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Perremeístas, peledeístas y leonelistas, así como los demás partidos, tienen la misma conducta en cuanto a políticas públicas.
Por Elba García
El negocio de la política impacta de forma muy sensible al Estado dominicano, porque los partidos, sin establecer ninguna diferencia entre ellos, reproducen unas prácticas que dañan la salud moral de la sociedad.
Ahora el tema sobre el tapete es el gasto en publicidad del gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), cuya inversión fue una de sus principales críticas en contra del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) cuando ostentaba el control del Estado.
La organización de la sociedad civil, Participación Ciudadana, capítulo en el país de transparencia internacional, analizó y estudió el gasto en publicidad que el Gobierno de Luis Abinader hizo durante el primer cuatrimestre de 2024, que llegó a cifras históricas al sextuplicar el monto colocado por este concepto con relación al año anterior, dado que pasó de 491 millones en el primer cuatrimestre del 2023 a 3,121 millones en el mismo periodo de 2024, mientras que en el 2025 pese a que hubo una reducción a 2,445 millones, el mismo sigue siendo muy superior al valor registrado en el año antepasado.
Estos números de gastos publicitarios del Gobierno responde a una intención o propósito de mediatizar la opinión de los medios en asuntos tan vitales para la democracia como la transparencia, la corrupción en el manejo del patrimonio público y otras conductas que marcan muy mal a la sociedad dominicana.
El estudio destaca que entre las instituciones que registraron los mayores aumentos relativos y absolutos en gasto publicitario se encuentran la Cámara de Diputados, el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, Supérate y el INDOTEL, pese a que los titulares de estas entidades oficiales se apoyan en un discurso de transparencia que no tiene nada que ver con la verdad.
Aunque no se conocen los criterios de contratación, la distribución por medio ni los objetivos de las campañas, tampoco se encuentra la trazabilidad pública de los beneficiarios de los contratos multimillonarios, lo que viola los principios básicos de rendición de cuentas consagrados en la Ley No. 340-06 de Compras y Contrataciones, cuya opacidad impide saber si el dinero público está siendo bien utilizado o si alimentan estructuras clientelares con fines electorales encubiertos.
Ahora de lo que sí se puede estar seguro que el gasto en publicidad del gobierno está dirigido a tener algún control sobre los medios para que menejen los temas más sensibles a partir de los beneficios recibidos, lo cual es medible cuando se produce la discusión de un tema de importancia nacional y el mismo recibe muy poca atención por parte de los medios de comunicación que se benefician grandemente de la distribución de la publicidad osicial.
Un buen ejemplo de esto es el reciente pasado debate sobre las candidaturas independientes en el que los principales medios convencionales del país sólo daban cobertura a la opinión de los sectores que generan la publicidad oficial y relegaban a un plano terciario la omitida por lo que se oponen al monopolio de los partidos del sistema electoral dominicano.
En esta conducta se observa que los principales medios impresos, como el Listín Diario, principal diario dominicano, le da un tratamiento secundario a las opiniones de los que rechazan la conducta de los partidos políticos, cuyas informaciones tienen prácticamente ninguna cobertura, ya que muchas veces destaca el nombre de las organizaciones que los representan, pero no al contenido de sus opiniones.
Pero el fenómeno tiene un alcance que traspasa la frontera de los medios más grandes y que llega hasta incluso los más pequeños, lo cual es una causa de una gran preocupación porque de esa manera se lesiona gravemente el libre juego de las ideas de una democracia que supuestamente esos medios defienden.
Uno de los más grandes retos de los sectores con una real vocación democrática es fortalecer las redes sociales, las cuales, aunque adolecen de una serie de debilidades, representan una herramienta que podrían contrarrestar la tendencia de extender el negocio de la política hacia una serie de medios de comunicación que le importa sus ingresos más que una democracia más confiable y fuerte.
Evidentemente, que la doble moral y el descredito de los partidos políticos y de una serie de instituciones que juegan un papel protagónico en la democracia, está sobre los hombres del ciudadano dominicano que es el único que puede eliminar con su voto esta realidad o sencillamente perpetuarla para perjuicio de la sociedad, sus familias y sobre todo de sus hijos y nietos.
