proceso. Solo el Comité del Poder Judicial acató la instrucción. Los Comités del Ejecutivo y el Legislativo desobedecieron al juez sin ninguna consecuencia.
El ministro del Supremo Alfredo Gutiérrez preparó un proyecto para resolver el conflicto competencial entre los jueces de distrito y el TEPJF. En su proyecto, el togado ya se lamentaba por “la simplicidad con la que diversos actores institucionales decidieron ignorar los cauces legales cuando estos no convenían a sus intereses”. Antes de la votación del asunto, el pasado jueves, los magistrados del Tribunal Electoral exigieron al propio Gutiérrez, así como a los ministros Norma Piña, Javier Laynez y Jorge Pardo, no participar en la discusión del proyecto por haber hecho anteriormente pronunciamientos contra la reforma judicial, lo que, supuestamente, demostraba que no votarían de manera imparcial. El TEPJF, sin embargo, no consideró necesario pedir también la excusa de las ministras Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres, claramente militantes de Morena y quienes, desde su posición en el Supremo, están en campaña buscando ser “ratificadas” en la elección judicial.
Nunca antes los magistrados del Tribunal Electoral habían intentado dar órdenes a los ministros de la Suprema Corte. Si bien el TEPJF es la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral, el Supremo es un tribunal constitucional y su presidenta, Piña, es la cabeza de todo el Poder Judicial, por lo que, jerárquicamente, está por encima de cualquier juzgado. Ninguno de los ministros se excusó de la votación del proyecto de Gutiérrez. Hacerlo hubiera dejado a la Suprema Corte solo con seis integrantes, cuando el mínimo para que exista quorum es de siete.
Al final, el Supremo resolvió, como era de esperarse, que no se puede suspender un proceso electoral ni tampoco una reforma constitucional —como la judicial—, y ordenó a los juzgadores dar marcha atrás en sus resoluciones. Los togados también indicaron que el TEPJF no tenía facultades para revisar juicios de amparo y señalaron que sus fallos al respecto debían leerse como una mera opinión de sus integrantes. “Las sentencias [del Tribunal] no pueden tener la capacidad de incidir de manera alguna en las determinaciones de jueces de amparo; no funciona como instancia de revisión y su pretensión de anular los efectos de las suspensiones simplemente carece de cualquier efecto dentro de nuestro orden jurídico”, dice la resolución del Supremo. El ministro Alberto Pérez Dayán fustigó a los magistrados electorales que han actuado a tono con Morena —Mónica Soto, presidenta del TEPJF; Felipe Fuentes y Felipe de la Mata—, a los que se refirió como “la exigua mayoría de un tribunal deliberadamente incompleto, predecible, obvio, complaciente y sesgado con el poder”.
La sesión del jueves estuvo plena de referencias al quiebre institucional que ha supuesto la reforma judicial, una circunstancia que el ministro Gutiérrez calificó de “perturbadora”. “Esta Corte ha observado cómo cada transgresión al orden constitucional ha allanado el camino para la siguiente, hasta llegar al punto donde los límites institucionales, que alguna vez parecieron inquebrantables, se han vuelto porosos”, dijo el togado. “Diversas autoridades han normalizado lo que debería ser impensable: el desacato selectivo de resoluciones judiciales, la intervención e invención de competencias inexistentes y la subordinación del derecho a consideraciones políticas”, ha añadido.
La presidenta Sheinbaum, que siempre defendió las facultades —no existentes— del TEPJF para interferir en las resoluciones de los jueces de amparo, celebró que se haya aprobado el proyecto de Gutiérrez en el Supremo. “La elección de las y los jueces, ministros, magistrados, ¡va! Ya no tiene ninguna barrera de ningún tipo”, ha dicho en su conferencia Mañanera del viernes. La Corte enfila a su desaparición. En septiembre será reemplazada por un nuevo órgano judicial integrado por nueve ministros electos por voto popular, que presidirá quien obtenga más sufragios en la pasarela. La mayoría de los togados actuales decidió no participar en los comicios. Juez y parte, Batres, Esquivel y Ortiz están en abierta campaña y aspiran a ser las más votadas, para entregar a Morena otra institución en la que tendrá mayoría.
elpais.com
Por Efe
Davos (Suiza).- Prácticamente todo Latinoamérica ha sido excluida de un acuerdo que permitirá a más de un centenar de países tener acceso a medicamentos genéricos que han demostrado tener hasta un 95 % de eficacia para prevenir infecciones con el VIH (virus causante del sida), en momentos en que varios países de la región están experimentando un fuerte aumento de nuevos casos.
“Están excluyendo a países de ingresos medios que podrían producirlas y venderlas más baratas al resto del mundo, países como Brasil, Perú, México y Argentina.
Estos países han participado incluso en los ensayos y ahora son excluidos, lo cual es equivocado y no ético”, declaró en una entrevista con EFE la directora del Programa de Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (UNAIDS), Winnie Byanyima. Las compañías en cuestión son Gilead y ViiV.
La primera ha desarrollado un producto que con solo dos dosis de inyectables al año puede prevenir la infección, mientras que la segunda tiene un medicamento que se administra cada dos meses con el mismo propósito.
UNAIDS estima que, a pesar de no ser una cura, si 10 millones de personas en el mundo tuvieran acceso a estos medicamentos en 2025 se podría cumplir el objetivo internacional de erradicar el VIH para 2030.
El acuerdo para poder acceder a sus versiones genéricas son cruciales en vista del exorbitante coste de estos tratamientos, que en el caso del producido por Gilead puede alcanzar los 40.000 dólares anuales, mientras que los genéricos podrían costar solo 40 dólares al año por persona.
“Estamos muy preocupados porque al mismo tiempo que sabemos que tenemos un medicamento preventivo poderoso y altamente eficaz, vemos la misma vieja historia, como lo que ocurrió con los antirretrovirales, que tomaron diez años (para la comercialización de genéricos) durante los cuales doce millones de africanos murieron esperando que su precio bajara”, recordó Byanyima, quien participa en el Foro Económico Mundial de Davos.
Únicamente la exclusión de Brasil, Colombia, México y Venezuela deja fuera al 7 % de las nuevas infecciones a nivel mundial.
La jefa de UNAIDS citó los casos alarmantes de Venezuela y Perú, donde el año pasado los nuevos casos de infecciones con VIH aumentaron un 98 % y 80 %, respectivamente con respecto a 2023, lo que hace urgente que puedan acceder a estos nuevos medios de prevención.
Sobre la razones de esta evolución negativa, dijo que en el caso de Venezuela se trata de una combinación de factores, como el desarraigo de parte de la población convertida en desplazados internos o refugiados, y la precariedad del sistema de salud.
“En Perú vemos que mucha gente no está conectada con el sistema de salud y también mucho estigma y discriminación. Hay muchas personas gais que buscan ayuda muy tarde y mueren por falta de diagnóstico, así que hay múltiples factores que estamos tratando de investigar”, explicó.
Frente a situaciones como éstas, “Gilead está utilizando tácticas para retrasar las cosas, pero nosotros exigimos rapidez y que se aumente la producción.
Queremos lo que ya tienen, lo que han puesto en el mercado en Estados Unidos y en los países ricos, para que llegue a todas las personas, la mayoría de las cuales están en el Sur (países en desarrollo)”, concluyó Byanyima.