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Los últimos días de Jeffrey Epstein
Por considerarlo de un gran interés como lección de vida, el periódico La República reproduce este reportaje de El País de España en el que se revelan los sufrimientos y riesgos para un hombre con una gran fortuna económica, pero que no pudo sobreponerse al sistema de justicia de los Estados Unidos.
Por PABLO GUIMÓN
El suicidio del financiero, acusado de tráfico sexual, destapa las irregularidades en la custodia del preso y las durísimas condiciones de la prisión federal donde esperaba juicio
El 6 de julio, Jeffrey Epstein, un millonario financiero que repartía su vida de lujo entre una mansión en el Upper East Side, otra en Palm Beach (Florida) y una isla privada en el Caribe, se convirtió en el recluso 76318-054 del Centro Correccional Metropolitano del sur de Manhattan. Su nueva residencia era un agujero de seis metros cuadrados, oscuro y húmedo, frecuentado por cucarachas y roedores, en una prisión saturada que ha alojado a algunos de los más famosos terroristas y narcotraficantes del mundo, cuyas tremendas condiciones han sido denunciadas recurrentemente por abogados y organizaciones humanitarias.
La prisión de alta seguridad, una mole de 12 plantas de color óxido enclavada entre Chinatown y Tribeca, fue abierta en 1975 para alojar a 500 reclusos. Pero en la actualidad se hacinan ahí dentro casi ocho centenares de presos, que esperan ser juzgados o sentenciados en Nueva York. Epstein acabó en la unidad 9 Sur, en la novena planta.
Se trata de la Unidad de Alojamiento Especial, la segunda más rigurosa, por detrás de la temida unidad 10 donde, por ejemplo, fue alojado El Chapo Guzmán, después de dos sonadas fugas de prisiones mexicanas. Las celdas son ocupadas normalmente por dos presos cada una. Se los escolta a la ducha, esposados, tres veces por semana. Epstein compartía celda con Nicholas Tartaglione, un exagente de policía acusado de asesinato y tráfico de cocaína.
Acostumbrado a moldear su entorno a golpe de talonario, Epstein pagaba a varios abogados para que fueran a visitarle, la única vía que le permitía escapar de la angustiosa rutina durante largos periodos de tiempo, que podían prolongarse hasta 12 horas. Se veía con ellos en una sala de reuniones, y pasaba largos ratos en silencio, sentado en una silla de plástico, o devorando los productos de las dos máquinas de vending. También, según The New York Times,transfirió a cuentas bancarias dinero destinado a otros presos, práctica habitual para evitar ataques. Pero pronto comprendió que ni todo el oro del mundo podría hacer su vida allí menos miserable.
Los abogados de Epstein solicitaron que se le permitiera depositar una cuantiosa fianza a cambio de trasladarlo, mientras esperaba el juicio, a su mansión de Manhattan, donde estaría sometido a una vigilancia constante que costearía el propio acusado. El 18 de julio, el juez denegó la solicitud, que calificó de “irremediablemente inadecuada”, dada la posibilidad de reincidencia y el riesgo de fuga debido a su elevado patrimonio.
Cinco días después, los guardias de la prisión encontraron a Epstein tendido medio inconsciente en el suelo, en posición fetal, con marcas en el cuello. Los funcionarios investigaron el incidente como un posible suicidio, pero no descartaron la posibilidad de que hubiera sido atacado por otro recluso. Incluso interrogaron a Tartaglione, su compañero de celda, que fue quien dio la voz de alarma.
Las lesiones de Epstein no revestían gravedad. Pero se decidió aplicar al recluso el protocolo de prevención de suicidios. Epstein permaneció seis días bajo este severo régimen de vigilancia en una celda especial. Después, a petición de sus abogados, que llegaron a alegar que sus lesiones en el cuello habían sido causadas por un ataque de Tartaglione, Epstein fue trasladado de vuelta a la 9 Sur. Allí pasó sus últimos 12 días de vida, con una supervisión reforzada que incluía revisiones cada media hora y la presencia de un compañero de celda. Lo tuvo los primeros días, pero este fue pronto trasladado y Epstein se quedó solo.