El presidente Luis Abinader emitió el decreto 1-24 en enero del 2024, en el que estableció que la publicidad oficial debe responder a objetivos institucionales legítimos, como informar a los ciudadanos sobre sus derechos y deberes, los servicios públicos disponibles y la rendición de cuentas, cuya normativa prohíbe expresamente el uso de la publicidad oficial con fines propagandísticos, políticos o electorales y que se utilice como subsidio encubierto a comunicadores, medios o influenciadores. De igual modo, el Manual de Procedimiento de Excepción de la Dirección General de Contrataciones Públicas exige una serie de condiciones, entre ellas una justificación de la selección de medio, cuya falta de cumplimiento de estas disposiciones vulnera el marco legal vigente y afecta la credibilidad del uso de los recursos públicos.
La normativa prohíbe expresamente el uso de la publicidad oficial con fines propagandísticos, políticos o electorales, pero todo esto parece ser parte de un discurso oficial que dista mucho de la realidad y que implique algún cambio en la forma y visión de manejar los miles de millones de pesos que se gastan en publicidad oficial.
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Posición de R.D. sobre Venezuela es acomodamiento a su condición de sometida a nuevos requerimientos de Trump.
Lo planteado por el Gobierno de Luis Abinader de que no comparte la elección de Delcy Rodríguez como presidenta transitoria de Venezuela tras el apresamiento de Nicolás Maduro, revela que República Dominicana quiere incluso superar lo impuesto por Estados Unidos, pero siempre ajustada a los intereses de la potencia del norte.
La realidad es que la pregunta que se impone es y hasta dónde y quién ha dicho que el país tiene la facultad de objetar a una mandataria provisional escogida por el órgano competente y supuestamente sugerida por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), aunque el restablecimiento de relaciones comerciales y diplomáticas conlleve algunos requerimientos democráticos.
Sin embargo, la posición dominicana implica la violación del derecho internacional, entre los que se encuentran el de soberanía y autodeterminación de los pueblos, así como la Carta de la ONU.
Evidentemente que el ingrediente introducido por el Gobierno dominicano resulta gracioso para los intereses foráneos que convergen en Venezuela, máxime los que están asociados a los Estados Unidos.
La contradicción dominicana con lo planteado en la Organización de Estados Americanos (OEA) y su práctica en política exterior, ya que el presente Gobierno siempre se inclina por la intromisión en los asuntos internos de otros países, no deja la naci0n buen parada en la comunidad internacional.
Resulta poco entendible que la República Dominicana no haya apoyado abiertamente la incursión ilegal de Estados Unidos en Venezuela, pero que preste su territorio para el apoyo logístico de la acción.
Es una especie de doble moral, pese a que en su lugar debió mantener una posición aparentemente neutral, aunque de cualquiera manera ya estaba involucrada en una intervención armada que viola los principios fundamentales del derecho internacional
De lo que no queda ninguna duda es que el crédito internacional en política exterior del país ha quedado seriamente comprometido con una causa de la que ha sido una víctima en una diversidad de ocasiones como en el 1916 y el 1965.
La verdad que pretender una conducta diferente de la nación frente a la irracionalidad de Trump sería mucho pedir, sobre todo cuando otros países pertenecientes a la Unión Europea y otras superpotencias como Rusia y China también son tolerantes con la agresividad e intromisión del principal imperio del mundo.
No obstante, desde cualquier perspectiva que sea vea el asunto la conclusión no puede ser otra que en la situación pesa más el miedo que la vergüenza y la dignidad del pueblo dominicano.
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La República Dominicana inhabilitada en política exterior en el nuevo escenario imperial de Trump
La República Dominicana con una ocupación militar parcial de Estados Unidos, se proyecta como una presa sin libertad para expresarse libremente en política exterior.
La ocupación militar, aunque sólo se observa en el Aeropuerto Internacional de las Américas, abarca otros entornos que no son necesariamente visibles.
Pero la agresividad o poco disimulada intervención, deja el país y de igual modo a prácticamente toda Latinoamérica, a merced del capricho y la voluntad de los intereses de la nueva cara del imperio.
La República Dominicana ni por asomo se atreve a pronunciarse libremente sobre política exterior sin que esté a tono con la linea trazada o impuesto por la administración Trump.
