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Los médicos: Héroes y víctimas al propio tiempo del Covid-19 y de la precariedad del sistema sanitario nacional.
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5 años agoon
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Elba GarcíaPor Elba García
La Medicina es una carrera que tiene de las mayores exigencias de todas las académicas, ya que el que la escoje tiene que hacer tantos sacrificios que sólo una gran vocación mantiene en esos estudios a los que finalmente se convierten en profesionales de las ciencias médicas.
A partir de su salida de las universidades asumen una responsabilidad que no es comparable con ninguna otra carrera profesional, porque su misión es preservar vidas, cuyo amor por los demás es el motor propulsor de una labor que requiere también una permanente actualización de las nuevas patologías que periódicamente surgen en el mundo.
El médico independientemente del que se descarrila, tiene que focalizarse en siempre encontrar o dar la receta para que el que está confinado en su lecho se levante y se vuelva productivo y útil en el conglomerado social donde se desenvuelve.
Sin importar en que lugar del mundo se encuentre el que escoge la carrera de Medicina se enfrenta y tiene el mismo propósito de preservar la vida del que se ha enfermado, que en el curso del tiempo es un fenómeno que alcanzará a todo el nacido sobre la tierra.
El lenguaje en cualquier parte del planeta es el mismo, porque el cuerpo humano es exactamente igual sin importar el color de la piel, el peso, el idioma y cualquier otra particularidad de los hombres y mujeres que habitan el mundo, sólo que el diagnóstico y la receta están determinadas por un asunto orgánico y de la enfermedad tratada.
El coronavirus ha puesto a prueba el amor y la pasión por la Medicina, que sólo garantiza la vocación, porque no todo el mundo está preparado para estar apegado a ella cuando hay grandes dificultades y precariedades en el terreno donde se deben aplicar los conocimientos que proporciona la profesión.
El médico está obligado en cualquier del mundo donde se encuentre a darlo todo para que la vida del paciente sea preservada, porque de no ser así se pierde la confianza para que el enfermo y la sociedad se ponga en sus manos.
En tal virtud, la diferencia entre un médico de un país desarrollado y de otro sub-desarrollado probablemente sea la tecnología y los buenos salarios, porque el que ejerce la carrera en las naciones de economías del primer y segundo mundo tiene la posibilidad de manejarse en medio de la abundancia y miles de facilidades, incluida la tecnológica.
En cambio, los que tienen la desdicha de ser médicos en naciones del tercer mundo tienen que hacer muchos más sacrificios, porque deben diagnosticar al ojo por la falta de tecnologías, amén de que reciben salarios indignantes y las posibilidades de mantener su credibilidad en alto se hace mucho más difícil.
Este último es el cuadro que viven los médicos dominicanos, donde la pandemia ha impactado muy fuerte, quizás mucho más severamente que en cualquier otro país latinoamericano, ya que el nivel de letalidad llega a un cinco por ciento, que es el tope señalado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Los galenos criollos aparte de que tienen que confrontar el coronavirus sin los utensilios requeridos a nivel internacional, cuyo nivel de contagio es sumamente alto, registrándose en el país alrededor de 70 médicos con la infección, 68 para ser exacto, porque deben atender los pacientes con síntomas de la enfermedad sin mascarillas ni guantes, así como sin las batas que manda el protocolo dispuesto por las organizaciones de la salud de carácter mundial
Los perfiles que se han podido establecer del sistema de salud de la República Dominicana es que está totalmente colapsado, no por la llegada de la pandemia, sino por la falta de planificación y de la inversión que requiere a partir del Producto Interno Bruto, aunque esto tampoco sea una garantía de un funcionamiento eficiente del sector, ya que la corrupción se traga cualquier cantidad de dinero que se destine a curar a la gente, porque el problema nacional radica en la inexistencia del Estado, lo cual es medible a través de la educación, la cual a pesar del 4 por ciento todavía es una de las peores del mundo.
Frente al cuadro descrito se puede colegir que los médicos dominicanos son los grandes héroes ante el ataque de la pandemia y al propio tiempo las victimas de un sistema sanitario deficiente y en incapacidad de afrontar una enfermedad tan severa que se lleva de paro a todo el que se le pone por delante, cuyas víctimas hablan por sí solas.
El médico es el único profesional académico que tiene la sagrada misión de preservar vidas, después de la cual no hay absolutamente nada por encima de ella, ya que cuando llega la muerte no hay fortuna que valga ni ninguna propiedad material, las cuales sólo dejan regularmente una confrontación entre los herederos que no termina nunca.
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La mora representa denegación de justicia, pero muchas sentencias implican un peligro para el Estado de Derecho.
