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Análisis Noticiosos

Los logros y fracasos de Leonel Fernández

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Por Juan Bolívar Díaz

Ocho años de gobierno con estabilidad, crecimiento económico y gran obra material en base a endeudamiento, pero con escaso desarrollo humano, grave corrupción, compra de conciencias y precariedad institucional

Leonel Fernández, presidente saliente

Los ocho años consecutivos de Gobierno de Leonel Fernández marcan una etapa de estabilidad y crecimiento económico, con un legado importante de construcciones, aunque financiadas con enorme endeudamiento, dejando déficits fiscal y de balanza comercial que cuestionan la sostenibilidad del modelo de desarrollo.

Las graves deficiencias en educación, energía y competitividad, junto al clientelismo, la corrupción, falta de transparencia y precariedades institucionales arrojan un balance decepcionante de la gestión de un líder que enarboló el discurso de la era de la información y la sociedad del conocimiento.

Los mayores logros

 La estabilidad macroeconómica con crecimiento promedio anual del 8 por ciento del producto bruto interno y un significativo legado de construcciones han sido los mayores logros del Gobierno de ocho años que culmina la próxima semana.

Es generalizado el criterio de que el doctor Leonel Fernández se inscribió en la historia de los grandes constructores junto a Rafael Trujillo y Joaquín Balaguer, aunque con la diferencia de que lo hizo en base a un financiamiento que triplicó la deuda pública, de 7,900 a más de 24 mil millones de dólares y con déficits fiscales que en los últimos cinco años, incluyendo el actual, superan los 300 mil millones de pesos.

El sostenido crecimiento económico, con control de la inflación y la tasa cambiaria durante estos ocho años nadie se lo podrá discutir al presidente Fernández, como tampoco una extensa red de comunicación terrestre, que va desde dos líneas de Metro hasta múltiples elevados, pasos a desnivel, carreteras y puentes, así como edificaciones gubernamentales, de escuelas y hospitales.

También hay que acreditarle la aprobación de múltiples reformas institucionales, muchas de las cuales se cumplen  precariamente, y una nueva Constitución con rasgos contradictorios de modernidad y retrocesos, pero que le ha permitido, con la colaboración de opositores, acumular un enorme poder político que mantendría tras salir del Gobierno, gracias a su capacidad para atraerse adherentes en base al reparto de cargos y parcelas de poder en nuevos y viejos organismos estatales.

Importantes avances en la implementación del Sistema de Seguridad Social y la ampliación de las relaciones exteriores, con mayor presencia en los organismos internacionales, figuran también entre méritos que se reconocen a la gestión que finaliza, aunque con un costo excesivo y nada transparente  en más de 60 extensos viajes presidenciales por una treintena de naciones.

Corrupción y competitividad

Tras ocho años de Gobierno, el presidente Leonel Fernández deja al país como campeón mundial en malversación de los fondos públicos y corrupción, así como en declive en su capacidad competitiva, con escándalos de todos los calibres, entre los cuales resalta el contrato de 130 millones de dólares con la Sun Land, considerado el mayor de la historia nacional.

La corrupción y la falta de transparencia la  han certificado sistemáticamente organismos como Transparencia Internacional, el Banco Mundial y el Foro Económico Mundial, cuyo Indice de Competitividad 2011-12 coloca a la República en la posición 110 entre 142 naciones evaluadas, con descenso de 17 escalones desde el 93 que registró en  2007.

Con la última posición en “despilfarro en el gasto gubernamental” entre 142 países evaluados por el Foro, la 141 en “favoritismo de los funcionarios del Gobierno”, y la 140 en “desvíos de los fondos públicos”, se puede asumir que Dominicana es campeona mundial en corrupción. La “calidad del sistema educativo” está en el escalón 136, “educación matemática y científica” en el 139 y la “calidad de la educación primaria” desciende hasta el 140.

El reparto de los recursos públicos se hizo norma de Gobierno para mantener los militantes propios y atraerse a decenas de partidos y grupos  con la entrega de parcelas estatales, lo que a la vez debilitaba la institucionalidad del sistema de partidos y de muy diversas instituciones sociales.

Se desbordaron los altos salarios públicos, los barrilitos, cofrecitos, nominillas y repartos de todo género y el Presidente otorgó cientos de pensiones privilegiadas de 40 y 50 mil pesos a personas que no se las ganaron e incluso que no las necesitaban.

El Gobierno de Leonel Fernández acumuló la alarmante cantidad de 340 viceministros y subsecretarios, más de 300 generales militares y policiales y hasta diciembre pasado tenía una nómina de 1,163 personas designadas en cargos diplomáticos y consulares, muchas de las cuales no han sido acreditadas por los gobiernos donde fueron destinadas.

