Santo Domingo, RD.-Con todos los detalles fue presentada la querella por el Estado dominicano en contra de un grupo de 15 personas, y 25 empresas, en la que se hicieron público detalles del supuesto desfalco que ocurrió en las distribuidoras de electricidad durante varios años.Más Noticias
Querella detalla roles de entramado de corrupción en las Edes.
Santo Domingo, RD.-Con todos los detalles fue presentada la querella por el Estado dominicano en contra de un grupo de 15 personas, y 25 empresas, en la que se hicieron público detalles del supuesto desfalco que ocurrió en las distribuidoras de electricidad durante varios años.Los señalados en la querella son Rubén Jiménez Bichara; Luis Ernesto de León Núñez; Rubén Montás Domínguez; Radhamés del Carmen Maríñez; Julio César Correa; Maxy y Alexander Montilla Sierra; Juan Alexis Medina Sánchez; Messin Elías Márquez Sarraff; Domingo Antonio Santiago; Julián Esteban Suriel Suazo; Wacal Vernavel Méndez Pineda; Miguel Antonio Reyes Reyes; Peter Alexis Francisco Tejada y Dileisi de Jesús Rivera.
Entre los anteriormente mencionados los querellantes hicieron especial mención al hermano de la exprimera dama Cándida Montilla, Maxy Montilla, a quien se refieren como “el gigante asiático” o “el fantasma”, y fue culpado de cometer varias trasgresiones.
Asimismo, fue señalado como el líder de esta supuesta red criminal, que a través de su empresa y asociados lograron cientos de contratos que el Estado aseguró fueron fraudulentos por cantidades multimillonarias.
Solamente en Edeeste ganaron por lo menos 103 licitaciones valoradas en casi 3 mil millones de pesos, durante la gestión de su cuñado, el expresidente Danilo Medina.
Esto era logrado, según la querella, mediante la manipulación de documentos para hacer parecer que eran suplidores exclusivos en el país de una empresa internacional, que surtía al país de medidores de electricidad, logrando conseguir muchos de estos acuerdos.
Y si no ganaba el proceso de compra, procedía a venderle los productos a la compañía que sí lo hizo, ya que era el suplidor “exclusivo” de esos bienes, manteniendo una especie de monopolio en ese mercado.
“En vista de esta triangulación de hecho que realizaba el querellado, maniobra con la que obligaba a otras empresas a comprarle sus materiales, los beneficios reales que este recibió resultan incalculables”, leía la denuncia de las actuales autoridades del sector eléctrico.
El hermano del expresidente Danilo Medina y principal acusado de la Operación Antipulpo, Alexis, fue señalado en la querella como alguien que utilizó la influencia que ostentaba sobre funcionarios para colocar testaferros dentro de Edeeste.
Entre estos están el ya fallecido Omalto Gutiérrez Remigio, Julián Esteban Suriel Suazo, Wacal Vernavel Méndez Pineda y Márquez Sarraf, todos acusados de prestar sus nombres para tratar de disimular las supuestas actividades fraudulentas de Alexis.
El vínculo de estas sociedades con este querellado se comprueban porque: otorgaban poderes a empleados y relacionados a Alexis Medina para manejar las cuentas bancarias; la mayoría de las sociedades compartían domicilio con él; los apoderados y socios eran miembros de la Fundación Tornado Fuerzas Vivas de Alexis; y todas estas sociedades participaban de forma conjunta y exclusiva en los procesos de compra para aparentar una competencia.
De acuerdo con la querella, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (Cdeee) durante la gestión de Rubén Jiménez Bichara y en conjunto las empresas nombradas en la denuncia, se beneficiaron “mediante la estafa, la extorsión, el soborno, el desfalco y la sobrevaloración de precios, con contratos suscritos con las tres empresas distribuidoras de electricidad, Edeste, Edesur y Edenorte, por aproximadamente US$57,058,069 de fondos provenientes de organismos”.
El mecanismo de este supuesto entramado fue la utilización de fondos de financiamientos, que rondaron los 488 millones de dólares, siendo esta cantidad malversada por los encartados, para su enriquecimiento personal.
De León Núñez, cuñado de Danilo Medina vía su matrimonio con su hermana (e implicada en la Operación Antipulpo) Magalyz Medina, fue designado como administrador de Edeeste, y desde entonces utilizó su puesto para enriquecerse de manera ilícita, aseguró la parte querellante.
