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Los partidos autoproclamados como «éticos» han reivindicado con sus alianzas a aquellos que van en contracorriente.
Los llamados partidos éticos, según ellos mismos se autodefinen, en la presente contienda electoral no han dejado dudas de que no creen en esa conducta, sino que además han legitimados a los que hacen política para buscar riquezas personales y de esa manera promover lo que podría definirse como una desgracia nacional.
Hace en realidad muchos años que los llamados partidos “progresistas” se abrazan de los tradicionales para buscar alguna migaja del poder y sobre esa base defienden y justifican la conducta de los que van a la política partidista a hacer negocio con el peor de los descaros.
En el marco de esa lógica, los partidos liberales o de izquierda moderada no parecen hacer alguna distinción entre la política ética y aquella que no tiene miramiento para llevarse hacia sus bolsillos los recursos del patrimonio nacional.
El agravante de esta percepción es que en la presente contienda electoral aquellos que dicen ser éticos se juntan con los que no han dejado ninguna duda de que no los son, lo cual no sólo se ve en los partidos de derecha, sino también en los de la izquierda, casi sin excepción.
En la actual contienda electoral Alianza País de Guillermo Moreno llega a un acuerdo electoral con el Partido Revolucionario Moderno (PRM), pese a que éste se ha dedicado a recoger todo lo que no sirve en el escenario electoral, lo cual crea una gran frustración porque son muchos los esfuerzos para todos parecer uno.
Este acuerdo de Alianza País habría que ver cuáles serán los resultados en términos político-electorales, porque tal vez el país esté frente a un escenario parecido al ocurrido con el partido Dominicanos por el Cambio de Eduardo Estrella, el cual después de ganar la senaduría de Santiago en el 2020 ha disminuido su participación en el debate nacional, ya que de alguna manera se ha quedado sin discurso.
La responsabilidad de Estrella con el endeudamiento del país ha sido incuestionable, sobre todo porque este personaje se ha convertido en el gobierno de Luis Abinader en un reproductor de la mayoría de las cosas que criticaba cuando estaba en la oposición.
Entonces a partir de esa experiencia habría que preguntarse que podría ocurrir con Guillermo Moreno si se convierte en candidato a senador por el Distrito Nacional por el PRM, máxime si gana las elecciones en esa demarcación, la verdad que la pregunta no resulta tan fácil de responder.
Pero la que tal vez lo ha hecho de una manera que no deja ninguna duda de su frustración ética es Minú Tavárez Mirabal con su partido Opción Democrática, ya que podría decirse que se ha ido a los extremos con las alianzas no sólo con Leonel Fernández y la crápula de Miguel Vargas Maldonado, sino también con el degradado Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), la cual ella justifica con el uso del término hacer oposición.
Habría necesariamente que preguntarse oposición a qué o es acaso entrar en la lucha sin sentido de quítate tú pa ponerme yo, sin propósitos ni metas claras para sacar el país de la gran desgracia de robarse lo que sea, porque lo que es del Estado no es nadie.
Si Esa fuera la razón, entonces tiene sentido ir de las manos de Vargas Maldonado y de Félix Bautista, dos símbolos de la corrupción de la vida política nacional, cuya decisión parece enviar un mensaje de renuncia total a cualquier respeto ético.
La cuestión es que el actual proceso electoral es tal vez el que más se ha sumergido en el peor de los pantanos y en el que los pequeños partidos han mostrado, sin ningún sonrojo, su desvergüenza, sin importarle nada más que las ventajas que puedan sacar del negocio del partidarismo político nacional.
Es muy poco o prácticamente nada lo que queda que haga la diferencia en el lodazal político nacional, porque aun aquellos que piensan que es correcto hacer una alianza electoral con los que se han pasado la vida haciendo negocios con la política sin importar las consecuencias, porque parece que no se dan cuenta que ahí mismo muere su “discurso moralista y ético” y que luego no tendrán como justificar su existencia, ya que son más de lo mismo.
