Análisis Noticiosos
Los logros y fracasos de Leonel Fernández
Por Juan Bolívar Díaz
Ocho años de gobierno con estabilidad, crecimiento económico y gran obra material en base a endeudamiento, pero con escaso desarrollo humano, grave corrupción, compra de conciencias y precariedad institucional
Leonel Fernández, presidente saliente
Los ocho años consecutivos de Gobierno de Leonel Fernández marcan una etapa de estabilidad y crecimiento económico, con un legado importante de construcciones, aunque financiadas con enorme endeudamiento, dejando déficits fiscal y de balanza comercial que cuestionan la sostenibilidad del modelo de desarrollo.
Las graves deficiencias en educación, energía y competitividad, junto al clientelismo, la corrupción, falta de transparencia y precariedades institucionales arrojan un balance decepcionante de la gestión de un líder que enarboló el discurso de la era de la información y la sociedad del conocimiento.
Los mayores logros
La estabilidad macroeconómica con crecimiento promedio anual del 8 por ciento del producto bruto interno y un significativo legado de construcciones han sido los mayores logros del Gobierno de ocho años que culmina la próxima semana.
Es generalizado el criterio de que el doctor Leonel Fernández se inscribió en la historia de los grandes constructores junto a Rafael Trujillo y Joaquín Balaguer, aunque con la diferencia de que lo hizo en base a un financiamiento que triplicó la deuda pública, de 7,900 a más de 24 mil millones de dólares y con déficits fiscales que en los últimos cinco años, incluyendo el actual, superan los 300 mil millones de pesos.
El sostenido crecimiento económico, con control de la inflación y la tasa cambiaria durante estos ocho años nadie se lo podrá discutir al presidente Fernández, como tampoco una extensa red de comunicación terrestre, que va desde dos líneas de Metro hasta múltiples elevados, pasos a desnivel, carreteras y puentes, así como edificaciones gubernamentales, de escuelas y hospitales.
También hay que acreditarle la aprobación de múltiples reformas institucionales, muchas de las cuales se cumplen precariamente, y una nueva Constitución con rasgos contradictorios de modernidad y retrocesos, pero que le ha permitido, con la colaboración de opositores, acumular un enorme poder político que mantendría tras salir del Gobierno, gracias a su capacidad para atraerse adherentes en base al reparto de cargos y parcelas de poder en nuevos y viejos organismos estatales.
Importantes avances en la implementación del Sistema de Seguridad Social y la ampliación de las relaciones exteriores, con mayor presencia en los organismos internacionales, figuran también entre méritos que se reconocen a la gestión que finaliza, aunque con un costo excesivo y nada transparente en más de 60 extensos viajes presidenciales por una treintena de naciones.
Corrupción y competitividad
Tras ocho años de Gobierno, el presidente Leonel Fernández deja al país como campeón mundial en malversación de los fondos públicos y corrupción, así como en declive en su capacidad competitiva, con escándalos de todos los calibres, entre los cuales resalta el contrato de 130 millones de dólares con la Sun Land, considerado el mayor de la historia nacional.
La corrupción y la falta de transparencia la han certificado sistemáticamente organismos como Transparencia Internacional, el Banco Mundial y el Foro Económico Mundial, cuyo Indice de Competitividad 2011-12 coloca a la República en la posición 110 entre 142 naciones evaluadas, con descenso de 17 escalones desde el 93 que registró en 2007.
Con la última posición en “despilfarro en el gasto gubernamental” entre 142 países evaluados por el Foro, la 141 en “favoritismo de los funcionarios del Gobierno”, y la 140 en “desvíos de los fondos públicos”, se puede asumir que Dominicana es campeona mundial en corrupción. La “calidad del sistema educativo” está en el escalón 136, “educación matemática y científica” en el 139 y la “calidad de la educación primaria” desciende hasta el 140.
El reparto de los recursos públicos se hizo norma de Gobierno para mantener los militantes propios y atraerse a decenas de partidos y grupos con la entrega de parcelas estatales, lo que a la vez debilitaba la institucionalidad del sistema de partidos y de muy diversas instituciones sociales.
Se desbordaron los altos salarios públicos, los barrilitos, cofrecitos, nominillas y repartos de todo género y el Presidente otorgó cientos de pensiones privilegiadas de 40 y 50 mil pesos a personas que no se las ganaron e incluso que no las necesitaban.
