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Los menores cometen crímenes atroces
SANTO DOMINGO, República Dominicana.-Gran revuelo han causado entre diversos sectores de la vida nacional las modificaciones hechas esta semana en la Cámara de Diputados a la Ley 136-03 que rige el Código Para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Mientras unos dan su voto a favor del endurecimiento de las penas aplicables a aquellos menores que infrinjan la ley, otros opinan que esta medida, lejos de contribuir a reducir la delincuencia, no contempla ni asegura la regeneración de los mismos.
Entre las voces que se han levantado en protesta a la modificación de los artículos 223, 224, 279, 291, 296, 340 y 380 de la referida pieza figuran las de Sergio Abreu y Ernesto Díaz, director de Visión Mundial en el país y manager de Plan Internacional por la Niñez, respectivamente. Entienden que estas enmiendas han sido aprobadas de forma acelerada y que las mismas sólo servirán para mantener a los niños y niñas como criminales y delincuentes.
Se refieren a la modificación de la Ley 136-03, sancionada en dos lecturas por los diputados y que establece penas de prisión de cuatro a 10 años para menores de entre 13 y 15 años y condenas de cuatro a 15 años para aquellos con edades entre 16 y 17 años por cumplir.
Entre los argumentos esbozados por legisladores a favor del endurecimiento de las penas aplicables a los menores está el incremento de delitos en los cuales han sido protagonistas aquellos que por su edad permanecen al amparo de la Ley 136-03.
Un rosario de crímenes que no respeta edad ni género
Quizás el caso que más ha llamado la atención de la sociedad dominicana en los últimos años donde menores se han visto involucrados en la perpetración de actos delictivos es el asesinato de siete taxistas en Santo Domingo Oeste, perpetrado en abril del año 2010 por una banda conformada por dos adultos y cinco adolescentes, dentro de los cuales estaban dos jovencitas.
Se trata de las muertes de Abelis Calderón González, Annito Beltrán, Estanislao Cayatano Pascual, Jonathan Bello D´ Oleo, Nelson Tavares Hernández, Johan Manuel Rodríguez y el oficial de la Marina de Guerra, Romero González, quienes eran llamados por sus asesinos con el pretexto de usar sus servicios.
Sobre Jonathan Bello, de 24 años, se informó que sus matadores le habrían obligado a ingerir un químico altamente corrosivo, denominado popularmente como “ácido del diablo”, y que luego rociaron este compuesto en sus genitales, oídos y otras partes del cuerpo.
Sobre las demás víctimas se registraron muertes por decenas de estocadas causadas por armas blancas, ahorcamiento, golpes contusos y a tiros, además del robo de objetos de valor y el abandono de los cuerpos en diferentes lugares.
Este modus operandi, lejos de ofrecer respuestas sobre la siquis de los imputados, abre múltiples interrogantes sobre las causas de semejante comportamiento.
También se recuerda el asesinato a puñaladas, en Moca, de la adolescente Karamy Guadalupe Rodríguez, a pocos días para cumplir sus 15 años, asesinada por su ex novio, también menor de edad. Sobre el hecho ocurrido en octubre del 2011 se informó que la joven habría sostenido una discusión con su victimario, de 17 años, por supuestamente negarse a retomar su relación de dos años, y que éste la apuñaló tomándola desprevenida.
Nuevamente surgieron las interrogantes sobre la penalidad a aplicar al causante de esta muerte.
Fuera de la capital, esta vez en diciembre de 2011, la Policía Nacional informaba del arresto de una banda en Santiago que se trasladaba desde Santo Domingo a esa ciudad a robar, vender y desmantelar vehículos. Entre los apresados figuró entonces un menor de 17 años.
Ya en marzo de este año surge otro hecho de sangre en el que una adolescente, esta vez de 14 años, es señalada como la responsable de asestar 22 estocadas a su abuela de 94 años, persona que la crió y a quien le sustrajo un dinero que posteriormente le fue ocupado por las autoridades. La menor, residente en Santiago, confesó haber apuñalado y posteriormente degollado a la señora encontrada muerta.
Al igual que en los demás casos, la imputada fue sometida a la acción de la justicia mediante el Tribunal de Niños Niñas y Adolescentes.
Posteriormente, el 27 de marzo de este año la sociedad dominicana volvió a ser sobrecogida con el hallazgo, en un solar baldío del sector La Puya de Arroyo Hondo, del cuerpecito sin vida y en estado de descomposición del niño de siete años Randy Beltrán de los Santos.
