Internacionales
Los umbrales de España para el confinamiento, muy por detrás de los estándares internacionales
Los epidemiólogos alertan de que las medidas acordadas por Sanidad y Madrid llegan tarde y de que los límites para tomarlas son demasiado generosos
Madrid – .Si Madrid fuera una vivienda y el coronavirus el fuego, la comunidad estaría en llamas. En este símil de Javier del Águila, especialista en medicina preventiva y salud pública, los umbrales que se están acordando son “como discutir si se actúa cuando el incendio ha llegado a los cimientos o un poco antes”. “Ya es tarde”, opina.El Instituto de Salud Global de la Universidad de Harvard sitúa en 350 contagios por 100.000 habitantes el límite para un confinamiento domiciliario severo, algo que ni siquiera se contempla todavía en Madrid con más del doble de incidencia. Alemania ha acordado tomar medidas con 100 casos, el mismo número con el que Bélgica activa el nivel cuatro de restricciones, el más alto. En el Reino Unido se fijan en la R (el número de personas a las que contagia, de promedio, un positivo), pero está estableciendo confinamientos con 225 casos, como ha sucedido en la ciudad de Bolton. En Francia las medidas más duras se establecen a partir de los 150, pero reducen el umbral a 50 entre la población de más de 65 años.
Todos los expertos consultados coinciden, sin embargo, en que fijarse solamente en la incidencia es insuficiente. En este sentido, esos tres factores acordados entre Madrid y el Gobierno —que tendrán que ratificarse en la tarde de este miércoles en el Consejo Interterritorial de Sanidad— son más completos.
Pero, de nuevo, los umbrales complementarios son altos para los estándares internacionales. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que cuando más del 5% de las personas a las que se hace PCR dan positivo es un signo de transmisión comunitaria. El límite en España para establecer medidas será del 10%, la media nacional es del 11,2%, según el último informe del Ministerio de Sanidad, mientras en Madrid alcanza el 20,1%.
Con todas estas variables, López Acuña propone un indicador tipo semáforo. “Puede ser que la luz roja esté en lo que se acaba de definir, a lo que yo propondría medidas similares a la fase 1 de la desescalada”, explica. Estas son más estrictas en muchos aspectos de lo que se discute ahora. En este estadio se podía ir a terrazas, pero no a locales cerrados de hostelería, por ejemplo. Pero antes de este paso, Acuña también añadiría una luz ámbar, con unos 300 casos por 100.000 habitantes que tuvieran tendencias de incremento de positividad y presión asistencial, que podrían establecer restricciones similares a la fase 2. “Con esta solución nos habríamos ahorrado muchos problemas”, sentencia este experto en salud pública.
El problema, coinciden una decena de especialistas a los que este periódico ha consultado en los últimos días, es que ya es tarde para Madrid. La comunidad ha establecido esta semana nuevos protocolos para hacer pruebas PCR solo al entorno más cercano de los positivos y a las personas vulnerables. “Esto es reconocer que la epidemia está fuera de control y que se ha fracasado. Y ha sucedido porque lo han permitido”, señala Del Águila.
Aunque no hay una medida científicamente indiscutible a partir de la cual actuar con confinamientos más o menos estrictos, el problema de sobrepasar cifras como la de 500 por 100.000 habitantes es que rebasa por mucho los umbrales a partir de los cuales es posible mantener controlado el virus. “Desde luego, parece que el completar los estudios de contactos de forma efectiva cuando esa cantidad parece una tarea muy difícil de asegurar dado el número de cadenas y contactos que se hallarían y sobre los que hay que actuar”, opina Alberto García Basteiro, experto en salud pública del instituto de salud ISGlobal.
Por este motivo, en el acuerdo entre Sanidad y Madrid, cuyos detalles ha adelantado EL PAÍS, ha hecho una excepción: aunque algún municipio supere estos umbrales, no tendrá que tomar medidas restrictivas si los rastreadores tienen controlado el 90% de los contagios, algo que está muy lejos de suceder en las zonas más afectadas.
Una de las grandes cuestiones que se abren ahora, si es cierto que estas medidas llegan tarde, es: ¿serán suficientes? Las cifras se irán revisando cada semana para ir modulando las restricciones, pero son muchos los expertos que han alzado la voz reclamando algunas más duras y, sobre todo, distintas. Lo resume Del Águila: “Vamos tarde para tomar medidas suaves, del tipo 50% de ocupación en hostelería. Estás permitiendo comer en un interior, que es donde más riesgo hay, y prohíbes los parques infantiles, que son mucho más seguros. Quizás tenía sentido hace un mes, cuando se podía controlar, pero ahora mismo estamos en una situación en la que hay que pedir u obligar a la gente a que se quede en casa”.
elpais.com
Internacionales
Dominicano enfrenta cargos en Estados Unidos por presunto fraude de más de US$166 mil en ayudas sociales
Rodolfo Armando Fernández Guzmán es señalado de utilizar la identidad de un ciudadano estadounidense para acceder a programas de alimentación, servicios médicos y asistencia de vivienda en Massachusetts.