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12 horas agoon
enero 7, 2025Por Elba García
En la República Dominicana tuvo lugar este martes 8 de enero el “Día del Poder judicial”, el cual fue aprovechado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, para insistir, como en ocasiones anteriores, sobre la mortificante mora judicial, la cual, sin lugar a dudas, es una causa muy poderosa para que se produzca una justicia tardía, la cual no es otra cosa que una denegación de la misma.
En la conmemoración de tan importante fecha, Molina, calificó como la mayor calamidad del sistema los innumerables casos pendientes y llamó a no ser indiferentes con esa injusticia, ya que es un daño que se acarrea en contra de las personas y la sociedad en general, por lo que a su juicio erradicar esta falencia es el objetivo central de su gestión.
Sin embargo, el presidente del más alto tribunal del país no abordó otro de los problemas que ha erosionado la credibilidad de la justicia, como son las sentencias al margen de las normas, las cuales demandan una mayor supervisión de los jueces por parte del Consejo del Poder Judicial.
Ahora mismo se puede afirmar que la mora judicial si buen representa una forma clara de denegación de justicia, también el abuso de poder de los juzgadores impone poner en una balanza cuál de estas dos causales pesan más en la prácticamente desaparición del Estado de Derecho.
La primera de las dos, es decir la moral judicial, obedece a un cumulo de trabajo que el sistema no está en capacidad de manejar y es parte de una deficiencia sistémica, por lo que mediante el mismo mecanismo de la ley se busca reducirlo y quitar presión a los tribunales, pero la segunda tiene que ver con un detalle que descansa, principalmente, en un manejo poco eficiente por parte del Consejo del Poder Judicial, el cual debe producirse a través de una mejoría de los mecanismos de fiscalización de los jueces, el cual también es presidido por el mismo Molina.
De manera, que ambas problemáticas tienen un peso muy fuerte sobre la justicia, pero que mientras la mora podría tener una explicación que aparentemente la justifique, la emisión de sentencias en violación de las normas está asociada a un abuso de poder de los jueces de los tribunales nacionales.
Si se quiere comprobar la cantidad tan alta de sentencias que carecen de razonabilidad y que lesionan el espíritu de las leyes que son aprobadas por el legislador, sólo hay que detenerse a leer cómo el Tribunal Constitucional reprueba la mayoría de los fallos que provienen de los tribunales ordinarios del país.
Sin embargo, esta última parte no luce que sea tan difícil controlarla, ya que sólo habría que crear un mecanismo de fiscalización de las sentencias emitidas por los jueces de todo el territorio nacional y examinar hasta dónde hay o no fallos que violan las normas, lo cual es perfectamente posible y de esa manera, incluso, no hay que esperar a la presentación de un recurso de casación, aunque el mismo siempre estará abierto, dado que los casos manejados por el Consejo del Poder Judicial entran en el marco de su labor administrativa y disciplinaria, no en lo jurisdiccional.
No obstante, se observa que los problemas de la Suprema Corte de Justicia tienen además otras implicaciones como la comisión de errores eminentemente técnicos, lo que se puede observar en lo que respecta a la aplicación de la nueva norma de Procedimientos de Casación, 2-23, ya que hace un hibrido procesal con la derogada, la 3726, que luce una violación de derechos fundamentales y de principios como el de no retroactividad de la ley, que tiene categoría constitucional.
Esta mala interpretación de los procedimientos de casación si bien no se observan en las sentencias emitidas hasta la fecha por las diferentes salas del más alto tribunal del país o que por lo menos que alguien lo haya invocado mediante un recurso de revisión ante el Tribunal Constitucional, pero lo cierto que muchos de los actores del sistema, máxime a nivel administrativo, confunden a las partes que buscan apoyarse en el mismo para reclamar sus derechos.
El problema tiene una dimensión que no solo basta con resolver el problema de la mora judicial en las diferentes salas que conforman la Suprema Corte de Justicia, la cual representa una denegación de justicia, sino también procurar evitar que muchos jueces emitan sentencias anulables por ser violatorias de derechos fundamentales y por hacer una interpretación equivocada de la norma, cuya falla es atribuible a una multiplicidad de factores como la negligencia, la ineptitud y la complicidad.
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El 2025, como cada año nuevo, entra cargado de grandes expectativas y sueños que normalmente no se ven cristalizados
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6 días agoon
enero 2, 2025Por Elba García
El año 2025 entra con la particularidad de que el mundo sufre un deterioro en lo que respecta con los compromisos asumidos entre gobernantes y gobernados y a nivel de las personas físicas y morales., ya que las riquezas están concentradas en una parte muy ínfima de la sociedad.
Por esta razón se observa, podría decirse, la erosión en todo el planeta del sistema representativo, pero el asunto tiene mayor fuerza en aquellas democracias occidentales que han servido de base al resto de las naciones.
