Opinión
Los retos del presidente Danilo Medina al comenzar su último año de gobierno
El mandatario debe concentrarse en terminar con aprobación su período gubernamental, concluyendo las obras pendientes, sin disparar el déficit fiscal ni el endeudamiento y mejorar la institucionalidad con un proceso electoral libre de los abusos del Estado
Por Juan Bolívar Díaz
En el discurso del 22 de julio donde resignó la posibilidad de buscar otro período de gobierno, el presidente Danilo Medina delineó respuestas a los retos de su último año, resaltando el respeto a las normativas institucionales y auspiciar una campaña electoral limpia y de sana competencia que refleje la voluntad democrática del pueblo dominicano.
Para concluir bien su gestión de ocho años, el mandatario debería concentrarse también en concluir las obras en proceso, evadiendo iniciar las que no pueda ejecutar, evitando disparar el gasto fiscal que heredó, lo que le generaría gratitud y hasta condescendencia por los déficits más notables, como la corrupción y la impunidad.
Un desafío fundamental
Un desafío fundamental de Danilo Medina (DM), porque lo tendrá que enfrentar desde el inicio de la legislatura, es cumplir su propio discurso del 22 de julio último, cuando rechazó prolongarse en el poder, inclinándose ante imperativos institucionales y expresó que al terminar el segundo mandato “quiero salir a las calles a caminar como un ciudadano más y mirar a las personas a los ojos con la tranquilidad que dan el deber cumplido, la honradez y la humildad”. Podría demostrar que hay vida más allá de las poltronas presidenciales.
En su alocución a la nación, Medina manifestó tranquilidad de conciencia porque la reforma constitucional que auspició en el 2015 “reincorporó la modalidad que contaba con el más amplio respaldo en la sociedad dominicana, es decir, que un presidente pudiera optar por dos mandatos consecutivos”. Esa fórmula fue adoptada en la reforma constitucional del presidente Hipólito Mejía del 2002, y había sido señalada como preferida también por el presidente Leonel Fernández quien, sin embargo, la modificó en el 2010 en beneficio propio.
Ese será un reto para DM porque se teme que sus seguidores insistirán en la legislatura iniciada ayer en una nueva reforma de la Constitución con el objeto de permitirle que pueda volver a optar por la presidencia a partir del 2024, ya que la vigente establece, en su artículo 124, que el presidente “podrá optar por un segundo período constitucional consecutivo y no podrá postularse jamás al mismo cargo ni a la vicepresidencia de la República”.
DM, quien ni siquiera insinuó la posibilidad de otra reforma constitucional para su beneficio, no puede permitir que la sociedad vuelva a la incertidumbre, con un debate de 11 modificaciones, impropio de un período con los legisladores en campaña por reelegirse.
Un liderazgo responsable
El presidente Medina no debería consumirse en un nuevo rechazo a la reforma constitucional al vapor, motorizada por el interés personal, y en cambio saldría por la puerta grande si hace prevalecer su convicción de que el “liderazgo responsable se muestra en los momentos complejos”, como proclamó el 22 de julio. Entonces llamó al liderazgo político a actuar en el proceso electoral “con la mayor responsabilidad y transparencia, para que avancemos en la consolidación de nuestras instituciones y que los resultados electorales sean un fiel reflejo de la voluntad democrática”. Confió en que habrá una campaña limpia y “regida por el civismo y la sana competencia”.
Nadie debe esperar que DM trabaje para que su partido pierda las elecciones, pero sí que evite la irrupción de los poderes del Estado en la campaña electoral, de lo que él mismo se dijo víctima cuando perdió la nominación presidencial para las elecciones del 2008 en que Leonel Fernández se religió. Puede comenzar por desmentir a quienes entienden que él inclinará el poder presidencial y estatal para imponer un candidato en su propio partido, sometido a un peligroso curso de división. Tiene la oportunidad de convencer a muchos opositores que lo creen incapaz de actuar como un estadista que sobrepone el interés nacional al propio.