El Centro Correccional Metropolitano, en el sur de Manhattan, donde falleció Epstein. DON EMMERT AFP
Tres días después de regresar a la 9 Sur, Epstein recibió la visita de un abogado, David Schoen, que el acusado quería que se incorporara a su equipo de defensa. Estuvieron cinco horas reunidos. “Una cosa que puedo asegurar es que cuando lo dejé, estaba muy, muy animado”, declaró Schoen a The New York Times.
Pero en los días siguientes, Epstein empezó a mostrarse más bajo de ánimo. No se comunicaba con terceros, se aseaba menos, no se peinaba, se descuidó la barba y empezó a dormir en el suelo, según han declarado abogados y funcionarios de la prisión en el Times.
El viernes 9 de agosto, sus abogados llegaron temprano. Se sentaron con él en la sala de reuniones, durante horas, para explicarle que acababan de hacerse públicos nuevos documentos judiciales que ofrecían detalles escabrosos sobre sus acusaciones. No hay registro de lo que ocurrió en su celda cuando cayó la noche. Hay cámaras de videovigilancia en los pasillos, pero no en las celdas, ya que la ley federal restringe el uso de las mismas en lugares donde los presos pueden estar desnudos.
Solo 17 funcionarios cubrían el turno de noche en la prisión, dos de ellos asignados a la unidad 9 Sur. Los guardias debían realizar visitas a Epstein cada media hora. Pero, al menos entre las 3.30 y las 6.30, no lo vigilaron. Los dos funcionarios, según reveló la investigación posterior, se quedaron dormidos y, para encubrir su error, falsificaron el registro que estaban obligados a llevar.
Llevaban más horas trabajando que las reglamentarias, algo común en esta y otras penitenciarías federales, ahogadas de financiación como consecuencia de la reducción de gasto público de la Administración Trump. Uno de los funcionarios que custodiaba a Epstein no trabajaba vigilando a reclusos, pero se había ofrecido a hacerlo para obtener un sobresueldo. La otra, una mujer que sí estaba asignada en esa unidad, estaba trabajando horas extras.
A las 6.30 del sábado 10 de agosto, cuando realizaban su ronda, los funcionarios encontraron a Epstein con una sábana atada al cuello, colgado de la litera. Los reclusos oyeron gritos. “¡Respira, Epstein, respira!”. Se le practicaron maniobras de reanimación y fue trasladado a un hospital cercano, donde certificaron su muerte.
El domingo se llevó a cabo la autopsia. La forense jefa de la ciudad, Barbara Sampson, declaró que necesitaba más información antes de llegar a una conclusión definitiva, algo frecuente en estos casos. Epstein tenía roto el hioides. La fractura de dicho hueso suele indicar muerte por estrangulamiento, pero en varones, sobre todo de una edad avanzada, puede ser compatible con el ahorcamiento. El viernes por la tarde se conocieron los resultados de la autopsia:Epstein se había suicidado ahorcándose con una sábana.
El FBI y el Departamento de Justicia han abierto investigaciones para aclarar las “graves irregularidades” que, en palabras del propio fiscal general, William Barr, se produjeron en la custodia de uno de los presos de más alto perfil del país. Los abogados del fallecido han asegurado que llevarán a cabo su propia investigación. “Nadie debería morir en la cárcel”, declararon en un comunicado.
RIESGO DE SUICIDIO
El protocolo de prevención de suicidios, que se le aplicó durante seis días a Epstein después de un incidente el 23 de julio, incluye el traslado del preso a una celda especial de observación, rodeada de ventanas, con una cama atornillada al suelo y sin sábanas ni mantas. Todas las prisiones federales deben tener al menos una de estas celdas, que proporcionan “una visión sin obstáculos” del recluso y no deben tener “características arquitectónicas que puedan permitir la autolesión”.
La luz está encendida las 24 horas del día y los funcionarios, por turnos, se sientan en una habitación adyacente y monitorizan constantemente al preso, llevando un registro escrito de su comportamiento. Se les da alimentos que puedan comer con los dedos, sin cubiertos. Están en la celda hasta 23 horas al día, a menudo sin poder ducharse.
