Opinión
Los López Pilarte, el PRM y la alcaldía de La Vega
Por Narciso Isa Conde
Miki López es el cabecilla de la familia López Pilarte de la Provincia de La Vega.
Rosa Amalia Pilarte es su esposa, electa diputada en los comicios del 2020 y recientemente condenada a solo 5 años de prisión por lavado de activos.
El Ministerio Público (MP) calculó su fortuna personal de Rosa Amalia en 4 mil 500 millones de pesos e identificó todas las empresas carpetas de su propiedad empleadas para esas operaciones sucias, cuyas transacciones financieras ascendieron a los 7 mil millones de pesos.
Esa familia es sumamente ostentosa: mansión majestuosa, mucho lujo, muchos vehículos de “alta gama”, helicópteros, helipuerto, muchas propiedades y derroche de dinero.
En las investigaciones desplegadas por el MP de La Vega y la Procuraduría General de la República (PGR), y en el curso de los procesos judiciales, que incluyen a la ex diputada y a una parte de la familia, se pudieron obtener otras informaciones de alta gravedad.
Se informa que el dinero lavado procede del principal cartel de tráfico de éxtasis en el país, cuyo vínculo es Miki Pilarte, conectado con su jefe operativo, Pablo Antonio Martínez Javier, actualmente prófugo de la justicia; posiblemente protegido por enclaves de poder, como acontece en casos así.
Mike López, además, años atrás estuvo relacionado con Miguel Gutiérrez, otro narco-diputado del PRM, que sirvió de instrumento para financiar, con dinero del Cartel del Cibao, la campaña electoral del PRM en Santiago en los comicios del 2020.
La barra de la defensa del exdiputado Miguel Gutiérrez, quien fue apresado en Miami y procesado por narcotráfico en Estados Unidos, pagó en julio del 2023 un total de RD$11 millones a Miguel Arturo López (Micky), para finalizar una litis judicial que ambos tenían en los tribunales de Santiago en el año 2014.
Miguel Gutiérrez fue condenado y sigue preso en EEUU. La DEA, por ese y otros casos, debe contar con muchos datos relacionados con la vertiente de la narco-política anexa al PRM.
La conexión del PRM con esa familia y ese mundo es tan fuerte, que su dirección provincial de La Vega, logró conectar directamente a los López Pilarte con la alta dirección nacional del PRM.
Esas conexiones se prestan, de parte de los López Pilarte, a presionar o chantajear a dirigentes del PRM involucrados en ese delicado caso; exigiéndoles –como manda la ley mafiosa- alguna modalidad de defensa y de contención del proceso judicial en su contra, a cambio de ciertos silencios.
Igual –en otro aspecto- sucede con las informaciones obtenidas por la DEA, las cuales aumentan el poder de chantaje de EEUU sobre el gobierno del PRM, para obtener todo tipo de concesiones.
· “QUIEN CALLA, OTORGA”.
Kelvin Cruz -uno de los dirigentes más influyentes en el PRM y en el electorado de La Vega- fue electo Alcalde de esa Ciudad en las votaciones del 2016 y reelecto en las del 2O20 y 2024.
Es, además, uno de los dirigentes preferidos de Abinader, contemplado a breve plazo para ser designado en un alto cargo en la dirección del PRM.
Tanto sus campañas, como sus gestiones municipales, han sido muy abundantes y dadivosas.
Ellas, curiosamente, han coincidido con las evidentes e intensas conexiones de la dirección provincial del PRM, primero, y de la dirección nacional, después, con esa poderosa narco-familia vegana.
El PRM postuló en el 2020 a Rosa Amalia y a su hijo Miguel López, ambos fueron electos a diputada y a regidor respectivamente, a puros papeletazos.
Kelvin siempre estuvo acompañado de sus indiscutibles habilidades, pero también de esos vínculos, esos recursos y esa “generosidad”; y así logró, con muchos votos y por largo tiempo, convertirse en Alcalde a través de tres elecciones.
