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Los migrantes venezolanos en Necoclí ponen su vida en manos de Biden

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En campamentos improvisados en las playas del puerto colombiano o a las faldas de la selva de El Darién, miles de venezolanos deciden si continuar la travesía ante el cierre de la frontera en México

En un limbo y presos de la desinformación. Los miles de migrantes venezolanos que están en el puerto colombiano de Necoclí o a las faldas de la selva del Darién permanecen atentos a los videos de deportaciones entre Estados Unidos y México. También a aquellos que, a través de Tik Tok y otras redes, intentan explicar las medidas migratorias del Gobierno de Joe Biden. La decisión de si continúan su peligrosa travesía o no está en juego.

Hasta los campamentos donde toman la crucial decisión han llegado también noticias falsas. El sábado, Francisco Palmieri, embajador encargado de Estados Unidos en Colombia, viajó hasta el puerto, reiteró que la frontera entre México y ese país está cerrada y desmintió una supuesta reapertura en un plazo de 90 días.

“No arriesguen sus vidas y las de sus familias. Venezolanos que intenten ingresar de forma ilegal serán expulsados a México”, advirtió el embajador. “Hay un nuevo programa por parte de los Estados Unidos, donde si se queda en el lugar donde está y no cruza una frontera, se puede aplicar por internet para tener una visa humanitaria”, insistió en su visita. El programa es similar al que utilizan con los desplazados por la guerra de Ucrania que exige que los migrantes tengan un patrocinador en Estados Unidos capaz de brindarles “apoyo financiero”, así como llegar en avión. Y, en este caso, que no hayan entrado irregularmente por México o por Panamá, es decir que lo hayan hecho por El Darién.

Se trata de 24.000 cupos que a todas luces no serán suficientes para la magnitud de la migración venezolana. Cada día, según las últimas cifras de la organización Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola), 1.280 migrantes venezolanos atraviesan esa peligrosa ruta donde al menos 30 migrantes han muerto o desaparecido. A muchos, el anuncio de Biden los agarró en el camino y al llegar por fin a Panamá supieron que la frontera estaba cerrada y habían perdido el esfuerzo. En lo que va de año, 102.000 personas han cruzado por esa trocha, el 68% venezolanos.

Aún no está claro si la nueva medida desestimulará a los migrantes. De acuerdo con la Alcaldía de Necoclí, el viernes (un día después del anuncio) había 6.000 migrantes listos para irse al Darién. Sin embargo, fuentes del municipio también cuentan- aunque no lo cuantifican- que hay migrantes que han regresado en masa. “Cuando anunciaron las restricciones en Estados Unidos fue mucha la gente que se devolvió, pero otros están esperando en las playas a ver qué sucede”, cuenta un conductor de Necoclí.

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El limbo de los migrantes venezolanos
Migrantes venezolanos caminan hacia un bote que los llevará a Acandí, desde Necoclí, Colombia.Foto: AP | Vídeo: REUTERS

Migrantes venezolanos caminan hacia un bote que los llevará a Acandí, desde Necoclí, Colombia.Foto: AP | Vídeo: REUTERS

Algunos migrantes quieren regresar

En uno de los campamentos panameños hay desánimo entre los que sortearon con vida la selva. “Ya no (quiero ir a EE UU). Ya no es secreto que está todo cerrado. Ya de mi parte quisiera devolverme”, le dijo a la agencia EFE el venezolano Carlos Figueroa, de 28 años.

El terminal de Transportes de Medellín, desde donde estaban saliendo migrantes masivamente, también sirve de termómetro. Allí, algunos venezolanos desistieron de emprender el viaje. Para ellos, sin embargo, implica una decisión dolorosa después de vender todo lo que tenían y renunciar a sus empleos para atravesar la trocha en busca del sueño americano. “Fue un balde de agua fría”, le dijo a Alianza Noticias un hombre que iba a migrar con sus tres hijos. “La primera decisión fue intentarlo y que allá en México vieran qué hacían con nosotros, pero después lo pensamos con cabeza fría”, explicó.

Desde Tik Tok, que se ha convertido en la red de la migración venezolana por el Darién, también abundan ahora videos de las deportaciones y advertencias. “No se vayan a subir a las lanchas para ingresar a la selva del Darien ni vayan a arriesgar su vida por nada, mis hermanos. Si pasan por la selva los van a anotar y esos datos llegan a Estados Unidos”, dice un tik tokero que se hace llamar El emigrante. Y continúa: “Con la mano en el pecho, sé que somos tercos y decimos: ‘somos venezolanos y lo podemos lograr’, pero no, esta vez no. Sé que duele, pero la vida es más importante y para qué arriesgarla si ya no hay manera”, les dice.

