Santo Domingo, RD.-Con todos los detalles fue presentada la querella por el Estado dominicano en contra de un grupo de 15 personas, y 25 empresas, en la que se hicieron público detalles del supuesto desfalco que ocurrió en las distribuidoras de electricidad durante varios años.Más Noticias
Querella detalla roles de entramado de corrupción en las Edes.
Santo Domingo, RD.-Con todos los detalles fue presentada la querella por el Estado dominicano en contra de un grupo de 15 personas, y 25 empresas, en la que se hicieron público detalles del supuesto desfalco que ocurrió en las distribuidoras de electricidad durante varios años.Los señalados en la querella son Rubén Jiménez Bichara; Luis Ernesto de León Núñez; Rubén Montás Domínguez; Radhamés del Carmen Maríñez; Julio César Correa; Maxy y Alexander Montilla Sierra; Juan Alexis Medina Sánchez; Messin Elías Márquez Sarraff; Domingo Antonio Santiago; Julián Esteban Suriel Suazo; Wacal Vernavel Méndez Pineda; Miguel Antonio Reyes Reyes; Peter Alexis Francisco Tejada y Dileisi de Jesús Rivera.
Entre los anteriormente mencionados los querellantes hicieron especial mención al hermano de la exprimera dama Cándida Montilla, Maxy Montilla, a quien se refieren como “el gigante asiático” o “el fantasma”, y fue culpado de cometer varias trasgresiones.
Asimismo, fue señalado como el líder de esta supuesta red criminal, que a través de su empresa y asociados lograron cientos de contratos que el Estado aseguró fueron fraudulentos por cantidades multimillonarias.
Solamente en Edeeste ganaron por lo menos 103 licitaciones valoradas en casi 3 mil millones de pesos, durante la gestión de su cuñado, el expresidente Danilo Medina.
Esto era logrado, según la querella, mediante la manipulación de documentos para hacer parecer que eran suplidores exclusivos en el país de una empresa internacional, que surtía al país de medidores de electricidad, logrando conseguir muchos de estos acuerdos.
Y si no ganaba el proceso de compra, procedía a venderle los productos a la compañía que sí lo hizo, ya que era el suplidor “exclusivo” de esos bienes, manteniendo una especie de monopolio en ese mercado.
“En vista de esta triangulación de hecho que realizaba el querellado, maniobra con la que obligaba a otras empresas a comprarle sus materiales, los beneficios reales que este recibió resultan incalculables”, leía la denuncia de las actuales autoridades del sector eléctrico.
El hermano del expresidente Danilo Medina y principal acusado de la Operación Antipulpo, Alexis, fue señalado en la querella como alguien que utilizó la influencia que ostentaba sobre funcionarios para colocar testaferros dentro de Edeeste.
Entre estos están el ya fallecido Omalto Gutiérrez Remigio, Julián Esteban Suriel Suazo, Wacal Vernavel Méndez Pineda y Márquez Sarraf, todos acusados de prestar sus nombres para tratar de disimular las supuestas actividades fraudulentas de Alexis.
El vínculo de estas sociedades con este querellado se comprueban porque: otorgaban poderes a empleados y relacionados a Alexis Medina para manejar las cuentas bancarias; la mayoría de las sociedades compartían domicilio con él; los apoderados y socios eran miembros de la Fundación Tornado Fuerzas Vivas de Alexis; y todas estas sociedades participaban de forma conjunta y exclusiva en los procesos de compra para aparentar una competencia.
De acuerdo con la querella, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (Cdeee) durante la gestión de Rubén Jiménez Bichara y en conjunto las empresas nombradas en la denuncia, se beneficiaron “mediante la estafa, la extorsión, el soborno, el desfalco y la sobrevaloración de precios, con contratos suscritos con las tres empresas distribuidoras de electricidad, Edeste, Edesur y Edenorte, por aproximadamente US$57,058,069 de fondos provenientes de organismos”.
El mecanismo de este supuesto entramado fue la utilización de fondos de financiamientos, que rondaron los 488 millones de dólares, siendo esta cantidad malversada por los encartados, para su enriquecimiento personal.