La pregunta que subyace es si ese nuevo cuadro no implica también un trastorno del régimen legal, porque se podría estar en un escenario en el que los derechos fundamentales pasen a un segundo plano en el que el Estado Social Democrático de Derecho sea una expresión vacía y sin sentido.
Por razones geopolíticas y factores muy particulares, el país se asoma a un resquebrajamiento del proceso de constitucionalización del derecho a nivel interno y retroceder la nación a épocas ya superadas.
La pregunta que se impone es si prevalecerá en el mundo el pregonado derecho internacional cuando las instituciones que lo enarbolan pierden autoridad moral frente a las violaciones provenientes de potencias como los Estados Unidos que ya ni siquiera guarda las apariencias
El problema, que tiene una dimensión mundial, pero impacta más severamente a los países del tercer mundo y que propicia la posibilidad del surgimiento de regímenes de fuerza, aunque con simulaciones democráticas.
La preocupación tiene que ver con el hecho de graves violaciones del derecho internacional en una época en que éste forma parte consustancial del derecho interno y entonces qué se puede esperar como resultado.
El retroceso de la línea trazada por Donald Trump representa una amenaza mundial contra los logros del derecho contemporáneo, no sólo en favor de las personas físicas, sino también de los Estados más pequeños y débiles.
Hay precedentes en esta materia cuando predominaba en el mundo el llamado constitucionalismo clásico, que dio paso a dictaduras como las Adolfo Hitler en Alemania y la de Benito Mussoline en Italia, cuyos resultados fueron realmente catastróficos para la humanidad.
La interrogante que permanece en el nuevo panorama mundial es si va a pesar más el miedo que la vergüenza y la dignidad de los pueblos del mundo.
Por Elba García
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple su sueño de ser dictador hemisférico, aunque sea por un día.
La vocación dictatorial de Trump se ha expresado con mayor contundencia tras la entrada ilegal en territorio venezolano y apresar al jefe de Estado de ese país Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Tras este acontecimiento en momentos que se habla de la época del derecho constitucional, el cual incluye el derecho internacional, Trump ha anunciado su pretensión de convertir a Venezuela en una nueva colonia del imperio norteamericano.
El gobernante de los Estados Unidos ha adelantado que busca manejar la riqueza petrolera de Venezuela, una de las principales del mundo.
Pero la violación de Trump llega todavía más lejos al advertir a los demás países latinoamericanos a verse en el espejo de Venezuela.
Tromp hizo una alusión directa contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien dice podría correr la misma suerte de Maduro.
Anteriormente lo hizo con Brasil a propósito de la condena por conspiración del expresidente Bolsonoro.
Pero de igual modo se ha comportado con Honduras, donde en sus recientes elecciones presidenciales auspició uno de los candidatos y presionó con advertencias de actuar duramente contra los que estén en contra de sus designios.
Al fin impuso su voluntad, sin que haya reacción fuerte de rechazo a la vocación imperial del presidente de Estados Unidos.
No sé entiende por qué los países latinoamericanos no se unen en un bloque para rechazar la política de dominación y dictatorial de Donald Trump.
Incluso en el rechazo a la violación del derecho internacional por parte de los Estados Unidos pueden incluirse los países de la Unión Europea, que son permanentemente asediados y amenazados de imponerles aranceles y otros castigos como parte de la vocación dictatorial del mandatario norteamericano.
El chantaje de los Estados Unidos incluye también el otorgamiento de visados para ingresar al territorio de la potencia del norte.
La conducta de Trump es como si su administración haya borrado del mapa la supuesta clase gobernante que existe allí.
El problema se torna tan grave que la violación de derechos no solo se produce en Estados Unidos, sino en todo el mundo que parece haber retornado el derecho constitucional clásico, que fue sustituido por el derecho constitucional moderno en que los Estados grandes aplastan a los pequeños.
La época Trump prácticamente ha borrado el legado establecido por Estados Unidos a través del derecho constitucional difuso y sobre el equilibrio de los poderes.
Lo sorprendente de la era Tromp es que hasta la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos luce sometida a una cierta tolerancia del jefe de Estado de la potencia del norte.
Si la mayoría de los países no reaccionan a la política represiva y de dominación de Trump difícilmente pueda sobrevivir el sistema democrático, lo que puede crear serias tensiones y confrontaciones sociales y políticas en todo el planeta.