La tendencia indica que la degradación ético-moral parece ser el sendero que seguirá trillando la sociedad dominicana, donde cada palabra y pose moralista no es más que una justificación para hacer las cosas desde la administración pública aparentemente diferente, pero en el fondo igual, más de lo mismo.
Este panorama tiene el agravante de que hay otros que aparentan ser una propuesta diferente, pero se trata de aspiraciones personalistas e individualistas que no cuentan con un proyecto de nación a partir de lo colectivo y para que los resultados sean a largo plazo y sobre la base de un plan nacional que cambie sustancialmente el atraso que golpea muy duramente la nación.
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Posición de R.D. sobre Venezuela es acomodamiento a su condición de sometida a nuevos requerimientos de Trump.
Lo planteado por el Gobierno de Luis Abinader de que no comparte la elección de Delcy Rodríguez como presidenta transitoria de Venezuela tras el apresamiento de Nicolás Maduro, revela que República Dominicana quiere incluso superar lo impuesto por Estados Unidos, pero siempre ajustada a los intereses de la potencia del norte.
La realidad es que la pregunta que se impone es y hasta dónde y quién ha dicho que el país tiene la facultad de objetar a una mandataria provisional escogida por el órgano competente y supuestamente sugerida por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), aunque el restablecimiento de relaciones comerciales y diplomáticas conlleve algunos requerimientos democráticos.
Sin embargo, la posición dominicana implica la violación del derecho internacional, entre los que se encuentran el de soberanía y autodeterminación de los pueblos, así como la Carta de la ONU.
Evidentemente que el ingrediente introducido por el Gobierno dominicano resulta gracioso para los intereses foráneos que convergen en Venezuela, máxime los que están asociados a los Estados Unidos.
La contradicción dominicana con lo planteado en la Organización de Estados Americanos (OEA) y su práctica en política exterior, ya que el presente Gobierno siempre se inclina por la intromisión en los asuntos internos de otros países, no deja la naci0n buen parada en la comunidad internacional.
Resulta poco entendible que la República Dominicana no haya apoyado abiertamente la incursión ilegal de Estados Unidos en Venezuela, pero que preste su territorio para el apoyo logístico de la acción.
Es una especie de doble moral, pese a que en su lugar debió mantener una posición aparentemente neutral, aunque de cualquiera manera ya estaba involucrada en una intervención armada que viola los principios fundamentales del derecho internacional
De lo que no queda ninguna duda es que el crédito internacional en política exterior del país ha quedado seriamente comprometido con una causa de la que ha sido una víctima en una diversidad de ocasiones como en el 1916 y el 1965.
La verdad que pretender una conducta diferente de la nación frente a la irracionalidad de Trump sería mucho pedir, sobre todo cuando otros países pertenecientes a la Unión Europea y otras superpotencias como Rusia y China también son tolerantes con la agresividad e intromisión del principal imperio del mundo.
No obstante, desde cualquier perspectiva que sea vea el asunto la conclusión no puede ser otra que en la situación pesa más el miedo que la vergüenza y la dignidad del pueblo dominicano.
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La República Dominicana inhabilitada en política exterior en el nuevo escenario imperial de Trump
La República Dominicana con una ocupación militar parcial de Estados Unidos, se proyecta como una presa sin libertad para expresarse libremente en política exterior.
La ocupación militar, aunque sólo se observa en el Aeropuerto Internacional de las Américas, abarca otros entornos que no son necesariamente visibles.
Pero la agresividad o poco disimulada intervención, deja el país y de igual modo a prácticamente toda Latinoamérica, a merced del capricho y la voluntad de los intereses de la nueva cara del imperio.
La República Dominicana ni por asomo se atreve a pronunciarse libremente sobre política exterior sin que esté a tono con la linea trazada o impuesto por la administración Trump.
La pregunta que subyace es si ese nuevo cuadro no implica también un trastorno del régimen legal, porque se podría estar en un escenario en el que los derechos fundamentales pasen a un segundo plano en el que el Estado Social Democrático de Derecho sea una expresión vacía y sin sentido.
