Análisis Noticiosos
Los perredeístas se aferran a una difícil reunificación
Por Juan Bolívar Díaz
Aunque quedó sellada la división con la constitución de dos comités ejecutivos esta semana, dirigentes de ambos sectores en conflicto se aferran a la posibilidad de un entendimiento que rescate la unidad del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), conscientes de que separados van al ostracismo político.
La persistencia en mantener las expulsiones y suspensiones de cuatro dirigentes, encabezados por el expresidente Hipólito Mejia, abortó un proyecto de acuerdo que iniciaría el proceso de convención para elegir nuevos dirigentes en el cual se daría mayoría al sector de Miguel Vargas Maldonado en la Comisión Organizadora.
Un regalo envenenado
Los contactos para evitar la división definitiva del PRD se iniciaron una semana antes de constituirse los dos comités ejecutivos que ahora se disputan la representación de la organización. Según lo que se ha podido establecer, esta vez partieron del sector que lidera Miguel Vargas Maldonado. Los primeros contactos los realizó el profesor Aníbal García Duvergé y luego el general retirado Miguel Soto Jiménez.
Escogieron como interlocutores a integrantes de la “Tercera Fuerza”, que tiene como principal figura a Luis Abinader, a través de Guido Gómez Mazara, Tony Peña Guaba, Neney Cabrera, y Eligio Jáquez. Dicen que García Duvergé expresaba preocupación por la división del partido. Los terceristas mostraron disposición a la búsqueda de una fórmula que auspiciara la reunificación.
La primera propuesta fue llevar a Gómez Mazara de secretario general, lo que ya había sido formulado públicamente hace dos semanas por un columnista del Listín Diario y funcionario diplomático. A Peña Guaba le ofrecieron la secretaría de Organización. En ambos casos a ser presentados y electos en la reunión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) que convocaría Vargas.
Gómez Mazara rechazó “muy cortésmente” la propuesta, consciente de que implicaba un intento de dividir a los terceristas de los otros sectores perredeístas adversarios de Vargas. Lo mismo hizo luego Peña Guaba, pero ambos insistieron en que podían proseguir explorando caminos de entendimiento. Las fuentes aseguran que en una segunda etapa Peña rehusó también la secretaría general.
Luis Abinader dijo el viernes en un comunicado que se mantuvo al tanto de las conversaciones, y autorizó a Peña Guaba a representarlo, coherente con su posición de favorecer cualquier esfuerzo “para lograr un acuerdo entre Hipólito Mejía y Miguel Vargas”, pero que nunca se reunió con Vargas Maldonado como le atribuyeron a éste. Enteró al expresidente Mejía de los contactos y éste también los favoreció.
La fórmula fracasada
En conversaciones de varios días se concretó una fórmula de seis puntos presentada el miércoles 31 de agost Convención Nacional para elegir nuevos dirigentes del partido el 23 de febrero del 2014; elección de una Comisión Nacional Organizadora integrada por 15 miembros, de los cuales 9 serían del sector Vargas y 6 de Mejía y los terceristas; a más tardar el 30 de noviembre quedaría establecido el padrón nacional de militantes electores; que las próximas autoridades serían las responsables de organizar posteriormente la convención para elegir los candidatos a las elecciones generales del 2016; y que las expulsiones y suspensiones se podrían revisar en una segunda etapa. Llegaron a contactar a Monseñor Agripino Núñez para que obrara de mediador. Vargas pidió que llamaran al Cardenal López Rodríguez.
Entre los terceristas predominaba la disposición a aceptar los términos propuestos en su mayoría por el sector de Vargas, entendiendo que la Comisión Organizadora asumiría la dirección del partido, “como es tradicional y dado que el período de elección del presidente ya venció”, pero no lograron especificarlo en el proyecto de acuerdo y el otro sector insistía en que el período de Vargas concluye en febrero, aunque en realidad fue juramentado por cuatro años el 19 de julio del 2009.
A media tarde del miércoles, en víspera de las dos convocatorias del CEN, se reunieron de urgencia los contradictores de Vargas. Abinader llevó la propuesta, ante la cual Hipólito Mejía respondió que “no seré obstáculo” pero no pueden contar con mi participación”. El rechazo fue absoluto de parte del otro expulsado, el expresidente en funciones del PRD, Andrés Bautista, y de los suspendidos el exsecretario general Orlando Jorge Mera y la exsecretaria de Organización Geanilda Vásquez, aunque esta dijo que ella estaría dispuesta hasta a renunciar posteriormente, pero no podía aceptar un acuerdo que la mantuviera como expulsada.
