Latinoamericanas
Los salvadoreños redescubren las calles tras un año de «guerra» contra las pandillas
San Salvador.-Así ya uno puede caminar […], para mí está bueno eso, lo que ha hecho el señor presidente», dice a la AFP Norma Gómez, de 58 años, mientras vende ungüentos para la piel en una calle de San Salvador.Antes de que el presidente Nayib Bukele lanzara una «guerra» contra las pandillas en El Salvador, para cualquier persona era arriesgado cruzar del «territorio» dominado por una banda criminal al de otra.
Un año después la gente camina sin temor de un barrio a otro y miles de comerciantes dejaron de pagar extorsiones a las pandillas, pero organismos de derechos humanos y la Iglesia Católica critican los métodos de Bukele.
«Hoy tengo la confianza de que mi hija y mi hijo salgan de su escuela, y vayan solos a casa usando el transporte público, sin temor que pandilleros los vayan a interceptar», indica Mauricio Reyes, empleado de 51 años.
La Mara Salvatrucha y la Barrio 18, con sus dos facciones, habían establecido «fronteras» en las áreas que controlaban, donde todos tenían que someterse a sus reglas bajo riesgo de perder la vida.
Controlaban el 80% del territorio del país, según Bukele, y se financiaban con extorsiones y narcomenudeo, y negocios de transporte, comercios y moteles, ahora desmontados por las autoridades.
Tomaron el control territorial después del fin de la guerra civil (1980-1992) y se les atribuyen 120.000 muertes, más que las que hubo en el conflicto armado (75.000).
«Megacárcel»
Todo comenzó a cambiar el 27 de marzo de 2022. Por pedido de Bukele, el Congreso aprobó un régimen de excepción que faculta a la policía y al ejército a hacer arrestos masivos sin orden judicial, en respuesta a una escalada de violencia que dejó 87 muertos.
El presidente lanzó redadas masivas en ciudades y construyó la cárcel «más grande de América», para 40.000 reos. En imágenes divulgadas por Bukele se observa a cientos de presos tatuados, descalzos, encadenados y con sus torsos desnudos, vistiendo apenas un pantaloncillo blanco mientras son trasladados a esta prisión.
Más de 66.000 presuntos pandilleros han sido detenidos y Bukele parece cerca de acabar con estas temidas bandas.
Antes la inseguridad agobiaba a los salvadoreños, pero ahora el 92% admite que la seguridad mejoró, según una encuesta del diario La Prensa Gráfica. «La seguridad está buena, antes no. Hoy nos movemos libremente», dice a la AFP el vendedor ambulante Carlos Dueñas, de 57 años.
Lo positivo
El investigador Carlos Carcach, de la Escuela Superior de Economía y Negocios, declara a la AFP que «lo que es evidente es prácticamente la neutralización (…) y parece que es el desbaratamiento, de las estructuras pandilleriles, y eso es positivo».
Ahora «hay posibilidades reales de ingresar a múltiples colonias adonde anteriormente era sumamente difícil o riesgoso», reconoce la jefa del Instituto de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana, Laura Andrade.
Lo negativo
Carcach admite que hay también un efecto «negativo», pues se «ha completado el proceso de desarticulación de todo el andamiaje institucional en materia de seguridad púbica y derechos humanos».
Hubo una «cesión de derechos por parte de la población a cambio de una aparente o real mejoría en la seguridad», afirma.
Amnistía Internacional y Human Rights Watch han criticado los métodos de Bukele, lo mismo que la jerarquía católica.
En una misa en memoria del arzobispo Oscar Arnulfo Romero (asesinado en 1980), el cardenal Gregorio Rosa Chávez dijo el viernes que siente «tristeza, frustración, impotencia, vergüenza y sentido de culpa».
«Sentimos culpa porque muchos de nosotros nos hemos acobardado, nos hemos quedado mudos, nos hemos hundido en la indiferencia. Parecemos un pueblo anestesiado, acomodado en su pequeño mundo, gozando de una paz muy semejante a la paz de los cementerios», agregó el cardenal.
De su lado, el juez Juan Antonio Durán afirma que «ha sido un año nefasto» para la justicia «por las violaciones a los derechos humanos» de inocentes detenidos sin «el debido proceso».
Los jóvenes
Bukele aspira a la reelección en febrero de 2024.
«Sigo pensando que el régimen de excepción es una estrategia fundamentalmente de corte político, de corte electoral, y en ese sentido se va a mantener muy probablemente hasta después de las elecciones», dice a la AFP el académico José Miguel Cruz, de la Universidad Internacional de Florida (EEUU).
