Análisis Noticiosos
Los migrantes venezolanos en Necoclí ponen su vida en manos de Biden
En campamentos improvisados en las playas del puerto colombiano o a las faldas de la selva de El Darién, miles de venezolanos deciden si continuar la travesía ante el cierre de la frontera en México
En un limbo y presos de la desinformación. Los miles de migrantes venezolanos que están en el puerto colombiano de Necoclí o a las faldas de la selva del Darién permanecen atentos a los videos de deportaciones entre Estados Unidos y México. También a aquellos que, a través de Tik Tok y otras redes, intentan explicar las medidas migratorias del Gobierno de Joe Biden. La decisión de si continúan su peligrosa travesía o no está en juego.
Hasta los campamentos donde toman la crucial decisión han llegado también noticias falsas. El sábado, Francisco Palmieri, embajador encargado de Estados Unidos en Colombia, viajó hasta el puerto, reiteró que la frontera entre México y ese país está cerrada y desmintió una supuesta reapertura en un plazo de 90 días.
“No arriesguen sus vidas y las de sus familias. Venezolanos que intenten ingresar de forma ilegal serán expulsados a México”, advirtió el embajador. “Hay un nuevo programa por parte de los Estados Unidos, donde si se queda en el lugar donde está y no cruza una frontera, se puede aplicar por internet para tener una visa humanitaria”, insistió en su visita. El programa es similar al que utilizan con los desplazados por la guerra de Ucrania que exige que los migrantes tengan un patrocinador en Estados Unidos capaz de brindarles “apoyo financiero”, así como llegar en avión. Y, en este caso, que no hayan entrado irregularmente por México o por Panamá, es decir que lo hayan hecho por El Darién.
Se trata de 24.000 cupos que a todas luces no serán suficientes para la magnitud de la migración venezolana. Cada día, según las últimas cifras de la organización Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola), 1.280 migrantes venezolanos atraviesan esa peligrosa ruta donde al menos 30 migrantes han muerto o desaparecido. A muchos, el anuncio de Biden los agarró en el camino y al llegar por fin a Panamá supieron que la frontera estaba cerrada y habían perdido el esfuerzo. En lo que va de año, 102.000 personas han cruzado por esa trocha, el 68% venezolanos.
Aún no está claro si la nueva medida desestimulará a los migrantes. De acuerdo con la Alcaldía de Necoclí, el viernes (un día después del anuncio) había 6.000 migrantes listos para irse al Darién. Sin embargo, fuentes del municipio también cuentan- aunque no lo cuantifican- que hay migrantes que han regresado en masa. “Cuando anunciaron las restricciones en Estados Unidos fue mucha la gente que se devolvió, pero otros están esperando en las playas a ver qué sucede”, cuenta un conductor de Necoclí.
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Migrantes venezolanos caminan hacia un bote que los llevará a Acandí, desde Necoclí, Colombia.Foto: AP | Vídeo: REUTERS
Algunos migrantes quieren regresar
En uno de los campamentos panameños hay desánimo entre los que sortearon con vida la selva. “Ya no (quiero ir a EE UU). Ya no es secreto que está todo cerrado. Ya de mi parte quisiera devolverme”, le dijo a la agencia EFE el venezolano Carlos Figueroa, de 28 años.
El terminal de Transportes de Medellín, desde donde estaban saliendo migrantes masivamente, también sirve de termómetro. Allí, algunos venezolanos desistieron de emprender el viaje. Para ellos, sin embargo, implica una decisión dolorosa después de vender todo lo que tenían y renunciar a sus empleos para atravesar la trocha en busca del sueño americano. “Fue un balde de agua fría”, le dijo a Alianza Noticias un hombre que iba a migrar con sus tres hijos. “La primera decisión fue intentarlo y que allá en México vieran qué hacían con nosotros, pero después lo pensamos con cabeza fría”, explicó.
Desde Tik Tok, que se ha convertido en la red de la migración venezolana por el Darién, también abundan ahora videos de las deportaciones y advertencias. “No se vayan a subir a las lanchas para ingresar a la selva del Darien ni vayan a arriesgar su vida por nada, mis hermanos. Si pasan por la selva los van a anotar y esos datos llegan a Estados Unidos”, dice un tik tokero que se hace llamar El emigrante. Y continúa: “Con la mano en el pecho, sé que somos tercos y decimos: ‘somos venezolanos y lo podemos lograr’, pero no, esta vez no. Sé que duele, pero la vida es más importante y para qué arriesgarla si ya no hay manera”, les dice.
En la selva del Darién, según la OIM, han muerto 30 personas este año, nueve de ellas niños, sin contar las cifras de naufragios como el que ocurrió el viernes 13 de octubre. Un buque de la Armada persiguió a una embarcación con migrantes irregulares en Sapzurró (Chocó), frontera marítima con Panamá. La lancha no se detuvo, chocó contra una bote Patrullero de Costa del SENAN de Panamá y naufragó. Rescataron a 23 adultos y dos menores de edad, pero aún buscan a seis migrantes.