El rechazo más enérgico fue expresado por Enmanuel Esquea, quien dijo que sería “una claudicación y una indignidad”, originando un incidente con Peña Guaba, quien se consideró ofendido. Milagros Ortiz Bosch, Fello Suberví y otros se sumaron al rechazo. Abinader precisó, en su comunicado, que el intento fracasó “porque los representantes del sector mayoritario del PRD no estuvieron de acuerdo con aceptar las expulsiones dispuestas por el grupo de Vargas”.
¡Acuerdo con exclusiones?
Los terceristas que acogían la propuesta de Vargas están convencidos de que este no tiene la menor fuerza partidaria para ganar una convención (hablan de 8 y 10 por ciento lo más aduciendo encuestas) aunque controlen la Comisión Organizadora, lo que implica una subestimación de la ventaja del 9 a 6 para imponerse en el proceso, y más aún contando con la última instancia de las cortes electorales fruto del pacto de Vargas con el expresidente Leonel Fernández.
Si bien ese optimismo podría ser discutible, luce imposible un acuerdo que mantenga las expulsiones y suspensiones. Y como dijo Esquea, parecería hasta indigno y claudicante. Con el agravante de que fortalecería el sector de Vargas y le daría impulso para otras imposiciones, o para entorpecer el proceso y prolongar la agonía elevando su costo político y al final dejándolos sin tiempo para levantar otra opción. Hasta fuera del PRD es difícil de concebir un acuerdo duradero y que rescate la democracia interna manteniendo expulsados y suspendidos por un tribunal parcial al expresidente de la República y último candidato presidencial que sacó 47 por ciento de los votos batallando contra todo el poder del Estado y la disensión interna, y a los tres mayores dirigentes del partido después de Vargas: Bautista, Jorge Mera y Geanilda Vásquez.
A menos que los expulsados y suspendidos fueran masoquistas, la fórmula era inviable y su sola consideración por los terceristas, tendía a debilitarlos, a separarlos de Mejía y a fortalecer las imposiciones de Vargas quien subordina todo acuerdo a que le den la próxima candidatura presidencial. Este no consiguió la separación con el rechazo de Guido Gómez y Peña Guaba a aceptarle dos cargos directivos importantes, pero sembró cizañas entre sus contradictores, anotándose un triunfo parcial.
Abinader, quien parece avanzar entre los perredeístas cansados de la confrontación, “reiteró su posición” de que “estoy y estaré siempre en contra de la expulsión de Hipólito Mejía y de los otros dirigentes meritorios del partido”, pero también cree que la solución de la crisis pasa por “la celebración de una convención democrática, una sola convención en que participen todos los perredeístas”. Eso es imposible manteniendo expulsiones y suspensiones unilaterales que son esencia de la crisis que se busca superar. Es obvio que el deseo de mantener la unidad partidaria es fuerte en los terceristas, pero el sector de Vargas oferta poco al altar del entendimiento.
Divididos pero aferrados al PRD
El primero de agosto marcó la división formal del PRD, la más significativa tras la renuncia del profesor Juan Bosch y la fundación del Partido de la Liberación Dominicana en 1973. Pero aquella vez la franquicia quedó en manos de un líder de la dimensión de José Francisco Peña Gómez, que fue capaz de mantener la mayoría.
Aunque se eligieron dos comités ejecutivos paralelos, nadie tiene duda que el Tribunal Superior Electoral, donde Vargas Maldonado tiene representación y aliados, seguirá como hasta ahora dictaminando a su favor, como hizo y reiteró recientemente al negarse a contactar 600 exclusiones en el listado de miembros del CEN perredeísta.
Eso determina que sus contradictores estén más dispuestos a pactar algún entendimiento, y probablemente persistirán intentando salvar la unidad del partido luchando desde dentro. Pero corren el riesgo de dividir sus fuerzas, por lo cual las expulsiones y suspensiones seguirán siendo punto crítico. Su preocupación obedece a la voluntad de la mayoría de los perredeístas que rechazan la división, pero tropiezan con los sectores que buscan negocio económico y político con el desguañangue de uno de los partidos fundamentales del sistema político, el más votado en la última elección.
Pero en ambos sectores hay quienes saben que separados no alcanzarán más que algunos diputados y regidores en la próxima elección. Vargas contaría con la franquicia PRD, pero partiría de una minoría claramente indicada en las encuestas, que tuvo que apelar al Gobierno para que la fuerza pública le garantizara celebrar la reunión de su CEN, y que mantiene una casa nacional sitiada por hombres armados, mientras el otro sector sesionaba sin protección.