De León Núñez, cuñado de Danilo Medina vía su matrimonio con su hermana (e implicada en la Operación Antipulpo) Magalyz Medina, fue designado como administrador de Edeeste, y desde entonces utilizó su puesto para enriquecerse de manera ilícita, aseguró la parte querellante.
Sobre esto, aseveraron que esta Ede se convirtió en la “plataforma” que este encartado utilizó para adjudicar unos 132 procesos de compra (que ronda los 3,800 millones de pesos) fraudulentos, conspirando así con empleados con familiares, amigos y empleados.
Ese monto fue posteriormente repartido entre las compañías de allegados, usando licitaciones amañadas como cortina.
Similarmente mencionan una serie de directivos y funcionarios que participaron en este proceso, entre los que están Christian Ramón Cabral García, gerente de abastecimiento de Edeeste, encargado de invitar a la red societaria y empresas que no poseían perfil para los procesos de compras y contrataciones convocados.
Lewyn Castillo, analista de compras de la gerencia de abastecimiento, quien rendía informe económico de los procesos de compras y contrataciones en los que resultaban adjudicatarias las sociedades relacionadas al entramado.
El gerente de ingeniería y normas técnicas, Miguel Mañón, quien hacía los informes técnicos justificando las compras; Manuel Viñas, director de recursos, quien aprobaba y justificaba que la adquisición de los bienes y servicios se hiciera con las empresas del entramado societario, tarea que compartió con Hugo Bastardo, Juan M. Berroa, Miguel Martínez, Talleyrand Murat González y Jennyfer Contín.
Peter Alexis Francisco Tejada y Dileisi de Jesús Rivera
Ambos nombrados en esta querella, esta pareja de esposos fueron acusados de pertenecer a este presunto entramado y de beneficiarse de numerosos contratos estatales, obtenidos de manera fraudulenta.
Messin Elías Márquez Sarraff
Marquez Sarraf fue señalado como un testaferro de Alexis Medina, y de los hermanos Montilla Sierra.
Julián Esteban Suriel
Suriel Suazo fue, según los querellantes, uno de los que participaban directamente a través de sus empresas o de testaferros físicos y jurídicos, que participó en todas las licitaciones de Edeeste, sin importar las especificaciones o naturaleza de las mismas, cumpliendo así su rol dentro del entramado.
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Tras triunfo de Trump, el Senado estudiará Código Penal «sin más presiones externas» de EE.UU.
Santo Domingo, R.D.-Motivado por la ascensión al poder del recién juramentado presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el senador Ramón Rogelio Genao promueve la versión del proyecto del Código Penal que no incluye eximentes para interrumpir los embarazos ni garantías de protección contra la discriminación por orientación sexual.
El autor de la pieza, el senador Ramón Rogelio Genao, argumentó que el nuevo proyecto del Código Penal será aprobado pronto en el Congreso porque será analizado «sin más presiones externas» de Estados Unidos para que en la pieza se contemplen penas menos severas para el aborto.
Genao, quien es representante del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) por La Vega, considera que durante el nuevo mandato de Trump, la República Dominicana ya no tendrá obstáculos para aprobar un Código Penal «de línea conservadora» porque el presidente de los Estados Unidos rechaza el aborto y la ideología de género.
«Las razones por las que el Código Penal ha corrido la suerte de ping pong legislativo, de aprobarse aquí y perimir allí, es fundamentalmente por una presión externa del gobierno y la embajada de los Estados Unidos», aseguró Genao.
En ese sentido, dijo que el proyecto que depositó en el Senado es cónsono con la Constitución porque respeta la vida desde la concepción hasta la muerte, deja fuera cualquier término de la ideología de género y condena el aborto en todas sus formas.
Próxima legislatura
La pieza que depositó Genao será analizada a partir del 27 de febrero en el Senado. Ese día inicia la próxima legislatura en el Congreso, que comprende 150 días de labor legislativa.
El proyecto deberá ser estudiado y aprobado en dos lecturas en el Senado y luego enviado a la Cámara de Diputados, donde seguirá el mismo trámite antes de ser observado o promulgado por el Poder Ejecutivo.
En sus artículos, la iniciativa elimina las tres causales que permitirían abortar y quita la discriminación por orientación sexual como un delito que merezca la prisión.
