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Los menores cometen crímenes atroces
SANTO DOMINGO, República Dominicana.-Gran revuelo han causado entre diversos sectores de la vida nacional las modificaciones hechas esta semana en la Cámara de Diputados a la Ley 136-03 que rige el Código Para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Mientras unos dan su voto a favor del endurecimiento de las penas aplicables a aquellos menores que infrinjan la ley, otros opinan que esta medida, lejos de contribuir a reducir la delincuencia, no contempla ni asegura la regeneración de los mismos.
Entre las voces que se han levantado en protesta a la modificación de los artículos 223, 224, 279, 291, 296, 340 y 380 de la referida pieza figuran las de Sergio Abreu y Ernesto Díaz, director de Visión Mundial en el país y manager de Plan Internacional por la Niñez, respectivamente. Entienden que estas enmiendas han sido aprobadas de forma acelerada y que las mismas sólo servirán para mantener a los niños y niñas como criminales y delincuentes.
Se refieren a la modificación de la Ley 136-03, sancionada en dos lecturas por los diputados y que establece penas de prisión de cuatro a 10 años para menores de entre 13 y 15 años y condenas de cuatro a 15 años para aquellos con edades entre 16 y 17 años por cumplir.
Entre los argumentos esbozados por legisladores a favor del endurecimiento de las penas aplicables a los menores está el incremento de delitos en los cuales han sido protagonistas aquellos que por su edad permanecen al amparo de la Ley 136-03.
Un rosario de crímenes que no respeta edad ni género
Quizás el caso que más ha llamado la atención de la sociedad dominicana en los últimos años donde menores se han visto involucrados en la perpetración de actos delictivos es el asesinato de siete taxistas en Santo Domingo Oeste, perpetrado en abril del año 2010 por una banda conformada por dos adultos y cinco adolescentes, dentro de los cuales estaban dos jovencitas.
Se trata de las muertes de Abelis Calderón González, Annito Beltrán, Estanislao Cayatano Pascual, Jonathan Bello D´ Oleo, Nelson Tavares Hernández, Johan Manuel Rodríguez y el oficial de la Marina de Guerra, Romero González, quienes eran llamados por sus asesinos con el pretexto de usar sus servicios.
Sobre Jonathan Bello, de 24 años, se informó que sus matadores le habrían obligado a ingerir un químico altamente corrosivo, denominado popularmente como “ácido del diablo”, y que luego rociaron este compuesto en sus genitales, oídos y otras partes del cuerpo.
Sobre las demás víctimas se registraron muertes por decenas de estocadas causadas por armas blancas, ahorcamiento, golpes contusos y a tiros, además del robo de objetos de valor y el abandono de los cuerpos en diferentes lugares.
Este modus operandi, lejos de ofrecer respuestas sobre la siquis de los imputados, abre múltiples interrogantes sobre las causas de semejante comportamiento.
También se recuerda el asesinato a puñaladas, en Moca, de la adolescente Karamy Guadalupe Rodríguez, a pocos días para cumplir sus 15 años, asesinada por su ex novio, también menor de edad. Sobre el hecho ocurrido en octubre del 2011 se informó que la joven habría sostenido una discusión con su victimario, de 17 años, por supuestamente negarse a retomar su relación de dos años, y que éste la apuñaló tomándola desprevenida.
Nuevamente surgieron las interrogantes sobre la penalidad a aplicar al causante de esta muerte.
Fuera de la capital, esta vez en diciembre de 2011, la Policía Nacional informaba del arresto de una banda en Santiago que se trasladaba desde Santo Domingo a esa ciudad a robar, vender y desmantelar vehículos. Entre los apresados figuró entonces un menor de 17 años.
Ya en marzo de este año surge otro hecho de sangre en el que una adolescente, esta vez de 14 años, es señalada como la responsable de asestar 22 estocadas a su abuela de 94 años, persona que la crió y a quien le sustrajo un dinero que posteriormente le fue ocupado por las autoridades. La menor, residente en Santiago, confesó haber apuñalado y posteriormente degollado a la señora encontrada muerta.
Al igual que en los demás casos, la imputada fue sometida a la acción de la justicia mediante el Tribunal de Niños Niñas y Adolescentes.
Posteriormente, el 27 de marzo de este año la sociedad dominicana volvió a ser sobrecogida con el hallazgo, en un solar baldío del sector La Puya de Arroyo Hondo, del cuerpecito sin vida y en estado de descomposición del niño de siete años Randy Beltrán de los Santos.