Para cualquier observador era fácil contactar que una gran mayoría de los dirigentes nacionales del PRD y de los militantes conocidos estuvo en la reunión del CEN convocado por los expulsados y suspendidos, pero quienes han sido ineficientes en hacer valer su fuerza en términos políticos.
La fuerza de Vargas sigue radicando en las cortes, pero si sus contradictores resisten, la división será profunda y le será difícil salir adelante y reconstituir una instancia política en capacidad de hacer efectiva oposición y disputar el poder al continuismo peledeísta. La prolongación de la lucha ya satura el cansancio nacional frente a sus carencias. Tiene otra ventaja: es mandante único frente a múltiples cabezas.
Los intentos de revertir la división iniciada en la convención del 2011 siguen y seguirán, pero cada vez con menos perspectivas porque no hay clara intención de dar paso a la expresión democrática, por ejemplo constituyendo una Comisión Nacional Organizadora de la Convención equilibrada con dirigentes razonables o de consenso.-
Artículo publicado originalmente en el periódico HOY.
Por José Cabral
Un total de 450 jueces y juezas de los 737 que hay en todo el país, así como sus 6,516 empleados fijos del Poder Judicial han paralizado sus laborares en demanda de aumento e indexación salarial, contratación de más personal en los tribunales y por mejores condiciones de trabajo.
Estos reclamos no pueden ser soslayados porque el sistema está lleno de deficiencias y debilidades de las que no se puede excluir a nadie, ya que todo obedece a las grandes distorsiones que sufre el Estado.
Entiendo que es un grave problema de institucionalidad, lo cual afecta a todos los actores del sistema, desde los jueces, fiscales y personal administrativo.
Tengo este criterio porque nadie puede discutir que las distorsiones que caracterizan al Estado no sólo se pueden ver en el sistema de justicia, sino también en el Poder Legislativo y el Ejecutivo.
Entonces, en el marco de estas debilidades y deficiencias que ponen en tela de juicio la democracia, se encuentran los bajos salarios de los jueces y todo el personal de la judicatura nacional.
Esta realidad lleva a todo el que tiene dos dedos de frente a entender que las demandas de los jueces y juezas son justas desde cualquier perspectiva que se vea y a cuyo problema debe buscársele una salida saludable, sin soslayar los demás asuntos que impactan negativamente al sistema de justicia.
El Consejo del Poder Judicial no sólo debe procurar darle salida a esa deficiencia y a sus problemas financieros, sino que al propio tiempo debe crear los mecanismos necesarios para que los tribunales del país tengan otro desempeño.
De manera, que la solución debe ser integral, no sólo a nivel de los salarios y las mejores condiciones laborales de los jueces, ya que las deficiencias tienen implicaciones que también tienen que ver con la arbitrariedad con que se manejan los casos en los tribunales, lo que muchas veces implican la violación de los derechos de los que buscan hacer justicia sobre la base de los derechos fundamentales.
Es decir, que, si bien los bajos salarios de los jueces es un problema grave en el marco del Estado dominicano, también debe decirse que hay otros de igual o peor magnitud que no tienen la mejor de las salidas.
Lo que pretendo establecer es que el problema no sólo tiene que ver con los salarios, el cúmulo de trabajo y el poco personal, sino también del manejo jurídico de los casos, porque es bueno que se entienda que muchos jueces y juezas violan hasta el derecho de recurrir de muchos justiciables y naturalmente los que incurren en esas inconductas no es que deben tener un mal salario, sino que deben ser expulsados del sistema de justicia para bien de la sociedad y la democracia.
Es oportuna la ocasión para que los que dirigen el Estado dominicano no sólo se aboquen a mejorar los salarios y las condiciones de trabajo de los jueces y juezas, lo cual me parece de justicia, sino también a fiscalizar mejor su desempeño porque hay que buscar la forma de mejorar el sistema justicia para bien de todas y cada de las personas, porque no hay derechos sin deberes.
Por José Cabral
Este miércoles participé de una conciliación en la fiscalía del juzgado de paz de Santiago sobre una pensión alimenticia y el magistrado que condujo la misma expresó tantos contrasentidos jurídicos que cualquiera siente vergüenza ajena.
Entre los disparates jurídicos de este fiscalizador está que antes de que se iniciara la vista de conciliación, que se hizo a solicitud de un padre que propone el pago de un monto especifico y concreto de pensión alimenticia, el funcionario incitó a la madre citada a que presentada una denuncia en contra de éste en violación de los procedimientos establecidos al respecto.
