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Los menores cometen crímenes atroces
SANTO DOMINGO, República Dominicana.-Gran revuelo han causado entre diversos sectores de la vida nacional las modificaciones hechas esta semana en la Cámara de Diputados a la Ley 136-03 que rige el Código Para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Mientras unos dan su voto a favor del endurecimiento de las penas aplicables a aquellos menores que infrinjan la ley, otros opinan que esta medida, lejos de contribuir a reducir la delincuencia, no contempla ni asegura la regeneración de los mismos.
Entre las voces que se han levantado en protesta a la modificación de los artículos 223, 224, 279, 291, 296, 340 y 380 de la referida pieza figuran las de Sergio Abreu y Ernesto Díaz, director de Visión Mundial en el país y manager de Plan Internacional por la Niñez, respectivamente. Entienden que estas enmiendas han sido aprobadas de forma acelerada y que las mismas sólo servirán para mantener a los niños y niñas como criminales y delincuentes.
Se refieren a la modificación de la Ley 136-03, sancionada en dos lecturas por los diputados y que establece penas de prisión de cuatro a 10 años para menores de entre 13 y 15 años y condenas de cuatro a 15 años para aquellos con edades entre 16 y 17 años por cumplir.
Entre los argumentos esbozados por legisladores a favor del endurecimiento de las penas aplicables a los menores está el incremento de delitos en los cuales han sido protagonistas aquellos que por su edad permanecen al amparo de la Ley 136-03.
Un rosario de crímenes que no respeta edad ni género
Quizás el caso que más ha llamado la atención de la sociedad dominicana en los últimos años donde menores se han visto involucrados en la perpetración de actos delictivos es el asesinato de siete taxistas en Santo Domingo Oeste, perpetrado en abril del año 2010 por una banda conformada por dos adultos y cinco adolescentes, dentro de los cuales estaban dos jovencitas.
Se trata de las muertes de Abelis Calderón González, Annito Beltrán, Estanislao Cayatano Pascual, Jonathan Bello D´ Oleo, Nelson Tavares Hernández, Johan Manuel Rodríguez y el oficial de la Marina de Guerra, Romero González, quienes eran llamados por sus asesinos con el pretexto de usar sus servicios.
Sobre Jonathan Bello, de 24 años, se informó que sus matadores le habrían obligado a ingerir un químico altamente corrosivo, denominado popularmente como “ácido del diablo”, y que luego rociaron este compuesto en sus genitales, oídos y otras partes del cuerpo.
Sobre las demás víctimas se registraron muertes por decenas de estocadas causadas por armas blancas, ahorcamiento, golpes contusos y a tiros, además del robo de objetos de valor y el abandono de los cuerpos en diferentes lugares.
Este modus operandi, lejos de ofrecer respuestas sobre la siquis de los imputados, abre múltiples interrogantes sobre las causas de semejante comportamiento.
También se recuerda el asesinato a puñaladas, en Moca, de la adolescente Karamy Guadalupe Rodríguez, a pocos días para cumplir sus 15 años, asesinada por su ex novio, también menor de edad. Sobre el hecho ocurrido en octubre del 2011 se informó que la joven habría sostenido una discusión con su victimario, de 17 años, por supuestamente negarse a retomar su relación de dos años, y que éste la apuñaló tomándola desprevenida.
Nuevamente surgieron las interrogantes sobre la penalidad a aplicar al causante de esta muerte.
Fuera de la capital, esta vez en diciembre de 2011, la Policía Nacional informaba del arresto de una banda en Santiago que se trasladaba desde Santo Domingo a esa ciudad a robar, vender y desmantelar vehículos. Entre los apresados figuró entonces un menor de 17 años.
Ya en marzo de este año surge otro hecho de sangre en el que una adolescente, esta vez de 14 años, es señalada como la responsable de asestar 22 estocadas a su abuela de 94 años, persona que la crió y a quien le sustrajo un dinero que posteriormente le fue ocupado por las autoridades. La menor, residente en Santiago, confesó haber apuñalado y posteriormente degollado a la señora encontrada muerta.