Las nacionalidades de los rescatados, tres ciudadanos cubanos, tres dominicanos, siete bangladeshíes, un iraní, cinco nepalíes y seis indios, confirman que no solo venezolanos siguen intentando cruzar por esta vía. “Ahora se vino la ola de ecuatorianos y peruanos. También hay chinos”, comenta un poblador de Necoclí.
La viceministra de Relaciones Exteriores del Gobierno de Colombia, Laura Gil, que viajó a Necoclí el sábado, dijo que la situación humanitaria en ese puerto “requiere un abordaje regional que dignifique a las personas migrantes”. EL PAÍS conoció que Panamá ha estado presionando a Colombia para que impida la salida de los migrantes por El Darién, pero el Gobierno de Gustavo Petro dice que no lo hará. “Colombia no construirá muros, ni visibles ni invisibles, y, con Migración Colombia abordaremos la situación con enfoque humanitario. Estamos ante un desafío para las Américas y no solo para Colombia”, subrayó Gil a través de Twitter.
Por Robinson Lebrón Céspedes.
La mercantilización del sufragio: Compra de votos y pérdida de autonomía.
A pesar del blindaje garantista introducido por la reforma constitucional de 2010 y la modernización logística de la Junta Central Electoral (JCE), el mercado electoral dominicano durante el periodo 2006-2026 ha seguido condicionado por la persistencia del clientelismo sistémico. La práctica de la compra directa e indirecta de votos en las inmediaciones de los recintos electorales comúnmente operada a través de las denominadas «casas de campaña» informales o logísticas partidarias de último minuto constituye una de las agresiones más severas a la dignidad humana.
Desde una perspectiva ética y sociológica, la transacción monetaria o el intercambio del voto por bienes materiales (como raciones de alimentos, materiales de construcción o promesas de empleo público) despoja al ciudadano de su condición de agente político libre y deliberativo. Este fenómeno genera una «mercantilización del sufragio», donde el votante es percibido por las élites partidarias no como un depositario de la soberanía nacional, sino como un recurso transaccional cuantificable. La autonomía moral del individuo núcleo esencial de la dignidad según la doctrina constitucional queda subordinada a la coacción de sus necesidades materiales básicas, viciando el consentimiento político y erosionando la legitimidad moral de la representación democrática. El uso político-electoral del gasto social estatal.
La instrumentalización de los programas de asistencia social del Estado representa otra vulneración estructural a la dignidad de los sectores más vulnerables de la sociedad dominicana. Durante las últimas dos décadas, y a pesar de la introducción de legislaciones restrictivas como la Ley No. 33-18 de Partidos Políticos y la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral, la frontera entre la acción institucional del Gobierno y la promoción de las candidaturas oficialistas ha sido históricamente difusa.
El condicionamiento implícito o explícito de subsidios condicionados, tarjetas de ayuda social, programas de transferencias monetarias y planes de empleo coyunturales durante los meses previos a los comicios electorales lesiona gravemente la dignidad ciudadana. Al utilizar los recursos públicos —que constituyen un derecho colectivo— como un mecanismo de chantaje o de inducción del voto, el aparato político instrumentaliza la pobreza. Esta práctica reduce al ciudadano a una condición de dependencia y subordinación psicológica ante el gobernante de turno, transformando lo que constitucionalmente debe ser un ejercicio de libertad soberana en un acto de supervivencia económica forzada.
Desigualdad en el financiamiento y la exclusión de candidaturas idóneas.
La dignidad humana, en su vertiente política, no solo ampara el derecho a elegir en libertad, sino también el derecho a ser elegido en condiciones de equidad e igualdad de oportunidades (artículo 39 de la Constitución). Sin embargo, el ecosistema electoral dominicano ha operado bajo una profunda distorsión provocada por el alto costo de las campañas políticas y la insuficiencia de los mecanismos de fiscalización del financiamiento privado.
La irrupción de capitales no transparentes y el desborde de los topes de gastos permitidos por la ley generan una plutocratización fáctica de la política. Aquellos ciudadanos e intelectuales idóneos que aspiran a puestos de elección popular, pero que carecen de grandes fortunas personales, el patrocinio corporativo o el acceso a redes clientelares, quedan excluidos de facto de la competencia electoral. Esta asimetría económica no solo vulnera el derecho a la igualdad de los aspirantes, sino que limita la libertad de opción de los electores, quienes ven reducida su oferta política a opciones validadas por el poder económico y no por el mérito programático, consolidando una democracia de exclusión que lesiona la dignidad del debate público.
