Nacionales
Los mototaxis: sistema de transporte que arrabaliza poblados Puerto Plata
El cabildo de Puerto Plata ya aprobó un nuevo reglamento pero todavía no lo han aplicado
Las paradas de los mototaxis están diseminadas en diversos puntos del municipio de Puerto Plata. Aridio Perdomo
Puerto Plata. El sistema de transporte conocido como mototaxis se ha convertido en un mal necesario: es una fuente de empleo que ha provocado un gran desorden en los nueve municipios de esta provincia turística.
Las calles y avenidas han sido tomadas por los propietarios de esos vehículos de motor, quienes cada día improvisan paradas en las intersecciones de las calles, impidiendo el libre paso de los peatones.
Las personas que ejercen el oficio de motoconchista asedian a los usuarios, tanto locales como turistas nacionales y extranjeros que desean conocer los atractivos de este destino de la costa Norte.
El presidente de la Asociación de Mototaxis Regional Norte, Alexis Cabrera, explicó a HOY que la entidad tiene 10,000 afiliados, y que alrededor de otros 9,000 también ofrecen el servicio, pero no forman parte de la entidad. Son los denominados piratas.
Cabrera expresó que los ayuntamientos de Altamira, Imbert, Montellano, Sosúa, Luperón, Guananico, El Mamey y Villa Isabela tienen registrados en sus archivos unos 13 mil mototaxis.
Manifestó que en el municipio de Puerto Plata solo están registrados para trabajar de manera oficial 2,980 motoconchistas, los cuales se encuentran autorizados a laborar en las 226 paradas que han diseminado las autoridades municipales.
Además, Cabrera manifestó que en este municipio existen hay muchas personas que se ganan la vida ejerciendo las labores del motoconcho.
De hecho, el último censo que dicha asociación llevó a cabo dio como resultado que unos 300 mototaxis piratas han invadido las calles y avenidas de esta ciudad.
Problemas cabildo. Cabrera reveló que “de manera irregular o ilegal las autoridades municipales nos están cobrando RD$380 por el uso de un nuevo chaleco de hule, color verde, que produce una gran sensación de calor, por medio del cual estamos autorizados a trabajar en el mototaxi”.
Expresó que de acuerdo a la Ley 16-92 el cobro de este impuesto no es competencia de los ayuntamientos, sino de los sindicatos que incursionan en esta actividad, los cuales deben identificar a sus miembros para dotarlos de estos chalecos para que puedan trabajar en el mototaxi.
Reglamento. El Concejo de Regidores de este municipio aprobó a unanimidad un reglamento de tránsito.
Este proyecto comenzó a conocerse en el Concejo Municipal en el 2009 y fue aprobado por los regidores hace cuatro meses, luego de ser fue discutido en vistas públicas.
Posición del ayuntamiento. El presidente de la Comisión de Tránsito de este ayuntamiento, Frank Salvador, declaró “que ha faltado voluntad de parte de las autoridades municipales para poner en práctica esta normativa jurídica, la cual busca normar el caos y el desorden que imperan en materia de tránsito en las calles de nuestro pueblo”.
Salvador sostuvo que no se justifica que, a cuatro meses de haberse aprobado ese reglamento de tránsito, “todavía el alcalde Walter Musa Meyreles no lo ha puesto en ejecución”.
ZOOM
Testimonio
El transportista Alexis Cabrera dijo que el reglamento de tránsito no se ha puesto en vigencia porque no existe armonía entre una parte de los regidores, entre ellos Salvador, Duncan, Suárez, Brito, López, Pichardo y el alcalde Musa Meyreles. Instó a las autoridades municipales a dar vigencia a este estamento jurídico, ya que las calles y avenidas están convertidas en un “desorden organizado” en materia de tránsito en Puerto Plata.
Afiliados
El presidente de la Asociación de Mototaxis Regional Norte, Alexis Cabrera, explicó a HOY que la entidad tiene 10,000 afiliados y que alrededor de otros 9,000 también ofrecen el servicio, pero no forman parte de la entidad.
HOY
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.