Opinión
Los retos del presidente Danilo Medina al comenzar su último año de gobierno
El mandatario debe concentrarse en terminar con aprobación su período gubernamental, concluyendo las obras pendientes, sin disparar el déficit fiscal ni el endeudamiento y mejorar la institucionalidad con un proceso electoral libre de los abusos del Estado
Por Juan Bolívar Díaz
En el discurso del 22 de julio donde resignó la posibilidad de buscar otro período de gobierno, el presidente Danilo Medina delineó respuestas a los retos de su último año, resaltando el respeto a las normativas institucionales y auspiciar una campaña electoral limpia y de sana competencia que refleje la voluntad democrática del pueblo dominicano.
Para concluir bien su gestión de ocho años, el mandatario debería concentrarse también en concluir las obras en proceso, evadiendo iniciar las que no pueda ejecutar, evitando disparar el gasto fiscal que heredó, lo que le generaría gratitud y hasta condescendencia por los déficits más notables, como la corrupción y la impunidad.
Un desafío fundamental
Un desafío fundamental de Danilo Medina (DM), porque lo tendrá que enfrentar desde el inicio de la legislatura, es cumplir su propio discurso del 22 de julio último, cuando rechazó prolongarse en el poder, inclinándose ante imperativos institucionales y expresó que al terminar el segundo mandato “quiero salir a las calles a caminar como un ciudadano más y mirar a las personas a los ojos con la tranquilidad que dan el deber cumplido, la honradez y la humildad”. Podría demostrar que hay vida más allá de las poltronas presidenciales.
En su alocución a la nación, Medina manifestó tranquilidad de conciencia porque la reforma constitucional que auspició en el 2015 “reincorporó la modalidad que contaba con el más amplio respaldo en la sociedad dominicana, es decir, que un presidente pudiera optar por dos mandatos consecutivos”. Esa fórmula fue adoptada en la reforma constitucional del presidente Hipólito Mejía del 2002, y había sido señalada como preferida también por el presidente Leonel Fernández quien, sin embargo, la modificó en el 2010 en beneficio propio.
Ese será un reto para DM porque se teme que sus seguidores insistirán en la legislatura iniciada ayer en una nueva reforma de la Constitución con el objeto de permitirle que pueda volver a optar por la presidencia a partir del 2024, ya que la vigente establece, en su artículo 124, que el presidente “podrá optar por un segundo período constitucional consecutivo y no podrá postularse jamás al mismo cargo ni a la vicepresidencia de la República”.
DM, quien ni siquiera insinuó la posibilidad de otra reforma constitucional para su beneficio, no puede permitir que la sociedad vuelva a la incertidumbre, con un debate de 11 modificaciones, impropio de un período con los legisladores en campaña por reelegirse.
Un liderazgo responsable
El presidente Medina no debería consumirse en un nuevo rechazo a la reforma constitucional al vapor, motorizada por el interés personal, y en cambio saldría por la puerta grande si hace prevalecer su convicción de que el “liderazgo responsable se muestra en los momentos complejos”, como proclamó el 22 de julio. Entonces llamó al liderazgo político a actuar en el proceso electoral “con la mayor responsabilidad y transparencia, para que avancemos en la consolidación de nuestras instituciones y que los resultados electorales sean un fiel reflejo de la voluntad democrática”. Confió en que habrá una campaña limpia y “regida por el civismo y la sana competencia”.
Nadie debe esperar que DM trabaje para que su partido pierda las elecciones, pero sí que evite la irrupción de los poderes del Estado en la campaña electoral, de lo que él mismo se dijo víctima cuando perdió la nominación presidencial para las elecciones del 2008 en que Leonel Fernández se religió. Puede comenzar por desmentir a quienes entienden que él inclinará el poder presidencial y estatal para imponer un candidato en su propio partido, sometido a un peligroso curso de división. Tiene la oportunidad de convencer a muchos opositores que lo creen incapaz de actuar como un estadista que sobrepone el interés nacional al propio.
La primera prueba la tendrá DM en mantener el Estado fuera de la competencia interna de su propio partido, y compensaría algunos de los déficits institucionales de las gestiones del PLD, si promueve la equidad en las campañas electorales, fortaleciendo una democracia que muchos diagnostican como adolescente. Y superaría a su rival interno, quien abusó del Estado hasta el punto que su sucesor se quejó de que sólo recibió facturas.
Mantener equilibrio fiscal
Entre los retos que afronta DM en su último año de gestión está el mantener el precario equilibrio fiscal, sin disparar el déficits ni tensar más la cuerda del endeudamiento que según cifras de Hacienda, creció en 5 mil 664 millones de dólares, entre junio del 2018 a junio del 2019, para un incremento de 472 millones por mes, y 15.7 millones de dólares por día, que al 51 por dólar, implican 802 millones de pesos diarios.
