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Los menores cometen crímenes atroces

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SANTO DOMINGO, República Dominicana.-Gran revuelo han causado entre diversos sectores de la vida nacional las modificaciones hechas esta semana en la Cámara de Diputados a la Ley 136-03 que rige el Código Para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Mientras unos dan su voto a favor del endurecimiento de las penas aplicables a aquellos menores que infrinjan la ley, otros opinan que esta medida, lejos de contribuir a reducir la delincuencia, no contempla ni asegura la regeneración de los mismos.

Entre las voces que se han levantado en protesta a la modificación de los artículos 223, 224, 279, 291, 296, 340 y 380 de la referida pieza figuran las de Sergio Abreu y Ernesto Díaz, director de Visión Mundial en el país y manager de Plan Internacional por la Niñez, respectivamente. Entienden que estas enmiendas han sido aprobadas de forma acelerada y que las mismas sólo servirán para mantener a los niños y niñas como criminales y delincuentes.

Se refieren a la modificación de la Ley 136-03, sancionada en dos lecturas por los diputados y que establece penas de prisión de cuatro a 10 años para menores de entre 13 y 15 años y condenas de cuatro a 15 años para aquellos con edades entre 16 y 17 años por cumplir.

Entre los argumentos esbozados por legisladores a favor del endurecimiento de las penas aplicables a los menores está el incremento de delitos en los cuales han sido protagonistas aquellos que por su edad permanecen al amparo de la Ley 136-03.

Un rosario de crímenes que no respeta edad ni género

Quizás el caso que más ha llamado la atención de la sociedad dominicana en los últimos años donde menores se han visto involucrados en la perpetración de actos delictivos es el asesinato de siete taxistas en Santo Domingo Oeste, perpetrado en abril del año 2010 por una banda conformada por dos adultos y cinco adolescentes, dentro de los cuales estaban dos jovencitas.

Se trata de las muertes de Abelis Calderón González, Annito Beltrán, Estanislao Cayatano Pascual, Jonathan Bello D´ Oleo, Nelson Tavares Hernández, Johan Manuel Rodríguez y el oficial de la Marina de Guerra, Romero González, quienes eran llamados por sus asesinos con el pretexto de usar sus servicios.

Sobre Jonathan Bello, de 24 años, se informó que sus matadores le habrían obligado a ingerir un químico altamente corrosivo, denominado popularmente como “ácido del diablo”, y que luego rociaron este compuesto en sus genitales, oídos y otras partes del cuerpo.

Sobre las demás víctimas se registraron muertes por decenas de estocadas causadas por armas blancas, ahorcamiento, golpes contusos y a tiros, además del robo de objetos de valor y el abandono de los cuerpos en diferentes lugares.

Este modus operandi, lejos de ofrecer respuestas sobre la siquis de los imputados, abre múltiples interrogantes sobre las causas de semejante comportamiento.

También se recuerda el asesinato a puñaladas, en Moca, de la adolescente Karamy Guadalupe Rodríguez, a pocos días para cumplir sus 15 años, asesinada por su ex novio, también menor de edad. Sobre el hecho ocurrido en octubre del 2011 se informó que la joven habría sostenido una discusión con su victimario, de 17 años,  por supuestamente negarse a retomar su relación de dos años, y que éste la apuñaló tomándola desprevenida.

Nuevamente surgieron las interrogantes sobre la penalidad a aplicar al causante de esta muerte.

Fuera de la capital, esta vez en diciembre de 2011, la Policía Nacional informaba del arresto de una banda en Santiago que se trasladaba desde Santo Domingo a esa ciudad a robar, vender y desmantelar vehículos. Entre los apresados figuró entonces un menor de 17 años.

Ya en marzo de este año surge otro hecho de sangre en el que una adolescente, esta vez de 14 años, es señalada como la responsable de asestar 22 estocadas a su abuela de 94 años, persona que la crió y a quien le sustrajo un dinero que posteriormente le fue ocupado por las autoridades. La menor, residente en Santiago, confesó haber apuñalado y posteriormente degollado a la señora encontrada muerta.

Al igual que en los demás casos, la imputada fue sometida a la acción de la justicia mediante el Tribunal de Niños Niñas y Adolescentes.

Posteriormente, el 27 de marzo de este año la sociedad dominicana volvió a ser sobrecogida con el hallazgo, en un solar baldío del sector La Puya de Arroyo Hondo, del cuerpecito sin vida y en estado de descomposición del niño de siete años Randy Beltrán de los Santos.

El mismo se habría dirigido junto a otros menores a una cañada y, una vez allí, lo habrían golpeado con un block y otros objetos contundentes hasta provocarle la muerte, despojándolo de 300 pesos en efectivo.

Un hecho que llamó la atención sobre la muerte de este infante fue que en la misma estuvieron implicados cinco menores de 13, 14 y 15 años respectivamente.

También fue asesinada a golpes y botellazos la señora María Pinales Lebrón, de 30 años, residente en el barrio El Cacique de Haina, agredida por su hija, de 14 años, junto a dos amigas de ésta. Familiares y vecinos de la víctima dijeron que ambas discutían constantemente porque la madre corregía a su hija y ésta le pedía no inmiscuirse en su vida. El hecho ocurrió en abril de este año.

Ahora dependen del Senado las modificaciones al Código del Menor

Ahora resta esperar qué suerte correrán las modificaciones al Código del Menor cuando sea el Senado de la República la escena donde se discutan las enmiendas que distintos sectores de la vida nacional han reclamado y que otros han advertido por no confiar en que las mismas aseguren la reducción del delito y el respeto a los derechos de aquellos que aparentemente en estos casos han traspasado la línea de la inocencia.