En la selva del Darién, según la OIM, han muerto 30 personas este año, nueve de ellas niños, sin contar las cifras de naufragios como el que ocurrió el viernes 13 de octubre. Un buque de la Armada persiguió a una embarcación con migrantes irregulares en Sapzurró (Chocó), frontera marítima con Panamá. La lancha no se detuvo, chocó contra una bote Patrullero de Costa del SENAN de Panamá y naufragó. Rescataron a 23 adultos y dos menores de edad, pero aún buscan a seis migrantes.

Las nacionalidades de los rescatados, tres ciudadanos cubanos, tres dominicanos, siete bangladeshíes, un iraní, cinco nepalíes y seis indios, confirman que no solo venezolanos siguen intentando cruzar por esta vía. “Ahora se vino la ola de ecuatorianos y peruanos. También hay chinos”, comenta un poblador de Necoclí.

La viceministra de Relaciones Exteriores del Gobierno de Colombia, Laura Gil, que viajó a Necoclí el sábado, dijo que la situación humanitaria en ese puerto “requiere un abordaje regional que dignifique a las personas migrantes”. EL PAÍS conoció que Panamá ha estado presionando a Colombia para que impida la salida de los migrantes por El Darién, pero el Gobierno de Gustavo Petro dice que no lo hará. “Colombia no construirá muros, ni visibles ni invisibles, y, con Migración Colombia abordaremos la situación con enfoque humanitario. Estamos ante un desafío para las Américas y no solo para Colombia”, subrayó Gil a través de Twitter.

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Análisis Noticiosos

Naciones de la Amazonia boliviana trazan planes de vida para evitar su extinción

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Seis pueblos del norte y noroeste del país plasman su lengua, costumbres y demandas en autodiagnósticos

Bolivia ha sido históricamente proyectada como el país más indígena de Sudamérica. La presidencia más longeva a cargo de un mandatario de origen nativo estuvo acompañada de un largo proceso institucional y social para reconocer la diversidad de sus habitantes. Por la cantidad de sus miembros y su empuje político, las culturas andinas, la aimara y la quechua, han protagonizado las mayores conquistas. Sin embargo, 30 de los 36 pueblos originarios reconocidos en la constitución boliviana provienen de la parte tropical y amazónica del país. La reducida cantidad de sus pobladores y su aislamiento geográfico los han llevado a ser constantemente postergados por el Estado. Tal vez de ahí surge un sentido de orgullo que los impulsa a mantener intacto su idioma y su vocación de gobernarse bajo sus propias normas.

La capacidad de reconocer el sonido de cada una de los cientos de especies de pájaros que existen, las miles de experimentaciones realizadas con plantas para descubrir qué dolores alivian o la herida generacional de la fiebre del caucho que obligó a su dispersión. Las naciones situadas en la parte de Bolivia atravesada por la Amazonia, en el norte y noroeste, comparten todas estas características, pero también padecen las mismas carencias. Las carreteras desde los poblados hasta las capitales más cercanas son precarias, al punto de volverse intransitables en época de lluvias, y a otras comunidades solo se llega en embarcación. Esto convierte en travesías el arribo de medicamentos, profesores y, en general, cualquier forma de conectividad con el exterior.

Como parte de la actual revalorización occidental del “pulmón del mundo”, la Cooperación Española ha puesto su atención en estas comunidades, asesorándolas para elaborar planes de vida y organizar sus demandas con el fin de generar incidencia. Ross Amils, integrante de la Cooperación Española dedicada al proyecto, denomina al proceso —que duró dos años— como autodiagnósticos comunitarios: “Son documentos creados por los pueblos para gestionar su relacionamiento con la administración del Estado. Hubo reuniones con instancias del gobierno local y municipal para plantear los principios de los planes de vida. Además, brindan un contexto de las naciones y de las necesidades que ellos perciben”.

Se elaboraron seis planes de vida para seis naciones (esse ejja, machineri, yaminahua, yuqui, kabineño y tacana), a partir de diagnósticos en 33 comunidades. Participaron instituciones como el Fondo Indígena para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob) y el Centro de Formación y Realización Cinematográfica. El proyecto también dio lugar a una exposición fotográfica en la oficina de la Cooperación Española en Santa Cruz de la Sierra, abierta hasta el 20 de mayo, donde se exhiben cortos documentales y objetos de algunas de las tribus.