Sobre esto, aseveraron que esta Ede se convirtió en la “plataforma” que este encartado utilizó para adjudicar unos 132 procesos de compra (que ronda los 3,800 millones de pesos) fraudulentos, conspirando así con empleados con familiares, amigos y empleados.
Ese monto fue posteriormente repartido entre las compañías de allegados, usando licitaciones amañadas como cortina.
Similarmente mencionan una serie de directivos y funcionarios que participaron en este proceso, entre los que están Christian Ramón Cabral García, gerente de abastecimiento de Edeeste, encargado de invitar a la red societaria y empresas que no poseían perfil para los procesos de compras y contrataciones convocados.
Lewyn Castillo, analista de compras de la gerencia de abastecimiento, quien rendía informe económico de los procesos de compras y contrataciones en los que resultaban adjudicatarias las sociedades relacionadas al entramado.
El gerente de ingeniería y normas técnicas, Miguel Mañón, quien hacía los informes técnicos justificando las compras; Manuel Viñas, director de recursos, quien aprobaba y justificaba que la adquisición de los bienes y servicios se hiciera con las empresas del entramado societario, tarea que compartió con Hugo Bastardo, Juan M. Berroa, Miguel Martínez, Talleyrand Murat González y Jennyfer Contín.
Peter Alexis Francisco Tejada y Dileisi de Jesús Rivera
Ambos nombrados en esta querella, esta pareja de esposos fueron acusados de pertenecer a este presunto entramado y de beneficiarse de numerosos contratos estatales, obtenidos de manera fraudulenta.
Messin Elías Márquez Sarraff
Marquez Sarraf fue señalado como un testaferro de Alexis Medina, y de los hermanos Montilla Sierra.
Julián Esteban Suriel
Suriel Suazo fue, según los querellantes, uno de los que participaban directamente a través de sus empresas o de testaferros físicos y jurídicos, que participó en todas las licitaciones de Edeeste, sin importar las especificaciones o naturaleza de las mismas, cumpliendo así su rol dentro del entramado.
Santo Domingo, R.D.-Una medida precautoria solicitada por la Direccion General de Informacion y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) fue acogida este lunes por el Tribunal Superior Administrativo (TSA) que ordena a la Asociación Nacional de Clínicas Privadas (Andeclip) a abstenerse de suspender los servicios de salud mientras se conoce el fondo de la acción de amparo colectivo.
La decisión fue adoptada durante una audiencia virtual celebrada la mañana de este lunes, al amparo del artículo 86 de la Ley 137-11, tras considerar que existía un riesgo de vulneración del derecho fundamental a la salud de los afiliados.
- De acuerdo con el dictamen, con esta disposición queda sin efecto, de manera provisional, la suspensión de servicios que Andeclip había anunciado para este 14 de julio.
El tribunal acogió el argumento central de la DIDA de que ningún conflicto económico entre actores del Sistema Dominicano de Seguridad Social puede traducirse en la interrupción de los servicios de salud a los afiliados, quienes no forman parte de esa controversia.
Durante la audiencia, el Ministerio Público respaldó la solicitud presentada por la institución.
La acción judicial fue interpuesta por la DIDA luego de que Andeclip anunciara que suspendería los servicios electivos a los afiliados de Primera ARS y ARS Futuro, en reclamo de una revisión de las tarifas que reciben las clínicas privadas por parte de las administradoras de riesgos de salud.
Tras la decisión del tribunal, la DIDA reiteró su llamado a Andeclip y a las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) a permanecer en la mesa de diálogo coordinada por el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS).
- La institución reconoció que el reclamo tarifario de las clínicas es legítimo y debe ser atendido, pero insistió en que las diferencias deben resolverse por las vías institucionales, sin afectar la atención de los afiliados.
El director general de la DIDA, Elías Báez, valoró la decisión como una garantía para las familias dominicanas.
«Lo que se ha protegido hoy no es a una institución, sino el derecho de más de un millón de personas a no ver interrumpida su atención en salud. Reiteramos nuestro llamado al diálogo: el camino para resolver las diferencias tarifarias son los mecanismos que la ley establece, no la interrupción de los servicios», expresó.
El Tribunal Superior Administrativo fijó la continuación de la audiencia para el miércoles 15 de julio, cuando continuará el conocimiento de la acción de amparo colectivo presentada por la DIDA.
