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Los partidos se lavan las manos como Pilato y entonan la canción que dice ¨¨no sé nada, yo no estaba ahí¨¨.
Por Elba García
Un pacto-compromiso cívico y democrático acaba de consensuar el Pleno de la Junta Central Electoral (JCE) con los partidos políticos, los cuales se comprometen a todo, pero que no cumplen con nada, así como exactamente ocurre con la corrupción administrativa en la que nadie es responsable.
Es como si la ley se debe cumplir mediante este tipo de acuerdo con consenso en el que todos los violadores dicen que no han hecho nada ilegal y cuando menos dicen que no volverán a cometer la misma conducta delincuencial, pero además con el mismo la Junta Central Electoral (JCE) deja claro que su autoridad está determinada por la voluntad del que no respeta las normas jurídicas sobre la materia.
En reiteradas ocasiones la JCE ha expresado su preocupación y ha advertido de sanciones para los violadores de las leyes del régimen electoral, la 33-18 y la 15-19, pero todo se ha quedado en amagar y no dar.
Ahora se entra en otro capitulo de las andanzas de los partidos políticos, el cual se produce después de que éstos han cometido todo tipo de violaciones, como por ejemplo haber celebrado el PLD una primaria proyectada como una consulta, pero que los resultados no son otros que los mismos que se persiguen con la primera.
Sin embargo, el PLD ha iniciado la campaña electoral mediante una decisión que lo pone en ventaja frente a los demás competidores, es decir, después de una violación tan grave entonces se llega a un consenso, pero dejando todo tal y como está, sin que haya habido ninguna sanción.
Lo que cualquier ciudadano debe preguntarse si de ese modo la Junta Central Electoral pretende tener la credibilidad que demanda el sistema electoral, el cual siempre ha estado saturado de violaciones como la compra de votos y los fraudes que regularmente se cometen hasta para registrar los candidatos.
Igual debe decirse del PRM y de la Fuerza del Pueblo de Leonel Fernández, los cuales han estado inmersos en una campaña electoral abierta en franca violación de las leyes que rigen en la materia, pero resulta que nadie ha hecho nada, exactamente como dice la canción no sé nada, yo no estaba aquí.
La JCE les otorgó a los partidos políticos hasta el 31 de octubre a las cuatro de la tarde para que validen el acuerdo firmado y para el 3 de noviembre a las diez de la mañana la firma del pacto en la sede del órgano responsable de montar las elecciones del año 2024.
El presidente de la Junta Central Electoral antes de leer el documento que suscribirán las autoridades de las entidades políticas, destacó que en el encuentro con los representantes de los partidos hubo un espíritu general de consenso y validación de la propuesta.
Empero, dijo que también los partidos se deben a sus estatutos, que son los que señalan las autoridades que deben validar el pacto, lo cual quiere decir que el documento descansa en la decisión de estas organizaciones.
“Hemos estado discutiendo de manera satisfactoria esta propuesta de compromiso por la integridad electoral, lo que ha habido es un diálogo de consenso y de validación”, expresó Román Jáquez Liranzo.
La propuesta del acuerdo, debatida por casi cuatro horas a puerta cerrada, se establece el compromiso de que la igualdad de competencia en la contienda electoral se debe garantizar, sin ningún tipo de ventajas de nadie sobre nadie, pero en este caso necesariamente hay que recurrir a la expresión que dice que los dominicanos le ponen candado a la casa después que le roban.
“Nuestra nación exige a todos los actores del sistema un compromiso de prudencia, de propiciar un ambiente de estabilidad donde prime el bien común, sobre todo, tras el impacto de una pandemia que afectó al mundo y de una crisis internacional que debe ser enfrentada a través de la institucionalidad democrática”, se indica en la propuesta entregada a los partidos políticos por la JCE.
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Posición de R.D. sobre Venezuela es acomodamiento a su condición de sometida a nuevos requerimientos de Trump.
Lo planteado por el Gobierno de Luis Abinader de que no comparte la elección de Delcy Rodríguez como presidenta transitoria de Venezuela tras el apresamiento de Nicolás Maduro, revela que República Dominicana quiere incluso superar lo impuesto por Estados Unidos, pero siempre ajustada a los intereses de la potencia del norte.
La realidad es que la pregunta que se impone es y hasta dónde y quién ha dicho que el país tiene la facultad de objetar a una mandataria provisional escogida por el órgano competente y supuestamente sugerida por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), aunque el restablecimiento de relaciones comerciales y diplomáticas conlleve algunos requerimientos democráticos.
Sin embargo, la posición dominicana implica la violación del derecho internacional, entre los que se encuentran el de soberanía y autodeterminación de los pueblos, así como la Carta de la ONU.
Evidentemente que el ingrediente introducido por el Gobierno dominicano resulta gracioso para los intereses foráneos que convergen en Venezuela, máxime los que están asociados a los Estados Unidos.
La contradicción dominicana con lo planteado en la Organización de Estados Americanos (OEA) y su práctica en política exterior, ya que el presente Gobierno siempre se inclina por la intromisión en los asuntos internos de otros países, no deja la naci0n buen parada en la comunidad internacional.
Resulta poco entendible que la República Dominicana no haya apoyado abiertamente la incursión ilegal de Estados Unidos en Venezuela, pero que preste su territorio para el apoyo logístico de la acción.
Es una especie de doble moral, pese a que en su lugar debió mantener una posición aparentemente neutral, aunque de cualquiera manera ya estaba involucrada en una intervención armada que viola los principios fundamentales del derecho internacional
De lo que no queda ninguna duda es que el crédito internacional en política exterior del país ha quedado seriamente comprometido con una causa de la que ha sido una víctima en una diversidad de ocasiones como en el 1916 y el 1965.