Es indiscutible que las falencias de las democracias occidentales siempre han estado presentes en los países con serias debilidades institucionales, pero el fenómeno ya se ha extendido a las que pretenden convertirse en ejemplo para aquellas naciones que las toman como punto de referencia.
El fenómeno del individualismo y el afán personal por acumular grandes riquezas ha representado desde cualquier perspectiva que se vea la principal retranca para que el modelo de democracia representativa que predomina en el mundo recobre su credibilidad.
Ese modelo de gobierno ha profundizado los niveles de desigualdad social y de pobreza en los pueblos, principalmente del llamado tercer mundo, cuando la crisis de valores ya también incluye en este deterioro a las principales potencias mundiales que tienen como sistema político la democracia representativa.
El problema gana terreno y toma tanto cuerpo en un país como los Estados Unidos, donde ahora la lucha no parece ser una expresión entre aquellos que tienen mayor conciencia social y los que no tienen una menor idea de la necesidad de que los Estados incluyan garantías de políticas públicas inclusivas que disminuyan las injusticias sociales.
Pero, lamentablemente, eso no es lo que se ve, sino todo lo contrario, ya que los gobiernos de las democracias occidentales se fundamentan en favorecer a grupos económicos y a personas de forma particular, aunque ello implique el sufrimiento de los que menos tienen.
El descrédito de los partidos, que involucra también al Estado, pese a que se supone que no siempre los intereses grupales deben estar por encima de los colectivos para evitar la ocurrencia de explosiones sociales, conjuntamente con el debilitamiento institucional de las democracias como la estadounidense, indica que podría desaparecer en el curso de los días hasta el foco de presión que constituye la unión americana en contra de detalles tan importantes como la corrupción administrativa y el terrorismo en razón de que hasta ella camina hacia una tolerancia interna de estos flagelos que la conduce aceleradamente hacia el tercer mundo.
Las pasadas elecciones presidenciales de los Estados Unidos se convirtieron en un ejemplo convincente de que los intereses individuales vencieron a los institucionales, cuyos últimos se supone que son una especie de protección de las grandes mayorías nacionales y de la democracia, pero que la práctica dice totalmente lo contrario.
Este cambio en la política estadounidense envía el mensaje de que no es mucho lo que se puede hacer en esta materia, ya que allí hasta la figura del inducto se ha convertido en un instrumento para favorecer a convictos familiares y vinculados a grupos alineados con algunas corrientes tanto democráticas como conservadoras que hoy tienen el control del Estado.
El tema ha entrado en un derrotero que en realidad pone en peligro el sistema democrático occidental, el cual parecía el más fuerte de todos, aunque ello nunca ha ocurrido en aquellas naciones latinoamericanas, donde su precario desarrollo de sus fuerzas productivas ha llevado consigo una pobre conciencia social y en consecuencia una cuestionada democracia.
La tesis en el campo de la sociología política de que en Estados Unidos tiene el control del Estado una clase social para sí, consciente de su papel en la sociedad, ha entrado en un serio cuestionamiento, porque parece no tener asidero el planteamiento de que lo particular nunca estaría por encima de lo colectivo, sobre todo en el contexto de su sistema de justicia.
Sin embargo, el caso Trump ha sido un desmentido contundente a esa corriente de pensamiento y que le atribuye una fortaleza al Estado de la mayor potencia del mundo en virtud de que se señala que fue el primero que surge en el mundo sin influencias feudales y que el mismo es un instrumento de una clase social con una profunda conciencia social.
Entonces, a partir de esa tesis se puede concluir que Trump se ha puesto por encima de esa supuesta clase social y todo ello implica el colapso total de la credibilidad de una nación que sus políticas públicas están dirigidas a no sólo que sean respetadas por sus ciudadanos y población en general, sino también por los países que están en su órbita por razones de geopolítica
De manera, que, si las cosas se observan a partir de las distorsiones y el descredito de las democracias occidentales, entonces habría que concluir que no es mucho lo que se puede esperar en el año que acaba de hacer su entrada, el 2025, sobre todo porque el resto de los países que conforman el planeta están sumergidos en niveles de endeudamiento preocupantes, que sólo llevan a la colonización económica y política y al debilitamiento de su precario aparato institucional.
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Sentencia del TC sobre candidaturas independientes da golpe mortal al monopolio electoral de la partidocracia.
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2 semanas agoon
diciembre 22, 2024Por Elba García
El Tribunal Constitucional ha emitido la sentencia TC/0788/24 mediante la cual elimina los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23 para darle paso a un mayor nivel de razonabilidad a la aceptación de las candidaturas independientes, cuyo golpe a la partidocracia, quiérase o no, luce ser el más severo históricamente.