Las prácticas de clientelismo, la instrumentalización de los programas sociales y la desigualdad en el financiamiento electoral representan desafíos estructurales para la democracia dominicana, al comprometer la dignidad humana y la libertad del sufragio. Superar estas distorsiones requiere fortalecer la transparencia, la fiscalización y la educación cívica, garantizando procesos electorales más equitativos y respetuosos de los principios constitucionales y del Estado social y democrático de derecho.
Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
Abogado y Docente Universitario.
Análisis Noticiosos
Irresponsabilidad del Estado ante la posible ocurrencia de un terremoto en Santiago.
Por José Cabral
La indignación del ciudadano dominicano no tiene otra razón de ser que la irresponsabilidad, la negligencia y la complicidad de las autoridades edilicias de Santiago y de todo el Estado ante la posibilidad de que el país pueda ser afectado por un terremoto que supere los siete grados como ha ocurrido en Venezuela.
Ya Santiago muchas décadas atrás fue víctima de un fenómeno natural que prácticamente borró del mapa a la segunda ciudad en importancia del país.
Sin embargo, por las propias características de una ciudad que ya representa una gran metrópolis como lo es Santiago, sus residentes están expuestos a un gran peligro, a una tragedia nacional de magnitudes insospechadas.
Los grandes terremotos son cíclicos, ya que hay expertos que sostienen que se producen cada 60 ó 70 años, el cual no debe ser el punto de referencia para que las autoridades tomen las medidas pertinentes, no para que no ocurran, sino para que los daños no sean tan cuantiosos, sobre todo en lo que respecta a pérdida de vidas humanas.
Pero como el asunto tiene su base en una cultura como la improvisación y la falta de planificación estratégica de las autoridades que gobiernan el país, no sólo de las actuales, sino también de las pasadas, en Santiago, cuyo suelo no es recoso, han permitido la construcción de grandes torres que representan una gran amenaza ante la ocurrencia de este tipo de fenómeno natural.
Lo peor de todo es que nada les sirve de escarmiento y sólo el problema se aborda cuando surge una tragedia, como la que ha afectado a Venezuela, la cual luce que esperan tanto las autoridades municipales como las nacionales.
Un ejemplo de la irresponsabilidad y cómo opera el tráfico de influencia es que, por la propia naturaleza del tipo de suelo de Santiago, la ciudad tenia prohibida la construcción de edificios que superaran las cuatro plantas, pero de unos años para acá ha tolerado el levantamiento de altas torres en lugares como “La Trinitaria”, donde algunas alcanzan hasta casi los 30 pisos.
El tema ha sido puesto sobre el tapete ante los terremotos y la gran tragedia que se ha producido en Venezuela por causas parecidas a las que se concretan en Santiago, donde la llamada falla de la zona Septentrional atraviesa la cordillera del mismo nombre, cuyo desplazamiento horizontal parte del límite de la que se conocen como las placas de Norteamérica y del Caribe.
Esta falla atraviesa el norte del país por unos 228 kilómetros desde la bahía de Manzanillo en Montecristi y llega hasta la de Samaná, la cual tiene una gran cercanía a centros urbanos como Santiago y Puerto Plata, la cual es considerada la más peligrosa y con mayor potencial para generar grandes sismos en la región.
Lo más grave del asunto es que hay personas que se les ha ocurrido construir viviendas hasta en la falda de la Cordillera Septentrional, cuyo peligro tiene mucho que ver con la tolerancia, la ignorancia, pero sobre todo con la irresponsabilidad de las autoridades.
A Dios que reparta suerte.
Por Antonio Salcedo
El descredito de los partidos políticos en la República Dominicana ya deja la sensación de que en el 2028 cualquier cosa puede ocurrir.
Pero el hecho de que cualquiera se pueda encamarar en el poder es un fenómeno que ya ha ocurrido en más de una ocasión en el país y en otras naciones del hemisferio.
La República Dominicana ya ha tenido que soportar a varios presidentes que definitivamente no tienen bien puestas sus cabezas.
La cualquierización de que hablo podría representar un gran peligro para la nación, porque ello podría traer consigo una debacle nacional, tal vez el abismo total del país.
Sin embargo, a pesar de la fuerza que toma el fenómeno de que alguien venga desde fuera de la política tradicional y se encaramarse en el poder, es una posibilidad muy real, pero no luce que el país pueda fijarse en una figura vulgar y estrafalaria como Alofoque.
Aunque, repito, cualquier cosa puede ocurrir, ya que cuando una sociedad entra en crisis puede producirse lo que nadie se imagina.
No obstante, no me luce que Alofoke pueda capitalizar la crisis que impacta a los partidos políticos, porque muy difícilmente una figura de las redes sociales con las características de este personaje pueda tener éxito político.
De lo que sí hay que estar consciente es que en la República Dominicana las travesuras de los actores de la clase política no van a dejar nada bueno.
Pero me ratifico en la idea de que no será un Alofoke, un personaje de muy mala procedencia y con una pobre formación, quien capitalice la decepción del ciudadano con la partidocracia.
El tiempo hablará.