Eso podría explicar su insólita declaración del pasado 29 de mayo, que ahora procedo a reproducir, en la versión publicada por el DIARIO LIBRE:
«Lo que yo conozco de esa familia, es que ellos no son narcotraficantes ni activan con el tema de lavado», dijo este miércoles (29 de mayo 2024) el alcalde de La Vega, Kelvin Cruz, sobre la diputada Rosa Amalia Pilarte López, condenada ayer a cinco años de prisión por lavado de activos.
El ejecutivo municipal asegura que de lo único que se le puede acusar es de ser «evasores y usureros».
A su juicio, a esa familia la quieren tomar como chivo expiatorio.
«Lamentablemente, a veces quieren escoger chivos expiatorios para poner la bandera a ondear grandemente en nuestro país», externó.
Solo una fuerte presión o el poder del chantaje, podría explicar esta comprometedora defensa de lo indefendible; sobre todo luego de conocerse, desde hace muchos meses, las andanzas delictivas de Miki López y de una parte de su familia, con muchos detalles, evidencias y pruebas.
Pero hay algo más delicado.
Esa conexión de la dirección vegana del PRM con esa narco-familia la condujo a involucrar a su candidato presidencial 2020, Luis Abinader.
Las fotografías, -tomadas durante las visitas del candidato Abinader a la mansión de esa familia- revelan que lo hizo en tres ocasiones y que por lo menos, en una de ellas, fue trasladado en el helicóptero de la empresa de Miki López.
Las fotos fueron publicadas en el portal familiar y han sido difundidas en redes y espacios televisivos como Tiro al Blanco, como en el que participa Ricardo Nieves y en otros más.
Esas conexiones se prestan, de parte de los López Pilarte, a presionar o chantajear a los dirigentes del PRM directamente involucrados en ese delicado caso; exigiéndole alguna modalidad de defensa y detención del proceso judicial en su contra.
Abinader, que no debe ignorar nada de esto, designó recientemente ministro de deportes a Kelvin Cruz, de quien supe estuvo previamente muy interesado en dejar la Alcaldía y salir de La Vega; algo que enrarece aún más su caso y el cuadro general de esa relación.
Ese traslado ha motivado la actual crisis de gestión en esa Alcaldía, en la que lo mejor que ha podido hacer la vice Amparo Custodio, militante del Frente Amplio-FA, es renunciar y no solo por las razones expuesta por ella y el FA, sino también por el sucio embrollo que afecta esa entidad. Hizo bien la alta dirección del F.A. en respaldarla.
Nadie más que el presidente Luis Abinader debería estar interesado en aclarar su rol en esa relación y en sus consecuencias, pero hasta ahora no lo ha hecho.
Mientras, su delfín, Kelvin Cruz, no tiene otra ruta que no sea despejar con demostraciones consistentes las legítimas sospechas que se derivan de su injustificable defensa de lo indefendible.
Pero mientras tanto, de cara a la juventud del país, el presidente ha nombrado ministro de deportes a un dirigente político con esa cola pendiente de esclarecer.
Ambos, desde roles distintos, de hecho, están emplazados a explicar muy bien el carácter de esa engorrosa y delicada relación; teniendo bien presente que “quien calla, otorga”.
Por Rommel Santos Diaz
A fin de garantizar el desarrollo de sus actividades, determinados funcionarios estatales gozan de una prerrogativa por medio de la cual no puede ser sometido a un proceso penal si previamente el Congreso, u otra instancia no otorga su autorización.
La inmunidad, como lo ha señalado la doctrina, es una institución que fue establecida con un objetivo concreto, cual es el de poner freno a las intenciones políticas de interrumpir el normal desarrollo de las actividades de una importante autoridad pública.
De acuerdo al Estatuto de Roma, esta prerrogativa de los altos funcionarios no constituye un impedimento para que pueda juzgarse a estas personas. Así lo establece el Art. 27 del Estatuto de Roma.
El artículo 27 del Estatuto de Roma establece que el mismo será aplicable por igual a todos sin distinción alguna basada en el cargo oficial.