La tentación de disparar el gasto será mayor si acaricia la idea de volver a ser candidato presidencial, porque entonces tratará de hacer hasta la imposible para acumular gratitudes y lealtades. Tendría que romper la tradición dominicana de que los gobiernos dejan cientos y hasta miles de obras inconclusas, y extreman el populismo para abonar las posibilidades de retorno.
La conclusión de obras como la Presa de Monte Grande, la carretera perimetral de Santo Domingo, y la remodelación de una veintena de hospitales deberá estar entre las prioridades, al igual que la conclusión de las plantas eléctricas de Punta Catalina, que quedará como la gran frustración del gobierno de Medina y el peor ejemplo de corrupción. Ni hablar de nuevas contrataciones para obras más allá del año, a no ser que surjan emergencias.
Alegrías y penas de DM
Aunque el espectro de Punta Catalina le perseguirá por mucho tiempo, DM tiene la oportunidad de ganar indulgencias si se conduce en este último año como el estadista que necesita el país, con prudencia en lo político y lo económico. Tiene logros que reivindicar comenzando por haber mantenido el crecimiento económico por encima del 5 por ciento.
Pasará a la historia como el gobernante que más aulas escolares construyó, que acató el clamor popular por mayor inversión en la educación, con tanda extendida y almuerzo a los alumnos y mejoría del profesorado, además de haber continuado el legado de obras viales de su antecesor. Se le acredita el servicio del 911, la mayor atención y financiamiento a las pequeñas empresas y productores agropecuarios, haber logrado eliminar iniquidades como el contrato para explotar el oro de Cotuí y el de la Bahía de las Aguilas.
Su mayor déficit quedará en la corrupción y la impunidad, con escándalos de la dimensión de Odebrecht-Punta Catalina-financiamiento político, la reforma constitucional del 2015, de la OISOE, el CEA, OMSA, o Los Tres Brazos, desoyendo el clamor de justicia. También en la concentración del poder, para el manejo de la inversión, quedándose con más de 200 mil millones de pesos que según la ley correspondían a los ayuntamientos, y hasta con 5 mil millones de los municipios donde hay explotaciones mineras, además de casi la mitad de lo que se debió destinar a la justicia, el ministerio público y la educación superior.
La profunda crisis del sistema de salud y de la seguridad social, la inexplicable remodelación conjunta de 56 hospitales, incluyendo los mayores y regionales, la ineficiencia en el combate a la corrupción y en mejorar el transporte público y las viviendas populares y el fracaso en el sector energético, también pesarán en su contra. Además de haber llevado la deuda consolidada de todas las instituciones del Estado sobre los 50 mil millones de dólares y alrededor del 60% del PIB, y su persistente renuencia a rendir cuentas a la opinión pública.-
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Extractos del discurso del Presidente Danilo Medina
22 de Julio del 2019
- La reforma constitucional del año 2015 reincorporó la modalidad que contaba con el más amplio respaldo en la sociedad dominicana, es decir, que un presidente pudiese optar por dos mandatos consecutivos.
- Creo firmemente que, por más que ame servir a nuestra patria desde la presidencia de la República, por más que desee seguir trabajando a favor del pueblo dominicano, hay normas y principios que trascienden la labor de un hombre o de un gobierno, y es nuestra responsabilidad preservarlos. Valores que deben prevalecer más allá de cualquier circunstancia o coyuntura. Porque nos definen como personas, como políticos…
- Les dije que cuando termine mi labor como presidente, el único capital que quiero conservar es la confianza y el respeto de la gente, y lo reitero hoy. Cuando llegue al término de mi segundo mandato y deje la Presidencia, quiero poder salir a la calle a caminar como un ciudadano más y mirar a las personas a los ojos con la tranquilidad que dan el deber cumplido, la honradez y la humildad.
- El liderazgo responsable se muestra en los momentos complejos.
- Llamo al liderazgo político que participará en el proceso electoral del 2020 a actuar con la máxima responsabilidad y transparencia, para que avancemos en la consolidación de nuestras instituciones y los sean un fiel reflejo de la voluntad democrática del pueblo.
- Confío en una campaña limpia, basada en propuestas y centrada en llevar bienestar a nuestra gente. Una campaña que inyecte sangre nueva a nuestra vida política y esté regida por el civismo y la sana competencia.