La primera prueba la tendrá DM en mantener el Estado fuera de la competencia interna de su propio partido, y compensaría algunos de los déficits institucionales de las gestiones del PLD, si promueve la equidad en las campañas electorales, fortaleciendo una democracia que muchos diagnostican como adolescente. Y superaría a su rival interno, quien abusó del Estado hasta el punto que su sucesor se quejó de que sólo recibió facturas.
Mantener equilibrio fiscal
Entre los retos que afronta DM en su último año de gestión está el mantener el precario equilibrio fiscal, sin disparar el déficits ni tensar más la cuerda del endeudamiento que según cifras de Hacienda, creció en 5 mil 664 millones de dólares, entre junio del 2018 a junio del 2019, para un incremento de 472 millones por mes, y 15.7 millones de dólares por día, que al 51 por dólar, implican 802 millones de pesos diarios.
La tentación de disparar el gasto será mayor si acaricia la idea de volver a ser candidato presidencial, porque entonces tratará de hacer hasta la imposible para acumular gratitudes y lealtades. Tendría que romper la tradición dominicana de que los gobiernos dejan cientos y hasta miles de obras inconclusas, y extreman el populismo para abonar las posibilidades de retorno.
La conclusión de obras como la Presa de Monte Grande, la carretera perimetral de Santo Domingo, y la remodelación de una veintena de hospitales deberá estar entre las prioridades, al igual que la conclusión de las plantas eléctricas de Punta Catalina, que quedará como la gran frustración del gobierno de Medina y el peor ejemplo de corrupción. Ni hablar de nuevas contrataciones para obras más allá del año, a no ser que surjan emergencias.
Alegrías y penas de DM
Aunque el espectro de Punta Catalina le perseguirá por mucho tiempo, DM tiene la oportunidad de ganar indulgencias si se conduce en este último año como el estadista que necesita el país, con prudencia en lo político y lo económico. Tiene logros que reivindicar comenzando por haber mantenido el crecimiento económico por encima del 5 por ciento.
Pasará a la historia como el gobernante que más aulas escolares construyó, que acató el clamor popular por mayor inversión en la educación, con tanda extendida y almuerzo a los alumnos y mejoría del profesorado, además de haber continuado el legado de obras viales de su antecesor. Se le acredita el servicio del 911, la mayor atención y financiamiento a las pequeñas empresas y productores agropecuarios, haber logrado eliminar iniquidades como el contrato para explotar el oro de Cotuí y el de la Bahía de las Aguilas.
Su mayor déficit quedará en la corrupción y la impunidad, con escándalos de la dimensión de Odebrecht-Punta Catalina-financiamiento político, la reforma constitucional del 2015, de la OISOE, el CEA, OMSA, o Los Tres Brazos, desoyendo el clamor de justicia. También en la concentración del poder, para el manejo de la inversión, quedándose con más de 200 mil millones de pesos que según la ley correspondían a los ayuntamientos, y hasta con 5 mil millones de los municipios donde hay explotaciones mineras, además de casi la mitad de lo que se debió destinar a la justicia, el ministerio público y la educación superior.
La profunda crisis del sistema de salud y de la seguridad social, la inexplicable remodelación conjunta de 56 hospitales, incluyendo los mayores y regionales, la ineficiencia en el combate a la corrupción y en mejorar el transporte público y las viviendas populares y el fracaso en el sector energético, también pesarán en su contra. Además de haber llevado la deuda consolidada de todas las instituciones del Estado sobre los 50 mil millones de dólares y alrededor del 60% del PIB, y su persistente renuencia a rendir cuentas a la opinión pública.-
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Extractos del discurso del Presidente Danilo Medina
22 de Julio del 2019
- La reforma constitucional del año 2015 reincorporó la modalidad que contaba con el más amplio respaldo en la sociedad dominicana, es decir, que un presidente pudiese optar por dos mandatos consecutivos.