El Gobierno de Leonel Fernández acumuló la alarmante cantidad de 340 viceministros y subsecretarios, más de 300 generales militares y policiales y hasta diciembre pasado tenía una nómina de 1,163 personas designadas en cargos diplomáticos y consulares, muchas de las cuales no han sido acreditadas por los gobiernos donde fueron destinadas.
Graves interrogantes
Tras ocho años consecutivos de crecimiento económico, el presidente Fernández deja al 41% de la población en niveles de pobreza, 10% en la indigencia, según fue certificado la semana pasada, y con un millón 840 mil tarjetas para acceder a programas de asistencia social y subsidios, el mayor de los cuales es de 700 pesos mensuales, (una libra de arroz por día), que no estimulan a nadie a salir de la pobreza, pero mantienen clientelas y subordinación.
El legado del doctor Fernández de un déficit fiscal que este año superará los 100 mil millones de pesos, y los déficits de la cuenta corriente de la balanza de pagos, sobre 4 mil millones de dólares anuales, y de la balanza comercial que promedia 8,600 millones de dólares anuales en el último cuatrienio, representan serios interrogantes a la sostenibilidad económica del país, especialmente cuando se extiende la crisis económica internacional.
De ahí los reclamos de los sectores productivos que se quejan de una política económica que ha sacrificado la productividad nacional, con energía insuficiente y cara y escasa educación, con serias dificultades de competitividad hasta con Centroamérica y que privilegia las importaciones, acentuando el desnivel con casi todos los países del intercambio nacional.
La convicción del sector empresarial y de los analistas de la economía es que el modelo de desarrollo nacional, que no genera empleos de calidad, con 57 por ciento de informales, está agotado y pone bajo interrogantes la sostenibilidad del país en la medida en que se agota la capacidad de endeudamiento.
Es relevante que el doctor Fernández será el primer presidente dominicano que entrega el poder a un sucesor del mismo partido, pero hasta en sus últimos días se ha empeñado en gastar más de lo percibido, en su empeño por inaugurar obras aunque no estén concluidas, dejando un desorden financiero que dificultará el arranque del nuevo Gobierno y lo obligarán a exponer su popularidad con una dramática reforma que esta vez no podrá ser solo tributaria, sino fiscal e integral.
Grandes cuestionamientos
La baja inversión en educación, apenas por encima del 2 por ciento del PIB, contrariando la Constitución, la ley, el sentir nacional y hasta sus propios planteamientos, es el mayor cuestionamiento de una gestión que se benefició de 6 reformas tributarias que junto al endeudamiento le permitieron triplicar el presupuesto nacional, que pasó de 139 mil millones de pesos en 2004 a los 511 mil millones destinados para el 2012. El mandatario que habla de la sociedad del conocimiento prefirió seguir la tradición de autoerigirse un pedestal del visible cemento y el asfalto, reproduciendo a los dos caudillos que dominaron el escenario nacional del siglo pasado.
La calidad del gasto, sin respetar prioridades, con enormes dispendios, escasa transparencia y generalizada corrupción, es de los baldones que se le enrostran al presidente Fernández, beneficiario él mismo con su Fundación Global de prácticas de tráfico de influencia condenadas en todas las democracias.
Una desmesurada elevación del gasto corriente ha determinado que la inversión pública dependa hasta en un 90 por ciento del financiamiento. La nómina pública creció un 63 por ciento, al pasar de 400 mil a 653 mil personas.
Desde el discurso de juramentación en 2004 se prometió resolver la grave crisis energética con la instalación de megaplantas de carbón y la conversión de otras a gas natural para abaratar el servicio, así como con la renegociación de los contratos onerosos con generadores, recapitalizar las distribuidoras y conjurar el robo y las pérdidas de energía para reducir el subsidio gubernamental que hace 8 años promediaba 25 millones de dólares anuales y que, al contrario, se ha multiplicador 40 veces, ya que en el último cuatrienio ronda los mil millones de dólares por año.
Igualmente escasa ha sido la inversión en mejorar la capacidad de la Policía Nacional para combatir la creciente criminalidad y el narcotráfico que generaron grandes escándalos y cada vez más involucraron a los propios agentes del orden y a militares.
Con rasos ganando 5 mil pesos, sargentos de 8 mil, tenientes de 10 mil y coroneles de 20 mil pesos, nadie debe sorprenderse de la ineficiencia policial y el consiguiente incremento de la inseguridad pública.
Artículo publicado originalmente en el periódico Hoy
Análisis Noticiosos
Hay 2,7 millones de personas más en la pobreza que antes de la pandemia en Perú.