Al igual que en los demás casos, la imputada fue sometida a la acción de la justicia mediante el Tribunal de Niños Niñas y Adolescentes.
Posteriormente, el 27 de marzo de este año la sociedad dominicana volvió a ser sobrecogida con el hallazgo, en un solar baldío del sector La Puya de Arroyo Hondo, del cuerpecito sin vida y en estado de descomposición del niño de siete años Randy Beltrán de los Santos.
El mismo se habría dirigido junto a otros menores a una cañada y, una vez allí, lo habrían golpeado con un block y otros objetos contundentes hasta provocarle la muerte, despojándolo de 300 pesos en efectivo.
Un hecho que llamó la atención sobre la muerte de este infante fue que en la misma estuvieron implicados cinco menores de 13, 14 y 15 años respectivamente.
También fue asesinada a golpes y botellazos la señora María Pinales Lebrón, de 30 años, residente en el barrio El Cacique de Haina, agredida por su hija, de 14 años, junto a dos amigas de ésta. Familiares y vecinos de la víctima dijeron que ambas discutían constantemente porque la madre corregía a su hija y ésta le pedía no inmiscuirse en su vida. El hecho ocurrió en abril de este año.
Ahora dependen del Senado las modificaciones al Código del Menor
Ahora resta esperar qué suerte correrán las modificaciones al Código del Menor cuando sea el Senado de la República la escena donde se discutan las enmiendas que distintos sectores de la vida nacional han reclamado y que otros han advertido por no confiar en que las mismas aseguren la reducción del delito y el respeto a los derechos de aquellos que aparentemente en estos casos han traspasado la línea de la inocencia.
Al respecto, el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, indicó ayer que además de contemplar el endurecimiento de las penas a aquellos que infrinjan la ley, se deben articular políticas integrales que incluyan los aspectos educativo, deportivo y laboral para contrarrestar el incremento de la delincuencia.
noticiassin
Santo Domingo, R.D.-Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional, informó que dos personas fueron encontradas muertas, así como una joven con signos vitales en un apartamento de la Torre Arpel 07, ubicada en el sector Piantini, Distrito Nacional.
Los fallecidos fueron identificados como Raisa Luisa Mendoza, de 50 años, y su hijo Yadhir Nael Cornelio, de 24 años de edad.
Pesqueira explicó que el caso se encuentra en una fase inicial de investigación y que las autoridades trabajan de manera conjunta con el Ministerio Público para esclarecer lo ocurrido.
Indicó que se esperan los resultados de la autopsia y de los análisis toxicológicos que realiza el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), los cuales permitirán determinar de forma precisa la causa de muerte de las víctimas.
“Debemos esperar los resultados de la autopsia que está realizando el Inacif, que establecerán de una manera clara, precisa e inequívoca la causa de muerte”, sostuvo.
El vocero agregó que la joven sobreviviente será entrevistada por los investigadores tan pronto su condición lo permita, como parte de las diligencias que se desarrollan bajo la coordinación del Ministerio Público.
Al ser cuestionado sobre posibles hipótesis, Pesqueira evitó adelantar conclusiones y afirmó que la Policía Nacional solo ofrecerá información sustentada en evidencias.
“Estamos en la fase de levantamiento y de entrevistas. No podemos como autoridades ofrecer versiones sin contar con evidencias que sustenten nuestras declaraciones”, expresó.
Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar qué ocurrió dentro de la vivienda donde fueron halladas las tres personas.
Santo Domingo, R.D.-Con el propósito de fortalecer la convivencia pacífica y el bienestar en las comunidades, el Ministerio de Interior y Policía puso en marcha este jueves el Programa de Intervención Integral para la Seguridad Ciudadana.
En una primera etapa, la iniciativa será implementada en el sector Villas Agrícolas, del Distrito Nacional, y posteriormente se extenderá a otras localidades del país.
