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Los mototaxis: sistema de transporte que arrabaliza poblados Puerto Plata
El cabildo de Puerto Plata ya aprobó un nuevo reglamento pero todavía no lo han aplicado
Las paradas de los mototaxis están diseminadas en diversos puntos del municipio de Puerto Plata. Aridio Perdomo
Puerto Plata. El sistema de transporte conocido como mototaxis se ha convertido en un mal necesario: es una fuente de empleo que ha provocado un gran desorden en los nueve municipios de esta provincia turística.
Las calles y avenidas han sido tomadas por los propietarios de esos vehículos de motor, quienes cada día improvisan paradas en las intersecciones de las calles, impidiendo el libre paso de los peatones.
Las personas que ejercen el oficio de motoconchista asedian a los usuarios, tanto locales como turistas nacionales y extranjeros que desean conocer los atractivos de este destino de la costa Norte.
El presidente de la Asociación de Mototaxis Regional Norte, Alexis Cabrera, explicó a HOY que la entidad tiene 10,000 afiliados, y que alrededor de otros 9,000 también ofrecen el servicio, pero no forman parte de la entidad. Son los denominados piratas.
Cabrera expresó que los ayuntamientos de Altamira, Imbert, Montellano, Sosúa, Luperón, Guananico, El Mamey y Villa Isabela tienen registrados en sus archivos unos 13 mil mototaxis.
Manifestó que en el municipio de Puerto Plata solo están registrados para trabajar de manera oficial 2,980 motoconchistas, los cuales se encuentran autorizados a laborar en las 226 paradas que han diseminado las autoridades municipales.
Además, Cabrera manifestó que en este municipio existen hay muchas personas que se ganan la vida ejerciendo las labores del motoconcho.
De hecho, el último censo que dicha asociación llevó a cabo dio como resultado que unos 300 mototaxis piratas han invadido las calles y avenidas de esta ciudad.
Problemas cabildo. Cabrera reveló que “de manera irregular o ilegal las autoridades municipales nos están cobrando RD$380 por el uso de un nuevo chaleco de hule, color verde, que produce una gran sensación de calor, por medio del cual estamos autorizados a trabajar en el mototaxi”.
Expresó que de acuerdo a la Ley 16-92 el cobro de este impuesto no es competencia de los ayuntamientos, sino de los sindicatos que incursionan en esta actividad, los cuales deben identificar a sus miembros para dotarlos de estos chalecos para que puedan trabajar en el mototaxi.
Reglamento. El Concejo de Regidores de este municipio aprobó a unanimidad un reglamento de tránsito.
Este proyecto comenzó a conocerse en el Concejo Municipal en el 2009 y fue aprobado por los regidores hace cuatro meses, luego de ser fue discutido en vistas públicas.
Posición del ayuntamiento. El presidente de la Comisión de Tránsito de este ayuntamiento, Frank Salvador, declaró “que ha faltado voluntad de parte de las autoridades municipales para poner en práctica esta normativa jurídica, la cual busca normar el caos y el desorden que imperan en materia de tránsito en las calles de nuestro pueblo”.
Salvador sostuvo que no se justifica que, a cuatro meses de haberse aprobado ese reglamento de tránsito, “todavía el alcalde Walter Musa Meyreles no lo ha puesto en ejecución”.
ZOOM
Testimonio
El transportista Alexis Cabrera dijo que el reglamento de tránsito no se ha puesto en vigencia porque no existe armonía entre una parte de los regidores, entre ellos Salvador, Duncan, Suárez, Brito, López, Pichardo y el alcalde Musa Meyreles. Instó a las autoridades municipales a dar vigencia a este estamento jurídico, ya que las calles y avenidas están convertidas en un “desorden organizado” en materia de tránsito en Puerto Plata.
Afiliados
El presidente de la Asociación de Mototaxis Regional Norte, Alexis Cabrera, explicó a HOY que la entidad tiene 10,000 afiliados y que alrededor de otros 9,000 también ofrecen el servicio, pero no forman parte de la entidad.
HOY
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.