Graves interrogantes

 Tras ocho años consecutivos de crecimiento económico, el presidente Fernández deja al 41% de la población en niveles de pobreza, 10% en la indigencia, según fue certificado la semana pasada, y con un millón 840 mil tarjetas para acceder a programas de asistencia social y subsidios, el mayor de los cuales es de 700 pesos mensuales, (una libra de arroz por día), que no estimulan a nadie a salir de la pobreza, pero mantienen clientelas y subordinación.

El legado del doctor Fernández de un déficit fiscal que este año superará los 100 mil millones de pesos, y los déficits de la cuenta corriente de la balanza de pagos, sobre 4 mil millones de dólares anuales, y de la balanza comercial que promedia 8,600 millones de dólares anuales en el último cuatrienio, representan serios interrogantes a la sostenibilidad económica del país, especialmente cuando se extiende la crisis económica internacional.

De ahí los reclamos de los sectores productivos que se quejan de una política económica que ha sacrificado la productividad nacional, con energía insuficiente y cara y escasa educación, con serias dificultades de competitividad hasta con Centroamérica y que privilegia las importaciones, acentuando el desnivel con casi todos los países del intercambio nacional.

La convicción del sector empresarial y de los analistas de la economía es que el modelo de desarrollo nacional, que no genera empleos de calidad, con 57 por ciento de informales, está agotado y  pone bajo interrogantes la sostenibilidad del país en la medida en que se agota la capacidad de endeudamiento.

Es relevante que el doctor Fernández será el primer presidente dominicano que entrega el poder a un sucesor del mismo partido, pero hasta en sus últimos días se ha empeñado en gastar más de lo percibido, en su empeño por inaugurar obras aunque no estén concluidas, dejando un desorden financiero que dificultará el arranque del nuevo Gobierno y lo obligarán a exponer su popularidad con una dramática reforma que esta vez no podrá ser solo tributaria, sino fiscal e integral.

Grandes cuestionamientos

La baja inversión en educación, apenas por encima del 2 por ciento del PIB, contrariando la Constitución, la ley, el sentir nacional y hasta sus propios planteamientos, es el mayor cuestionamiento de una gestión que se benefició de 6 reformas tributarias que junto al endeudamiento le permitieron triplicar el presupuesto nacional, que pasó de 139 mil millones de pesos en 2004 a los 511 mil millones destinados para el 2012. El mandatario que habla de la sociedad del conocimiento prefirió seguir la tradición de autoerigirse un pedestal del visible cemento y el asfalto, reproduciendo a los dos caudillos que dominaron el escenario nacional del siglo pasado.

La calidad del gasto, sin respetar prioridades, con enormes dispendios, escasa transparencia  y generalizada corrupción, es de los baldones que se le enrostran al presidente Fernández, beneficiario él mismo con su Fundación Global de prácticas de tráfico de influencia condenadas en todas las democracias.

Una desmesurada elevación del gasto corriente ha determinado que la inversión pública dependa hasta en un 90 por ciento del financiamiento. La nómina pública creció un 63 por ciento, al pasar de 400 mil a 653 mil personas.

Desde el discurso de juramentación en  2004 se prometió resolver la grave crisis energética con la instalación de megaplantas de carbón y la conversión de  otras a gas natural para abaratar el servicio, así como con la renegociación de los contratos onerosos con generadores, recapitalizar las distribuidoras y conjurar el robo y las pérdidas de energía para reducir el subsidio gubernamental que hace 8 años promediaba 25 millones de dólares anuales y que, al contrario, se ha multiplicador 40 veces, ya que en el último cuatrienio ronda los mil millones de dólares por año.

Igualmente escasa ha sido la inversión en mejorar la capacidad de la Policía Nacional para combatir la creciente criminalidad y el narcotráfico que generaron grandes escándalos y cada vez más involucraron a los propios agentes del orden y a militares.

Con rasos ganando 5 mil pesos, sargentos de 8 mil, tenientes de 10 mil y coroneles de 20 mil pesos, nadie debe sorprenderse de la ineficiencia policial y el consiguiente incremento de la inseguridad pública.

