Latinoamericanas
Los salvadoreños redescubren las calles tras un año de «guerra» contra las pandillas
San Salvador.-Así ya uno puede caminar […], para mí está bueno eso, lo que ha hecho el señor presidente», dice a la AFP Norma Gómez, de 58 años, mientras vende ungüentos para la piel en una calle de San Salvador.Antes de que el presidente Nayib Bukele lanzara una «guerra» contra las pandillas en El Salvador, para cualquier persona era arriesgado cruzar del «territorio» dominado por una banda criminal al de otra.
Un año después la gente camina sin temor de un barrio a otro y miles de comerciantes dejaron de pagar extorsiones a las pandillas, pero organismos de derechos humanos y la Iglesia Católica critican los métodos de Bukele.
«Hoy tengo la confianza de que mi hija y mi hijo salgan de su escuela, y vayan solos a casa usando el transporte público, sin temor que pandilleros los vayan a interceptar», indica Mauricio Reyes, empleado de 51 años.
La Mara Salvatrucha y la Barrio 18, con sus dos facciones, habían establecido «fronteras» en las áreas que controlaban, donde todos tenían que someterse a sus reglas bajo riesgo de perder la vida.
Controlaban el 80% del territorio del país, según Bukele, y se financiaban con extorsiones y narcomenudeo, y negocios de transporte, comercios y moteles, ahora desmontados por las autoridades.
Tomaron el control territorial después del fin de la guerra civil (1980-1992) y se les atribuyen 120.000 muertes, más que las que hubo en el conflicto armado (75.000).
«Megacárcel»
Todo comenzó a cambiar el 27 de marzo de 2022. Por pedido de Bukele, el Congreso aprobó un régimen de excepción que faculta a la policía y al ejército a hacer arrestos masivos sin orden judicial, en respuesta a una escalada de violencia que dejó 87 muertos.
El presidente lanzó redadas masivas en ciudades y construyó la cárcel «más grande de América», para 40.000 reos. En imágenes divulgadas por Bukele se observa a cientos de presos tatuados, descalzos, encadenados y con sus torsos desnudos, vistiendo apenas un pantaloncillo blanco mientras son trasladados a esta prisión.
Más de 66.000 presuntos pandilleros han sido detenidos y Bukele parece cerca de acabar con estas temidas bandas.
Antes la inseguridad agobiaba a los salvadoreños, pero ahora el 92% admite que la seguridad mejoró, según una encuesta del diario La Prensa Gráfica. «La seguridad está buena, antes no. Hoy nos movemos libremente», dice a la AFP el vendedor ambulante Carlos Dueñas, de 57 años.
Lo positivo
El investigador Carlos Carcach, de la Escuela Superior de Economía y Negocios, declara a la AFP que «lo que es evidente es prácticamente la neutralización (…) y parece que es el desbaratamiento, de las estructuras pandilleriles, y eso es positivo».
Ahora «hay posibilidades reales de ingresar a múltiples colonias adonde anteriormente era sumamente difícil o riesgoso», reconoce la jefa del Instituto de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana, Laura Andrade.
Lo negativo
Carcach admite que hay también un efecto «negativo», pues se «ha completado el proceso de desarticulación de todo el andamiaje institucional en materia de seguridad púbica y derechos humanos».
Hubo una «cesión de derechos por parte de la población a cambio de una aparente o real mejoría en la seguridad», afirma.
Amnistía Internacional y Human Rights Watch han criticado los métodos de Bukele, lo mismo que la jerarquía católica.
En una misa en memoria del arzobispo Oscar Arnulfo Romero (asesinado en 1980), el cardenal Gregorio Rosa Chávez dijo el viernes que siente «tristeza, frustración, impotencia, vergüenza y sentido de culpa».
«Sentimos culpa porque muchos de nosotros nos hemos acobardado, nos hemos quedado mudos, nos hemos hundido en la indiferencia. Parecemos un pueblo anestesiado, acomodado en su pequeño mundo, gozando de una paz muy semejante a la paz de los cementerios», agregó el cardenal.