En particular el cargo oficial, el cargo oficial de una persona, sea Jefe de Estado o de Gobierno , miembro de un gobierno, en ningún caso la eximirá de responsabilidad penal ni constituirá per se motivo para reducir la pena.
Las inmunidades y las normas de procedimiento especiales que conlleven el cargo oficial de una persona, con arreglo al derecho interno o al derecho internacional, no obstan para que la Corte Penal Internacional ejerza su competencia sobre ella.
La prerrogativa de la inmunidad se encuentra prevista en algunos casos en las normas constitucionales o en las leyes. En este último caso, cualquier posible contradicción con el Estatuto de Roma puede solucionarse con la reforma de la legislación respectiva.
Sin embargo, cuando la inmunidad se encuentra prevista en la constitución el asunto se complica, ya que por su naturaleza , es una norma que exige para su modificación un proceso más rígido.
Dr. Isaías Ramos
Durante casi treinta años, la República Dominicana ha recibido una advertencia tras otra sobre la calidad de su educación y la formación de sus ciudadanos.
Han cambiado gobiernos, programas, funcionarios y discursos.
Lo que demasiado poco ha cambiado son los resultados.
Cada vez que llega una nueva evaluación repetimos el mismo ritual: alarma, titulares, explicaciones, promesas. Después pasa la noticia y continuamos.
Así llevamos demasiado tiempo.
La Ley General de Educación 66-97 definió con extraordinaria claridad el ciudadano que debía formar la escuela dominicana.
Su artículo 5 ordena formar personas libres, críticas y creativas; ciudadanos amantes de su familia y de su patria, conscientes de sus deberes, derechos y libertades, con profundo sentido de responsabilidad y respeto a la dignidad humana. También manda fortalecer la identidad nacional y educar en valores morales y éticos, solidaridad, trabajo productivo y servicio comunitario.
Desde 2010, la Constitución reforzó ese mandato: formación social y cívica, enseñanza constitucional, valores patrios y ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes.
El mandato nunca faltó.
Después llegaron las advertencias.
El Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes, PISA, ha mostrado reiteradamente graves dificultades de nuestros jóvenes para comprender, razonar y aplicar conocimientos en lectura, matemáticas y ciencias.
El Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadana, ICCS, reveló profundas debilidades en conocimientos y competencias cívicas.
Nuestras propias Pruebas Nacionales también han mostrado desempeños modestos al concluir la secundaria.
Y la Encuesta de Cultura Democrática volvió a encender alarmas sobre dimensiones esenciales de nuestra cultura ciudadana.
No fueron hechos aislados.
Fueron advertencias acumuladas durante años.
Es justo reconocer avances. Entre PISA 2018 y 2022 el país mejoró significativamente en matemáticas, lectura y ciencias. Pero en 2025 esos avances no continuaron: los resultados fueron estadísticamente similares a los de 2022.
Después de mejorar, nos estancamos.
Y ahí surge la pregunta que la nación merece responder:
¿cómo es posible que, después de tantos diagnósticos, no hayamos tenido la voluntad política, la determinación institucional y la continuidad necesarias para implementar plenamente los fines educativos que nosotros mismos convertimos en ley y mandato constitucional?
No faltaron normas.
No faltaron pruebas.
No faltaron diagnósticos.
Faltaron voluntad política, determinación institucional y continuidad para convertir la educación y la formación ciudadana en una verdadera causa nacional.
Y eso tiene un costo humano.
Ya no hablamos solamente de porcentajes y rankings.
Hablamos de casi dos generaciones de dominicanos que atravesaron el sistema mientras sabíamos que no estábamos formando las competencias académicas y ciudadanas que necesitaban para dirigir sus vidas y, algún día, conducir la República.
¿Quién responde por ellos?
¿Dónde está el gran programa nacional para recuperar y fortalecer a quienes ya salieron de las aulas con brechas académicas y cívicas que el propio sistema había identificado?