MASSACHUSETTS, ESTADOS UNIDOS. – Las autoridades federales estadounidenses presentaron cargos contra el dominicano Rodolfo Armando Fernández Guzmán, acusado de apropiarse de la identidad de un ciudadano norteamericano para obtener presuntamente beneficios gubernamentales valorados en US$166,479.25.
De acuerdo con los documentos judiciales divulgados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el acusado habría utilizado información personal ajena para acceder a distintos programas de asistencia social destinados a familias y personas que cumplen determinados requisitos económicos.
Las investigaciones señalan que Fernández Guzmán obtuvo presuntamente beneficios de alimentación, cobertura médica y subsidios de vivienda mediante el uso fraudulento de una identidad estadounidense.
Más de 166 mil dólares en beneficios bajo investigación
Según la acusación federal, los recursos supuestamente obtenidos por el dominicano corresponden a tres programas de asistencia pública:
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US$22,402 del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), destinado a facilitar la adquisición de alimentos.
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US$98,481.25 en beneficios de MassHealth, el sistema de cobertura médica de Massachusetts.
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US$45,596 mediante el programa de asistencia habitacional conocido como Sección 8, que ayuda a familias de bajos ingresos con el pago de alquileres.
El monto total de los beneficios cuestionados asciende a US$166,479.25, según las cantidades detalladas por las autoridades federales.
También habría conseguido documentos oficiales con identidad ajena
La investigación establece que Fernández Guzmán presuntamente empleó los datos personales de la víctima para tramitar documentos de identificación en dos estados norteamericanos.
Entre los documentos mencionados figuran dos tarjetas estatales de identificación, un permiso provisional para conducir y tres licencias de conducir emitidas en Massachusetts y Arizona.
Las autoridades consideran que estas actuaciones formarían parte de un esquema de suplantación de identidad que permitió al acusado realizar diversos trámites utilizando información personal que no le pertenecía.
El expediente también recoge que Fernández Guzmán habría sido condenado anteriormente por dos delitos graves en Arizona y que las sentencias de prisión fueron registradas bajo la identidad del ciudadano afectado.
Este último señalamiento también forma parte de las alegaciones presentadas por las autoridades y deberá ser valorado conforme a las pruebas correspondientes.
Caso forma parte de ofensiva federal contra fraudes sociales
El proceso contra el dominicano está incluido en una operación de alcance nacional desarrollada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en coordinación con el Departamento de Agricultura (USDA) y su Oficina del Inspector General.
La iniciativa busca identificar y perseguir presuntos esquemas de fraude relacionados con programas de asistencia económica financiados con fondos públicos.
Según las informaciones oficiales, las actuaciones iniciadas desde septiembre involucran a más de 40 acusados y abarcan posibles pérdidas cercanas a los US$45 millones.
De esa cantidad, aproximadamente US$42 millones corresponden a presuntas irregularidades vinculadas con el programa de asistencia alimentaria SNAP.
Las investigaciones han identificado diferentes modalidades delictivas, entre ellas la utilización de identidades sustraídas, dispositivos destinados a obtener información de tarjetas electrónicas y establecimientos comerciales presuntamente utilizados para desviar fondos públicos.
Autoridades intensifican investigaciones
En el operativo participan distintas dependencias federales encargadas de investigar delitos económicos y proteger los recursos destinados a programas de asistencia social.
Las actuaciones incluyen la colaboración de 13 fiscalías federales y otras autoridades estadounidenses.
El expediente contra Fernández Guzmán se tramita en el Distrito de Massachusetts, donde las autoridades deberán presentar los elementos probatorios que sustenten las imputaciones.
El caso pone de relieve la preocupación de las instituciones estadounidenses por los mecanismos de fraude que pueden afectar programas creados para atender necesidades básicas de alimentación, salud y vivienda.
Acusado conserva presunción de inocencia
Aunque las autoridades federales han presentado señalamientos sobre el supuesto uso de documentos ajenos y la obtención irregular de beneficios públicos, estas imputaciones todavía deben ser demostradas en el proceso judicial.
La presentación de cargos no constituye una declaración de culpabilidad.
Fernández Guzmán mantiene su derecho a la defensa y a la presunción de inocencia mientras no exista una decisión judicial que establezca su responsabilidad penal.
Fuente: Departamento de Justicia de Estados Unidos y Diario Libre USA, 26 de octubre de 2026.
Washington, Estados Unidos. – La ejecución de Nidal Hasan, condenado a muerte por la masacre ocurrida en la base militar de Fort Hood en 2009, será transmitida en vivo y tendrá carácter público, según informó este jueves un funcionario del Pentágono a la agencia AFP.
El funcionario, que habló bajo condición de anonimato, confirmó que el procedimiento será difundido en directo y señaló que se ofrecerán más detalles posteriormente. De concretarse, sería el primer fusilamiento ejecutado por las Fuerzas Armadas estadounidenses desde 1961.
Horas antes, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, había anunciado que la ejecución se realizaría mediante un pelotón de fusilamiento y que el público tendría la posibilidad de presenciarla.
“Será ejecutado por un pelotón de fusilamiento, como debe ser, y nos aseguraremos de que la gente pueda presenciarlo, que sea público”, expresó Hegseth durante una conversación con el influencer y activista conservador Jack Posobiec.