Por razones geopolíticas y factores muy particulares, el país se asoma a un resquebrajamiento del proceso de constitucionalización del derecho a nivel interno y retroceder la nación a épocas ya superadas.
La pregunta que se impone es si prevalecerá en el mundo el pregonado derecho internacional cuando las instituciones que lo enarbolan pierden autoridad moral frente a las violaciones provenientes de potencias como los Estados Unidos que ya ni siquiera guarda las apariencias
El problema, que tiene una dimensión mundial, pero impacta más severamente a los países del tercer mundo y que propicia la posibilidad del surgimiento de regímenes de fuerza, aunque con simulaciones democráticas.
La preocupación tiene que ver con el hecho de graves violaciones del derecho internacional en una época en que éste forma parte consustancial del derecho interno y entonces qué se puede esperar como resultado.
El retroceso de la línea trazada por Donald Trump representa una amenaza mundial contra los logros del derecho contemporáneo, no sólo en favor de las personas físicas, sino también de los Estados más pequeños y débiles.
Hay precedentes en esta materia cuando predominaba en el mundo el llamado constitucionalismo clásico, que dio paso a dictaduras como las Adolfo Hitler en Alemania y la de Benito Mussoline en Italia, cuyos resultados fueron realmente catastróficos para la humanidad.
La interrogante que permanece en el nuevo panorama mundial es si va a pesar más el miedo que la vergüenza y la dignidad de los pueblos del mundo.
Por Elba García
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple su sueño de ser dictador hemisférico, aunque sea por un día.
La vocación dictatorial de Trump se ha expresado con mayor contundencia tras la entrada ilegal en territorio venezolano y apresar al jefe de Estado de ese país Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Tras este acontecimiento en momentos que se habla de la época del derecho constitucional, el cual incluye el derecho internacional, Trump ha anunciado su pretensión de convertir a Venezuela en una nueva colonia del imperio norteamericano.
El gobernante de los Estados Unidos ha adelantado que busca manejar la riqueza petrolera de Venezuela, una de las principales del mundo.
Pero la violación de Trump llega todavía más lejos al advertir a los demás países latinoamericanos a verse en el espejo de Venezuela.
Tromp hizo una alusión directa contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien dice podría correr la misma suerte de Maduro.
Anteriormente lo hizo con Brasil a propósito de la condena por conspiración del expresidente Bolsonoro.
Pero de igual modo se ha comportado con Honduras, donde en sus recientes elecciones presidenciales auspició uno de los candidatos y presionó con advertencias de actuar duramente contra los que estén en contra de sus designios.
Al fin impuso su voluntad, sin que haya reacción fuerte de rechazo a la vocación imperial del presidente de Estados Unidos.
No sé entiende por qué los países latinoamericanos no se unen en un bloque para rechazar la política de dominación y dictatorial de Donald Trump.
Incluso en el rechazo a la violación del derecho internacional por parte de los Estados Unidos pueden incluirse los países de la Unión Europea, que son permanentemente asediados y amenazados de imponerles aranceles y otros castigos como parte de la vocación dictatorial del mandatario norteamericano.
El chantaje de los Estados Unidos incluye también el otorgamiento de visados para ingresar al territorio de la potencia del norte.
La conducta de Trump es como si su administración haya borrado del mapa la supuesta clase gobernante que existe allí.
El problema se torna tan grave que la violación de derechos no solo se produce en Estados Unidos, sino en todo el mundo que parece haber retornado el derecho constitucional clásico, que fue sustituido por el derecho constitucional moderno en que los Estados grandes aplastan a los pequeños.
La época Trump prácticamente ha borrado el legado establecido por Estados Unidos a través del derecho constitucional difuso y sobre el equilibrio de los poderes.
Lo sorprendente de la era Tromp es que hasta la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos luce sometida a una cierta tolerancia del jefe de Estado de la potencia del norte.
Si la mayoría de los países no reaccionan a la política represiva y de dominación de Trump difícilmente pueda sobrevivir el sistema democrático, lo que puede crear serias tensiones y confrontaciones sociales y políticas en todo el planeta.