Antes los jóvenes eran los más afectados por la violencia pandillera, según el gobierno, pero muchos de ellos todavía tienen miedo.
«Antes nuestros jóvenes eran asediados por las pandillas […], ahora el joven sale con temor porque el régimen de excepción también se los va a llevar si le caen mal al soldado o al policía», dice a la AFP el fontanero José Sánchez, de 55 años.
Latinoamericanas
El juicio de Maradona continúa con testimonios de agente inmobiliaria y dueño de la casa
Buenos Aires, (EFE).- El juicio sobre la muerte de Diego Armando Maradona, en el que están acusados siete profesionales de la salud, prosigue este martes con las declaraciones de Andrea Flavia Jordan, agente inmobiliaria que gestionó el alquiler de la casa donde falleció el ídolo, y Santiago Giorello, propietario de la vivienda.
Flavia Jordan, quien testificará ante el Tribunal Oral de lo Criminal N°3 de San Isidro, en las afueras de Buenos Aires, habló con la fiscalía en 2021, en declaraciones a las que tuvo acceso EFE, que “la casa la eligieron Diego y Gianinna” y que el contrato fue firmado por Jana Maradona.
Gianinna y Jana son hijas de Maradona.
Otro de los testigos confirmados es Santiago Giorello, propietario de la vivienda, quien en diciembre de 2020 declaró que cuando fue trasladado allí el astro del fútbol había manifestado sus dudas sobre si la vivienda era adecuada “porque abajo había baño pero sin ducha”.
“Se nos manifestó que él iba a tener asistencia médica permanente y que iba a haber una ambulancia. Yo, cuando fui ese jueves (19 de noviembre), no la vi por ningún lado”, afirmó.
Lo que dijeron los médicos
Este martes podrían sumarse otros testimonios si los querellantes repiten la estrategia de la audiencia anterior, cuando se llamó a declarar a Cristian Méndez (director de la Policía Científica cuando murió Maradona), el personal policial Valeria Stingo y Guadalupe Guillen y Juan Alberto Soto, encargado de la guardia del barrio cercado el día del fallecimiento, testigos que no habían sido anunciados de antemano.
El guardia Juan Alberto Soto aportó las anotaciones realizadas el 25 de noviembre en su libro de actas, donde dejó constancia que a las “12:15 (del mediodía) llamó Maxi, secretario de Maradona, pidiendo que un médico entrara en el barrio. Se llamó al propietario Colin (Campbell Yrigoyen) del lote 36 para que se presente”.
Yrigoyen, médico y vecino del barrio de San Andrés, dijo que cuando acudió a reanimar al astro argentino no tenía signos vitales desde hacía “una o dos horas” e indicó que solo hubo ambulancias estacionadas en la puerta del domicilio durante los primeros dos días de la estancia de Maradona en el lugar, a diferencia de lo que se había anunciado previamente.
Pinto dijo que, cuando llegó, hacía “más de dos horas” que Maradona estaba muerto, “por los signos de rigidez cadavérica”, que se manifiestan.
Maradona falleció a los 60 años el 25 de noviembre de 2020 y al momento de su muerte presentaba graves patologías hepáticas, cardíacas y pulmonares, según un informe forense presentado por la fiscalía.
También está procesada la enfermera Gisela Madrid, quien solicitó un juicio por jurados y será juzgada en un proceso que empezará durante el segundo semestre de este año, una vez finalizado el debate principal.
Los jueces Maximiliano Savarino, Verónica Di Tommaso y Julieta Makintach deberán determinar si siete de los ocho acusados son culpables del delito de homicidio simple con dolo eventual, que tiene una pena máxima de 25 años de prisión. EFE
Latinoamericanas
La mayoría de la población cubana sigue en apagón 24 horas después del colapso energético
Por Efe
Cuba.-Los trabajos para restablecer el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) en Cuba tras el apagón total de la víspera avanzaron el pasado sábado de forma lenta y laboriosa, mientras la mayoría de la población de la isla permanece sin corriente cuando se cumplen 24 horas del colapso.
La grave crisis energética cubana -que se retroalimenta con la crisis económica que lastra al país desde hace cinco años- se evidenció con el cuarto apagón nacional en menos de seis meses, fruto de la desestabilización del sistema por una avería en una subestación de La Habana.
Hasta el momento, según el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y la estatal Unión Eléctrica (UNE), se ha conseguido restablecer la corriente en zonas muy puntuales de casi todas las provincias del país, principalmente en torno a lo que las autoridades han denominado «centros vitales», como hospitales y centros de producción de alimentos.