El resultado es la fotografía de una región con culturas vivas y latentes. Lo que más sorprende, dada la reducida cantidad de habitantes en muchos casos, es la pervivencia de la lengua. La nación Yaminahua, por ejemplo, está conformada por 131 personas, de las cuales casi el 70 % domina el idioma homónimo, de acuerdo con los planes de vida. “El idioma no lo perdemos. Hasta los jóvenes, cuando salen a la ciudad, lo mantienen. Lo vemos como una ventaja”, explica la primera concejal de Puerto Yaminahua, Pilar Duri. Es más, como se indica en su documento pertinente, los 953 esse ejja dominan su idioma y aprendieron a hablar castellano solo al ingresar al colegio, porque es la lengua que dominan los profesores.

Para el nivel secundario, son pocos los docentes que se animan a emprender la travesía hacia estas poblaciones. Fátima Monje, presidenta de la comunidad Las Amalias —la más alejada de las seis que conforman a los esse ejja— explica cómo llegar desde la urbe más cercana: “Se debe navegar desde Riberalta durante 24 horas en embarcación fluvial. Existe otra vía, disponible solamente en época seca (de junio a noviembre): saliendo desde Riberalta, se viaja por una carretera sinuosa durante 11 horas hasta llegar a Ingavi; desde allí, se debe navegar dos horas hasta Las Amalias”.

Los machineri, por ejemplo, aprovechan su ubicación fronteriza con Brasil, sobre el río Acre, para cruzar al país vecino en busca de salud y otros servicios básicos. “Compramos todo en Brasil. Assis Brasil está a 10 kilómetros de nuestra comunidad, San Miguel de Machineri; Cobija —la capital de Pando, el único departamento de Bolivia totalmente amazónico— está a 110 y la carretera no siempre es transitable”, cuenta el capitán grande de esta nación, Leomir Flores. Los machineri, como los pueblos vecinos, viven en una Tierra Comunitaria de Origen (TCO), lo que les permite regirse por su propia forma de gobierno y sus normas internas.

Este logro fue conseguido tras el histórico desplazamiento a pie de más de 600 kilómetros desde el oriente del país hasta la sede de Gobierno en La Paz, en 1990, conocido como la Marcha por el Territorio y la Dignidad. El Estado se vio obligado a reconocer oficialmente, por primera vez, los territorios indígenas en tierras bajas y a otorgarles autonomía sobre su suelo. Como responsable de su nación, Flores se muestra preocupado. Las ayudas locales e internacionales prometidas suelen quedarse en anuncios o a medio ejecutar: “Visité Santa Cruz en 2024, La Paz el año pasado y en septiembre tuvimos una reunión con la Unión Europea. A todos les digo lo mismo: ‘No coordinen con la gente de la ciudad; somos nosotros quienes sufrimos’”.

Es común que en estos poblados alejados —relata Flores— existan centros de salud, pero sin equipamiento adecuado y casi nunca con médicos permanentes; el hospital más cercano puede estar a un día de distancia. “Cuando nos enfermamos, nos salvamos con remedios caseros o pidiendo a Dios que nos proteja; es la única forma”, lamenta el capitán. La medicina tradicional es de uso frecuente en la selva. En el plan de vida de los tacana, la población más numerosa del proyecto —poco más de 4.000 personas—, pero también la más dispersa, se detalla con qué plantas de su entorno se combate cada dolencia: para el reumatismo se hierve jengibre, eucalipto y una cabeza de ajo. En caso de diarrea, se toma como infusión la hoja de guayaba hervida junto con el cogollo del cayó.

El 30 % de los tacana combina medicina occidental y tradicional, y un 8 % confía únicamente en la segunda, según los documentos elaborados. El dato refuerza la visión de estas naciones: identidad y saber ancestral frente a la marginación. Duri sintetiza el sentir: “Ojalá tengamos un poco más de importancia como pueblo fronterizo. Aquí nacieron nuestros abuelos, nuestros padres y ahora nosotros nos vemos en la obligación de dejar la comunidad por las condiciones precarias. A migrar con nuestros hijos”.

elpais.com

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Análisis Noticiosos

El derecho constitucional es el hermoso en el papel, pero no en los hechos.

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Por José Cabral

La constitucionalización del derecho es un proceso definitivamente hermoso, ya que se apoya en el respeto y la preservación de los derechos fundamentales.

Sin embargo, cuando vamos a la realidad la perspectiva cambia y entonces cualquier ciudadano pasa de la emoción a la frustración.

Y no digo eso por la no ejecución de muchas de las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional, aunque no es para menos, sino porque se observa una especie de complicidad de todo el sistema para que el proceso de constitucionalización no tenga credibilidad.

Este criterio lo sustento porque en el marco del derecho es una de las metas más admiradas en una sociedad cuyas tradiciones son precisamente de no respeto a los derechos fundamentales.

El país siempre ha estado muy marcado por las conductas autoritarias, desde que nació como República, cuya superación han sido muy difícil por no decir imposible.