De su lado, el juez Juan Antonio Durán afirma que «ha sido un año nefasto» para la justicia «por las violaciones a los derechos humanos» de inocentes detenidos sin «el debido proceso».
Los jóvenes
Bukele aspira a la reelección en febrero de 2024.
«Sigo pensando que el régimen de excepción es una estrategia fundamentalmente de corte político, de corte electoral, y en ese sentido se va a mantener muy probablemente hasta después de las elecciones», dice a la AFP el académico José Miguel Cruz, de la Universidad Internacional de Florida (EEUU).
Antes los jóvenes eran los más afectados por la violencia pandillera, según el gobierno, pero muchos de ellos todavía tienen miedo.
«Antes nuestros jóvenes eran asediados por las pandillas […], ahora el joven sale con temor porque el régimen de excepción también se los va a llevar si le caen mal al soldado o al policía», dice a la AFP el fontanero José Sánchez, de 55 años.
Latinoamericanas
Tercer día de huelga de hambre avanza en demanda de libertad para presos políticos en Venezuela
Caracas, Venezuela.-Con cansancio, angustia y enfado, mujeres familiares de presos políticos entraron el lunes en su tercer día de huelga de hambre en Caracas para presionar por más excarcelaciones, tras aplazarse la semana pasada por segunda vez la aprobación de una ley de amnistía.
«Ya el cuerpo comienza a resentirse, pues. (Siento) mucha debilidad, cansancio cuando me levanto. Y bueno, ya ni siquiera se puede descansar. Dormir bien, nada de eso», cuenta a la AFP Evelin Quiaro, de 46 años, con una botella con agua y electrolitos a su lado.
Una decena de mujeres comenzó la huelga al romper el alba el 14 de febrero en la entrada de los calabozos de la Policía Nacional conocidos como Zona 7 en Caracas, donde acampan familias desde hace semanas.
Dentro permanecen unos 60 detenidos políticos y, según sus allegados, también están en huelga de hambre desde el sábado.
Sus caras demacradas muestran una debilidad que se entremezcla con rabia, angustia y desesperación.
«¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nos van a tener en esto?», se queja Quiaro. «Ya tenemos mucho tiempo acá durmiendo en carpas, conviviendo acá de una manera inhumana. O sea, ya las condiciones están al límite y nosotros también estamos al límite», denuncia.
– «Peligroso» –
Durante la madrugada del 14 de febrero fueron excarcelados 17 presos políticos de esos calabozos donde está también detenido el hijo de Quiaro de 30 años desde noviembre de 2025, acusado de terrorismo, asociación para delinquir y financiamiento al terrorismo.
«Tenemos la convicción de que esto tiene que surtir efecto», confía Quiaro.
Una de las diez mujeres tuvo que abandonar el ayuno por problemas de tensión, señala Rafael Arreaza, un médico que las asiste.
Enroscándose en una cadena, Narwin Gil, cuyo cuñado está preso pero su hermana fue excarcelada, cierra el paso a un agente que llega con comida para los guardias del centro de detención.
«Si nuestros familiares no comen, ellos tampoco deben comer», le dice al policía, que da media vuelta.
«¡Basta, basta! Y necesito no que sean uno ni sean dos, son todos, todos, todos los que están en Venezuela» deben salir, pide Gil. «Nosotras ninguna queremos estar aquí. No queremos estar aquí».
– «Desgastadas» –
Las mujeres se quejan del aplazamiento -dos veces- de la aprobación de una ley de amnistía que en teoría abarca los 27 años de chavismo gobernante. Se espera que la norma se traduzca en la libertad de cientos de detenidos.
La próxima sesión legislativa está pautada para el 19 de febrero cuando se prevé la discusión final de la normativa para su aprobación.
Es «terrible, terrible porque nos cambió nuestra dinámica», lamenta María Escalona, de 41 años, cuyo esposo está detenido desde septiembre.
«Mis niños pequeños (8 y 9 años) sufren porque no están con su papá. Entonces es estresante, es preocupante. Estamos desgastadas ya con esta huelga de hambre».
Escalona espera que la ley sea examinada el jueves. Pero ya no quiere esperar. «Quiero que salgan ya. Tiene que ser antes del jueves».