En 2025, el Consejo Nacional de Educación aprobó la Ordenanza 02-2025 para incorporar explícitamente la Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana. Hoy vuelve a discutirse legislativamente la obligatoriedad de esa formación.
Bienvenidas sean esas iniciativas.
Pero debemos hacernos una pregunta más profunda:
¿cuántas veces tendremos que escribir la misma obligación antes de convertirla en conducta?
Porque el verdadero problema dominicano no parece ser la ausencia de normas, sino la distancia entre lo que proclamamos y lo que cumplimos.
Ahí la calle compite contra el aula.
Le enseñamos al niño a respetar la ley, pero observa que violarla puede no tener consecuencias.
Le hablamos de mérito mientras contempla favoritismo.
Le exigimos puntualidad mientras normalizamos la impuntualidad.
Le hablamos de responsabilidad mientras ve autoridades incumplir sus propias reglas.
Y debemos comprender algo esencial:
cada autoridad también educa.
Cuando quien ejerce poder incumple una norma sin consecuencias, está impartiendo una clase de educación cívica en sentido contrario.
Por eso no necesitamos simplemente otra asignatura.
Necesitamos una Revolución Cívica que abarque escuela, familia, iglesias, comunidad, empresa y Estado; que alcance también a quienes ya dejaron las aulas; que convierta el cumplimiento en hábito, el mérito en estímulo, el buen ejemplo en norma y la responsabilidad en valor nacional.
No se trata de buscar culpables eternos.
Se trata de asumir una responsabilidad histórica y corregir el rumbo.
Porque ninguna Constitución puede proteger una República cuyos ciudadanos aprenden a ignorarla.
Casi dos generaciones han atravesado ya este proceso.
Y serán esas mismas generaciones las que, tarde o temprano, recibirán la conducción del país.
Todavía estamos a tiempo de cambiar la enseñanza.
Pero el tiempo no es infinito.
La pregunta que debemos responder como nación es ésta:
¿seguiremos administrando el deterioro, o tendremos finalmente el carácter, la voluntad, la determinación y la fidelidad a nuestra Constitución necesarios para formar ciudadanos capaces de construir, respetar y defender la República que prometimos ser?
Por Oscar López Reyes
Demetrio, Higinio y Marcelo, exfuncionarios estatales imbuidos de un hinchado poder político, no prestaron oídos del precavido refrán: “A chica boca, chica sopa” y, cual volcán, cada uno por su lado se arrojó -como si tuvieran en misiones espaciales en diferentes temporadas y universos cósmicos- a hostigar y a perseguir a un periodista respetuoso y cumplidor. La maledicencia, agazapada en villanías, les hizo olvidar que para participar en foros había que tener los bozos limpios.
Ninguno de los tres judicializables estuvo en la mirilla del tranquilo Gael Otero, a quien jamás dejaron de incordiarlo inmisericordemente, sin motivo aparente. Empero, sin este reportero/articulista buscarlos, en sus manos se posaron -como si fueran enviados por un molesto extraterrestre- datos incriminatorios sobre sus acosadores, que lo dejaron perplejo. ¿Cuál fue su reacción?
Los hechos y personajes a ser descritos son reales, ocurridos en Santo Domingo, República Dominicana, en años recientes, aunque sus protagonistas pudieran llamarse Piernavieja (abogado), Pieldelobo (administrador de empresas) y Viejobueno (ingeniero). Sus verdaderos patronímicos son Demetrio Gabilondo, Higinio Quintana y Marcelo Mosquera, el trío diabólico que, visiblemente con el sistema límbico y el tronco encefálico dislocados, asediaron y se pusieron a la caza de Gael, como si fuera un ladrón. ”El cazador cazado”, ¡qué ironía!