- Creo firmemente que, por más que ame servir a nuestra patria desde la presidencia de la República, por más que desee seguir trabajando a favor del pueblo dominicano, hay normas y principios que trascienden la labor de un hombre o de un gobierno, y es nuestra responsabilidad preservarlos. Valores que deben prevalecer más allá de cualquier circunstancia o coyuntura. Porque nos definen como personas, como políticos…
- Les dije que cuando termine mi labor como presidente, el único capital que quiero conservar es la confianza y el respeto de la gente, y lo reitero hoy. Cuando llegue al término de mi segundo mandato y deje la Presidencia, quiero poder salir a la calle a caminar como un ciudadano más y mirar a las personas a los ojos con la tranquilidad que dan el deber cumplido, la honradez y la humildad.
- El liderazgo responsable se muestra en los momentos complejos.
- Llamo al liderazgo político que participará en el proceso electoral del 2020 a actuar con la máxima responsabilidad y transparencia, para que avancemos en la consolidación de nuestras instituciones y los sean un fiel reflejo de la voluntad democrática del pueblo.
- Confío en una campaña limpia, basada en propuestas y centrada en llevar bienestar a nuestra gente. Una campaña que inyecte sangre nueva a nuestra vida política y esté regida por el civismo y la sana competencia.
Por Oscar López Reyes
Pretendiendo prolongar la creencia de internet del “chivo sin ley” (“fake news” o noticias falsas, desinformación, manipulación, coerción, ciberdelincuencia, etc.), el nuevo Código Penal -estipula condenas hasta de 40 años- ha sido rebautizado como la Ley Mordaza por pseudo-periodistas, “comunicadores” sin títulos universitarios ni otro aval académico o gremial que ejercen el chantaje extorsivo mediático monetario. ¿Acaso asistimos a una revancha en favor de la impunidad de los delitos de palabras (más devastadores que una bala), el aborto, la corrupción y el narcotráfico?
Está en marcha, y crece, la industria de la intimidación, amparados los extorsionadores en el libertinaje digital, la dañina viralidad y la percepción de impunidad por la ausencia de sanción penal. Pululan, especialmente en las redes sociales y la radio, las advertencias de divulgar datos comprometedores o retirar los difundidos si no les efectúan transferencias económicas inmediatas.
Nunca como ahora, malandrines con el antifaz de periodistas presionan y emprenden campañas de descréditos contra figuras públicas, empresarios y políticos con noticias falsas o descontextualizadas, montajes digitales, ediciones tendenciosas, titulares sensacionalistas, perfiles falsos, fotografías e informaciones íntimas y sensibles, rumores espúreos, imágenes o videos manipulados y otros datos personales perjudiciales.
¿Por estos y otros tipos de modus operandi, ha oído usted que condenaron a un director de diario, a un egresado universitario de comunicación social o a otros profesionales del ecosistema informativo?
Sencillamente, “agua pasada no mueve molino”. Más que una persecución contra la libertad de expresión, las campanas repican contra el delito de extorsión mediática, una modalidad delictiva que le está ganando a los abogados extorsionistas.
Categóricamente, ha tomado cuerpo un delito penal grave, que conlleva a penas de cárcel, útil como un mecanismo disuasivo para sujetos con patrones de conductas impulsivas, terroríficas e incontrolables. Ellos están atrapados por trastornos episódicos y sin arrepentimiento, que se vuelven un peligro público, y que ameritan de psicoterapia, como palpablemente se ha visto últimamente. La prisión apuntala como un preferible tono de voz para calmar el dolor de las víctimas y evitar que respondan con el castigo de una paliza o la muerte.
Alégase que el Tribunal Constitucional ha despenalizado delitos de prensa, pero no olvidemos que últimamente esa instancia se ha constituido en una afrenta para la sociedad. Ha estado aplicando el derecho desde la Luna, divorciado de la realidad, y creándole más conflictos al Estado, sancionando sentencias absurdas, que instituciones oficiales no están en capacidad de cumplir, porque de hacerlo dejarían sin presupuesto la salud, la educación, las obras públicas y otros servicios sociales.