Las declaraciones fueron difundidas en un video compartido en la red social X por varias cuentas oficiales del Departamento de Defensa.
La masacre de Fort Hood
Nidal Hasan, quien se desempeñaba como psiquiatra del Ejército estadounidense, fue condenado a muerte por el ataque perpetrado en noviembre de 2009 en la instalación militar de Fort Hood, en Texas.
El tiroteo dejó 13 personas muertas y 30 heridas. Doce de las víctimas mortales y 30 de los heridos pertenecían a las Fuerzas Armadas.
Durante el ataque, Hasan fue alcanzado por disparos de una agente de la Policía civil, lo que le provocó una parálisis parcial.
El caso se convirtió en uno de los episodios de violencia más graves registrados en una instalación militar estadounidense y dio lugar a un proceso judicial que culminó con su condena a muerte.
El anuncio sobre la modalidad de ejecución ha generado atención por el carácter público que las autoridades pretenden darle y por el uso de un método que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos no emplean para ejecutar a un condenado desde hace más de seis décadas.
Agencia AP
Washington, Estados Unidos.-El presidente Donald Trump afirmó el jueves que no ordenará la reanudación de los ataques militares contra Irán antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato del 3 de noviembre en Estados Unidos.
Trump, mientras hacía campaña por los republicanos esta semana, insinuó que confiaba en que el desenlace de la guerra podría llegar en los días previos o posteriores a las elecciones, y también dejó entrever que seguía abierto a reanudar operaciones militares a gran escala contra Irán.
Durante semanas, Trump ha estado amenazando con que una escalada posterior a las elecciones en la guerra de siete meses de antigüedad sigue siendo una opción viable, pese a sus promesas iniciales a los estadounidenses de una campaña militar que duraría solo unas semanas.
Trump añadió que su equipo ha estado “manteniendo conversaciones productivas con la República Islámica de Irán”.
Estados Unidos e Irán firmaron en junio un acuerdo interino de corta duración, destinado a establecer un alto el fuego de 60 días y un marco para un acuerdo de paz permanente.
Las negociaciones parecían estar estancadas desde que Trump, a finales del mes pasado, rechazó públicamente la propuesta de Irán de reabrir el estrecho de Ormuz en un plazo de siete días si Estados Unidos cumplía ciertas condiciones.
Irán, sin embargo, indicó la semana pasada que había recibido una contrapropuesta de Estados Unidos. Y el ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, manifestó el jueves queprobablemente habrá una respuesta formal en cuestión de días.
Pero al mismo tiempo, Trump sugirió que tenía sentimientos encontrados sobre poner fin a la guerra en este momento.
“Creo que el acuerdo no es realmente algo que yo quiera hacer, pero ellos están dispuestos a ofrecernos cualquier cosa para que pare”, aseveró el mandatario.
pérdida de los flujos de petróleo
Irán ha perdido su casi control asfixiante sobre los flujos de petróleo a través de la vital vía marítima, con el Comando Central de Estados Unidos escoltando a los petroleros a través del estrecho por la noche con sus sistemas de localización apagados.
Eso, con la ayuda de oleoductos que evitan el estrecho, ha permitido a los países del Golfo Pérsico exportar petróleo a niveles casi anteriores a la guerra.
Pero Irán ha intensificado los ataques contra petroleros que pasan por el estrecho en los últimos días. Y en general, el tráfico marítimo sigue muy por debajo de los niveles anteriores a la guerra, al igual que los envíos de gas natural licuado y productos combustibles.
Los operadores de petroleros dispuestos a arriesgarse a pasar por el peligroso trayecto bajo la protección del Comando Central están en algunos casos cobrando tarifas de 1 millón de dólares al día o más, según analistas del transporte marítimo.
La situación se ha complicado aún más, ya que Arabia Saudí y el gobierno de Yemen han lanzado una campaña militar destinada a expulsar del estrecho de Bab el-Mandeb, otra ruta comercial crítica de Oriente Medio para el petróleo y otros bienes, a los rebeldes hutíes respaldados por Irán. Los hutíes, a su vez, están atacando aeropuertos saudíes e infraestructura clave en el reino con ataques de drones y misiles.
La publicación de Trump se produce mientras el ejército ha enviado más recursos a la región. Funcionarios de Estados Unidos han dicho que el portaaviones USS Theodore Roosevelt y sus buques escolta podrían llegar tan pronto como a finales de octubre.
El anuncio de Trump se hizo el mismo día en que el USS Abraham Lincoln debía llegar a su puerto base en San Diego tras un despliegue de duración récord en apoyo de la guerra contra Irán. Ha habido reportes de estrés entre la tripulación y de mala salud mental, así como de escasez de suministros, incluidos alimentos y productos de higiene.
El USS George Washington, que normalmente tiene su base en Asia, relevó al Lincoln en agosto. El otro portaaviones en Oriente Medio, el USS George H.W. Bush, ha estado desplegado durante unos seis meses, pero hizo escala en Phuket, Tailandia, para una visita al puerto hace varios días.