Por Rommel Santos Díaz
La ley internacional concede inmunidad contra el enjuiciamiento penal por Estados extranjeros a los Jefes de Estado y oficiales diplomáticos (artículo 31 Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas). Sin embargo, los delitos enumerados por el Estatuto de Roma pueden haber sido cometidos por diplomáticos, Jefes de Estado, oficiales gubernamentales o por cualquier otra persona que goce de inmunidad diplomática, y la ley internacional no podrá reconocerles inmunidad alguna contra el enjuiciamiento por tales crímenes.
La Corte Penal Internacional determinará si existe alguna inmunidad, cuando se le refiere un caso. Sin embargo, el artículo 98 del Estatuto de Roma establece ciertas restricciones a la CPI, cuando solicite la entrega u otro tipo de asistencia a los Estados.
El artículo 98 del Estatuto de Roma trata la situación de entrega de una persona cuando existe un conflicto con las obligaciones del Estado bajo el derecho internacional o con respecto a la inmunidad diplomática de un extranjero o su propiedad.
La Corte Penal Internacional no deberá requerir que un Estado actúe de manera contraria a sus obligaciones internacionales. Pero al mismo tiempo una situación tal raras veces surgirá, ya que la Corte investigará tales posibilidades antes de solicitar una entrega al Estado. Adicionalmente, las obligaciones del derecho internacional aplicables a los Estados Partes incluirán sus obligaciones bajo el Estatuto de Roma.
Al aceptar los artículos 27 y 86 del Estatuto, los Estados Partes abiertamente retiran cualquier inmunidad contra la CPI . Por ende, cuando un nacional de un Estado Parte es requerido por la Corte, ese nacional no podrá reclamar las inmunidades normales que existan respecto al enjuiciamiento penal en el exterior, y el Estado requerido no estará violando sus obligaciones internacionales si entrega la persona a la CPI.
No obstante, cuando la CPI haya determinado que la inmunidad si existe, podrá dar curso a la solicitud de entrega solamente si cuenta primero con el apoyo del Estado de nacionalidad del acusado. En tal caso, el Estado requerido que proceda con la entrega no violara sus obligaciones internacionales de conformidad con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas
El artículo 98 establece que la Corte no podrá dar curso a la solicitud de entrega que requiera que el Estado requerido viole sus obligaciones de conformidad con los acuerdos internacionales que requieran el consentimiento del Estado que entrega a una persona de ese Estado a la CPI.
Esta situación podría surgir cuando una persona detenida en el Estado requerido haya sido extraditada a ese Estado desde otro país, bajo la condición de ser devuelta a su país luego de la investigación o enjuiciamiento, o la ejecución de una condena. Podría también darse cuando , bajo el acuerdo de Estatus de Fuerzas, los miembros de las fuerzas armadas de un tercer Estado se encuentren dentro del Estado solicitado.
Cuando el Estado que entregue sea un Estado Parte del Estatuto de Roma , no deberá restringir la posibilidad de que otros Estados entreguen a sus nacionales a la CPI, ya que cada Estado Parte acepta la jurisdicción de la Corte sobre sus nacionales y no hay fundamento para rechazar la entrega de una persona a la Corte .
Sin embargo, cuando la persona requerida alegue el principio de ne dis in idem, y la decisión de admisibilidad de la CPI aún esté pendiente, el Estado requerido deberá consultar con el Estado que entrega, y la CPI, de conformidad con el artículo 89, para determinar si se debe suspender o no la ejecución de la solicitud.
De lo contrario el Estado requerido tendría que contar con el consentimiento del Estado de la persona que entrega. La CPI deberá contar con la cooperación del Estado que entrega, si no es este un Estado Parte, antes de que la Corte Penal Internacional solicite la entrega.
El articulo 98 solo es relevante cuando el Estado requerido pueda demostrar que la acción requerida por la CPI lo obligaría a violar una obligación bajo el derecho internacional. Un Estado no podrá invocar una previsión de su derecho interno que garantice inmunidad a la persona a ser entregada.
En el contexto de las obligaciones el Estado Parte tiene la obligación de entregar a una persona que goce de inmunidad diplomática, cuando la CPI solicite su entrega luego de haber obtenido la cooperación de un tercer Estado para la renuncia de la inmunidad.
Cuando la CPI solicite la entrega de una persona, pero el Estado Parte requerido normalmente estaría violando un acuerdo internacional con un tercer Estado, el Estado requerido esta obligado a entregar a la persona si la Corte cuenta con el consentimiento del tercer Estado para la entrega de la persona . El Estado Parte requerido deberá entregar a la persona si el tercer Estado es un Estado Parte.