Artículo publicado originalmente en el periódico Hoy

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Cuba, el país “más seguro del mundo” es cada vez más inseguro

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Con cada vez más frecuencia, la prensa independiente publica titulares sobre robos con fuerza, asesinatos y peleas callejeras

Cuba.-Decenas de jóvenes hacen fila cerca de la calzada de Santa Catalina, en La Habana. Se han anunciado actividades por la inauguración del verano este 8 de junio en La Finca de los Monos. En los videos que varios usuarios han compartido en redes sociales, se empieza a notar un alboroto. La gente corre de un lado a otro. Gritan. Varios se han ido a las manos. Un grupo de mujeres se jala del pelo. Lo que prometía ser un sábado de recreación ha terminado en una orquesta de golpes. Se divisan unos jóvenes caminando con machete y armas blancas. Hay personas heridas, tiradas en el suelo. En algún momento llegan los oficiales de la policía. La gente habla de varios muertos y heridos. El gobierno se resta responsabilidad y desmiente el hecho de que hubiera algún fallecido. La pelea tumultuaria de la Finca de los Monos, de la que incluso habló la prensa estatal cubana cuando la norma es que se haga silencio ante este tipo de sucesos, despertó una vez más el debate por la violencia que, según muchos, se está viviendo últimamente en las calles de Cuba.

Con cada vez más frecuencia, la prensa independiente publica titulares sobre robos con fuerza, asesinatos, peleas callejeras. Sobre un joven del municipio de Campechuela, al oriente del país, cuyo cuerpo destrozado han encontrado sus propios familiares y amigos ante la “ineptitud” de la policía, según dijeron en Facebook. Los dos jóvenes que planearon el asesinato de un señor en Camagüey para robarle su triciclo eléctrico. La sentencia a cadena perpetua de un ciudadano cubano por asesinar a un campesino para robarle sus reses. El saldo de un muerto y varios heridos durante un concierto del cantante Jerry La Bandera. Y otros.

En medio de la crisis económica que atraviesa Cuba, la peor de su historia, según dijo en una reciente entrevista a EL PAÍS el economista cubano Carmelo Mesa-Lago, ha aumentado también la percepción de la violencia. “Es muy difícil acceder a las estadísticas, tener una referencia estadística para decir que sí ha aumentado el crimen. Ahora, es innegable que se percibe no solo el aumento de la criminalidad, sino también la naturaleza de la violencia”, asegura el abogado defensor Nelson González, con más de 30 años trabajando en el sistema judicial cubano. “Unos dirán que siempre han existido robos con violencia, asesinatos, homicidios, o cualquier otra manifestación de crimen violento, pero hoy en día se ven más esas expresiones. El país tiene un deterioro de todo. Un deterioro del sistema de valores, una crisis económica que impacta todas las áreas de la vida”.

Entre los logros de los que siempre presumió la Revolución cubana estaba el de la seguridad social. En una ocasión, en un acto por el 45 aniversario del Ministerio del Interior (MININT), Fidel Castro aseguró que “Cuba es el país más seguro del mundo”, algo que repitió no pocas veces en muchos de sus discursos. Varios rankings mundiales siguen ubicando a Cuba entre los países más seguros. La plataforma Numbeo asegura que la isla tiene el más bajo índice de criminalidad en la región, junto a Panamá y Canadá.

A inicios de año, la politóloga española Arantxa Tirado expresó en X que Cuba era “el país más seguro de todo el hemisferio occidental”, luego de desmentir al gobernante Nayib Bukele, quien quiso reservar ese lugar para El Salvador. El comentario de la politóloga generó reacciones por parte de usuarios cubanos, quienes avivaron una vez más el debate sobre el sentimiento de inseguridad que, quizás por primera vez, se está experimentando de manera colectiva en el país.

Los resultados de una encuesta digital de la plataforma Cubadata, que midió la inseguridad ciudadana en la isla, muestran que el 61% de los encuestados aseguró haber sido víctima de algún tipo de violencia o delincuencia en Cuba en 2022. De ese grupo, solo el 14,6% dijo haber denunciado el hecho ante las autoridades del país.

Aun así, la posición del Gobierno cubano ha sido no solo la de silenciar, sino la de desmentir que realmente exista un aumento de la violencia. Hace unos días el mandatario Miguel Díaz-Canel dijo que en Cuba “no hay desaparecidos ni asesinatos”. El pasado marzo una funcionaria de la Fiscalía de la República aseguró que no hay un aumento de la criminalidad, sino que la apertura gradual de internet y el acceso de más cubanos a las redes sociales incrementa “la visibilidad” de este tipo de sucesos que antes quedaban a las sombras, y son “espacios donde también se distorsionan los acontecimientos”.