Igual de mal andan senadores y diputados, que son marionetas del populismo y que se doblegan en un santiamén, como si asistieran a un convite de comadres. Luego de más de 20 años discutiendo para lograr la aprobación del Código Penal, ahora esos legisladores acceden fácilmente, como si tuvieran en brazos de Morfeo, a dar rienda suelta a la propuesta para modificarlo sin ser sometido a pruebas, porque ni siquiera ha entrado en vigencia.
Valga referir, como aporte adicional a las anotaciones preexistentes, que los más diversos autores doctrinarios internacionales sobre el derecho a la información concuerdan en que la libertad de expresión es un derecho fundamental, pero no absoluto, que precisa de límites para proteger derechos de terceros y garantizar el orden social. Basta citar a Alejandro Fuenmayor E. en El derecho de acceso de los ciudadanos a la información pública, Francisco Morera Alfaro en Los derechos de los ciudadanos frente a las tareas de la información, Enrique Villalobos Quirós en El derecho a la información y Manuel Fernández Areal en Introducción al derecho de la información.
Y, ¿cuál otro? Sí, podemos leer a Carlos Soria en Derecho a la información y derecho a la honra; A. Hugo Osorio Meléndez en Políticas de información y derecho. Estudio comparativo; Eduardo Nova Monreal en Derecho a la vida privada y libertad de información. Un conflicto de derechos; Ernesto Villanueva e Issa Luna Pla en El derecho de acceso a la información, y Orrin E. Klapp en Información y moral. Estrategias de apertura y cierre ante la nueva información.
En esa óptica, ¿qué dice el nuevo Código Penal?
Acerca de la difamación extorsiva, el artículo 209 expresa que “Quien haga imputación pública a una persona, física o jurídica, de un hecho preciso o concreto que le afecta en su honor o en su consideración, buen nombre, imagen, dignidad e integridad familiar, por cualquier forma pública, … le cause un perjuicio, y con ello obligue o procure obligar a la víctima a ceder a sus exigencias, será sancionado con pena de cinco a diez años de prisión mayor y multa de diez a veinte salarios mínimos del sector público”.
En esta circunstancia, más que acudir a la violencia como los iracundos, la alternativa más expedita para los injuriados y acosados está en el sometimiento judicial para que un juez decida, interponiendo las pruebas y colocando otras piezas regidos por los fundamentos del derecho, dictaminen la culpabilidad o inocencia del imputado. Y todavía para las partes queda la opción de apelar la sentencia.
Si el Congreso Nacional y el Tribunal Constitucional modifican el nuevo Código Penal, al unísono tendrán que hacer una revolución, en virtud de que en República Dominicana a través de varias leyes son perseguibles y sancionables con prisión el chantaje, las campañas injuriosas y difamatorias, los rumores falsos, las expresiones ofensivas o despectivas por medios informáticos, telemáticos o audiovisuales (redes sociales, internet, blogs) y prensa escrita.
¿Y cuáles son esas disposiciones legales?
Son la Ley 183-02 Monetaria y Financiera, la Ley 126-02 sobre Comercio Electrónico, Documentos y Firmas Digitales; la Ley 53-07 Contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, la Ley 136-03 o Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, y otras, que contemplan encierros carcelarios de hasta diez años y multas de hasta dos millones 500 mil pesos o 500 veces el salario mínimo del sector público. ¡Muy bien!
Aunque luzca una irreverencia y un riesgo decirlo, el sometimiento judicial a un periodista por difamación e injuria representa una prueba para demostrar su profesionalidad y apego a las leyes y a los principios y valores éticos en el manejo informativo y el análisis interpretativo. Si así fuere, ¿por qué tanto miedo?
Con frecuencia, ciertas esferas de los diarios exageran y procuran rehuir para no colocarse frente a un crucifijo, por la aversión y el temor traumático, arrastrado por sangrientas experiencias pretéritas. Preservemos el contenido del nuevo Código Penal, y actuemos con la potestad de informar y opinar sin censura ni autocensura, pero ajustados al derecho, y caminando derecho.