El opositor Edmundo González Urrutia, que reivindica la victoria en las presidenciales de 2024, se quejó desde su exilio en Madrid. «Detrás de cada preso político hay una familia que resiste. ¡Familias en huelga de hambre! Lo hacen porque sienten que no les dejan otra opción. Lo hacen desde el dolor y la angustia», escribió en X.
Más de 600 presos políticos siguen tras las rejas y 444 han conseguido libertad condicional desde el 8 de enero, según la ONG Foro Penal.
Agencia EFE
Puerto Príncipe, Haití.-Al menos 299 personas fueron asesinadas en enero de 2026 en Haití, víctimas de bala o de enfrentamientos, según reveló este miércoles un informe de la ONG local Orden de Defensores de los Derechos Humanos (Ordedh), que denuncia una «explosión de secuestros» que desafía la autoridad del Estado.
El balance estadístico elaborado por esta ONG local pone de relieve la hegemonía de los grupos armados, en particular de la coalición Viv Ansanm, responsable de un 42.81 % de la mortalidad registrada, según el informe.
«Paralelamente a esta carnicería, la industria del secuestro está experimentando un auge que paraliza el espíritu mismo de la población. A pesar de los repetidos anuncios y los escasos esfuerzos de la Policía Nacional de Haití (PNH), el secuestro sigue siendo un reto insuperable para la institución», indica el informe.
Estos datos revelan una concentración de la violencia mortal en el departamento del Oeste -donde se ubica la capital, Puerto Príncipe-, que por sí solo registra un 85.28 % de las muertes a escala nacional.
La ONG recordó que 2026 comenzó «con una constatación absolutamente sombría», debido a que «la vida humana en Haití parece haber perdido su valor sagrado».
«Los ciudadanos, atrapados entre la impotencia de las autoridades y la agresividad de los grupos armados, viven en un estado de sitio permanente», señaló.
También, la organización humanitaria apuntó que los resultados operativos de la Policía Nacional de Haití (PNH) «siguen siendo vagos y muy insuficientes ante la magnitud del desastre».
«Esta incapacidad para frenar los secuestros crea una sensación de abandono total, en la que el Estado parece espectador del sufrimiento de sus propios ciudadanos, entregados a merced de depredadores sin escrúpulos», indicó.
Exige tomar medidas
De acuerdo con la ONG, la magnitud de estos hechos exige una «toma de conciencia inmediata e inequívoca» por parte de los actores nacionales e internacionales.
Según ella, la situación exige una solidaridad activa y una intervención diplomática que vaya «más allá de las simples promesas de apoyo».
También, «es imperativo» que los socios de Haití reconozcan la actual emergencia humanitaria y de seguridad «como una prioridad absoluta, ya que cada día de retraso en la asistencia técnica y estratégica se traduce en nuevas pérdidas de vidas humanas», afirmó la Ordedh.
«La supervivencia de la nación depende de la capacidad de los actores nacionales e internacionales para restablecer, con carácter urgente, la autoridad de la ley y el respeto por la vida» dijo la ONG.
Haití vive una crisis política y social severa, y según la oficina de las Naciones Unidas en el país casi 6,000 personas murieron y otras 2,708 resultaron heridas en Haití en 2025 a causa de la violencia de las bandas y las operaciones de las fuerzas de seguridad para combatirlas.
BRASILIA.- Al menos quince personas han muerto y varias más han resultado heridas después de que el autobús en el que viajaban volcara a su paso por la localidad de São José da Tapera, en el oeste del estado de Alagoas, en el este de Brasil.
Entre los fallecidos hay tres menores de edad. El autobús transportaba a un total de 60 personas, quienes regresaban de una celebración católica en la localidad de Juazeiro do Norte, en el estado vecino de Ceará, informa el portal G1.
El gobernador de Alagoas, Paulo Dantas, ha lamentado informado de lo ocurrido en redes sociales, desde donde ha expresado su solidaridad para con las víctimas. «Ante esta tragedia que entristece a todo nuestro estado, he decretado luto oficial de tres días», ha anunciado.
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