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Los salvadoreños redescubren las calles tras un año de «guerra» contra las pandillas
San Salvador.-Así ya uno puede caminar […], para mí está bueno eso, lo que ha hecho el señor presidente», dice a la AFP Norma Gómez, de 58 años, mientras vende ungüentos para la piel en una calle de San Salvador.Antes de que el presidente Nayib Bukele lanzara una «guerra» contra las pandillas en El Salvador, para cualquier persona era arriesgado cruzar del «territorio» dominado por una banda criminal al de otra.
Un año después la gente camina sin temor de un barrio a otro y miles de comerciantes dejaron de pagar extorsiones a las pandillas, pero organismos de derechos humanos y la Iglesia Católica critican los métodos de Bukele.
«Hoy tengo la confianza de que mi hija y mi hijo salgan de su escuela, y vayan solos a casa usando el transporte público, sin temor que pandilleros los vayan a interceptar», indica Mauricio Reyes, empleado de 51 años.
La Mara Salvatrucha y la Barrio 18, con sus dos facciones, habían establecido «fronteras» en las áreas que controlaban, donde todos tenían que someterse a sus reglas bajo riesgo de perder la vida.
Controlaban el 80% del territorio del país, según Bukele, y se financiaban con extorsiones y narcomenudeo, y negocios de transporte, comercios y moteles, ahora desmontados por las autoridades.
Tomaron el control territorial después del fin de la guerra civil (1980-1992) y se les atribuyen 120.000 muertes, más que las que hubo en el conflicto armado (75.000).
«Megacárcel»
Todo comenzó a cambiar el 27 de marzo de 2022. Por pedido de Bukele, el Congreso aprobó un régimen de excepción que faculta a la policía y al ejército a hacer arrestos masivos sin orden judicial, en respuesta a una escalada de violencia que dejó 87 muertos.
El presidente lanzó redadas masivas en ciudades y construyó la cárcel «más grande de América», para 40.000 reos. En imágenes divulgadas por Bukele se observa a cientos de presos tatuados, descalzos, encadenados y con sus torsos desnudos, vistiendo apenas un pantaloncillo blanco mientras son trasladados a esta prisión.
Más de 66.000 presuntos pandilleros han sido detenidos y Bukele parece cerca de acabar con estas temidas bandas.
Antes la inseguridad agobiaba a los salvadoreños, pero ahora el 92% admite que la seguridad mejoró, según una encuesta del diario La Prensa Gráfica. «La seguridad está buena, antes no. Hoy nos movemos libremente», dice a la AFP el vendedor ambulante Carlos Dueñas, de 57 años.
Lo positivo
El investigador Carlos Carcach, de la Escuela Superior de Economía y Negocios, declara a la AFP que «lo que es evidente es prácticamente la neutralización (…) y parece que es el desbaratamiento, de las estructuras pandilleriles, y eso es positivo».
Ahora «hay posibilidades reales de ingresar a múltiples colonias adonde anteriormente era sumamente difícil o riesgoso», reconoce la jefa del Instituto de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana, Laura Andrade.
Lo negativo
Carcach admite que hay también un efecto «negativo», pues se «ha completado el proceso de desarticulación de todo el andamiaje institucional en materia de seguridad púbica y derechos humanos».
Hubo una «cesión de derechos por parte de la población a cambio de una aparente o real mejoría en la seguridad», afirma.
Amnistía Internacional y Human Rights Watch han criticado los métodos de Bukele, lo mismo que la jerarquía católica.
En una misa en memoria del arzobispo Oscar Arnulfo Romero (asesinado en 1980), el cardenal Gregorio Rosa Chávez dijo el viernes que siente «tristeza, frustración, impotencia, vergüenza y sentido de culpa».
«Sentimos culpa porque muchos de nosotros nos hemos acobardado, nos hemos quedado mudos, nos hemos hundido en la indiferencia. Parecemos un pueblo anestesiado, acomodado en su pequeño mundo, gozando de una paz muy semejante a la paz de los cementerios», agregó el cardenal.
De su lado, el juez Juan Antonio Durán afirma que «ha sido un año nefasto» para la justicia «por las violaciones a los derechos humanos» de inocentes detenidos sin «el debido proceso».
Los jóvenes
Bukele aspira a la reelección en febrero de 2024.