El mismo se habría dirigido junto a otros menores a una cañada y, una vez allí, lo habrían golpeado con un block y otros objetos contundentes hasta provocarle la muerte, despojándolo de 300 pesos en efectivo.
Un hecho que llamó la atención sobre la muerte de este infante fue que en la misma estuvieron implicados cinco menores de 13, 14 y 15 años respectivamente.
También fue asesinada a golpes y botellazos la señora María Pinales Lebrón, de 30 años, residente en el barrio El Cacique de Haina, agredida por su hija, de 14 años, junto a dos amigas de ésta. Familiares y vecinos de la víctima dijeron que ambas discutían constantemente porque la madre corregía a su hija y ésta le pedía no inmiscuirse en su vida. El hecho ocurrió en abril de este año.
Ahora dependen del Senado las modificaciones al Código del Menor
Ahora resta esperar qué suerte correrán las modificaciones al Código del Menor cuando sea el Senado de la República la escena donde se discutan las enmiendas que distintos sectores de la vida nacional han reclamado y que otros han advertido por no confiar en que las mismas aseguren la reducción del delito y el respeto a los derechos de aquellos que aparentemente en estos casos han traspasado la línea de la inocencia.
Al respecto, el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, indicó ayer que además de contemplar el endurecimiento de las penas a aquellos que infrinjan la ley, se deben articular políticas integrales que incluyan los aspectos educativo, deportivo y laboral para contrarrestar el incremento de la delincuencia.
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El problema de R.D. no es sólo del gobernante, sino tambien del gobernado, porque unos y otros propician la violacion de la ley.
Santo Domingo, R.D.-Desde hace mucho tiempo que en el pais se advierte que el problema no es sólo de los gobernantes, sino tambien de los goernados, cuya expresion de esa realidad es la decisión de los representantes legales de las familias Reyes y Mota, quienes formalizaron un desistimiento de la acción penal contra el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, y el abogado Ángel Lockward, implicados en el caso Calamar, lo cual se convierte en una causal para que la justicia no cumpla con su papel frente a grandes estafas en contra del Estado.
Los representantes legales de los querellantes explicaron que, tras una revisión exhaustiva de las pruebas y la documentación del expediente, determinaron que los pagos cuestionados se realizaron conforme a la ley y que no existen fundamentos que comprometan la responsabilidad penal de los imputados.
Durante la fase de réplica, los abogados de ambas familias explicaron al tribunal que los compromisos financieros vinculados al expediente fueron cumplidos de manera correcta y transparente.
Según sus declaraciones, las operaciones bajo análisis no constituyeron irregularidades, lo que motivó el retiro inmediato de la querella.
Cabe destacar que este nuevo desistimiento se suma a una tendencia creciente en el proceso, donde decenas de querellantes originales han optado por retirar sus acciones tras validar la legitimidad de las transacciones.
Al respecto, la abogada María del Pilar Zuleta, parte de la defensa técnica de Donald Guerrero, señaló que estas decisiones de las familias evidencian “profundas debilidades” en la acusación presentada por el órgano persecutor.
La audiencia continuó con la participación de las demás partes procesales, mientras el tribunal sigue conociendo las réplicas y argumentos presentados por los distintos actores involucrados en esta etapa preliminar del proceso judicial.
El ministerio público le imputa en el presunto entramado de corrupción, desmantelado a través de la operación Calamar. El proceso involucra también a los exministros Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta.
SANTO DOMINGO.- Este lunes continúa el juicio preliminar contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios del establecimiento colapsado, la cual parece no avanzar por razones que se desconocen, pero que se sospechan.
El caso está a cargo del juez Raymundo Mejía, titular del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quien fijó esta fecha para iniciar la etapa preliminar del proceso tras aplazar la audiencia anterior para garantizar los plazos procesales y notificar a las partes involucradas.
Durante la audiencia, se evaluarán las pruebas y argumentos presentados por el Ministerio Público contra los hermanos Espaillat, quienes enfrentan acusaciones relacionadas con homicidio involuntario.
Según el Ministerio Público, el caso cuenta con 346 víctimas y querellantes.
La tragedia del Jet Set fue uno de los peores desastres no naturales en la historia de la República Dominicana. Ocurrió la madrugada del 8 de abril de 2025 cuando se desplomó el techo de esta discoteca, ubicada en el barrio El Portal, de Santo Domingo, durante un concierto de merengue.
