Análisis Noticiosos
Los migrantes venezolanos en Necoclí ponen su vida en manos de Biden
En campamentos improvisados en las playas del puerto colombiano o a las faldas de la selva de El Darién, miles de venezolanos deciden si continuar la travesía ante el cierre de la frontera en México
En un limbo y presos de la desinformación. Los miles de migrantes venezolanos que están en el puerto colombiano de Necoclí o a las faldas de la selva del Darién permanecen atentos a los videos de deportaciones entre Estados Unidos y México. También a aquellos que, a través de Tik Tok y otras redes, intentan explicar las medidas migratorias del Gobierno de Joe Biden. La decisión de si continúan su peligrosa travesía o no está en juego.
Hasta los campamentos donde toman la crucial decisión han llegado también noticias falsas. El sábado, Francisco Palmieri, embajador encargado de Estados Unidos en Colombia, viajó hasta el puerto, reiteró que la frontera entre México y ese país está cerrada y desmintió una supuesta reapertura en un plazo de 90 días.
“No arriesguen sus vidas y las de sus familias. Venezolanos que intenten ingresar de forma ilegal serán expulsados a México”, advirtió el embajador. “Hay un nuevo programa por parte de los Estados Unidos, donde si se queda en el lugar donde está y no cruza una frontera, se puede aplicar por internet para tener una visa humanitaria”, insistió en su visita. El programa es similar al que utilizan con los desplazados por la guerra de Ucrania que exige que los migrantes tengan un patrocinador en Estados Unidos capaz de brindarles “apoyo financiero”, así como llegar en avión. Y, en este caso, que no hayan entrado irregularmente por México o por Panamá, es decir que lo hayan hecho por El Darién.
Se trata de 24.000 cupos que a todas luces no serán suficientes para la magnitud de la migración venezolana. Cada día, según las últimas cifras de la organización Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola), 1.280 migrantes venezolanos atraviesan esa peligrosa ruta donde al menos 30 migrantes han muerto o desaparecido. A muchos, el anuncio de Biden los agarró en el camino y al llegar por fin a Panamá supieron que la frontera estaba cerrada y habían perdido el esfuerzo. En lo que va de año, 102.000 personas han cruzado por esa trocha, el 68% venezolanos.
Aún no está claro si la nueva medida desestimulará a los migrantes. De acuerdo con la Alcaldía de Necoclí, el viernes (un día después del anuncio) había 6.000 migrantes listos para irse al Darién. Sin embargo, fuentes del municipio también cuentan- aunque no lo cuantifican- que hay migrantes que han regresado en masa. “Cuando anunciaron las restricciones en Estados Unidos fue mucha la gente que se devolvió, pero otros están esperando en las playas a ver qué sucede”, cuenta un conductor de Necoclí.
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Migrantes venezolanos caminan hacia un bote que los llevará a Acandí, desde Necoclí, Colombia.Foto: AP | Vídeo: REUTERS
Algunos migrantes quieren regresar
En uno de los campamentos panameños hay desánimo entre los que sortearon con vida la selva. “Ya no (quiero ir a EE UU). Ya no es secreto que está todo cerrado. Ya de mi parte quisiera devolverme”, le dijo a la agencia EFE el venezolano Carlos Figueroa, de 28 años.
El terminal de Transportes de Medellín, desde donde estaban saliendo migrantes masivamente, también sirve de termómetro. Allí, algunos venezolanos desistieron de emprender el viaje. Para ellos, sin embargo, implica una decisión dolorosa después de vender todo lo que tenían y renunciar a sus empleos para atravesar la trocha en busca del sueño americano. “Fue un balde de agua fría”, le dijo a Alianza Noticias un hombre que iba a migrar con sus tres hijos. “La primera decisión fue intentarlo y que allá en México vieran qué hacían con nosotros, pero después lo pensamos con cabeza fría”, explicó.
Desde Tik Tok, que se ha convertido en la red de la migración venezolana por el Darién, también abundan ahora videos de las deportaciones y advertencias. “No se vayan a subir a las lanchas para ingresar a la selva del Darien ni vayan a arriesgar su vida por nada, mis hermanos. Si pasan por la selva los van a anotar y esos datos llegan a Estados Unidos”, dice un tik tokero que se hace llamar El emigrante. Y continúa: “Con la mano en el pecho, sé que somos tercos y decimos: ‘somos venezolanos y lo podemos lograr’, pero no, esta vez no. Sé que duele, pero la vida es más importante y para qué arriesgarla si ya no hay manera”, les dice.
