Santo Domingo, RD.-Con todos los detalles fue presentada la querella por el Estado dominicano en contra de un grupo de 15 personas, y 25 empresas, en la que se hicieron público detalles del supuesto desfalco que ocurrió en las distribuidoras de electricidad durante varios años.Más Noticias
Querella detalla roles de entramado de corrupción en las Edes.
Santo Domingo, RD.-Con todos los detalles fue presentada la querella por el Estado dominicano en contra de un grupo de 15 personas, y 25 empresas, en la que se hicieron público detalles del supuesto desfalco que ocurrió en las distribuidoras de electricidad durante varios años.Los señalados en la querella son Rubén Jiménez Bichara; Luis Ernesto de León Núñez; Rubén Montás Domínguez; Radhamés del Carmen Maríñez; Julio César Correa; Maxy y Alexander Montilla Sierra; Juan Alexis Medina Sánchez; Messin Elías Márquez Sarraff; Domingo Antonio Santiago; Julián Esteban Suriel Suazo; Wacal Vernavel Méndez Pineda; Miguel Antonio Reyes Reyes; Peter Alexis Francisco Tejada y Dileisi de Jesús Rivera.
Entre los anteriormente mencionados los querellantes hicieron especial mención al hermano de la exprimera dama Cándida Montilla, Maxy Montilla, a quien se refieren como “el gigante asiático” o “el fantasma”, y fue culpado de cometer varias trasgresiones.
Asimismo, fue señalado como el líder de esta supuesta red criminal, que a través de su empresa y asociados lograron cientos de contratos que el Estado aseguró fueron fraudulentos por cantidades multimillonarias.
Solamente en Edeeste ganaron por lo menos 103 licitaciones valoradas en casi 3 mil millones de pesos, durante la gestión de su cuñado, el expresidente Danilo Medina.
Esto era logrado, según la querella, mediante la manipulación de documentos para hacer parecer que eran suplidores exclusivos en el país de una empresa internacional, que surtía al país de medidores de electricidad, logrando conseguir muchos de estos acuerdos.
Y si no ganaba el proceso de compra, procedía a venderle los productos a la compañía que sí lo hizo, ya que era el suplidor “exclusivo” de esos bienes, manteniendo una especie de monopolio en ese mercado.
“En vista de esta triangulación de hecho que realizaba el querellado, maniobra con la que obligaba a otras empresas a comprarle sus materiales, los beneficios reales que este recibió resultan incalculables”, leía la denuncia de las actuales autoridades del sector eléctrico.
El hermano del expresidente Danilo Medina y principal acusado de la Operación Antipulpo, Alexis, fue señalado en la querella como alguien que utilizó la influencia que ostentaba sobre funcionarios para colocar testaferros dentro de Edeeste.
Entre estos están el ya fallecido Omalto Gutiérrez Remigio, Julián Esteban Suriel Suazo, Wacal Vernavel Méndez Pineda y Márquez Sarraf, todos acusados de prestar sus nombres para tratar de disimular las supuestas actividades fraudulentas de Alexis.
El vínculo de estas sociedades con este querellado se comprueban porque: otorgaban poderes a empleados y relacionados a Alexis Medina para manejar las cuentas bancarias; la mayoría de las sociedades compartían domicilio con él; los apoderados y socios eran miembros de la Fundación Tornado Fuerzas Vivas de Alexis; y todas estas sociedades participaban de forma conjunta y exclusiva en los procesos de compra para aparentar una competencia.
De acuerdo con la querella, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (Cdeee) durante la gestión de Rubén Jiménez Bichara y en conjunto las empresas nombradas en la denuncia, se beneficiaron “mediante la estafa, la extorsión, el soborno, el desfalco y la sobrevaloración de precios, con contratos suscritos con las tres empresas distribuidoras de electricidad, Edeste, Edesur y Edenorte, por aproximadamente US$57,058,069 de fondos provenientes de organismos”.