Lima.-Perú es un país de paradojas: su moneda, el sol, es una de las más estables de Latinoamérica, posee el nivel de las reservas internacionales más alto de la región (29% del Producto Bruto Interno) y, sin embargo, su pobreza monetaria va en aumento. Un informe elaborado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) ha confirmado que en 2022 se ha resentido la capacidad de gasto de los hogares peruanos: subió del 25,9% a 27,5% el nivel de gasto per cápita, insuficiente para adquirir una canasta básica de alimentos y otros productos.
El gasto por habitante en las familias peruanas aumentó de 378 soles a 415 soles por mes (112 dólares), que equivale a un 9,7% en relación al 2021. El estudio estableció que aquellos ciudadanos cuyo consumo es mayor que 415 soles mensuales (112 dólares) son considerados “no pobres”. No obstante, a fines de 2022 por lo menos nueve millones de peruanos (de 34 millones de población) podían ser considerados pobres, registrándose un aumento de 628.000 en comparación al 2021. Son 2.694.000 más respecto al 2019, el año anterior a la pandemia.
El informe Evolución de la Pobreza Monetaria 2011-2022 fue elaborado con los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) y tomó como muestra a 36.848 viviendas a nivel nacional. En él se señala que “en el 2022, la pobreza extrema alcanzó al 5% de la población del país (1.673.000 peruanos) y aumentó un 0.9% respecto al año 2021; mientras que, al compararla con el año 2019, fue mayor en 2.1 puntos porcentuales”. En el caso de la pobreza extrema, la medición del gasto mensual por habitante en 2022 fue de 226 soles (61 dólares).
Otro aspecto que despierta preocupación entre los analistas es la incidencia de la vulnerabilidad monetaria, es decir, aquellos que están en riesgo de pasar a ser considerados pobres. Se cerró el 2022 con 10.795.000 personas balanceándose en esa cuerda floja, que equivalen al 32.3% de la población. Si bien se registra una disminución de 2,3% respecto al 2021 (34.6%) y un 1,7% en cuanto al 2019 (34%), sigue siendo la tercera parte de los peruanos.
El documento arroja que ligeramente hay más mujeres en condición de pobreza: 27,8% mientras que los varones afectados constituyen el 27,2%. La escasez de recursos también ha golpeado en mayor proporción a los menores de 17 años (36,7%) y solo el 11,2% de las personas en estado de pobreza alcanzaron la educación superior.
Análisis Noticiosos
Con barro hasta las rodillas: ladrilleras argentinas quieren que se formalice su trabajo
Unas 160.000 familias están involucradas en la fabricación artesanal del insumo básico para la construcción. El rol de las mujeres estuvo históricamente invisibilizado en un trabajo exigente y masculinizado
Buenos Aires.-La producción de ladrillos es una actividad tan arraigada como artesanal en todo el territorio argentino. Aunque las estadísticas oficiales son escasas, las últimas de la Secretaría de Minería de la Nación indicaban que unas 160.000 familias se dedican a esta tarea ligada a la construcción y fuertemente influenciada por los ciclos económicos del país. Para entonces, 2011, estos datos no estaban segregados por género, así que es muy difícil saber cuántas trabajan en el sector. Así, la historia de las mujeres ladrilleras estuvo históricamente invisibilizada.
“Al recorrer el país, cuando nos encontrábamos con los trabajadores, ellos decían que hacían las tareas con sus hermanos o sus padres. A los pocos minutos llegaban las mujeres con el barro de los ladrillos hasta las rodillas. Cuando les preguntábamos, ellas decían: ‘Yo ayudo en el horno’. Así fue como comenzamos a juntarnos y charlar para cuantificar y valorar su tarea”, agregó Lemos.
Dos integrantes de la Cooperativa Unión Ladrillera, durante la elaboración artesanal de ladrillos.
Así fue como las mujeres ladrilleras comenzaron a organizarse. En 2016, lograron modificar el estatuto del sindicato para la creación de una Secretaría de Igualdad y Géneros en UOLRA, que tiene presencia en 18 de las 23 provincias del país. Y hace tres años comenzaron con la campaña de visibilización del rol de las mujeres en la actividad ladrillera, con cursos, charlas, conversatorios sobre violencia de género, y otras actividades sociales bajo la siguiente frase: “Trabajo, no ayudo”, con la idea de empoderarse y reconocerse como trabajadoras.
La preparación del ladrillo tiene varias etapas: preparar el barro; cortar y apilar el adobe crudo; armar el horno; quemar y paletizar el ladrillo; desarmar el horno… “Las mujeres estamos involucradas en todos los procesos, aunque la tarea estuvo históricamente masculinizada”, cuenta.