Primero. Demetrio: en el examen de tesis de grado, un miembro del jurado al estudiante de periodismo Gael le asignó 98 y otro 95, que ponderaron la metodología en el abordaje, la capacidad investigativa y el pensamiento crítico. El tercer juez docente, Demetrio, emitió su veredicto sin consultar a sus dos colegas: un 40. Cuando el ya graduado aspiró a ser maestro, en un examen le colocó un 0 y en el año que presentó un proyecto para crear una unidad académica en la universidad estatal, lo boicoteó, a la clara. Posteriormente, este abogado lo importunaba en reuniones de las lides gremiales. ¿Y por qué…?, se preguntaba Gael.
Sorpresa: Un domingo en la mañana, mientras Gael chequeaba su agenda en la redacción del periódico Hoy, su director Virgilio Alcántara le entregó un documento que había recibido, con acusaciones comprometedoras contra Demetrio. Le instruyó enfáticamente para que profundizara en la investigación. Si no inquirí estos papeles, si este caballero me ha pisoteado insistentemente -reflexionó Gael- y ahora tengo esta encomienda del director del matutino, por qué no hacer mi trabajo y focalizar el tema con superficialidad.
La indagatoria duró más de una semana, y los hallazgos encontrados fueron demoledores. Escribió tres amplios reportajes y el director del rotativo los publicó en tres primeras páginas. El escándalo no pudo ser más vergonzoso, en el pico de la gravedad. El consejo directivo de la institución donde laboraba el jurista sesionó de emergencia, con el documento original y los reportajes en la mesa. La cancelación de Demetrio fue inevitable. ¡Vaya!
Marcelo: En los años 2018-19, a Gael pretendió trazarle pautas, sin ser su jefe; humillarlo e imponérsele, sin razón, en el organismo gubernamental en la cual ambos ofrecían sus servicios profesionales. Narcisista indecoroso y arrogante, Marcelo escudriñaba fallas en el accionar de Gael, para reportarlo ante la máxima autoridad. Cuando este difundía algún texto periodístico, lo separaba, subrayaba puntos específicos y lo llevaba al mando superior, su amigo de muchos años, con recomendaciones despiadadas. Jamás aceptó conciliación, aun comprobándose que incurría en irrefutables conflictos de intereses.
Asombro: Un colega y amigo del periodista Gael sintió estupor al enterarse del drama –a través de un tercero- y decidió rastrear las andanzas de Marcelo en la administración pública, así como sus actuales relaciones y comportamiento. Descubrió que como director administrativo-financiero hacía negocios con otras instituciones públicas. Siendo así, la única alternativa de la alta gerencia fue su despido. ¡Qué pena! ¿Acaso funge ahora con las mismas funciones en otra dependencia estatal?
Higinio: Después que, con el tráfico de influencia política, truculentamente este ingeniero se enriqueció con la adjudicación de contratos a sobreprecios –y con desvíos de fondos públicos desde un organismo público hacia una corporación en la cual era un testaferro- fuera del gobierno –¡Qué viva Odebrecht!- se dedica actualmente a querer socavar las imágenes de personas honradas, desde un digital en el cual se proclama, sin asearse los colmillos, “comunicador”. ¡Qué tupé!
Espanto: El legajo de documentos acumulados por indignados de organizaciones de interés social sirvió para instrumentar un expediente, depositado en la Procuraduría General de la República para que se añadiera a otro más grande divulgado públicamente, vinculada a la gestión 2012-1016. En una cama supercómoda, el imputado Higinio languidece, dando sus últimos suspiros, y pocos saben que fue por su doble osadía: sustraer, usurpar como “comunicador” y atacar para aparentar… ¡Desvergonzado!, ¿sí o no?
Demetrio, Higinio y Marcelo vituperaban a Gael sin conocer sus facultades divinas: cada vez que este emprendía un proyecto y otros hacían lo mismo, avanzaba con tanta prontitud que los paños y lienzos de sus competidores eran tirados en barrancos. Idénticamente, meses después de que un elocuente lo encaraba con alevosía, ese alevoso moría súbitamente, como aconteció con dos de los tres judicializables. El otro de similar estirpe quedó entrampado en la peor hoguera, porque sufre más que Juana de Arco.
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El autor: periodista, mercadólogo, catedrático y escritor.
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13 de septiembre de 2026