Ambos temas han sido objeto de división por años en el Congreso porque una corriente de legisladores ha impulsado que el aborto se despenalice si se practica para salvar la vida de la madre, si el feto es producto de una violación o si el producto tiene malformaciones que lo hacen incompatible con la vida. Mientras que otro grupo de congresistas apoya mantener la vida desde la concepción.
Además, el Código Penal ha estado frenado por la posibilidad de condenar con cárcel a quienes discriminen a cualquier persona por su orientación sexual.
Más de 20 años de vaivén legislativo
El polémico proyecto del Código Penal lleva más de 20 años dando vueltas en el Congreso Nacional sin una conclusión clara. La única vez que estuvo a punto de ser ley, fue frenado por el entonces presidente Danilo Medina, quien en el año 2016 entendió que la pieza debía contener las tres causales para interrumpir un embarazo. Recientemente, en julio del 2024, el presidente Luis Abinader dijo que la pieza requería más análisis.
Santo Domingo, R.D.-El presidente de la República, Luis Abinader, llegó este martes a Higüey para participar en los actos en honor a la Virgen de la Altagracia, celebrados en la Basílica
Entre las actividades figuraron una eucaristía, oficiada por Piergorgio Bertoldi, Nuncio Apostólico.
El mandatario arribó a la iglesia junto esposa Raquel Arbaje y la vicepresidenta Raquel Peña. Además de funcionarios del gobierno y vigilado por la seguridad.
Este martes miles de feligreses asistirán a las diversas misas realizadas con motivo al Día de Nuestra Señora de la Altagracia, madre protectora del pueblo dominicano.
Desde ayer cientos de feligreses de diversas partes del país se encuentran en la basílica que lleva el mismo nombre de la virgen, en Higüey, donde se ha organizado un operativo junto al Centro de Operaciones de Emergencia (COE) y la gobernación de la provincia La Altagracia.
Se espera, que este año, como ha sido costumbre, el presidente de la República, Luis Abinader, la primera dama, Raquel Arbaje, y la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, asistan a la misa y los actos conmemorativos.
Desde la tarde de ayer, un dispositivo de prevención vial se instaló desde el puente Juan Carlos, en la avenida Las Américas, hasta la Basílica de Higüey, incluyendo los tramos carreteros que unen las provincias del Este del país para dar respuesta ante los incidentes que se pudieran presentar.
El COE informó que más de 2.,000 personas y 98 ambulancias serán distribuidas en puntos estratégicos y que serán instalados 321 puestos de socorro en la región Este y 2 hospitales de campaña de la Cruz Roja Dominicana y la Defensa Civil serán ubicados dentro del área de la Basílica, donde también estará habilitado el Centro de Mando Móvil.
Santo Domingo, R.D.-Siete personas que fueron sorprendidas cuando intentaron ingresar al pais a ciudadanos haitianos en condición migratoria irregular fueron apresadas por la Dirección General de Migración (DGM).
El organismo precisó en un comunicado que tres de los inculpados fueron apresados en Baní, tres en Azua y uno en Pedernales.
Los atrapados en flagrante delito durante acciones de inteligencia de los agentes de la DGM fueron acusados de violar las leyes 285-04, que sanciona el transporte de personas con estatus migratorio irregular, y 137-03, sobre tráfico ilícito de migrantes y trata de personas. También se les atribuye violación del Código Penal.
La dirección jurídica de la DGM procesó los expedientes de los encausados y los remitió al Ministerio Público, organismo que los sometió a los tribunales correspondientes donde se impusieron medidas de coerción acordes al grado de culpabilidad.
El organismo no dio a conocer en torno a los nombres y las medidas de coerción aplicadas a los acusados.
Durante la gestión encabezada por el vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester han sido enviados a la Justicia alrededor de 50 personas por tráfico de indocumentados y otras violaciones a las leyes y normativas migratorias dominicanas. También se han hecho sometimientos por falsificación de documentos y por usurpación de funciones.
La DGM reiteró su compromiso de regular el ingreso y la permanencia de personas en el territorio dominicano y a no permitir que su personal imponga tratos inhumanos o arbitrarios, extorsión o aprovechamiento de la vulnerabilidad del inmigrante.