«Sigo pensando que el régimen de excepción es una estrategia fundamentalmente de corte político, de corte electoral, y en ese sentido se va a mantener muy probablemente hasta después de las elecciones», dice a la AFP el académico José Miguel Cruz, de la Universidad Internacional de Florida (EEUU).
Antes los jóvenes eran los más afectados por la violencia pandillera, según el gobierno, pero muchos de ellos todavía tienen miedo.
«Antes nuestros jóvenes eran asediados por las pandillas […], ahora el joven sale con temor porque el régimen de excepción también se los va a llevar si le caen mal al soldado o al policía», dice a la AFP el fontanero José Sánchez, de 55 años.
Agencia Efe
La Paz.- El Gobierno de Bolivia informó este domingo que entre el 1 de enero y el 20 de abril las fuerzas antidroga del país confiscaron más de 20 toneladas de cocaína y a 119,17 toneladas de marihuana, algo que «supera» los resultados de otras gestiones.
El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani, dijo a los medios que en este tiempo también se destruyeron 24 laboratorios de cristalización y 504 fábricas de pasta base de cocaína además que se aprehendió a 1.048 personas e incautaron 16 aeronaves.
Estas cifras son parte de las 3.236 intervenciones que realizaron los efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar), explicó.
Asimismo, Mamani señaló que se confiscaron más de 114 toneladas de hojas de coca «estaban siendo desviadas a actividades ilícitas del narcotráfico», que incluye la que se produce en Perú y que los narcotraficantes trasladan hasta Bolivia.
El viceministro destacó los operativos que se efectuaron entre el 10 al 18 de este mes en los que se decomisó «más de una tonelada de cocaína» compuesta por 264,9 kilos de cloridrato o de alta pureza y 787 kilos de pasta base de la droga.
Las acciones de las fuerzas antinarcóticos se efectuaron en el municipio de Villa Tunari, en el Trópico del departamento central de Cochabamba, lo que representa una «afectación al narcotráfico en más de 3.166.764 dólares», apuntó Mamani.
Asimismo, mencionó que durante un operativo esta madrugada un grupo de 100 personas con palos, petardos, machetes y armas de fuego emboscaron en la población de Puerto Villarroel a un grupo de efectivos antidrogas que se dirigían a hacer un operativo.
El viceministro reportó que como resultado hay un efectivo herido y una otra persona afectada por un disparo, además que se registraron daños de consideración en dos vehículos oficiales.
También este fin de semana se incautaron 11,5 kilos de cocaína, oculta en un tablero de ajedrez que se enviaba como encomienda a España y que fue detectada por un can antidroga en una revisión de rutina en el aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz.
AGENCIA EFE
Ciudad de México.-La Embajada de Estados Unidos en México emitió este sábado una alerta de viaje por la inseguridad en Chiapas, estado de la frontera sur mexicana que afronta una ola de violencia del crimen organizado y disputas de los cárteles del narcotráfico.
La advertencia se produce «debido a la creciente violencia y preocupaciones de seguridad en Chiapas», por lo que los funcionarios estadounidenses tienen restricciones para viajar a la zona, según la información disponible en el sitio oficial de la Embajada.
El Gobierno estadounidense delimitó un área de peligro que incluye la mayor parte de la frontera entre Chiapas y Guatemala desde la costa del Pacífico hasta la Reserva de la Biósfera Montes Azules.
También abarca ciudades como Netzahualcóyotl, Ocosingo, El Ocote, San Francisco Pujiltic y Mapastepec.
En cambio, permite los viajes a Tapachula, la mayor ciudad de la frontera de México con Centroamérica.
«Monitoree la prensa local para actualizaciones y, en caso de emergencia, llame al 911. Revise sus planes de seguridad personal y siga las instrucciones de las autoridades locales», concluye la alerta.
La alerta se produce mientras crece la violencia en Chiapas por las disputas de los carteles del narcotráfico para controlar la frontera de México con Centroamérica.
Más de 100.000 niños y adolescentes resultaron afectados en 2023 en el estado por las disputas de los grupos criminales, según un informe de la Red por los Derechos de la Infancias en México (Redim) y la Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas (Redias).
Además, la advertencia coincide con la gira que realiza este fin de semana Claudia Sheinbuam, la candidata presidencial del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena), quien visitará la frontera sur.
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