Las violaciones al principio de legalidad y de juridicidad es el pan de cada día en todo el sistema de justicia, pero que la respuesta a este problema es la posibilidad que tiene el justiciable de recurrir para hacer valer sus derechos.

La más seria debilidad de la democracia dominicana es la poca conciencia de su gente para que proceso como el de constitucionalización del derecho tenga éxito, pese a que se entiende que son muchos los que se inclinan por su fracaso.

Los esfuerzos deben ser mayores para que las cosas ocurran de otra manera e incluso el propio gobierno debía ser parte del montaje de una gran campaña nacional para que el proceso de constitucionalización tenga éxito.

Con ese propósito parte del presupuesto de publicidad del Gobierno debía estar concentrado en que la democracia aumente sus niveles de institucionalidad a través del respeto a la ley y a la Constitución.

Pero, necesariamente, tengo que preguntarme si realmente es posible un esfuerzo conjunto de todos, incluido el Tribunal Constitucional, para exigir, más que demandar o pedir, reforzar el proceso de constitucionalización del derecho mediante una gran campaña nacional a nivel de las escuelas públicas y privadas y de las universidades nacionales para crear conciencia de esta hermosa meta.

Igual debe ocurrir con la celebración de talleres para que el funcionario, incluido el Ministerio Público, actúan más apegado a los derechos fundamentales de la persona humana, lo que nos elevaría como sociedad del siglo XX!

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Análisis Noticiosos

Una abierta confrontación entre el derecho y la política.

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Por José Cabral

La confrontación entre la política y el derecho está presente en prácticamente todos los Estados del planeta, sin importar el continente.

No hay un solo lugar del mundo en que no haya esta confrontación y casi siempre vence la política, porque es la que tiene el control del Estado, el poder público, independientemente de que tanto ha avanzado el derecho constitucional interno y externo de las naciones.

Un escenario donde esta confrontación es vista con mucha preocupación es en los Estados Unidos de América, pionero y principal referente del derecho constitucional difuso y del equilibrio de los poderes, el checks and balances, como se conoce en el derecho inglés, pero que ambos han quedado muy cuestionados a propósito de la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump.

El comportamiento de Trump ha puesto en tela de juicio la credibilidad de la democracia representativa, máxime en un país como Estados Unidos donde siempre se ha dicho a través de la sociología política de que es el primer Estado que se forma en el mundo sin influencias feudales, netamente capitalista y con una alta conciencia social.

Sin embargo, Trump no ha respetado la tradición nacida en los Estados Unidos y que ha impactado todo el mundo mediante el derecho constitucional, quien a través de sus órdenes ejecutivas viola el derecho interno y también el internacional con la imposición de aranceles a sus socios comerciales ilegalmente, cuya competencia es del Congreso porque se trata en realidad de un impuesto a las importaciones.

Sin embargo, este viernes la Suprema Corte de los Estados Unidos se empantalonó y declaró inconstitucionales los aranceles de Trump, pero inmediatamente el mandatario esgrimió su autoridad para imponer ahora bajo la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 un diez por ciento a todos los productos que vienen del exterior  de la potencia del norte, cuya cláusula legal dice que le otorga poderes al jefe de Estado para abordar ciertos problemas fundamentales de pago internacional a través de recargos y otras restricciones especiales a las importaciones.

De cualquier modo, esta opción que ahora ha escogido Trump, es más controlada teóricamente por el Congreso Nacional de los Estados Unidos, pese a que ya está demostrado que eso para el jefe de Estado norteamericano no significa mucho.

La cuestión es que, pese a que parezca increíble, Donald Trump disfruta de su sueño de ser dictador, aunque sea por un día, en una nación que siempre ha sido ejemplo de institucionalidad para los demás países del planeta, ya que la violación general de las leyes en ese territorio no cabía en ninguna cabeza humana.

La realidad innegable es que la confrontación entre la política y el derecho está al rojo vivo en los Estados Unidos, cuyo mandatario en medio de una rueda de prensa ha lanzado ataques muy fuertes en contra de la Suprema Corte de Justicia que ha declarado ilegales los caprichosos aranceles de Trump.

Este fenómeno, que ocurre en la nación que siempre ha querido ser el ejemplo a seguir por el resto de los países, toma ribetes preocupantes, porque Donald Trump tiene el propósito, no sólo de desarticular y debilitar el derecho internacional para entrar a territorios ajenos como Pedro por su casa, como muy bien dice una expresión popular, sino que pretende hacer trizas el ordenamiento jurídico de la nación del norte para gobernar como todo un jefe de Estado del tercer mundo, donde la ley importa muy poco y las constituciones pueden definirse como de fachadas, es decir, que existen en el papel, pero no en la realidad.

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