El régimen de vigilancia por suicidio está pensado para periodos de tiempo cortos, por el estrés que genera en el sujeto y en los funcionarios. Es el coordinador del programa, normalmente el psicólogo jefe de la prisión, quien determina que ya no hay “riesgo inminente de suicidio”, después de conducir una evaluación psicológica cara a cara con el preso.El riesgo de suicidio es tan alto en las prisiones federales que los guardias tiene acceso a un palo de madera con una cuchilla en un extremo para poder cortar rápidamente la sábana si encuentran a un preso colgado. No es público el dato de cuántas personas se han suicidado en el correccional de Manhattan, pero las cifras de la Oficina de Prisiones muestran que al menos 124 personas se quitaron la vida en centros penitenciarios federales entre 2010 y 2016.
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Fondos obtenidos de ayudas por COVID-19 habrían financiado complot contra Jovenel Moïse
Fiscales estadounidenses investigan el uso fraudulento de recursos de programas creados durante la pandemia para financiar parte de la operación que culminó con el asesinato del presidente haitiano en 2021.
MIAMI, Estados Unidos.– Dinero obtenido fraudulentamente de programas de asistencia económica creados por Estados Unidos durante la pandemia de COVID-19 habría sido utilizado para financiar parte de la conspiración que culminó con el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, ocurrido el 7 de julio de 2021.
La investigación de las autoridades estadounidenses sostiene que recursos procedentes de programas como el Paycheck Protection Program (PPP) y los préstamos de emergencia EIDL fueron desviados y utilizados para contribuir a la adquisición de armas, equipos tácticos y otros recursos vinculados con la operación.
Las autoridades también sitúan al sur de Florida como uno de los principales centros desde donde se habrían desarrollado actividades de planificación y financiamiento relacionadas con el complot.
El caso ha cobrado nueva relevancia tras el traslado desde Haití hacia Estados Unidos de 18 hombres acusados en relación con el magnicidio, quienes deberán enfrentar procesos ante la justicia federal estadounidense.
Trasladan 18 acusados a Estados Unidos
Los detenidos llegaron bajo custodia de autoridades estadounidenses y fueron puestos a disposición de la justicia federal en Miami.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó el traslado como parte de una nueva etapa de las investigaciones sobre el asesinato del mandatario haitiano.
El fiscal federal para el Distrito Sur de Florida, Jason Reding Quiñones, indicó que las autoridades continuarán investigando a las personas que presuntamente financiaron, facilitaron o participaron en la operación.
La investigación estadounidense se ha extendido durante años y ha permitido presentar cargos contra decenas de personas por distintos niveles de participación en la conspiración.
El rastro del dinero
Uno de los elementos que ha adquirido mayor importancia dentro del expediente es determinar de dónde procedieron los recursos utilizados para preparar la operación.
Según la investigación citada, parte del dinero habría sido obtenido fraudulentamente mediante programas federales creados para auxiliar a empresas y trabajadores afectados económicamente durante la pandemia.
Las autoridades estadounidenses atribuyen a Walter Veintemilla un papel importante dentro del esquema financiero. De acuerdo con el Departamento de Justicia, habría acordado aportar US$175,000 mediante un préstamo relacionado con recursos procedentes de los programas PPP y EIDL.
Otro financista vinculado al expediente fue condenado a 20 años de prisión por lavar cientos de miles de dólares provenientes fraudulentamente de esos programas y utilizados para contribuir al financiamiento de la conspiración.
Los investigadores sostienen que los recursos ayudaron a costear elementos necesarios para ejecutar la operación, mientras otros participantes habrían facilitado armas, municiones, chalecos antibalas, radios y equipos tácticos.
Intereses económicos detrás del complot
La investigación estadounidense también apunta a posibles intereses económicos de algunos de los organizadores.
De acuerdo con las autoridades, varias personas relacionadas con el plan buscaban obtener oportunidades comerciales y contratos con el Gobierno haitiano después de provocar un cambio de poder.
El plan habría evolucionado a través de diferentes etapas.