El mecanismo de este supuesto entramado fue la utilización de fondos de financiamientos, que rondaron los 488 millones de dólares, siendo esta cantidad malversada por los encartados, para su enriquecimiento personal.
De León Núñez, cuñado de Danilo Medina vía su matrimonio con su hermana (e implicada en la Operación Antipulpo) Magalyz Medina, fue designado como administrador de Edeeste, y desde entonces utilizó su puesto para enriquecerse de manera ilícita, aseguró la parte querellante.
Sobre esto, aseveraron que esta Ede se convirtió en la “plataforma” que este encartado utilizó para adjudicar unos 132 procesos de compra (que ronda los 3,800 millones de pesos) fraudulentos, conspirando así con empleados con familiares, amigos y empleados.
Ese monto fue posteriormente repartido entre las compañías de allegados, usando licitaciones amañadas como cortina.
Similarmente mencionan una serie de directivos y funcionarios que participaron en este proceso, entre los que están Christian Ramón Cabral García, gerente de abastecimiento de Edeeste, encargado de invitar a la red societaria y empresas que no poseían perfil para los procesos de compras y contrataciones convocados.
Lewyn Castillo, analista de compras de la gerencia de abastecimiento, quien rendía informe económico de los procesos de compras y contrataciones en los que resultaban adjudicatarias las sociedades relacionadas al entramado.
El gerente de ingeniería y normas técnicas, Miguel Mañón, quien hacía los informes técnicos justificando las compras; Manuel Viñas, director de recursos, quien aprobaba y justificaba que la adquisición de los bienes y servicios se hiciera con las empresas del entramado societario, tarea que compartió con Hugo Bastardo, Juan M. Berroa, Miguel Martínez, Talleyrand Murat González y Jennyfer Contín.
Peter Alexis Francisco Tejada y Dileisi de Jesús Rivera
Ambos nombrados en esta querella, esta pareja de esposos fueron acusados de pertenecer a este presunto entramado y de beneficiarse de numerosos contratos estatales, obtenidos de manera fraudulenta.
Messin Elías Márquez Sarraff
Marquez Sarraf fue señalado como un testaferro de Alexis Medina, y de los hermanos Montilla Sierra.
Julián Esteban Suriel
Suriel Suazo fue, según los querellantes, uno de los que participaban directamente a través de sus empresas o de testaferros físicos y jurídicos, que participó en todas las licitaciones de Edeeste, sin importar las especificaciones o naturaleza de las mismas, cumpliendo así su rol dentro del entramado.
Santo Domingo. – Este jueves la Policía Nacional informó que detuvo cuatro hombres involucrados en el robo de fundas con alimentos de primera necesidad, sustraídos de varios camiones que transitaban por la avenida del Puerto del Distrito Nacional.
El cuerpo del orden dijo que los detenidos son Aaron Ezequiel Cabrera, de 36 años; Breilin José Vizcaíno Capellán, de 18; Ángel Reguillo Emiliano, de 26, y Miyel Ambiórix Morillo, de 27, todos residentes en la citada demarcación.
Según la entidad, la detención fue realizada por agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), quienes actuaron de manera inmediata tras dar seguimiento a los responsables, identificados a través de un video que se hizo viral en redes sociales y medios de comunicación.
Los cuatro apresados serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.
La Policía Nacional reafirma su compromiso de actuar con prontitud frente a hechos delictivos y garantizar la seguridad ciudadana.
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Presidente de la República solicita al Congreso agilizar modificación de ley de Compras y Contrataciones.
Santo Domingo, R.D.- Luis Abinader solicitó este jueves al Congreso Nacional agilizar la aprobación del proyecto que modificaría la ley de Compras y Contrataciones, la cual tiene el objetivo de establecer sanciones más severas contra la corrupción y fortalecer el marco regulador de las contrataciones del Estado.
Esta normativa, que fue propuesta por la exsenadora y ministra de Interior y Policía, Faride Raful, derogará la Ley 340-60, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, que data del 2006.