Pero peor fue todo lo que dijo este señor, como por ejemplo sostener que cualquier poder de una de las partes que llegue a sus manos de antemano es cuestionado porque alega que allí se llevan muchos títulos auténticos de este tipo falsificados, lo cual me llevó a llamar a la atención a este funcionario porque las leyes establecen los procedimientos al respecto.
Los contrasentidos del magistrado no pararon e incluso llegó a decir que en términos de pensión o manutención los hermanos y otros familiares del padre son también responsables de suplir de alimentos al niño víctima de una situación de irresponsabilidad paternal, pese a que no era el caso de la especie, lo que también me llevó a recordarle que lo que decía era una violación al principio constitucional de que nadie es responsable por los hechos que cometen otros sin importar los vínculos de familiaridad, a menos de que se trate de un menor no emancipado.
Este fiscal llegó al colmo de violar la Constitución de la República cuando mandó a retirarse a todos aquellos abogados que él considera que tienen una edad que a su juicio deben darles paso a otros profesionales del derecho más jóvenes, lo que también representa una vulneración del artículo 39 la carta magna cuando dice que nadie debe ser discriminado por sexo, color, edad y preferencia sexual, entre otras cosas.
Este comportamiento del Ministerio Público no es de ahora, ya que se trata de una debilidad que arrastra desde hace décadas, porque la verdad es que nadie sabe de dónde saca el órgano a este tipo de personaje, quien además decía y reiteraba con la anuencia de algunos abogados presentes que un poder no tenía validez en la jurisdicción de niñas, niños y adolescentes por tratarse de una ley especial.
Yo he sido uno de los que se han quejado por la tolerancia con que el sistema trata la emisión de actos auténticos que no cumplen con las formalidades de ley y que representan una falsedad, no sólo material, sino también intelectual, pero el problema consiste en que es letra muerta lo que dispone la Ley 140-15 y el propio Código Civil Dominicano al respecto.
Regularmente los jueces no estatuyen sobre este tipo de delito, pero ello de ninguna manera justifica que un fiscal o fiscalizador ignore los procedimientos a seguir cuando sospeche que un título autentico es falso, porque no puede hacer como el personaje de este miércoles que actúa como si tuviera la competencia para emitir sentencias o desempañar funciones jurisdiccionales.
Y no se trata sólo de un abuso de poder, sino de una gran ignorancia que daña y lesiona gravemente la credibilidad de todo el sistema de justicia.
No obstante, no es mucho lo que se puede pedir al respecto, porque es un problema integral que sólo una transformación total del Estado podrá resolver.
Por José Cabral
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) mantiene una campaña para crear la percepción de que la mora judicial ha sido reducida a su más mínima expresión.
Sin embargo, cuando cualquier ciudadano se aboca a un análisis de fondo del problema, descubre que se trata de un truco para vender una percepción que no tiene nada que ver con la realidad.
La disminución de la mora judicial ha sido concebida sobre la base de la negación de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa, porque el arma usada para este fin es la figura de la inadmisibilidad.
Ello se puede observar con el llamado interés casacional, el cual se sustenta en un criterio subjetivo del derecho, pero que la figura puede ser utilizada para descongestionar el sistema de justicia sobre la base de decisiones que se apoyan en la inadmisiblidad.
Este mecanismo jurídico permite que se proyecte una eficiencia que no existe y que tampoco representa una solución a un problema que en vez de disminuir se complica.
Por lo que se ve, la SCJ utiliza un arma que no es válida para acabar un problema que desde cualquier perspectiva que se analice representa denegación de justicia.
Justicia tardía es, sin lugar a dudas, denegación de justicia, pero peor aún recurrir a una interpretación como el interés casacional para declarar inadmisibles una gran cantidad de casos y buscar descongestionar el sistema y en esas condiciones en el país no se puede hablar de una mejoría del Estado Social Democrático de Derecho.
Lo que se sí ocurre ahora con el recurso extraordinario de casación es un aumento preocupante de la figura de la inadmisibilidad, a los fines de proyectar lo que en la realidad no se produce, aunque ciertamente genera un descongestionamiento sobre una base ficticia y negadora de derechos.
En este aspecto sostengo que se reasume una percepción que ha hecho tanto daño a la democracia dominicana, cuya credibilidad ya parece irrecuperable.
La mora judicial es un fenómeno que abarca todo el sistema de justicia, desde los juzgados de paz hasta los tribunales de primera instancia y las cortes de apelación, pero naturalmente en el nivel que causa mucha mayor preocupación es en casación, cuya Ley 2-23 se ha convertido en un instrumento para ahora apoyarse en la inadmisibilidad para la denegación de justicia.