En medio de esta situación, no pocas veces el gobierno sale públicamente a desmentir que haya un aumento de la violencia en el país, y culpa a la prensa independiente o a las supuestas campañas orquestadas por los opositores a la Revolución de difundir este tipo de noticias. Beatriz de la Peña La O, jefa del Departamento de Investigación de la Dirección de Procesos Penales, dijo en un programa estatal que solo el 9% de los delitos que se cometen en Cuba son violentos. Especificó además que solo el 1% son homicidios y el 3% son asesinatos, de los cuales el 89% están relacionados con problemas personales y un 11% se cometen por ánimo de lucro. Estas son cifras imposibles de verificar por la poca transparencia con que el Gobierno cubano maneja y publica sus datos. “En números, en cuantía, en proceso, no hay mayor cantidad de asesinatos”, dijo la funcionaria, quien también relaciona el acceso a internet con la percepción del aumento de la violencia.

A falta de espacios estatales para visibilizar este tipo de crímenes, y de una respuesta muchas veces ineficiente por parte de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) o el Ministerio del Interior, los cubanos han creado grupos en redes sociales para denunciar los crímenes. De manera independiente al Estado, los observatorios de género en Cuba también se han hecho cargo de llevar un registro de las víctimas por violencia feminicida, algo que las autoridades suelen esconder, pero que ha despertado las alarmas en los últimos tiempos.

En 2023, se registraron 89 feminicidios en Cuba, casi el triple de las que pudieron registrar cada uno de los dos años anteriores. En lo que va de 2024, las víctimas de feminicidio verificadas suman 23, de acuerdo con el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) y el Observatorio de Feminicidios de Yo Sí te Creo en Cuba (YSTCC). Incluso en medio de este panorama, que supera las cifras de feminicidios de países con una población mayor como España (22 mujeres en 2023, según el Ministerio de Igualdad), el Gobierno cubano no solo no aprueba la tan aclamada Ley integral contra la violencia de género por parte de las activistas, o esconde las cifras de mujeres ultimadas por parejas o exparejas, sino que Díaz-Canel ha insistido en que los feminicidios son “una construcción mediática ajena por completo a la realidad cubana”.

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Demandan a Biden por orden ejecutiva que blinda la frontera

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La orden ejecutiva emitida por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha generado una batalla judicial con la Unión de Libertades Civiles, la ACLU, la cual ha informado este miércoles de que ha demandado la medida del presidente demócrata que cierra la frontera con México cuando se superan las 2.500 detenciones diarias a lo largo de una semana, cuyo  litigio no es una sorpresa, ya que  la organización defensora de los derechos humanos había anunciado su intención de llevar la acción ejecutiva a los tribunales, a fin  frenar de forma casi definitiva el acceso a las protecciones que brinda el asilo para la vasta mayoría de los que llegan a la frontera”.

“No nos han dejado otra alternativa más que demandar”, ha señalado Lee Gelernt, el subdirector de ACLU. “La Administración no tiene autoridad unilateral para pasar sobre el Congreso y prohibir el asilo basándose en cómo entra alguien al país”, añadió Gelernt en un comunicado. Estas eran algunas de las críticas que el presidente recibió incluso dentro del partido demócrata.

El senador Chris Murphy dijo la semana pasada que veía con buenos ojos la intención del Gobierno de reforzar la vigilancia en la frontera. Ponía en duda, no obstante, que el Ejecutivo tuviera el poder para frenar el proceso de asilo en su totalidad por sí solo.

Los obstáculos de Biden al asilo, producto de su viraje a la derecha en la campaña electoral, han sido severamente criticados por los grupos defensores de derechos humanos. “Es una vergüenza que el Gobierno de Estados Unidos responda así a la gente que huye de la tortura y la persecución política, quienes llegan a nuestra frontera en busca de ayuda”, señala Keren Zwick, una de las abogadas que llevará el proceso en los tribunales de Washington D.C.

La demanda, de 29 páginas, ha sido interpuesta en la capital por cinco organizaciones legales que representan a dos oenegés, Las Américas y Raíces (Refugee and Immigrant Center for Education and Legal Services). Javier Hidalgo, el director de la estrategia legal de Raíces, asegura que la orden de Biden da marcha atrás al espíritu de las varias normas aprobadas desde 1965 con el objetivo de proteger a quienes arribaban a la tierra de las libertades.

El texto de la querella deja claro algunas de las barreras de entrada que Biden pone a quienes buscan solicitar el asilo. “Incluso cuando un no ciudadano manifiesta su temor y pasa el primer filtro para obtener cierta protección, las nuevas guías reducen drásticamente el tiempo que tienen para buscar y encontrar un abogado antes de su entrevista de Miedo creíble”, indica la demanda.