La verdad que pretender una conducta diferente de la nación frente a la irracionalidad de Trump sería mucho pedir, sobre todo cuando otros países pertenecientes a la Unión Europea y otras superpotencias como Rusia y China también son tolerantes con la agresividad e intromisión del principal imperio del mundo.
No obstante, desde cualquier perspectiva que sea vea el asunto la conclusión no puede ser otra que en la situación pesa más el miedo que la vergüenza y la dignidad del pueblo dominicano.
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La República Dominicana inhabilitada en política exterior en el nuevo escenario imperial de Trump
La República Dominicana con una ocupación militar parcial de Estados Unidos, se proyecta como una presa sin libertad para expresarse libremente en política exterior.
La ocupación militar, aunque sólo se observa en el Aeropuerto Internacional de las Américas, abarca otros entornos que no son necesariamente visibles.
Pero la agresividad o poco disimulada intervención, deja el país y de igual modo a prácticamente toda Latinoamérica, a merced del capricho y la voluntad de los intereses de la nueva cara del imperio.
La República Dominicana ni por asomo se atreve a pronunciarse libremente sobre política exterior sin que esté a tono con la linea trazada o impuesto por la administración Trump.
La pregunta que subyace es si ese nuevo cuadro no implica también un trastorno del régimen legal, porque se podría estar en un escenario en el que los derechos fundamentales pasen a un segundo plano en el que el Estado Social Democrático de Derecho sea una expresión vacía y sin sentido.
Por razones geopolíticas y factores muy particulares, el país se asoma a un resquebrajamiento del proceso de constitucionalización del derecho a nivel interno y retroceder la nación a épocas ya superadas.
La pregunta que se impone es si prevalecerá en el mundo el pregonado derecho internacional cuando las instituciones que lo enarbolan pierden autoridad moral frente a las violaciones provenientes de potencias como los Estados Unidos que ya ni siquiera guarda las apariencias
El problema, que tiene una dimensión mundial, pero impacta más severamente a los países del tercer mundo y que propicia la posibilidad del surgimiento de regímenes de fuerza, aunque con simulaciones democráticas.
La preocupación tiene que ver con el hecho de graves violaciones del derecho internacional en una época en que éste forma parte consustancial del derecho interno y entonces qué se puede esperar como resultado.
El retroceso de la línea trazada por Donald Trump representa una amenaza mundial contra los logros del derecho contemporáneo, no sólo en favor de las personas físicas, sino también de los Estados más pequeños y débiles.
Hay precedentes en esta materia cuando predominaba en el mundo el llamado constitucionalismo clásico, que dio paso a dictaduras como las Adolfo Hitler en Alemania y la de Benito Mussoline en Italia, cuyos resultados fueron realmente catastróficos para la humanidad.
La interrogante que permanece en el nuevo panorama mundial es si va a pesar más el miedo que la vergüenza y la dignidad de los pueblos del mundo.
Por Elba García
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple su sueño de ser dictador hemisférico, aunque sea por un día.
La vocación dictatorial de Trump se ha expresado con mayor contundencia tras la entrada ilegal en territorio venezolano y apresar al jefe de Estado de ese país Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Tras este acontecimiento en momentos que se habla de la época del derecho constitucional, el cual incluye el derecho internacional, Trump ha anunciado su pretensión de convertir a Venezuela en una nueva colonia del imperio norteamericano.
El gobernante de los Estados Unidos ha adelantado que busca manejar la riqueza petrolera de Venezuela, una de las principales del mundo.
Pero la violación de Trump llega todavía más lejos al advertir a los demás países latinoamericanos a verse en el espejo de Venezuela.
Tromp hizo una alusión directa contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien dice podría correr la misma suerte de Maduro.
Anteriormente lo hizo con Brasil a propósito de la condena por conspiración del expresidente Bolsonoro.
Pero de igual modo se ha comportado con Honduras, donde en sus recientes elecciones presidenciales auspició uno de los candidatos y presionó con advertencias de actuar duramente contra los que estén en contra de sus designios.
Al fin impuso su voluntad, sin que haya reacción fuerte de rechazo a la vocación imperial del presidente de Estados Unidos.
No sé entiende por qué los países latinoamericanos no se unen en un bloque para rechazar la política de dominación y dictatorial de Donald Trump.
Incluso en el rechazo a la violación del derecho internacional por parte de los Estados Unidos pueden incluirse los países de la Unión Europea, que son permanentemente asediados y amenazados de imponerles aranceles y otros castigos como parte de la vocación dictatorial del mandatario norteamericano.
El chantaje de los Estados Unidos incluye también el otorgamiento de visados para ingresar al territorio de la potencia del norte.
La conducta de Trump es como si su administración haya borrado del mapa la supuesta clase gobernante que existe allí.
El problema se torna tan grave que la violación de derechos no solo se produce en Estados Unidos, sino en todo el mundo que parece haber retornado el derecho constitucional clásico, que fue sustituido por el derecho constitucional moderno en que los Estados grandes aplastan a los pequeños.
La época Trump prácticamente ha borrado el legado establecido por Estados Unidos a través del derecho constitucional difuso y sobre el equilibrio de los poderes.
Lo sorprendente de la era Tromp es que hasta la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos luce sometida a una cierta tolerancia del jefe de Estado de la potencia del norte.
Si la mayoría de los países no reaccionan a la política represiva y de dominación de Trump difícilmente pueda sobrevivir el sistema democrático, lo que puede crear serias tensiones y confrontaciones sociales y políticas en todo el planeta.