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El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático, escritor y gremialista.
Por Isaías Ramos
República Dominicana no enfrenta solo un debate salarial. Enfrenta una crisis de arraigo, identidad, soberanía laboral y cumplimiento constitucional. Durante las últimas tres décadas se consolidó un modelo de bajos salarios, débil fiscalización y desorden migratorio-laboral. Pero desde la Constitución de 2010, que consagra el Estado Social y Democrático de Derecho, esa falla dejó de ser solo económica: se convirtió en contradicción frontal con el mandato constitucional. Hoy el problema se ha agudizado. La pregunta es necesaria: ¿para quién funciona realmente este modelo económico?
Según el Informe sobre Democracia y Desarrollo 2026 del PNUD, 39.5% de las personas en República Dominicana contempla irse a vivir o trabajar a otro país, frente a 31.7% en América Latina y el Caribe: 395 de cada 1,000 personas, contra 317 de cada 1,000 del promedio regional. La principal razón para emigrar es la falta de oportunidades económicas: 58.4%.
Ese dato debe estremecer. Los dominicanos no contemplan irse porque no amen su patria. Contemplan irse porque trabajan, luchan, pagan transporte, comida, impuestos y deudas, y aun así sienten que no avanzan. La emigración deseada es un voto de desconfianza contra un modelo que produce crecimiento, pero no suficiente esperanza.
La Constitución no manda una República para administrar resignación. Define al país como Estado Social y Democrático de Derecho, fundado en la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo y la soberanía popular. También reconoce que todo trabajador tiene derecho a un salario justo y suficiente para vivir con dignidad, y declara de alto interés la nacionalización del trabajo.
Por eso, el salario justo no es una consigna. Es mandato constitucional.
La evidencia salarial es contundente. En el primer trimestre de 2026, la ONE reportó que el salario mensual promedio por empleado formal fue RD$34,621. Incluso los sectores mejor remunerados —minas y canteras, organismos extraterritoriales y electricidad— promediaron RD$79,724, RD$70,541 y RD$67,246. Si ese es el techo salarial formal, el país debe preocuparse: muchos ingresos permiten consumir, pero no necesariamente progresar, ahorrar, comprar vivienda o construir patrimonio.
La canasta básica familiar nacional llegó en mayo de 2026 a RD$49,268.36; la del primer quintil fue RD$29,489.84 y la del segundo RD$38,441.67. Frente a eso, demasiados salarios formales siguen siendo salarios de supervivencia. Ahí está el corazón del problema: están convirtiendo la pobreza salarial en ventaja competitiva.
El primer deber de los gobiernos debe ser garantizar salarios justos y dignos. El segundo, aplicar la indexación del mínimo exento del impuesto al salario. La DGII reconoce para 2026 una exención contributiva hasta RD$416,220 anuales y, al mismo tiempo, que por la Ley de Presupuesto queda sin efecto el ajuste previsto en el artículo 327 del Código Tributario. En palabras simples: los gobiernos siguen cobrándole inflación al trabajador formal.
La excusa fiscal tampoco basta. Hacienda estima el gasto tributario de 2026 en RD$393,541.54 millones, equivalente a 4.54% del PIB. Entonces la pregunta no es si hay recursos; la pregunta es a quién deciden proteger primero los gobiernos.
Tercer deber: no hay exenciones sin salario digno. Todo régimen con privilegios fiscales debe demostrar retorno social: salario digno, formalidad, transparencia, capacitación y movilidad salarial.
Cuarto deber: hacer cumplir el 80/20 laboral. El Código de Trabajo establece que al menos 80% de los trabajadores de una empresa debe ser dominicano, y que al menos 80% de la nómina debe corresponder a trabajadores dominicanos, con las excepciones previstas por la ley.