En la selva del Darién, según la OIM, han muerto 30 personas este año, nueve de ellas niños, sin contar las cifras de naufragios como el que ocurrió el viernes 13 de octubre. Un buque de la Armada persiguió a una embarcación con migrantes irregulares en Sapzurró (Chocó), frontera marítima con Panamá. La lancha no se detuvo, chocó contra una bote Patrullero de Costa del SENAN de Panamá y naufragó. Rescataron a 23 adultos y dos menores de edad, pero aún buscan a seis migrantes.
Las nacionalidades de los rescatados, tres ciudadanos cubanos, tres dominicanos, siete bangladeshíes, un iraní, cinco nepalíes y seis indios, confirman que no solo venezolanos siguen intentando cruzar por esta vía. “Ahora se vino la ola de ecuatorianos y peruanos. También hay chinos”, comenta un poblador de Necoclí.
La viceministra de Relaciones Exteriores del Gobierno de Colombia, Laura Gil, que viajó a Necoclí el sábado, dijo que la situación humanitaria en ese puerto “requiere un abordaje regional que dignifique a las personas migrantes”. EL PAÍS conoció que Panamá ha estado presionando a Colombia para que impida la salida de los migrantes por El Darién, pero el Gobierno de Gustavo Petro dice que no lo hará. “Colombia no construirá muros, ni visibles ni invisibles, y, con Migración Colombia abordaremos la situación con enfoque humanitario. Estamos ante un desafío para las Américas y no solo para Colombia”, subrayó Gil a través de Twitter.
Por José Cabral
Un total de 450 jueces y juezas de los 737 que hay en todo el país, así como sus 6,516 empleados fijos del Poder Judicial han paralizado sus laborares en demanda de aumento e indexación salarial, contratación de más personal en los tribunales y por mejores condiciones de trabajo.
Estos reclamos no pueden ser soslayados porque el sistema está lleno de deficiencias y debilidades de las que no se puede excluir a nadie, ya que todo obedece a las grandes distorsiones que sufre el Estado.
Entiendo que es un grave problema de institucionalidad, lo cual afecta a todos los actores del sistema, desde los jueces, fiscales y personal administrativo.
Tengo este criterio porque nadie puede discutir que las distorsiones que caracterizan al Estado no sólo se pueden ver en el sistema de justicia, sino también en el Poder Legislativo y el Ejecutivo.
Entonces, en el marco de estas debilidades y deficiencias que ponen en tela de juicio la democracia, se encuentran los bajos salarios de los jueces y todo el personal de la judicatura nacional.
Esta realidad lleva a todo el que tiene dos dedos de frente a entender que las demandas de los jueces y juezas son justas desde cualquier perspectiva que se vea y a cuyo problema debe buscársele una salida saludable, sin soslayar los demás asuntos que impactan negativamente al sistema de justicia.
El Consejo del Poder Judicial no sólo debe procurar darle salida a esa deficiencia y a sus problemas financieros, sino que al propio tiempo debe crear los mecanismos necesarios para que los tribunales del país tengan otro desempeño.
De manera, que la solución debe ser integral, no sólo a nivel de los salarios y las mejores condiciones laborales de los jueces, ya que las deficiencias tienen implicaciones que también tienen que ver con la arbitrariedad con que se manejan los casos en los tribunales, lo que muchas veces implican la violación de los derechos de los que buscan hacer justicia sobre la base de los derechos fundamentales.
Es decir, que, si bien los bajos salarios de los jueces es un problema grave en el marco del Estado dominicano, también debe decirse que hay otros de igual o peor magnitud que no tienen la mejor de las salidas.
Lo que pretendo establecer es que el problema no sólo tiene que ver con los salarios, el cúmulo de trabajo y el poco personal, sino también del manejo jurídico de los casos, porque es bueno que se entienda que muchos jueces y juezas violan hasta el derecho de recurrir de muchos justiciables y naturalmente los que incurren en esas inconductas no es que deben tener un mal salario, sino que deben ser expulsados del sistema de justicia para bien de la sociedad y la democracia.
Es oportuna la ocasión para que los que dirigen el Estado dominicano no sólo se aboquen a mejorar los salarios y las condiciones de trabajo de los jueces y juezas, lo cual me parece de justicia, sino también a fiscalizar mejor su desempeño porque hay que buscar la forma de mejorar el sistema justicia para bien de todas y cada de las personas, porque no hay derechos sin deberes.
Por José Cabral
Este miércoles participé de una conciliación en la fiscalía del juzgado de paz de Santiago sobre una pensión alimenticia y el magistrado que condujo la misma expresó tantos contrasentidos jurídicos que cualquiera siente vergüenza ajena.
Entre los disparates jurídicos de este fiscalizador está que antes de que se iniciara la vista de conciliación, que se hizo a solicitud de un padre que propone el pago de un monto especifico y concreto de pensión alimenticia, el funcionario incitó a la madre citada a que presentada una denuncia en contra de éste en violación de los procedimientos establecidos al respecto.