Los inmigrantes tenían 24 horas para encontrar consejo legal. Hace un año, el tiempo era 48 horas. La orden de Biden les da ahora solo cuatro horas. “En la práctica, esto elimina cualquier posibilidad de recibir ayuda legal y mucho menos representación para la inmensa mayoría de los detenidos en custodia”, señala el texto.

“Es escandaloso, aunque no sorprendente, que las mismas personas que llegaron al poder prometiendo restablecer nuestro compromiso con protecciones humanitarias estén dispuestos a sacrificar las vidas de las personas negras y cafés para obtener algunos puntos políticos”, aseguró Hidalgo.

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Cambio climático asciende al primer nivel de agenda sanitaria mundial

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Los 194 estados miembros de la OMS aprueban por unanimidad una resolución con la que se comprometen a integrar el calentamiento del planeta en sus políticas nacionales de salud

Ginebra.-El vínculo entre el cambio climático y la salud ha ascendido al primer nivel de las prioridades políticas mundiales. Así lo demuestran las dos decisiones adoptadas la semana pasada durante la 77ª Asamblea Mundial de la Organización de la Salud (OMS): una resolución respaldada por unanimidad por los 194 Estados miembros de este organismo de la ONU, que han acordado integrar el calentamiento global en su planificación sanitaria nacional, y la aprobación de la 14ª estrategia global del organismo, que sitúa el cambio climático como uno de sus seis objetivos clave. Ambas decisiones recogen el guante que lanzó el director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante la inauguración de la asamblea el pasado lunes, cuando afirmó que “quizás la mayor amenaza contra la salud de nuestro tiempo viene del cambio climático”.

Aunque la resolución reconoce que “el limitado acceso a la financiación es uno de los mayores obstáculos para desarrollar sistemas sanitarios sostenibles y resilientes a los embates del clima”, se comprometen, en la medida de las posibilidades de cada país, a aumentar las inversiones para lograrlo. Por ejemplo, aluden directamente a la necesidad de reconvertir los actuales sistemas de salud “que contribuyen a la contaminación medioambiental en un 5%”. Para ello, consideran que es fundamentar seguir realizando esfuerzos para “elevar la atención sobre el clima y la salud”.

“El impacto severo en la salud del cambio climático es claro y real”, afirma Ailan Li, subdirectora general de Cobertura Sanitaria Universal de la OMS. En países como Perú, “las epidemias mortales de dengue son cada vez más intensas, magnificadas por el aumento de las temperaturas y las lluvias exacerbadas por el cambio climático”, explicó la portavoz de este país como ejemplo de la relación entre el aumento de las temperaturas y la explosión de enfermedades.

Además de la expansión de dolencias que se propagan a través de las picaduras de los mosquitos, un fenómeno que certifican los datos de la OMS, otros países como Barbados, también impulsor de la iniciativa, aludieron a la “especial vulnerabilidad” de los “pequeños Estados insulares en desarrollo”. “Sufrimos” de forma más intensa “el aumento del calor, la escasez de agua y las amenazas de fenómenos como los huracanes”, lamentó el representante de la delegación barbadense, que afirmó que su país está ya “desarrollando sistemas para adaptarse al cambio climático” y ha elaborado leyes sobre “el uso del agua”.

Los progresos de la salud, en riesgo

“Es muy alentador ver que muchos planes nacionales de acción ya se han elaborado y que hay búsqueda de soluciones locales que ya se han empezado a aplicar”, considera Li. La doctora advierte que “los progresos en la mejora de la salud están en riesgo por el cambio climático”, pero que no se puede olvidar que, aunque la crisis climática afecta a todo el mundo, lo hace de “forma desproporcionada con los más vulnerables” que son, a su vez, los que menos gases de efecto invernadero emiten. Según Li, tanto con la aprobación de la 14ª estrategia global del organismo como con la “ronda de inversiones” que se celebrará próximamente, la OMS “podrá respaldar a los países para que creen sistemas de salud resilientes”.

“La adopción de la resolución de cambio climático y salud” durante la Asamblea Mundial de la OMS “demuestra un claro compromiso político” por parte de los gobiernos y de este organismo de la ONU “para ampliar la acción climática como una prioridad de salud pública”, afirma un portavoz de la Alianza Global del Clima y la Salud.

Sin embargo, Médicos Sin Fronteras hace hincapié en que la crisis climática “requiere acabar con la dependencia de los combustibles fósiles”. Coincide con este argumento Rosie Tasker, de la Alianza Global del Clima y la Salud, que, aunque aplaude la resolución, critica que “carezca de cualquier mención de cómo los combustibles fósiles están conduciendo a la crisis climática” o de la necesidad de transitar hacia energías renovables como “imperativo de salud pública”.

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