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Los menores cometen crímenes atroces

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SANTO DOMINGO, República Dominicana.-Gran revuelo han causado entre diversos sectores de la vida nacional las modificaciones hechas esta semana en la Cámara de Diputados a la Ley 136-03 que rige el Código Para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Mientras unos dan su voto a favor del endurecimiento de las penas aplicables a aquellos menores que infrinjan la ley, otros opinan que esta medida, lejos de contribuir a reducir la delincuencia, no contempla ni asegura la regeneración de los mismos.

Entre las voces que se han levantado en protesta a la modificación de los artículos 223, 224, 279, 291, 296, 340 y 380 de la referida pieza figuran las de Sergio Abreu y Ernesto Díaz, director de Visión Mundial en el país y manager de Plan Internacional por la Niñez, respectivamente. Entienden que estas enmiendas han sido aprobadas de forma acelerada y que las mismas sólo servirán para mantener a los niños y niñas como criminales y delincuentes.

Se refieren a la modificación de la Ley 136-03, sancionada en dos lecturas por los diputados y que establece penas de prisión de cuatro a 10 años para menores de entre 13 y 15 años y condenas de cuatro a 15 años para aquellos con edades entre 16 y 17 años por cumplir.

Entre los argumentos esbozados por legisladores a favor del endurecimiento de las penas aplicables a los menores está el incremento de delitos en los cuales han sido protagonistas aquellos que por su edad permanecen al amparo de la Ley 136-03.

Un rosario de crímenes que no respeta edad ni género

Quizás el caso que más ha llamado la atención de la sociedad dominicana en los últimos años donde menores se han visto involucrados en la perpetración de actos delictivos es el asesinato de siete taxistas en Santo Domingo Oeste, perpetrado en abril del año 2010 por una banda conformada por dos adultos y cinco adolescentes, dentro de los cuales estaban dos jovencitas.

Se trata de las muertes de Abelis Calderón González, Annito Beltrán, Estanislao Cayatano Pascual, Jonathan Bello D´ Oleo, Nelson Tavares Hernández, Johan Manuel Rodríguez y el oficial de la Marina de Guerra, Romero González, quienes eran llamados por sus asesinos con el pretexto de usar sus servicios.

Sobre Jonathan Bello, de 24 años, se informó que sus matadores le habrían obligado a ingerir un químico altamente corrosivo, denominado popularmente como “ácido del diablo”, y que luego rociaron este compuesto en sus genitales, oídos y otras partes del cuerpo.

Sobre las demás víctimas se registraron muertes por decenas de estocadas causadas por armas blancas, ahorcamiento, golpes contusos y a tiros, además del robo de objetos de valor y el abandono de los cuerpos en diferentes lugares.

Este modus operandi, lejos de ofrecer respuestas sobre la siquis de los imputados, abre múltiples interrogantes sobre las causas de semejante comportamiento.

También se recuerda el asesinato a puñaladas, en Moca, de la adolescente Karamy Guadalupe Rodríguez, a pocos días para cumplir sus 15 años, asesinada por su ex novio, también menor de edad. Sobre el hecho ocurrido en octubre del 2011 se informó que la joven habría sostenido una discusión con su victimario, de 17 años,  por supuestamente negarse a retomar su relación de dos años, y que éste la apuñaló tomándola desprevenida.

Nuevamente surgieron las interrogantes sobre la penalidad a aplicar al causante de esta muerte.

Fuera de la capital, esta vez en diciembre de 2011, la Policía Nacional informaba del arresto de una banda en Santiago que se trasladaba desde Santo Domingo a esa ciudad a robar, vender y desmantelar vehículos. Entre los apresados figuró entonces un menor de 17 años.

Ya en marzo de este año surge otro hecho de sangre en el que una adolescente, esta vez de 14 años, es señalada como la responsable de asestar 22 estocadas a su abuela de 94 años, persona que la crió y a quien le sustrajo un dinero que posteriormente le fue ocupado por las autoridades. La menor, residente en Santiago, confesó haber apuñalado y posteriormente degollado a la señora encontrada muerta.

Al igual que en los demás casos, la imputada fue sometida a la acción de la justicia mediante el Tribunal de Niños Niñas y Adolescentes.

Posteriormente, el 27 de marzo de este año la sociedad dominicana volvió a ser sobrecogida con el hallazgo, en un solar baldío del sector La Puya de Arroyo Hondo, del cuerpecito sin vida y en estado de descomposición del niño de siete años Randy Beltrán de los Santos.

El mismo se habría dirigido junto a otros menores a una cañada y, una vez allí, lo habrían golpeado con un block y otros objetos contundentes hasta provocarle la muerte, despojándolo de 300 pesos en efectivo.

Un hecho que llamó la atención sobre la muerte de este infante fue que en la misma estuvieron implicados cinco menores de 13, 14 y 15 años respectivamente.

También fue asesinada a golpes y botellazos la señora María Pinales Lebrón, de 30 años, residente en el barrio El Cacique de Haina, agredida por su hija, de 14 años, junto a dos amigas de ésta. Familiares y vecinos de la víctima dijeron que ambas discutían constantemente porque la madre corregía a su hija y ésta le pedía no inmiscuirse en su vida. El hecho ocurrió en abril de este año.