En el marco de la implementación los Estados Partes deberán prever dentro de su derecho interno, la posibilidad de entregar a una persona a la CPI aunque normalmente goce de inmunidad estatal o diplomática, cuando el Estado de donde esta persona es nacional acuerde renunciar a su inmunidad. Debido a que la CPI tiene la autoridad de determinar si existen o no las inmunidades, no obstaculizaron las la cooperación con la CPI. Esto garantiza que el Estado Parte pueda cumplir con sus obligaciones de entrega.
Los Estados Partes deberán asegurar que sus nacionales puedan ser entregados a la CPI por otros Estados, cuando sea conveniente, y que no existan acuerdos bilaterales o multilaterales que obstaculicen el proceso. Los Estados Partes deberán estar preparados para revelar a la Corte cualquier obligación o acuerdo internacional que pueda estar en conflicto con una solicitud de entrega que este preparando la Corte, si la misma necesitare tal información.
Por Nelson Encarnación
La incitación a la violencia es un delito grave en todas las sociedades organizadas, incluida la nuestra, donde un llamado a alterar el orden público acarrea consecuencias penales para cualquier persona, pues el Estado tiene la obligación no solo de perseguir el hecho, sino de prevenirlo.
Por consiguiente, el expresidente Danilo Medina se coloca al margen de la ley e incurre en ese delito de incitación a la violencia cuando llama a la militancia del Partido de la Liberación Dominicana, que él lidera, a destruir las eventuales carpas que coloquen los seguidores oficialistas en los alrededores de los colegios electorales el próximo 19.
Un líder de la categoría de quien fue presidente de la República durante ocho años, y que además dirige una de las formaciones políticas fundamentales del sistema de partidos, debe ser lo suficientemente prudente y medido para conocer el alcance de sus arengas.
La incitación de Medina tiene varios puntos relevantes, pero fuera del delito en que incurre, hay dos de carácter electoral que su desatino no alcanza a calibrar.
El primero tiene que ver con lo que ya ha determinado la Junta Central Electoral (JCE) respecto de las carpas partidarias, las cuales el órgano de comicios prohibió tajantemente a partir de las alegaciones que produjeron esas instalaciones luego del proceso de febrero pasado.
En consecuencia, la perorata de Medina carece de sentido, si se toma en cuenta la señalada disposición.
El otro aspecto es aún más relevante para los intereses del partido morado y de toda la oposición, puesto que, si entre sus argumentos figura la supuesta manipulación del proceso por el oficialismo para provocar la abstención de sus adversarios, podemos suponer que, con un ambiente de posible violencia, los votantes poco motivados preferirían quedarse en sus casas para no exponerse.
Esto tiene un referente histórico que Danilo conoce perfectamente. Se trata de las elecciones de 1966, cuando el profesor Juan Bosch, candidato frente a un Joaquín Balaguer aupado por los invasores estadounidenses, llamó a sus seguidores a que fueran a votar armados con palos y piedras para defender el voto.
¿Qué hicieron miles de partidarios del PRD? Se quedaron en sus casas para no convertirse en presa de los violentos determinados a imponer a Balaguer. ¿Es esto lo que Danilo quiere para luego alegar irregularidades?
Por Miguel Guerrero
Cuando hablamos del precio de la democracia, nada me parece más horripilante que ese lugar común al que apelan diariamente los dirigentes del país para justificar los vicios de la política vernácula. Eso de “pagar el precio de la dominicana” no es más que una vulgar falacia, un intento de legitimar cuantas barbaridades ha padecido la nación para mantener los privilegios de una clase que controla los resortes de la vida política, como si se tratara de derechos nobiliarios, adquiridos por herencia, olvidándose de que al igual que la realeza europea, que se casa entre familia, los genes de la dirigencia política nacional han dejado ver desde hace tiempo sus estragos.
Mientras se aduce falta de recursos para atender los principales requerimientos de la salud y la educación, dos de nuestras grandes e inaplazables prioridades, y el país vive a oscuras a causa de la falta de pago por el Gobierno a los generadores, se destinan en publicidad miles de millones de pesos para exaltar la figura presidencial en desmedro de reales necesidades de la sociedad.
Asignación que no discrimina si hay elecciones o no cada año, cuando se trata de un año preelectoral, significa que al siguiente la erogación será mucho mayor. La suma en sí misma no significaría mucho si se les exigiera transparencia en el uso y rendición de cuentas. Pero no podemos esperar que eso suceda, porque el sistema es tan pobre en garantías ciudadanas que los políticos del país no se sienten obligados a cumplir siquiera algo tan simple como una declaración de bienes, que pueden en todo caso manipular a su antojo sin mayores consecuencias.
La democracia no necesita que se entregue el precio que por ella pagamos, ni requiere tampoco del tutelaje que pretenden unos clanes que han hecho de la noble actividad partidaria un coto de corrupción y malas mañas.