Pero peor fue todo lo que dijo este señor, como por ejemplo sostener que cualquier poder de una de las partes que llegue a sus manos de antemano es cuestionado porque alega que allí se llevan muchos títulos auténticos de este tipo falsificados, lo cual me llevó a llamar a la atención a este funcionario porque las leyes establecen los procedimientos al respecto.
Los contrasentidos del magistrado no pararon e incluso llegó a decir que en términos de pensión o manutención los hermanos y otros familiares del padre son también responsables de suplir de alimentos al niño víctima de una situación de irresponsabilidad paternal, pese a que no era el caso de la especie, lo que también me llevó a recordarle que lo que decía era una violación al principio constitucional de que nadie es responsable por los hechos que cometen otros sin importar los vínculos de familiaridad, a menos de que se trate de un menor no emancipado.
Este fiscal llegó al colmo de violar la Constitución de la República cuando mandó a retirarse a todos aquellos abogados que él considera que tienen una edad que a su juicio deben darles paso a otros profesionales del derecho más jóvenes, lo que también representa una vulneración del artículo 39 la carta magna cuando dice que nadie debe ser discriminado por sexo, color, edad y preferencia sexual, entre otras cosas.
Este comportamiento del Ministerio Público no es de ahora, ya que se trata de una debilidad que arrastra desde hace décadas, porque la verdad es que nadie sabe de dónde saca el órgano a este tipo de personaje, quien además decía y reiteraba con la anuencia de algunos abogados presentes que un poder no tenía validez en la jurisdicción de niñas, niños y adolescentes por tratarse de una ley especial.
Yo he sido uno de los que se han quejado por la tolerancia con que el sistema trata la emisión de actos auténticos que no cumplen con las formalidades de ley y que representan una falsedad, no sólo material, sino también intelectual, pero el problema consiste en que es letra muerta lo que dispone la Ley 140-15 y el propio Código Civil Dominicano al respecto.
Regularmente los jueces no estatuyen sobre este tipo de delito, pero ello de ninguna manera justifica que un fiscal o fiscalizador ignore los procedimientos a seguir cuando sospeche que un título autentico es falso, porque no puede hacer como el personaje de este miércoles que actúa como si tuviera la competencia para emitir sentencias o desempañar funciones jurisdiccionales.
Y no se trata sólo de un abuso de poder, sino de una gran ignorancia que daña y lesiona gravemente la credibilidad de todo el sistema de justicia.
No obstante, no es mucho lo que se puede pedir al respecto, porque es un problema integral que sólo una transformación total del Estado podrá resolver.
Por José Cabral
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) mantiene una campaña para crear la percepción de que la mora judicial ha sido reducida a su más mínima expresión.
Sin embargo, cuando cualquier ciudadano se aboca a un análisis de fondo del problema, descubre que se trata de un truco para vender una percepción que no tiene nada que ver con la realidad.
La disminución de la mora judicial ha sido concebida sobre la base de la negación de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa, porque el arma usada para este fin es la figura de la inadmisibilidad.
Ello se puede observar con el llamado interés casacional, el cual se sustenta en un criterio subjetivo del derecho, pero que la figura puede ser utilizada para descongestionar el sistema de justicia sobre la base de decisiones que se apoyan en la inadmisiblidad.
Este mecanismo jurídico permite que se proyecte una eficiencia que no existe y que tampoco representa una solución a un problema que en vez de disminuir se complica.
Por lo que se ve, la SCJ utiliza un arma que no es válida para acabar un problema que desde cualquier perspectiva que se analice representa denegación de justicia.
Justicia tardía es, sin lugar a dudas, denegación de justicia, pero peor aún recurrir a una interpretación como el interés casacional para declarar inadmisibles una gran cantidad de casos y buscar descongestionar el sistema y en esas condiciones en el país no se puede hablar de una mejoría del Estado Social Democrático de Derecho.
Lo que se sí ocurre ahora con el recurso extraordinario de casación es un aumento preocupante de la figura de la inadmisibilidad, a los fines de proyectar lo que en la realidad no se produce, aunque ciertamente genera un descongestionamiento sobre una base ficticia y negadora de derechos.
En este aspecto sostengo que se reasume una percepción que ha hecho tanto daño a la democracia dominicana, cuya credibilidad ya parece irrecuperable.
La mora judicial es un fenómeno que abarca todo el sistema de justicia, desde los juzgados de paz hasta los tribunales de primera instancia y las cortes de apelación, pero naturalmente en el nivel que causa mucha mayor preocupación es en casación, cuya Ley 2-23 se ha convertido en un instrumento para ahora apoyarse en la inadmisibilidad para la denegación de justicia.