Las autoridades estadounidenses sostienen que inicialmente existió la intención de derrocar a Moïse y establecer un gobierno favorable a determinados intereses. Posteriormente se habría contemplado secuestrar al mandatario, hasta que finalmente la operación derivó en el ataque contra su residencia.
El asesinato de Jovenel Moïse
Durante la madrugada del 7 de julio de 2021, un grupo armado penetró en la residencia privada del presidente haitiano.
Moïse fue asesinado a tiros y su esposa, Martine Moïse, resultó gravemente herida.
Entre los participantes señalados por las investigaciones figuran exmilitares colombianos y otras personas de diferentes nacionalidades.
Otro elemento incorporado al expediente es que algunos de los participantes presuntamente utilizaron indumentaria y distintivos para aparentar que pertenecían a la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).
Las evidencias presentadas en los procesos judiciales incluyen fotografías de equipos tácticos, radios y distintivos relacionados con esa falsa identificación.
Cerca de 30 personas acusadas
La investigación estadounidense ha derivado en acusaciones contra alrededor de 30 personas por distintos delitos relacionados con la conspiración.
Los cargos varían según la participación atribuida a cada acusado e incluyen, entre otros, conspiración para matar o secuestrar a una persona fuera de Estados Unidos y delitos vinculados al fraude.
Cuatro de los principales acusados fueron declarados culpables en mayo por un jurado federal en Miami y enfrentan posibles condenas de cadena perpetua.
El traslado de los 18 detenidos desde Haití abre ahora una nueva etapa judicial en un caso que, cinco años después del magnicidio, continúa revelando detalles sobre cómo se habría organizado, financiado y ejecutado una de las operaciones criminales de mayor impacto político en la historia reciente del Caribe.
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CNN, MS NOW y Politico llevan a Trump ante los tribunales por veto en la Casa Blanca
Los tres medios cuestionan judicialmente la retirada de sus acreditaciones y sostienen que la decisión vulnera la libertad de prensa y el debido proceso protegidos por la Constitución estadounidense.
WASHINGTON, Estados Unidos.– La confrontación entre el presidente Donald Trump y varios de los principales medios de comunicación estadounidenses abrió un nuevo capítulo judicial luego de que CNN, MS NOW y Politico demandaran a su administración por impedir a sus periodistas acceder a la Casa Blanca.
Los medios acudieron al Tribunal Federal del Distrito de Columbia después de que las credenciales de sus periodistas fueran desactivadas y estos no pudieran ingresar al complejo presidencial.
La demanda sostiene que la decisión constituye una represalia basada en el contenido de su cobertura y plantea posibles violaciones de la Primera Enmienda, que protege las libertades de expresión y de prensa, así como de las garantías de debido proceso de la Quinta Enmienda.
Los demandantes solicitaron además una orden judicial temporal que permita restablecer su acceso mientras los tribunales deciden el fondo del conflicto. La acción fue presentada el lunes 21 de septiembre.
Trump defiende su decisión
El presidente había anunciado previamente la exclusión de los tres medios argumentando que difundían lo que él considera informaciones falsas.
Tras conocerse la demanda, Trump negó que su actuación constituya un ataque contra la libertad de prensa y sostuvo que sus cuestionamientos están dirigidos a lo que denomina “fake news”.
La Casa Blanca, por su parte, ha defendido que el acceso a sus instalaciones es un privilegio y no un derecho irrestricto.
Una controversia constitucional
El caso coloca nuevamente en discusión los límites que tiene un presidente estadounidense para controlar el acceso de periodistas a la sede del Poder Ejecutivo.
La Constitución no concede a los profesionales de la comunicación un derecho ilimitado a participar en todos los actos presidenciales ni a entrar en espacios restringidos. Sin embargo, precedentes judiciales han establecido límites a la capacidad del Gobierno para retirar acreditaciones arbitrariamente o discriminar a periodistas por el contenido o punto de vista de sus publicaciones.
Uno de los antecedentes relevantes es Sherrill v. Knight, de 1977, en el que una corte federal estableció garantías procesales relacionadas con las acreditaciones de prensa de la Casa Blanca.
