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Los partidos tienen plazos que deben cumplir antes, durante y después de las elecciones
Santo Domingo, R.D.-Diez y nueve plazos deben cumplir todos los actores de las elecciones que tendrán lugar el próximo 19 de mayo, incluido el referente al proselitismo y la difusión de encuestas, cuyo calendario maneja la Junta Central Electoral (JCE).
Este mes de abril, el calendario marca que el día 4 es el límite para anunciar los locales donde funcionarán los colegios electorales, y la Junta cumplió con esta disposición el día primero, al colocar, en su portal Web las ubicaciones de los 4,286 recintos en todo el país. Para el viernes 5 a las 5:00 de la tarde termina el plazo de cinco días otorgado a los partidos que no cumplieron con la cuota de género para que lo hagan.
A este mes le quedan dos fechas límites: El día 19 para la creación, traslados o fusiones de colegios electorales, tal como establece el artículo 59 de la Ley 20-23 de Régimen Electoral, que es 30 días antes de las elecciones.
Aunque el 19 es la fecha límite que tiene la JCE para escogencia de los locales donde funcionarán los colegios electorales, al anunciar estos últimos está especificada la dirección de cada uno de ellos.
En mayo, la JCE tiene hasta el día 4 de mayo para designar a los funcionarios de los colegios electorales y para la publicación facsímil de las boletas en los medios de difusión, o sea, 15 días antes de las votaciones, como establece el artículo 101, párrafo III, de la Ley 20-23.
La entrega de las credenciales a los funcionarios de los colegios electorales es hasta el día 11 y ese mismo día es el límite para que los partidos y otras entidades publiquen encuestas o sondeos.
La entrega de materiales electorales a juntas electorales debe hacerse 5 días antes de los comicios, el día 14 y el 15 deberán ser retirados los materiales electorales a cargo de los presidentes y secretarios de los colegios electorales.
EL PROSELITISMO ES HASTA EL JUEVES ANTES DE LAS VOTACIONES
El proselitismo, las manifestaciones o reuniones de carácter político entrarán en la Veda Electoral, desde el jueves 16 a las 12:00 de la medianoche, como establece el artículo 165 de la ley 20-23, que trata sobre la campaña, propaganda, acto público y mítines.
“Veda Electoral: Es la prohibición de realizar actos de proselitismo, espectáculos públicos, ya sea en local abierto o cerrado, manifestaciones o reuniones públicas de carácter político, incitaciones, propaganda electoral por la prensa radial, televisiva, avisos, carteles, telones y otros medios similares, la que se inicia a partir de las doce de la noche del jueves inmediatamente anterior al día de las elecciones o por causa de fuerza mayor o caso fortuito que se presente”.
El viernes 17 es la fecha límite para presentar apelaciones sobre las decisiones de las juntas electorales ante el Tribunal Superior Electoral (TSE).mite para el cese de la campaña electoral, incluso en los medios de comunicaciones, a partir de la 12 de la media noche y también para que los presidentes y secretarios de colegios electorales recojan los materiales a utilizar en las votaciones.
El 18 es el límite para el expendio de bebidas alcohólicas, ya que la ley establece que debe detenerse este comercio 24 horas antes las elecciones.
Después del proceso electoral del día 19 hay otras fechas límites, el 21 termino del cómputo electoral, el 22 para presentar las anulaciones; el 24 para conocer las impugnaciones, el 25 para dar a conocer el fallo de esas imputaciones y el 27 de mayo es la fecha lí
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.