El mismo se habría dirigido junto a otros menores a una cañada y, una vez allí, lo habrían golpeado con un block y otros objetos contundentes hasta provocarle la muerte, despojándolo de 300 pesos en efectivo.
Un hecho que llamó la atención sobre la muerte de este infante fue que en la misma estuvieron implicados cinco menores de 13, 14 y 15 años respectivamente.
También fue asesinada a golpes y botellazos la señora María Pinales Lebrón, de 30 años, residente en el barrio El Cacique de Haina, agredida por su hija, de 14 años, junto a dos amigas de ésta. Familiares y vecinos de la víctima dijeron que ambas discutían constantemente porque la madre corregía a su hija y ésta le pedía no inmiscuirse en su vida. El hecho ocurrió en abril de este año.
Ahora dependen del Senado las modificaciones al Código del Menor
Ahora resta esperar qué suerte correrán las modificaciones al Código del Menor cuando sea el Senado de la República la escena donde se discutan las enmiendas que distintos sectores de la vida nacional han reclamado y que otros han advertido por no confiar en que las mismas aseguren la reducción del delito y el respeto a los derechos de aquellos que aparentemente en estos casos han traspasado la línea de la inocencia.
Al respecto, el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, indicó ayer que además de contemplar el endurecimiento de las penas a aquellos que infrinjan la ley, se deben articular políticas integrales que incluyan los aspectos educativo, deportivo y laboral para contrarrestar el incremento de la delincuencia.
noticiassin
Santo Domingo, R.D.-Fue rechazada por Segundo Tribunal Colegiado la solicitud de extincion de la accion penal que hubiera favorecido al exprocurador Jean Alain Rodríguez tras el tribunal argumentar que la demora en los casi seis años que tiene el proceso ha sido justificada y «razonable».
Las tres jueces, que decidieron denegar la petición de manera unánime, afirmaron que la tardanza se debe a solicitud de aplazamientos de todas las partes, incluida el Ministerio Público, y se acogieron para hacer valer la tutela de los derechos de todas las partes del caso de presunta corrupción.
Las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Claribel Nivar Arias, Clara Castillo y Yissell Soto, sostienen que su resolución es por la razón de no haber existido «una mora injustificada y haciendo acopio del criterio jurisprudencial del Tribunal Constitucional» que ha establecido que «no debe ser un mero conteo matemático» el plazo de los procesos penales.
Las juezas acogieron el conteo de la defensa de Rodríguez Sánchez, desde el inicio de la alerta migratoria en el 2020 y no cuando se le detuvo en junio del 2021, por lo que el proceso, según el tribunal, tiene » 5 años, 8 meses y 17 días».
Al exfuncionario se le impidió salir del país «el 25 de noviembre del año 2020», como consecuencia de la alerta migratoria por la investigación que se le realizaba.
La jueza Castillo hizo un recuerdo de todos los incidentes presentado, desde la etapa de Instrucción, por salud, fallecimiento de parientes de los imputados, recusaciones a jueces y a fiscales, que motivaron los aplazamientos.
Subrayó que en los casi seis años los distintos tribunales se han mantenido activo conociendo los incidentes del caso, los que incluso han llegado hasta al Tribunal Constitucional.
«Este caso no ha llegado a este tiempo porque el proceso estuvo engavetado en algún lugar«, aclaró la jueza al hablar por el tribunal.
Las otras defensas de los demás acusados solicitaron presentar ellos la misma petición fallada por el tribunal a Jean Alain Rodríguez, lo que obligó al titular de Persecución, Wilson Camacho, volver a sentarse cuando se le autorizó presentar la acusación.
A las 1:00 de la tarde se dio un receso por almuerzo para retornar con la audiencia a las 2:00 de la tarde.
Inmediatamente después de emitirse el rechazo a poner fin a la persecución penal contra el exprocurador general, su defensa, encabezada por Carlos Balcácer, adelantó que lo apelarán a la Corte inmediatamente se publique la resolución completa, el 7 de septiembre.
El director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, acusó al exprocurador Jean Alain Rodríguez de, una vez rechazársele la extinción, «organiza» a los demás acusados para que presenten el mismo incidente para evitar que se lea la acusación y se presenten las pruebas en su contra.
Reiteró que el exfuncionario deberá en cualquier momento enfrentarse a las imputaciones que se le hacen.
La acusación y quiénes son
Jean Alain Rodríguez Sánchez y los otros 14 procesados enfrentan cargos por corrupción, incluyendo soborno, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos.