Al respecto, el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, indicó ayer que además de contemplar el endurecimiento de las penas a aquellos que infrinjan la ley, se deben articular políticas integrales que incluyan los aspectos educativo, deportivo y laboral para contrarrestar el incremento de la delincuencia.

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RD entre países más prósperos de América Latina y el Caribe

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SANTO DOMINGO.- La República Dominicana aparece como una de las cinco economías más prósperas de América Latina y el Caribe, al alcanzar el quinto lugar en el nuevo “Índice de Prosperidad”.

Así lo aseguran datos del Banco Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), organismos que evalúan  tanto el crecimiento económico como la calidad de vida y el bienestar social.

En el más reciente Índice, que analiza el desarrollo integral de 186 países a partir de factores económicos y sociales, la República Dominicana alcanzó la quinta posición entre 23 países de América Latina y el Caribe, con una puntuación de 37.4 sobre 100.

Con ese resultado, aparece solo detrás de Chile, Uruguay, Panamá y Argentina y supera a naciones relevantes de la región como Brasil, El Salvador, Costa Rica y Colombia.

VARIABLES CLAVES

Este ascenso de la República Dominicana evidencia avances notables en variables claves, como el aumento del Producto Interno Bruto per cápita y la reducción sostenida de la pobreza monetaria.

Con esta nueva clasificación, República Dominicana consolida su posición como una de las economías emergentes más dinámicas de la región, mientras busca cada día transformar el progreso económico en bienestar tangible para sus ciudadanos.

agl/of-am

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Por narcotráfico y lavado de activos condenan una pareja a 12 y cinco años de prisión.

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Santo Domingo, R.D.-Una pareja de esposos, identificados como Yohan Altagracia  y Yunior Santos Restrepo, fue condenada por un tribunal de San Pedro de Macorís a 12 y cinco años de cárcel, así como al pago de una multa equivalente a 400 salarios mínimos por ser encontrados culpables de narcotráfico y lavado de activos.

La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo explicó que el Juzgado de la Instrucción de San Pedro de Macorís ordenó, además, el decomiso de todos los bienes y activos, incluyendo los derechos sobre bienes muebles e inmuebles lujosos, villas, apartamentos y vehículos de alta gama que fueron obtenidos por los procesados a través del narcotráfico y el lavado de activos.

La investigación reveló que la red introdujo al sistema económico más de 300 millones de pesos, utilizando empresas fachadas para adquirir bienes, muebles e inmuebles de alto valor y dar apariencia de legalidad a las ganancias ilícitas.

Durante los allanamientos realizados en septiembre de 2023, las autoridades incautaron 93 paquetes de cocaína, armas de alto calibre, dinero en efectivo, vehículos de lujo y otros bienes relacionados con la red criminal.

Por el hecho, hay otros miembros con medidas de coerción, esperando la audiencia para su acusación, estos son: a Walky Cuevas Charles, regidor electo por el Bloque Institucional Socialdemócrata (BIS), Hellwy Santos Restrepo y Danilo Piñeyro Aristy, hermana y cuñado, de Yunior Santos Restrepo.

La procuradora, Ramona Nova, titular de Antilavado del Ministerio Público, manifestó que el órgano persecutor del delito continuará firme para que caiga todo el peso de la ley contra los demás miembros de la red que faltan por procesar.

Aseveró, que la investigación realizada en coordinación con los fiscales José Manuel Calzado y Manuel Santiago Castro Lora, quienes han aportado pruebas suficientes para identificar y vincular a los acusados a los hechos por los que son procesados.

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Será este sábado que depositarán solicitud de medida de coerción contra dueños del Jet Set.

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Santo Domingo, R.D.-La solicitud de medida de coerción será depositada por el Ministerio Público este sábado en contra de Antonio Espaillat y su hermana Maribel, propietarios de la discoteca Jet Set, ya que se les cumple las 48 horas que establece la Constitución de la República.

Antonio Espaillat fue trasladado la noche del jueves al centro de atención de privación de libertad provisional de este recinto.

El empresario enfrenta varias demandas interpuestas por los familiares de las víctimas mortales de la tragedia ocurrida el pasado 8 de abril en la discoteca Jet Set, donde murieron 236 personas y más de 180 resultaron heridas.

Maribel y Antonio Espaillat fueron arrestados tras ser interrogados por el titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, quien los citó a su despacho el pasado jueves.

Según los fiscales, ambos imputados mostraron “una inmensa irresponsabilidad y negligencia” al presuntamente dejar de realizar una intervención física que impidiera que el techo del centro de diversión colapsara, que provocó 236 muertos y más de 180 heridos.

Asimismo los fiscales investigan a los hermanos por el delito de homicidio involuntario. Además, aseguran que ambos intentaron «intimidar o manipular» a empleados que pueden servir de testigos en la investigación del derrumbe de la discoteca.

Igualmente se informó que Maribel Espaillat fue ingresada en un centro de salud luego de estar recluida en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

Los arrestos ocurrieron un día después de que un empleado de Jet Set asegurara que le advirtió con anterioridad a Espaillat que no se podía realizar la fiesta del 8 de abril amenizada por el merenguero Rubby Pérez, en la que fallecieron 236 personas y otras 180 resultaron lesionadas.

El Ministerio Público pudo acceder al celular del empleado, para extraer conversaciones que tuvo con Espaillat.

Asimismo, la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie) ya entregó el informe preliminar a la Procuraduría con la explicación de las causas que produjeron la caída del techo.

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