El establecimiento estaba lleno, con más de 500 personas. En ese momento se presentaba el cantante Rubby Pérez. Alrededor de las 12:44 a. m. el techo colapsó de forma repentina y cayeron concreto y estructuras metálicas sobre la pista de baile y el escenario. 236 personas murieron. y más de 180 resultaron heridas.
Entre los fallecidos estuvieron figuras conocidas como el propio Rubby Pérez y el pelotero Octavio Dotel.
La causa exacta estuvo bajo investigación, pero se mencionaron factores como: Problemas estructurales del techo, Peso de equipos pesados instalados arriba, Reparaciones recientes y filtraciones de agua.
Después del desastre, el dueño del club Antonio Espaillat y otras personas enfrentaron investigaciones y procesos judiciales por presunta negligencia. Ha habido emandas y debates sobre seguridad de edificios y regulación de locales públicos.
El país declaró días de duelo nacional.
Santo Domingo, R.D.-Yeni Berenice Reynoso, procuradora general de la República, destacó el sábado que el Ministerio Público avanza en la tecnificación de todos sus procesos, con el objetivo de estandarizar la calidad de los servicios y facilitar la respuesta oportuna a la ciudadanía y en ese sentido iniciará un Nuevo Modelo de Procesamiento de Escena de Crimen en coordinación con la Policía Nacional.
“Nosotros no queremos plan piloto; nosotros queremos entrar al cien por ciento en todos los distritos judiciales a operar. No es ni siquiera para parecer más modernos, es para facilitarles a los ciudadanos la posibilidad de obtener una decisión de manera oportuna y de calidad”, dijo.
En la capacitación, impartida a través del Instituto de Educación Superior Escuela Nacional del Ministerio Público (IES-ENMP), participan integrantes del Ministerio Público a nivel nacional. Durante su exposición, la procuradora general reiteró que del trabajo de los fiscales depende la vida y la calidad de las personas, sus derechos y sus bienes.
En la actividad educativa, realizada en la sede de la Procuraduría General de la República, participó el mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, director de la Policía Nacional, y Ángel Brito, director de la Escuela Nacional de la Judicatura.
Además, la rectora del IES-ENMP, Marien Montero Beard; el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, y la procuradora de corte Isaura Suárez, responsable de la Dirección Carrera del Ministerio Público.
Asimismo, el director de la Policía Científica de la Policía Nacional, coronel Fulvio Emilio Grullón Penso, y la directora general del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), Sonia Lebrón.
Al referirse a las acciones impulsadas para garantizar un servicio de calidad a la población, la procuradora general pidió a los miembros del Ministerio Público trabajar siempre para una mayor eficiencia. “Les pido a cada uno de ustedes que cuando se levanten le pongan toda la pasión, toda la energía, toda la dedicación a lo que ustedes hacen; porque ese trabajo, lo vale, por mucho lo vale, y piensen que de cada acción nuestra puede depender la vida y la calidad de vida de una persona”.
Valoró la disposición de la Policía Nacional a garantizar que sus actas de inspección de la escena del crimen puedan ser entregadas a los fiscales por la vía digital, así como al Poder Judicial por su plataforma para tramitar todas las órdenes e instancias que se puedan depositar.
Yeni Berenice explicó que el Ministerio Público ha establecido la necesidad de un nuevo modelo de procesamiento de la escena el crimen. En ese orden, enfatizó en que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses tiene que tecnificarse y tiene que transformarse. “Hemos dicho y reiterado que vamos a tener el Instituto de Ciencias Forenses más moderno de Iberoamérica, el más tecnificado”, reiteró.
Destacó que el Ministerio Público se encuentra desarrollando la planificación para las edificaciones de la construcción del Inacif central en Santo Domingo Este y en Santiago, en la avenida 27 de Febrero.
Recordó que a partir de abril los miembros del Ministerio Público comenzarán a utilizar los chalecos antibalas y las cámaras digitales por instrucción general.
“Las cámaras corporales que ustedes van a conocer hoy sus propiedades y que ya están en manos del Ministerio Público, son cámaras de última generación, lo mejor que hay en el mercado y que tiene que ver con la necesidad de aquellas actuaciones con inspecciones en el lugar del hecho”, detalló.
En la apertura del programa participaron miembros del Consejo Superior del Ministerio Público y del Consejo Académico del IES-ENMP, procuradores generales de Corte de Apelación, fiscales titulares, directores de las procuradurías especializadas y miembros de los cuerpos castrenses.