Mientras tanto, la institución informó que dará seguimiento al proceso y exhortó a los afiliados que enfrenten una negativa de servicios a comunicarse de inmediato con su centro de atención para recibir orientación y acompañamiento.
Santo Domingo, R.D.-Las autoridades del tránsito intentan mover, encajar y redistribuir cada pieza antes de que la pantalla quede completamente ocupada en el Gran Santo Domingo, las cuales son contraflujos, conos, restricciones de giros, agentes y rutas alternas que cambian según el volumen vehicular.
En el juego, la partida terminaba cuando los bloques se acumulaban hasta llenar la pantalla. En las calles, el equivalente es el colapso de la circulación: avenidas saturadas, vehículos detenidos y conductores atrapados durante largos períodos. Para evitar que el tránsito llegue a ese punto, la Digesett aplica al menos 12 tramos de contraflujo y siete canalizaciones con conos, dentro de una estrategia que se reajusta diariamente según los tapones, accidentes y obstáculos que aparecen en las vías.
Cada día, miles de conductores se enfrentan a largos tapones en las principales avenidas del Gran Santo Domingo, para intentar reducir el congestionamiento vehicular, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) aplica distintas medidas que se modifican de acuerdo con el comportamiento del tránsito y las condiciones que se presentan en las vías.
La principal medida es la habilitación de contraflujos durante las horas pico. Según explicó la institución a Diario Libre, esta estrategia consiste en utilizar uno o dos carriles de la vía opuesta para aumentar temporalmente la cantidad de carriles disponibles en el sentido donde se concentra el mayor flujo de vehículos.
Actualmente existen al menos 12 carriles de contraflujo. Los contraflujos se aplican en la avenida Padre Castellanos (antigua 17), George Washington, Abraham Lincoln, la autopista Duarte —desde el kilómetro 14 hasta el 9 y del kilómetro 32 al 25—, la avenida República de Colombia —desde PriceSmart hasta el Paseo de los Reyes Católicos—, Los Próceres —desde la República de Argentina hasta Erick Leona—, Santo Domingo Norte —desde la estación Hermanas Mirabal hasta la avenida John F. Kennedy por la Máximo Gómez—, el puente Duarte —desde el Farolito hasta la rampa del elevado de la avenida 27 de Febrero—, la avenida 25 de Febrero —desde el puente de la avenida España hasta la José Martí—, el Puente Flotante y la avenida México —desde la calle Altagracia hasta el puente de la avenida España—.
Además de los contraflujos, la Digesett mantiene agentes en puntos estratégicos para dirigir la circulación, identifica obstáculos en las vías públicas y coordina rutas alternas cuando se realizan actividades que puedan afectar la movilidad.
Otra de las estrategias implementadas por la institución es la canalización con conos, utilizada para reorganizar la circulación y mantener la continuidad del flujo vehicular en corredores de alta demanda. Mediante esta medida se redistribuyen los carriles durante las horas de mayor congestión para facilitar el desplazamiento de los vehículos.
La canalización con conos se aplica en al menos siete tramos. En la avenida John F. Kennedy —Lincoln-Ortega y Gasset, Tiradentes-Ortega y Gasset y Ortega y Gasset-Máximo Gómez—; en la avenida 27 de Febrero —Leopoldo Navarro-Máximo Gómez, Máximo Gómez-Tiradentes y Defilló-Churchill—, así como en la avenida Ortega y Gasset, entre Gustavo Mejía Ricart y Fantino Falco.
Durante el último año también se introdujeron nuevas medidas mediante el plan «RD Se Mueve», impulsado por el Gabinete de Transporte y el Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre (Intrant), que comenzó a implementarse en julio de 2025 con la primera fase de restricciones de giros a la izquierda en la avenida Lope de Vega.
Posteriormente, el programa fue ampliándose a otras intersecciones del Distrito Nacional.
La Digesett explicó que las medidas no son permanentes, sino que se ajustan de acuerdo con el comportamiento del tránsito y las condiciones que se presenten cada día.
Accidentes, vehículos averiados y otras eventualidades pueden provocar cambios en los contraflujos, las canalizaciones con conos o las rutas alternas para mantener la movilidad.
La institución indicó que mantiene un monitoreo continuo para evaluar la efectividad de estas acciones y realizar los ajustes que sean necesarios cuando las condiciones del tránsito así lo requieran.