Se les señala de afectar al Estado con más de 6 mil millones de pesos mediante procesos de compras irregulares, extorsión y el uso de recursos públicos para fines personales y políticos del exprocurador.
Los que enfrentan actualmente el juicio de fondo junto a Rodríguez Sánchez son e exdirector administrativo de la Procuraduría, Jonnathan Rodríguez Imbert; el exencargado de la Dirección de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, Javier Alejandro Forteza Ibarra; el exsubdirector financiero de la Procuraduría General de la República, Alfredo Alexander Solano Augusto, y el exencargado de la División de Compras de la Procuraduría, Jonathan Loanders Medina.
También la excoordinadora en la Dirección Administrativa y Financiera de la Procuraduría General, Altagracia Guillén Calzado; el excontador del Ministerio Público, Rafael Antonio Mercedes Marte y la exmiembro del Comité de Compras y Contrataciones de la Procuraduría, Isis Tapia Stefanni.
Asimismo están señalados por el Ministerio Público, Ramón Lucrecio Burgos Acosta, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Alejandro Martín Rosa Llanes, Rolando Sebelén Torres, Braulio Michael Batista Barias, Miguel José Moya y las empresas Desarrollo, Individuo y Organización, DIO, S.R.L., Fire Controll Systems S.R.L., y José Luis Liriano y Lirtec S.R.L.
Santo Domingo, R.D.-Fueron identificados este lunes los dos fallecidos en el accidente de tránsito que involucró un camión de combustible, un automóvil, una yipeta y una motocicleta en la avenida George Washington, próximo al restaurante Adrián Tropical, en el Distrito Nacional, en el que dos vehículos se calcinaron producto de una explosión.
Las víctimas fueron identificadas como Luis Alejandro Torres Mejía, de 35 años, y María Altagracia Méndez de Olivo, de 53.
De acuerdo con la información suministrada por el jefe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, José Frómeta Herasme, el hombre fallecido conducía el camión y la mujer se desplazaba en la yipeta.
- Frómeta Herasme indicó que las causas de la explosión del camión tanquero se encuentran en fase de investigación.
El accidente ocurrió a las 6:58 de la mañana de este lunes. Según las autoridades, el camión transportaba alrededor de 10,000 galones de combustible, que se derramaron y posteriormente explotó causando un incendio.
- Por tratarse de gasoil, los bomberos utilizaron espuma para sofocar las llamas y evitar que el fuego se propagara hacia otras áreas.
El incendio provocó una intensa humareda en la zona y movilizó a unas 12 unidades del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, además de generar un fuerte congestionamiento vehicular.
Al lugar del hecho acudieron miembros del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, la Policía Nacional, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles (Ceccom).
Santo Domingo, R.D.-Los recién designados mandos militares y politiciales designados mediante decretos por el presidente Luis Abinader fueron juramentados por el jefe de Estado.
En un acto realizado en el Palacio Nacional, el mandatario tomó juramento a Ernesto Rafael Rodríguez García como nuevo director general de la Policía Nacional; Jimmy Arias Grullón, como nuevo comandante general del Ejército de la República Dominicana; Enmanuel Marcelino Souffront Tamayo, como comandante general de la Fuerza Aérea de la República Dominicana.
Igualmente se juramentó a Jorge Iván Camino Pérez, Inspector General de las Fuerzas Armadas; Buenaventura Colón Rosario, como viceministro de Defensa para asuntos militares; a Manuel José Brito Estepan, como subcomandante general de la Fuerza Aérea de la República Dominicana; a Dionisio de la Rosa Hernández, como inspector general de la Fuerza Aérea de la República Dominicana.
En la imagen, los nuevos altos mandos militares y policiales.Javier Flores
Por igual quedaron juramentados en sus nuevas posiciones Celin Rubio Terreno, como asesor militar del presidente de la República; el general de brigada José Manuel Duran Infante, como subcomandante general del Ejército; Raúl Esteban Mora Hernández, inspector general del Ejército; Rafael Raimundo Ramírez Tejada, comandante del Regimiento de la Guardia Presidencial del Ejército.
También fueron juramentados Guillermo Caro Cruz, como jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), y Emmanuel Almonte Polanco, como subjefe del Cusep.
La designación de los altos mandos militares está contenida en el decreto 557-26, el cual fue dado a conocer en horas de la madrugada del lunes. Mientras que en la tarde fue difundido el 558-26, que dispone el nombramiento del nuevo director de la Policía Nacional.