La controversia actual plantea precisamente si la exclusión de CNN, MS NOW y Politico respondió a razones legítimas relacionadas con el control de acceso o si, como sostienen los demandantes, se produjo como consecuencia de una cobertura periodística que desagrada al presidente.
Antecedentes de enfrentamientos con la prensa
No es la primera vez que una controversia sobre las acreditaciones de periodistas durante una administración de Trump llega a los tribunales.
En 2018, durante su primer mandato, la Casa Blanca retiró temporalmente la credencial del entonces corresponsal de CNN Jim Acosta después de un enfrentamiento verbal con el mandatario durante una conferencia de prensa. Un juez federal ordenó posteriormente restituir temporalmente la acreditación.
Más recientemente, The Associated Press también sostuvo una disputa judicial con la administración después de que se restringiera su participación en determinados actos presidenciales.
Estos antecedentes son relevantes porque muestran la diferencia jurídica entre el control presidencial de espacios físicos especialmente restringidos y una eventual exclusión motivada por el contenido de la cobertura periodística.
El conflicto afecta la cobertura presidencial
La decisión contra CNN también repercutió en el denominado “pool” de prensa de la Casa Blanca, el sistema mediante el cual un grupo reducido de periodistas y camarógrafos cubre determinadas actividades presidenciales y comparte posteriormente el material con otros medios.
CNN tenía asignadas funciones dentro de ese esquema cuando se produjo la prohibición. La situación llevó a otras cadenas a suspender su participación en determinadas actividades del pool, ampliando el impacto de la controversia.
Los jueces tendrán la palabra
El conflicto deja ahora en manos de los tribunales una cuestión de alcance constitucional: hasta dónde puede llegar la autoridad presidencial para regular el acceso a la Casa Blanca sin convertir esa facultad en un mecanismo de represalia contra determinados medios por su línea de cobertura.
CNN, MS NOW y Politico sostienen que fueron excluidos precisamente por el contenido de sus informaciones. La administración Trump rechaza que se trate de un ataque contra la prensa y defiende su potestad para controlar el acceso a la sede presidencial.
El tribunal deberá determinar si las circunstancias concretas de la exclusión vulneraron las garantías constitucionales invocadas por los demandantes.
Más allá de la disputa entre Trump y tres organizaciones periodísticas, el resultado podría contribuir a precisar nuevamente los límites entre el poder presidencial, la libertad de prensa y el derecho del público a recibir información independiente sobre la actuación del Gobierno.
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Nepal mantiene las búsquedas 11 días después de la riada tras nuevos rescates con vida
Agencia Efe
Katmandú.- Nepal mantuvo este sábado las operaciones de búsqueda once días después de la riada que devastó el norte del país, alentado por los nuevos rescates con vida registrados en las últimas horas, mientras centenares de trabajadores continúan desaparecidos en centrales hidroeléctricas arrasadas por el agua y el barro.
El ministro del Interior, Sudhan Gurung, afirmó tras los rescates que los hallazgos habían dejado “un rayo de esperanza” y aseguró que las operaciones continuarían dentro de los túneles.
La búsqueda sigue activa en varios de los complejos hidroeléctricos más afectados, con apoyo de especialistas de la India, China y Corea del Sur, según las últimas actualizaciones oficiales del Gobierno nepalí.
Upper Trishuli-1 concentra uno de los mayores operativos: más de 1400 personas vinculadas al proyecto se encontraban ahí cuando se produjo la catástrofe; 557 permanecen sin localizar y alrededor de 115 podrían haber quedado atrapadas en la zona de la presa y el túnel principal, según la empresa promotora.
El último balance consolidado por la Policía de Nepal elevaba a 1.344 los cuerpos y restos humanos recuperados y a 4.887 las personas todavía sin localizar, mientras los cuerpos de seguridad participan en un operativo que continúa también en comunidades de Rasuwa y Nuwakot y a lo largo del corredor del Trishuli, donde equipos terrestres y helicópteros buscan desaparecidos, evacúan a afectados y llevan suministros a poblaciones aisladas por la destrucción de carreteras y puentes.