Aunque la Digesett sostiene que las medidas implementadas han contribuido a agilizar la circulación, reducir obstrucciones y mejorar la continuidad del flujo vehicular, indicó que uno de los principales desafíos continúa siendo lograr que los conductores respeten las disposiciones establecidas.
La institución informó que continuará evaluando nuevas alternativas y trabajando de manera coordinada con otras entidades para realizar estudios de factibilidad que permitan implementar nuevas acciones orientadas a mejorar la movilidad y la seguridad vial.
Santo Domingo.- La meta es aprobar el Codigo Penal antes de que la ley entre en vigor, cuya declaración fue ofrecida por el Presidente Luis Abinader, quien agregó que el Gobierno impulsa correcciones al nuevo Código Penal.
“Se van a aprobar estos cambios antes del 3 de agosto, que es cuando entra la ley en vigencia”, declaró en una entrevista con José Monegro y Edith Febles, del Grupo de Medios Corripio.
Definió el proyecto aprobado como un “punto de partida”. Recordó que el Código fue sancionado tras quince años en el Congreso Nacional y, al promulgarse, se le fijó una «vacatio legis» de un año precisamente para hacer ajustes. “Ese plazo es el que ahora corre”, dijo y sobre esa base el Poder Ejecutivo depositó en las càmaras legislativas un texto consensuado y los legisladores dieron plazo hasta el miércoles para recibir sugerencias de otros sectores.
Entre los puntos a modificar, Abinader destacó los artículos sobre expresión y difusión del pensamiento, los que más ruido generaron. Aclaró que no son los únicos: hay cambios “de forma y algunas también de fondo” que la consultoría jurídica ya había advertido hace meses.
El presidente hizo autocrítica por los tiempos. “En eso hacemos mea culpa”, admitió, y repartió la responsabilidad entre Gobierno y sociedad civil por no revisar la norma apenas fue aprobada. Aun así, defendió que el proceso no fue improvisado: los contactos con sectores llevan dos meses, las discusiones sobre modificaciones unas cinco semanas, y hace dos semanas conversa directo con comunicadores. “En esas modificaciones todos estamos de acuerdo”, aseguró.
Sobre la llamada “ley mordaza”, Abinader rechazó que el Ejecutivo busque limitar la libertad de expresión. Recordó que un proyecto anterior sobre difusión del pensamiento fue entregado a la Sociedad Dominicana de Diarios y a especialistas, y el consenso salió de ellos “sin que yo le pusiera ni una coma”.
“Si hay algo que yo estoy preocupado es por la democracia de mi país”, sostuvo, y citó como prueba la reforma constitucional para impedir reelecciones indefinidas.
Reveló que él y su familia reciben calumnias a diario en redes, pero prefiere “poner una piel de cocodrilo” antes que prohibir. “Lo que más a mí me ayuda son las críticas”, dijo, sobre todo las que exponen problemas o corrupción. La fórmula que se discute busca proteger tanto la libre expresión como el honor de las personas. Afirmó que le interesa poder expresarse libremente cuando salga del gobierno en 2028.
Abinader señaló que la controversia actual no se vio cuando se votó el Código. “Ese código es de hace 15 años, ahí había muchos artículos que nadie los criticó”, recordó. Los “puntos calientes” de entonces eran otros, como las tres causales. Destacó que la pieza aumentó penas contra el crimen organizado y la corrupción, y llenó “muchísimos vacíos” del viejo código, por eso tuvo respaldo amplio.
En lo económico, defendió el plan anticrisis como “progresivo”: elimina el anticipo mensual para pymes desde enero, quitó el impuesto a nuevas empresas, bajó el sucesoral de 27% a 3% y retiró el gravamen a seguros de vida en el exterior. Los aumentos, dijo, recaen en empresas que venden más de mil millones y salarios sobre 400 mil pesos, mientras que los sueldos menores tendrán indexación.
Descartó una reforma fiscal integral: “Aquí no hay condiciones”. Gobernó con pandemia, guerra en Ucrania y la crisis haitiana, y aun así el país crece más de 4%, solo detrás de Guyana.
Sobre combustibles, negó alzas fuertes: se movieron 16% cuando el crudo subió 80%. El subsidio anual “se agotó en mayo” porque el país importa 70% de los líquidos. Anunció que se publicará “la fórmula” para transparentar el cálculo y reiteró que hace dos semanas bajan gasolina, gasoil y GLP.
sp-am