El acto estuvo encabezado por la titular del ministerio, Faride Raful, quien destacó que las instituciones involucradas en el programa trabajarán de manera coordinada con la comunidad.
“La seguridad ciudadana la construimos entre todos, junto a las instituciones que deben fungir como acompañantes”, afirmó.
De acuerdo con la ministra, antes del lanzamiento del programa las autoridades realizaron un diagnóstico para identificar las principales necesidades y brechas que pueden ser abordadas desde el Estado.
“Asumimos esas brechas para buscar soluciones. Antes de desarrollar el programa conversamos con comerciantes, juntas de vecinos e iglesias”, aseguró.
Raful explicó que los comunitarios solicitaron una mejor iluminación del sector, la adecuación de espacios públicos y un esquema de seguridad permanente.
Asimismo, sostuvo que una de las prioridades del plan es impedir que conductores de motocicletas realicen piruetas en las calles que alteren el orden público.
“Queremos que el espacio público vuelva a ser de la gente y no de las motocicletas que andan calibrando en las calles. Es una tarea de todos y entre todos vamos a recuperarlo”, expresó.
“Y tiene que funcionar; de lo contrario, es mejor retirarse de esto”, afirmó.
Según las autoridades, esta primera intervención en Villas Agrícolas incluirá la instalación de más de 500 luminarias, el fortalecimiento del patrullaje policial y la incorporación de nuevos agentes en los destacamentos de la zona.
Insta a realizar denuncias
La ministra también exhortó a los comunitarios presentes en el lanzamiento a denunciar cualquier hecho que atente contra la seguridad ciudadana, al señalar que en muchas ocasiones las autoridades desconocen los casos por falta de reportes.
“A veces me dicen: ‘Ustedes no hacen nada’, pero muchas veces, cuando acudimos al lugar, nos percatamos de que desconocíamos el caso porque no había sido denunciado”, explicó.
- El programa contempla, además, la ejecución de actividades sociales, el control territorial y acciones orientadas a la reducción de crímenes y delitos en la localidad.
- En la elaboración y ejecución del programa participaron 40 instituciones públicas.
- En el acto estuvieron presentes la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso; la ministra de la Mujer, Gloria Reyes; el director de la Policía Nacional, Ramón Antonio Guzmán Peralta; y representantes comunitarios del sector.
SANTO DOMINGO.- Como positiva valoró el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) algunas de las medidas fiscales recientemente anunciadas por las autoridades.
En un comunicado enviado ALMOMENTO.NET, considera que pueden contribuir a mejorar la eficiencia del sistema y a fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas.
No obstante, el gremio empresarial subrayó la necesidad de que dichas disposiciones se apliquen bajo criterios de proporcionalidad y temporalidad, a fin de evitar impactos negativos en la actividad productiva, la inversión y el clima de negocios.
El CONEP reiteró que cualquier reforma o ajuste en materia fiscal debe estar sustentado en el diálogo entre los sectores público y privado, privilegiando la estabilidad económica y la competitividad del país.
Asimismo, la organización empresarial insistió en que las medidas deben ser diseñadas con un enfoque equilibrado, que permita alcanzar los objetivos de recaudación sin afectar de forma desmedida a los sectores generadores de empleo y crecimiento.
Reconoció el esfuerzo realizado por las autoridades para preservar la estabilidad macroeconómica del país.
Sostuvo que la sostenibilidad fiscal de largo plazo requiere que «los esfuerzos extraordinarios que hoy se solicitan a los contribuyentes estén acompañados de una estrategia igualmente clara para reducir presiones estructurales sobre las finanzas públicas».
Manifestó que, reconociendo el carácter especial de las medidas planteadas, resulta igual de importante que la atención a los desafíos inmediatos no desplace de la agenda nacional las transformaciones estructurales que se requieren para continuar elevando su productividad, competitividad y capacidad de crear oportunidades.
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