Soledad Casals es una de las mujeres dedicadas a la producción y quinta generación de una familia de ladrilleros. En Santa Elena, un municipio de 17.000 habitantes en la provincia litoraleña de Entre Ríos, fundó la Cooperativa Unión Ladrillera, formada por once mujeres que fabrican ladrillos y otros productos, como adoquines y grillas de césped, que venden al municipio de su ciudad. La formación de la cooperativa les permitió formalizar su trabajo y adquirir derechos, que en el rubro fueron postergados.
“Mi bisabuelo hacía ladrillos con las mismas condiciones y herramientas que usamos hoy. No se tecnificó la actividad y las herramientas que usamos son similares a las de hace 100 años. Eso tiene relación con la poca visibilidad que tiene la actividad. Todo el mundo conoce el ladrillo pero pocos saben cómo se hace de forma artesanal. El ladrillo se fabrica a cielo abierto y depende de condiciones climáticas. Por ejemplo, cuando llueve no hay actividad porque se perdería la producción”, cuenta Casals.
La formalización del trabajo de las mujeres permitió, en algunos casos, mejorar las condiciones laborales de una actividad que suele desarrollarse en zonas rurales y periféricas. “Con la cooperativa, comenzamos también a producir adoquines, con máquinas y moldes y adentro de un galpón. En ese caso, las condiciones ya son distintas, con la posibilidad de tener un baño cercano; necesitamos mejorarlas en la fabricación de los ladrillos y tener calidad en el ambiente donde producimos. Es un sector postergado porque siempre fue invisibilizado”, consideró.
Una ladrillera de la cooperativa enseña los tabiques que elaboran.
La presencia del sindicato en las provincias posibilitó la organización de las mujeres y el reconocimiento integral como trabajadoras. La creación de parques ladrilleros, el relevamiento oficial de la actividad y la participación y el protagonismo de las mujeres en todo el proceso organizativo son algunos de los grandes desafíos, junto a la cuestión ambiental.
La incorporación de tecnología es fundamental para lograr estos objetivos planeados por Casals. “No es lo mismo quemar en los hornos con leña que hacerlo con gas natural. En este último caso tendríamos ladrillos de mejor calidad y no usaríamos leñas de los bosques nativos aminorando el impacto ambiental. También necesitamos estudios de suelo para poder tener una cava. Nuestra actividad es minera y con investigación podemos saber de dónde sacar la tierra”, dice Casals. Sin un registro certero de familiares que se dedican a la actividad y hornos en actividad, tampoco hay normativas claras sobre el impacto ambiental de una actividad artesanal. “La minería se piensa en este país bajo el parámetro de la megaminería”.
Entre sus etapas, la actividad ladrillera comprende la extracción de suelo; por esa razón, la Secretaría de Minería de la Nación tiene injrencia en el tema. “Hay un componente importante de la actividad ladrillera que se desarrolla de manera artesanal, pero otra sucede a escala industrial y cuenta con procesos mucho más avanzados. Las segundas tienen impactos menores que las primeras, en términos de unidad de producción, que tienden a relacionarse con la extracción de suelos y la generación de emisiones gaseosas. Dependiendo de la fuente de combustible y tecnología, pueden tener mayor o menor incidencia en la calidad del aire y en la contribución por huella de carbono”, analiza Leonardo Pflüguer, director nacional de Producción Minera Sustentable.
Lemos, de UOLRA, cree que la actividad minera en Argentina siempre se pensó “con la óptica de la megaminería, sin darnos demasiada bolilla”. “Se nos exigía el mismo estudio de impacto ambiental a nosotros que a una minera a cielo abierto. Lo cierto es que hay un gran mito sobre nuestra actividad pero pocos números duros sobre el impacto ambiental real de la actividad ladrillera”, dijo Lemos.
La creación de un Parque Industrial Ladrillero en la provincia de San Juan es un paso hacia la regularización de la actividad en todas sus variables, incluso la ambiental. “A través de canteras autorizadas y reglamentadas, habrá un salto para la formalización de la actividad y la comercialización. Así podremos regularizar el tema extractivista y el ordenamiento territorial. Al sacar los hornos de las casas y llevarlos a los parques, también se lucha contra el trabajo infantil”, agregó Lemos, con la esperanza de construir una actividad ladrillera sustentable, que no excluya a las mujeres y que salga de la marginalidad.
elpais.com
La represión religiosa se agravó con la prohibición de procesiones y el asedio policial en templos en todo el territorio del país
La persecución religiosa que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo recrudeció durante los primeros días de abril ha dejado al menos 20 nicaragüenses detenidos, sobre todo en Semana Santa, cuando la policía prohibió procesiones y tradiciones católicas. El dato de las detenciones lo aportan organismos opositores, que las catalogan como “secuestros”, y quienes registraron los asedios contra parroquias y la realización de los ritos intramuros de los templos.