En La Habana, donde el flujo había llegado durante la tarde a algunos barrios, un nuevo fallo durante las tareas de recuperación volvió a dejar sin corriente a toda la capital.
Sobre el horizonte temporal del apagón, Guerra evitó dar fechas concretas y reconoció que, aunque se han producido avances durante la jornada, y que siempre puede suceder algún imprevisto que retrase el restablecimiento del SEN.
A este respecto, el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, agregó que «durante esta noche y el día de mañana se estima la entrada progresiva del resto de las unidades».
En los últimos tres apagones nacionales, registrados en octubre, noviembre y diciembre de 2024, la UNE comenzó reactivando microsistemas (alimentados por grandes generadores que emplean fueloil o diésel) y luego procedió a interconectarlos y a llevar la corriente a las grandes centrales para poder encenderlas y sincronizarlas con el SEN.
Este complejo proceso de avance incierto -y en ocasiones con retrocesos- se prolongó durante varios días en los tres casos. El Gobierno llegó a suspender la actividad laboral y escolar en todo el país, algo sobre lo que las autoridades no se han pronunciado por el momento.
De acuerdo con el Minem y la UNE, la «desconexión» del SEN ocurrió sobre las 20.15 hora local (0:15 GMT) de este viernes, a raíz de una avería en la subestación de Diezmero, en las afueras de La Habana.
Esto provocó la salida en cadena de varias unidades de producción eléctrica con una «pérdida importante de generación en el occidente de Cuba» y, posteriormente, la «caída total» del sistema.
El SEN se encuentra desde hace meses en una situación muy precaria por las frecuentes averías en sus siete centrales termoeléctricas, con décadas de explotación y un déficit crónico de inversiones, y por la falta de diésel y fueloil para sus motores de generación distribuidos por todo el país, porque el Estado no cuenta con las divisas necesarias para importar suficiente.
Expertos independientes explican que la crisis energética se debe a una infrafinanciación crónica de este sector, completamente en manos del Estado cubano desde el triunfo de la revolución en 1959. El Gobierno apunta a los efectos de las sanciones estadounidenses en este ámbito.
Según diversos cálculos independientes, el Gobierno cubano precisaría entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reflotar el SEN, una inversión fuera de su alcance. Y cualquier solución sería posible tan sólo a largo plazo.
Los frecuentes apagones lastran la economía cubana, que se contrajo un 1,9 % en 2023 y no creció el año pasado, según estimaciones del propio Gobierno. De acuerdo a esas cifras, el PIB de la isla sigue por debajo de los niveles de 2019 y no lo superará este 2025, para el que el Ejecutivo prevé un avance del 1 %.
Los cortes también generan un fuerte descontento social y han sido detonante en los últimos años de inusuales protestas en la isla, como las masivas del 11 de julio de 2021, las del verano de 2022 en La Habana y Nuevitas (este) o las del 17 de marzo de 2024 en Santiago de Cuba (este) y otras localidades.
Agencias
REDACCIÓN INTERNACIONAL.- Siete personas murieron y al menos cuatro resultaron heridas en un ataque armado la noche del domingo en la comunidad de San José de Mendoza, en el municipio de Salamanca (Guanajuato, México), cuando una camioneta se detuvo cerca de la cancha de usos múltiples de la localidad y hombres armados comenzaron a disparar indiscriminadamente contra los presentes, informaron medios locales.
Entre las víctimas hay jóvenes, adolescentes e incluso al menos un menor de edad. Los servicios de emergencia, entre ellos la Guardia Nacional y la Cruz Roja, acudieron inmediatamente al lugar, donde se encontraron alrededor de 50 casquillos de rifles. Las autoridades locales restringieron el acceso a la comunidad e iniciaron operaciones de búsqueda de los atacantes, que huyeron en el mismo vehículo.
El alcalde de Salamanca, César Prieto, condenó el ataque y reiteró el compromiso de restablecer la paz en la región, haciendo hincapié en la necesidad de trabajar conjuntamente con las fuerzas federales para garantizar la seguridad. «No daremos un paso atrás en nuestra lucha por recuperar la paz en Salamanca. El atroz hecho que le arrebató la vida a personas inocentes en la comunidad de San José de Mendoza no quedará impune», escribió en sus redes sociales.
Salamanca se ha visto envuelta en una ola de violencia y este 2025 puede ser uno de los años más violentos en los tiempos recientes.