La alerta está en los medios. Almomento, citando la Encuesta Sectorial Construcción 2025 del Instituto Nacional de Migración, afirma que la mano de obra haitiana representa 68.3% de los trabajadores de la construcción, frente a 31.1% de locales; en empresas formales, la proporción sería 69.1% haitiana y 30.2% dominicana. Ese dato exige auditoría nacional. Si se confirma, sería una inversión práctica del mandato de nacionalización del trabajo, con consecuencias salariales, demográficas, culturales e identitarias.
Hay que decirlo sin odio ni confusión: el problema no es el inmigrante pobre que busca trabajo. El problema son los gobiernos que han permitido el desorden. No son los extranjeros los culpables de desplazar al trabajador dominicano; los responsables son las autoridades llamadas a cumplir y hacer cumplir la Constitución, el Código de Trabajo, la ley tributaria y el orden migratorio-laboral.
Donde debía haber control, hubo tolerancia. Donde debían estar las fronteras resguardadas, hubo abandono, corrupción sin consecuencias y complicidad con el desorden. Donde debía prevalecer la Constitución, se traicionó el interés nacional. Donde debía haber salario justo, hubo precariedad. Donde debía haber defensa del trabajo dominicano, hubo indiferencia. Y donde debía haber cumplimiento de la ley, hubo gobiernos mirando hacia otro lado.
Ese desorden empuja al dominicano a emigrar y a la nación a perder cohesión, identidad, soberanía laboral y control sobre su destino.
Desde el Frente Cívico y Social sostenemos que la patria no se defiende culpando al inmigrante pobre. Se defiende cumpliendo la Constitución, pagando salarios dignos, indexando el impuesto al salario, ordenando la frontera y haciendo cumplir el 80/20.
República Dominicana no necesita una economía que administre resignación. Necesita una economía que produzca arraigo.
Los dominicanos no quieren irse. Los están empujando.
Ya basta. Llegó la hora de hacer valer la Constitución y activar, de verdad, el Estado Social y Democrático de Derecho: un Estado que no esté de rodillas ante los privilegios, sino de pie junto al pueblo trabajador.
Por Rommel Santos Díaz
En las investigaciones realizadas de conformidad con el Estatuto de la Corte Penal Internacional nadie será obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable.
De acuerdo con el Estatuto de Roma nadie será sometido a forma alguna de coacción, intimidación o amenaza, a torturas ni a otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes.
En el proceso de investigación de la Corte Penal Internacional , quien haya de ser interrogado en un idioma que no sea el que comprende y habla perfectamente contará, sin cargo alguno, con los servicios de un intérprete competente y las traducciones que sean necesarias a los efectos de cumplir el requisito de equidad.
De conformidad con el Estatuto de Roma nadie será sometido a arresto o detención arbitrarios ni será privado de su libertad salvo por los motivos previstos en el Estatuto y de conformidad con los procedimientos establecidos en él.
Cuando haya motivos para creer que una persona ha cometido un crimen de la competencia de la Corte Penal Internacional y esa persona haya de ser interrogada por el Fiscal o por las autoridades nacionales, o en cumplimiento de una solicitud hecha de acuerdo las disposiciones del Estatuto de Roma tendrá el derecho a ser informada.
Dentro de los derechos que tiene una persona en el proceso de investigación de la Corte Penal Internacional el Estatuto de Roma señala el de ser informada de que existen motivos para creer que ha cometido un crimen de la competencia de la Corte.
Antes del interrogatorio la persona también deberá ser informada de que tiene derecho a guardar silencio , sin que ello pueda tenerse en cuenta a los efectos de determinar su culpabilidad o inocencia.
Cabe destacar que en el proceso de investigación de la Corte Penal Internacional la persona tiene derecho a ser asistida por un abogado defensor de su elección o, si no lo tuviere, a que se le asigne un defensor de oficio, siempre fuere necesario en interés de la justicia y , en cualquier caso, sin cargo si careciere de medios suficientes.
Finalmente, la persona tendrá el derecho a ser interrogada en presencia de un abogado, a menos que haya renunciado voluntariamente a su derecho a asistencia letrada de conformidad con lo establecido en el Estatuto de Roma.