La organización el Monitoreo Azul y Blanco reporta 35 incidentes a violaciones a los derechos humanos durante la Semana Santa, una de las más veneradas y sentidas por el catolicismo. Entre ellas destacan cinco casos de hostigamiento policial y nueve incidentes de control territorial por parte de los oficiales para boicotear las procesiones. Además, resaltan la expulsión del país del sacerdote panameño Donaciano Alarcón. El párroco fue capturado y las autoridades migratorias lo dejaron descalzo en la frontera con Honduras por pedir por la liberación del obispo Rolando Álvarez, condenado a 26 años de prisión.
La Organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), denunció la detención “arbitraria e ilegal” del periodista y aseguran que fue trasladado a la Dirección de Auxilio Judicial, El Chipote, en Managua. Sin embargo, hasta ahora la policía no ha informado sobre el arresto.
El régimen de Ortega y Murillo prohibió los viacrucis de cuaresma desde mediados de febrero y luego amplió la restricción a todo evento de Semana Santa. La jerarquía católica en Nicaragua acató la orden anunciada por la policía y cancelaron las tradicionales peregrinaciones nacionales, celebradas antes de la Semana Santa. Los párrocos ordenaron a sus fieles realizar sus actos de fe al interior de los templos, pero eso no evitó que el acoso policial amainara.
Sin embargo, no sólo en la ciudad de Nandaime los devotos se rebelaron: En los departamentos de Masaya, Granada, y Chinandega jóvenes ataviados con túnicas y cargando cruces desafiaron a los oficiales al recrear la pasión, muerte y resurrección de Jesús en las calles. En el pequeño y caliente municipio de Ranchería, en el occidente del país, los fieles reclamaron de frente a los antimotines y rodearon la patrulla policial en reclamo por la prohibición de la salida tradicional de Los Judíos.
La persecución religiosa ha incluido cierres de medios de comunicación católicos, la expulsión de sacerdotes y monjas hasta la suspensión de las relaciones diplomáticas de forma unilateral con la Santa Sede, luego de que Francisco catalogara al régimen de Ortega y Murillo como una dictadura hitleriana.
Abril, mes caliente
La organización Urnas Abiertas sostuvo que la persecución religiosa en Semana Santa trajo más intimidación y el asedio fue parejo en casi todo el territorio nacional. El organismo prevé que el acoso persista en Nicaragua a medida que el mes de abril transcurra, en especial a partir del día 18, cuando se cumpla el quinto aniversario de las protestas sociales que arrinconaron a la pareja presidencial.
Desde 2018, el régimen redobla el estado policial en el mes de abril para evitar cualquier tipo de conmemoración o alusión al movimiento popular que fue aplacado con violencia letal por policías y paramilitares sandinistas. Al menos 355 personas fueron ejecutadas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Miles fueron apresados y centenares condenados en juicios políticos, mientras hasta la fecha unos 300.000 nicaragüenses han huido o se han exiliado de la violencia política y la crisis económica, en un éxodo sin precedentes solo comparable al de la década del ochenta, cuando el país estaba sumido en una guerra civil.
Recientemente, el informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (Ghren, por sus siglas en inglés) concluyó que Ortega y Murillo fueron responsables de la comisión de crímenes de lesa humanidad desde 2018 hasta la fecha. Los expertos han exhortado a la comunidad internacional a activar la justicia internacional contra la pareja presidencial, mientras que el mandato del Ghren fue renovado por Naciones Unidas para profundizar en las cadenas de mando represivas, incluida una investigación sobre el rol del Ejército de Nicaragua.
En el destierro en Miami, el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, celebró la misa de Resurrección y recordó que las piedras del sepulcro fueron removidas por Jesús. “En el camino hacia su liberación los pueblos se ven bloqueados no solo por las enormes piedras de la crueldad de los tiranos, sino también por las piedras de la indiferencia de los egoístas, las envidias entre los líderes y la desesperanza del pueblo cansado de sufrir. Pero todas esas piedras pueden ser removidas”, alentó el prelado.
elpais.com