No ha sido poca la preocupación del ciudadano por el comportamiento fuera de la ética de los partidos políticos, ya que éstos son los principales promotores de los males de que adolece la democracia nacional.
Puede asegurarse que los partidos políticos, a diferencia de las afirmaciones de muchos de que son el soporte de la democracia, representan en la República Dominicana todo lo contrario, ya que promueven la corrupción administrativa, entre cuyas vertientes está el clientelismo, el tráfico de influencia y otras variantes de la distorsionada política vernácula.
Por esta razón y muchas otras resulta novedosa e interesante la figura de las candidaturas independientes, ya que si bien éstas pueden representar una vía para que se presenten aspirantes que no necesariamente busquen la mejoría del Estado porque que no tienen la menor idea de qué es éste, pero ello también ocurre en el contexto de la desacreditada partidocracia.
Entre los argumentos esgrimidos por los partidos del sistema está que con las candidaturas independientes se abre una brecha importante para que el bajo mundo permee el Estado, pero quienes dicen eso no se dan cuenta que ya hace muchos años que los intereses del narcotráfico y de los peores intereses están presentes y podría decirse que controlan una buena parte del Congreso Nacional, el sistema de justicia e incluso del Poder Ejecutivo.
De manera, que ante esa realidad el argumento al respecto no tiene asidero e incluso debe decirse que, si la nación tiene que correrse el riesgo de ser también contaminada a través de las candidaturas independientes, pues que así sea, porque de cualquier manera ese es un hecho innegable y que ocurre desde mucho antes de que apareciera esta figura del régimen electoral.
La otra arista que debe ponderar la partidocracia es que la figura de las candidaturas independientes es mucho más democrática que la forma que utilizan los partidos del sistema internamente, cuya escogencia de aspirantes responde más a los intereses de aquellos que tienen mayor poder económico que los que exhiben algún liderazgo, no importa de dónde provenga el dinero.
La verdad debe ser dicha en lo que respecta a las candidaturas independientes y es que el legislador estableció en los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23 un verdadero mamotreto, un engaño que vendía la idea de que la referida figura existía cuando las exigencias eran exactamente las mismas que para los partidos políticos.
Era prácticamente un imposible lograr una candidatura independiente en los términos que la plasmó el legislador positivo, cuyo cambio jamás hubiera provenido del Congreso Nacional, porque el principal escollo hubiera venido de diputados y senadores e incluso del propio Poder Ejecutivo que puede vetar cualquier proyecto de ley en este sentido, dado que su procedencia es de la partidocracia que se niega a que existan otros mecanismos para la elección de un ciudadano a la administración pública.
La figura de las candidaturas independientes llega al debate y al escenario nacional a propósito del proceso de constitucionalización que vive la República Dominicana y el mundo, donde los derechos fundamentales no pueden ser contenidos por ningún grupo económico, político o mediático, sobre todo el de elegir y ser elegible.
En toda la historia del país por primera vez se produce lo que han planteado amplios sectores nacionales en reiteradas ocasiones, en el sentido de que, si no se detiene el mal comportamiento de los partidos políticos del sistema, grandes y pequeños, la democracia quedará reducida a una caricatura, que sólo existirá en el papel, porque está demostrado que la partidocracia no tiene hiel ni mide las consecuencias para repetir por décadas el mismo comportamiento antiético y de abusos en contra del patrimonio público.
Un buen ejemplo de lo que ocurre en el escenario electoral es la forma descarada de la compra de votos, pero además cómo se muestra un gran interés de muchos ciudadanos por crear un pequeño partido que lo convierte en un ventorrillo para vendérselo al mejor postor.
En el pasado proceso electoral intentaron buscar reconocimiento más de cien organizaciones que no plantean nada diferente, sino negociar con el que tiene el control del Estado, algunos de cuyos comerciantes de forma descarada y sin sonrojarse plantean públicamente que se les entregue algún cargo público por haber apoyado al que ocupa el Poder Ejecutivo.
La posibilidad de que en el país sea una realidad las candidaturas independientes era sólo a través del fenómeno del neo-constitucionalismo que hoy arropa al mundo, incluida a la República Dominicana, porque por los intereses que convergen en el Congreso Nacional era prácticamente imposible que ello ocurriera.
La República ha sido crítica del manejo del TC de la revisión de la acción de amparo, pero nunca ha dejado de reconocer que ha hecho un trabajo admirable en lo atinente a que en el sistema de justicia y en toda la vida nacional se respete el derecho, el valor y el principio de igualdad, el cual es transversal a todos los demás derechos.
La sentencia del TC hay que verla como una tabla de salvación de la democracia nacional, porque la partidocracia no sólo socava el poco nivel de institucionalidad del Estado, sino también que sustrae los recursos que el pueblo dominicano necesita para su salud, educación y para la satisfacción de otras necesidades sociales.