Ahora dependen del Senado las modificaciones al Código del Menor

Ahora resta esperar qué suerte correrán las modificaciones al Código del Menor cuando sea el Senado de la República la escena donde se discutan las enmiendas que distintos sectores de la vida nacional han reclamado y que otros han advertido por no confiar en que las mismas aseguren la reducción del delito y el respeto a los derechos de aquellos que aparentemente en estos casos han traspasado la línea de la inocencia.

Al respecto, el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, indicó ayer que además de contemplar el endurecimiento de las penas a aquellos que infrinjan la ley, se deben articular políticas integrales que incluyan los aspectos educativo, deportivo y laboral para contrarrestar el incremento de la delincuencia.

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Presentan querella contra tesorero de la Seguridad Social.

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SANTO DOMINGO.-El tesorero de la Seguridad Social, Henry Sadhalá, fue acusado por  el Colegio de Abogados de la República Dominicana de prevaricación, desfalco y abuso de confianza, entre otros delitos, mediante una querella que la entidad  interpuso este jueves en la Procuraduría General de la República.

Miguel Surún Hernández, presidente del gremio de los abogados, presentó la querella en la Procuraduría General de la República para que posteriormente sea investigado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción (Pepca).

De acuerdo con un comunicado del gremio, Sahdalá «ha desviado de forma fraudulenta miles de millones de pesos» de los fondos de la Seguridad Social a través de las cuentas AFP00 Y AFP20, dos Administradoras de Fondos de Pensiones ficticias.

Asimismo, ha desviado «alrededor de 600 millones de pesos aportados por el Estado» para el Seguro Contributivo Subsidiado, instaurado en favor de los abogados y demás profesionales independientes, pero que nunca ha sido puesto en vigencia, «pues sus recursos han sido utilizados de manera fraudulenta para otros fines», agregó Surun Hernández.

Con esta acción «quedan desamparados y sin cobertura decenas de miles de abogados y profesionales independientes», afirmó.

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Ministerio Público pide a Suprema condenar a cinco años de prisión a diputado del PRM.

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Santo Domingo, RD.-La Segunda Sala de la  Suprema Corte de Justicia recibió el pedido del Ministerio Público de condenar a cinco años de cárcel al diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM). Gregorio Domínguez, por desalojo ilegal.

Los procuradores adjuntos Pedro Amador, Isis de la Cruz Duarte y el procurador de Corte, Melquiades Suero, hicieron el pedimento a los jueces Francisco Jerez Mena, Fran Soto y María Garabito.
En su dictamen, el ministerio público pidió a los jueces declarar culpable al legislador y que en consecuencia fuera sentenciado a cinco años de prisión para ser cumplida en la cárcel Modelo de Rafey-Hombres, de Santiago.

Igualmente, el ministerio público en su dictamen, pidió al tribunal notificar la sentencia a intervenir al juez de la ejecución de la pena de Santiago y al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, para los fines de lugar correspondiente.

Los procuradores adjuntos y de Corte, consideraron en la audiencia de jurisdicción privilegiada, que el diputado violó los artículos 24 y 25 de la ley 396-19, que regula el otorgamiento de la fuerza pública.

Igualmente, sostienen que el legislador violó el artículo 1 de la Ley 5869 sobre violación de propiedad, así como los artículos 1 y 2 de la Ley 5997 sobre destrucción a la propiedad ajena en perjuicio de la señora querellante Lucila Nelly Capellán Luna, quien es representada por el abogado César Amadeo Peralta.

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El país niega informaciones sobre aborto, pedofilia y otros temas en la OEA

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Santo Domingo, RD.-Fueron calificadas de falsas las informaciones que han circulado en torno a la participación del país en la Organización de Estados Unidos Americanos (OEA) en lo referente al aborto, la pedofilia y otros temas, de acuerdo a un desmentido al respecto hecho por el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex).

“Negamos categóricamente que en el marco de las negociaciones de cara a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), a celebrarse la próxima semana en Perú, se esté impulsando alguna iniciativa o planteamiento desde la República Dominicana asociado al aborto”, dicen en un comunicado.

Aseguran que tampoco se está impulsando la reasignación de sexo o sobre géneros diversos, la eliminación de la patria potestad de padres y madres sobre la educación de sus hijos e hijas, la pedofilia o la pederastia.

“Para que no haya dudas sobre nuestra posición, informamos que las iniciativas impulsadas por República Dominicana en el marco de la Asamblea General de la OEA están relacionadas a: la situación en Haití, la libertad de expresión y periodismo, así como el gobierno digital abierto y transparente”, indicaron.

De igual forma, impulsan el fortalecimiento de la democracia, los derechos de las personas con discapacidad y adultos mayores, la Red Interamericana de Catastro (que lidera nuestro Poder Judicial), la protección del medioambiente y las implicaciones jurídicas sobre la soberanía territorial causada por el aumento del nivel del mar debido al calentamiento de los océanos.

Expresaron que a la fecha no se ha realizado ninguna votación sobre los documentos sujetos a negociación, pues todavía está en curso un proceso de consultas entre los Estados miembros de la OEA en relación a todos los temas de la agenda.

“Es importante, además, hacer de conocimiento público que las resoluciones que se adoptan en foros multilaterales, como el de la OEA, no están por encima de la Constitución o legislación de los Estados y por tanto no son obligatorias. En consecuencia, los países mantienen su soberanía para adoptar las políticas y normas que consideren apropiadas para garantizar los derechos de su población», concluyeron.

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