El director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, destacó que una de las tareas fundamentes de esta nueva ley es devolver el sistema de consecuencias, que fue eliminado en el mismo año que fue aprobada.
«Hay que decir que quienes aprobaron la ley de Contrataciones en el 2006, en el mismo año la modificaron y la extirparon, le eliminaron el régimen de consecuencias. En el 2006, con esa acción, se sembró el régimen de impunidad en la República Dominicana«, afirmó.
El mandatario y Pimentel hablaron del tema al encabezar el acto en el que se anunció que República Dominicana fue escogida por primera vez como sede de la Conferencia Internacional Anticorrupción (IACC), la cual se llevará a cabo en el 2026.
Prohibiciones que propone proyecto de ley
- El artículo 25 prohíbe a los exfuncionarios gestionar o representar intereses privados y particulares ante la institución a la que prestaron sus servicios, o ante las instituciones que les sean subordinadas, durante los 12 meses siguientes a la fecha de su salida del cargo.
- También castiga con uno a tres años de prisión a los que incurran en falsedad en las declaraciones juradas requeridas para registrarse como proveedor del Estado o para participar de un procedimiento de contratación.
- Además, sanciona con dos a cinco años de prisión y hasta multa de 50 salarios mínimos a los servidores del Estado que, en ejercicio de sus funciones intervengan en la tramitación, aprobación o celebración de un contrato, de manera dolosa, en violación al régimen de inhabilidades y prohibiciones previsto en la presente ley.
- El proyecto establece que, cada institución contratante deberá contar con un apartado integrado a su portal institucional en donde se agrupen las informaciones y documentaciones relativas a su actividad contractual, con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a estas.
- Establece que los proveedores podrán subcontratar la realización parcial de las prestaciones requeridas por hasta 30 % del monto del contrato, siempre que la persona propuesta cumpla con los requisitos de la ley.
Santo Domingo, R.D.-Las solicitudes de convocatoria de elecciones extraordinarias en La Vega fueron rechazadas este jueves por la Junta Central Electoral (JCE).
El órgano indicó que no tiene competencia legal para convocar a elecciones extraordinarias en el municipio, pese al vacío que se generó hace tres meses con la renuncia del alcalde Kelvin Cruz y la vicealcaldesa Amparo Custodio.
En sus motivaciones, la JCE acotó que la Ley 20-23, de Régimen Electoral, solo la faculta a convocar elecciones extraordinarias cuando se anulan las anteriores, aspecto que no ocurrió en este caso de La Vega.
«De la lectura del referido numeral 2 del artículo 95 se comprueba claramente que el legislador dominicano, al momento de definir los casos en los que procedería a convocar elecciones extraordinarias, no contempló el escenario que alegan los solicitantes, de lo cual se deduce que no existe competencia legal para que la Junta Central Electoral proceda a la convocatoria de elecciones extraordinarias en el municipio La Concepción de La Vega«, expresó el pleno del organismo electoral en uno de sus considerandos.
El exalcalde Kevin Cruz fue escogido con el 73 % de los votos de La Vega, fue juramentado en el cargo y lo asumió por casi cuatro meses, antes de que el presidente Luis Abinader lo designara ministro de Deportes. Su vicealcaldesa, Amparo Custodio, quien podía sucederlo en el puesto, renunció indicando que ese cargo debía ocuparlo un dirigente del Partido Revolucionario Moderno, que ganó la plaza.
Sin embargo, para resolver este impasse, la semana pasada el Concejo de Regidores de La Vega, revocó la renuncia de Custodio para que esta regresara a la alcaldía y el pasado 15 de noviembre fue juramentada como la nueva alcaldesa.
No obstante, los partidos de oposición Fuerza del Pueblo y de la Liberación Dominicana (PLD) insisten en que el Concejo de Regidores no tiene facultad para nombrar alcaldes. Los dos partidos han sometido recursos ante la justicia para tratar de revertir la decisión de los regidores.