Análisis Noticiosos
Luce inviable la elección primaria simultánea con padrón de la JCE
Por Juan Bolívar Díaz
Si la propuesta de celebrar las elecciones primarias el mismo día, con padrón abierto y organizadas por la Junta Central Electoral divide desde ya las cúpulas de los partidos, con mayor razón se impone una fórmula de transacciónLa emergencia determinada por el paso del huracán Irma aplazó esta semana el interés de la comisión bicameral que promueve la ley de partidos por alcanzar consenso en el liderazgo político sobre la conveniencia de celebrar las elecciones primarias el mismo día, con padrón abierto y bajo organización de la Junta Central Electoral (JCE).
La propuesta divide a los partidos, incluso en su interior, y no cuenta con la aprobación de la JCE, además de que parece inviable por la cantidad de precandidaturas que implicaría, razones más que suficientes para que se imponga la necesidad de consenso, sin que sigan reduciendo los alcances democráticos del proyecto de ley.
En “los toques finales”
La comisión bicameral que estudia el proyecto de Ley de Partidos inició otra legislatura empeñada en encontrar consenso sobre esa pieza, empantanada básicamente en el dilema de si las elecciones primarias deben ser simultáneas y si con el padrón universal de electores o el de los militantes de partidos, así como en la cuota de candidaturas de las mujeres y si debe extenderse a los cargos directivos de las organizaciones política, y el tope de financiamiento.
Al comenzar la semana una delegación de la Comisión que preside el senador Arístide Victoria Yeb concluyó un largo periplo con los líderes políticos, al reunirse con el presidente Danilo Medina y el jueves se proponía socializar en el pleno de los comisionados las posiciones del mandatario y otros líderes políticos sobre los temas no consensuados. Pero ahí se atravesó el huracán Irma que paralizó el país a mitad de semana, relegando los trabajos.
Ya antes los comisionados e reunieron con dirigentes de los demás partidos mayoritarios, es decir del Partido Revolucionario Moderno, del Revolucionario Social Cristiano y del Partido Revolucionario Dominicano, entre los cuales tampoco hay consenso. También el lunes el Comité Político del PLD trató sobre el dilema, pero ante la dificultad para ponerse de acuerdo decidió convocar una reunión especial el próximo sábado 16, en la que adoptaría una posición definitiva.
Lo que prefiere Danilo
Tras la reunión de los subcomisionados con el presidente Medina, el vocero de los diputados del PRM, Alfredo Pacheco, confirmó lo que se rumorea hace tiempo: que el mandatario prefiere las primarias simultáneas, con el padrón universal, o abierto, y organizadas por la JCE. No quedó duda cuando el jueves Gonzalo Castillo, el ministro de Obras Públicas, del Comité Central del PLD, y prominente danilista, dijo: “nosotros apoyamos que se hagan las primarias con el padrón de la Junta y que sean simultáneas”.
Al igual que Medina, el presidente del PLD, Leonel Fernández, ha preferido no hablar públicamente sobre sus preferencias, pero algunos de sus más cercanos colaboradores, como Franklin Almeyda, han defendido que sea con el padrón del partido. Se ha dicho que las diferencias entre los peledeístas es de los factores que en los últimos años han frenado la aprobación de la Ley de Partidos.
Por su lado, el presidente en funciones del PRM, Roberto Fulcar, ratificó el martes la posición de ese partido: “la inclusión en la ley de las elecciones primarias simultáneas, organizadas por la JCE en base a los padrones internos de los partidos constituiría un paso de trascendental importancia para la institucionalidad democrática y la transparencia”.
Se ha dicho que en la comisión el PRSC ha sostenido una posición flexible, y Pacheco también reveló que ese partido ha propuesto una cumbre de dirigentes políticos para buscar consenso en una u otra dirección. Al reunirse en abril con la comisión bicameral, representantes de 12 partidos minoritarios plantearon que las primarias sean organizadas por las propias organizaciones políticas y no por la JCE.
La transacción lógica
El tranque principal es el padrón a utilizarse en las primarias, o elección de candidatos de los partidos, predominando que las organice la JCE, aunque tampoco en esto hay unanimidad. Sobre el padrón parece haber divergencias en todos los partidos, más allá de las posiciones oficiales fijadas. En tal situación, lo lógico sería que la ley dejara abiertas ambas posibilidades como establece el proyecto sometido por la JCE tras múltiples consultas, y que sean los estatutos de cada partido, que determinen de forma democrática el padrón que prefieran.
Se parte de que los padrones de los partidos son obsoletos y manipulables y que el abierto, de todos los ciudadanos, garantiza que a nadie se le excluya. Pero el mismo proyecto de ley, en su artículo 5 ya consensuado, establece que los partidos tendrán que mantener registrado y actualizado cada año ante la JCE su padrón de miembros, lo que de cumplirse aseguraría los derechos de todos.
Sería una vulneración de la autodeterminación de cada formación política, y generadora de conflictos internos, que la ley le imponga que un ciudadano que no sea miembro, pueda decidir sus candidatos. Sería absurdo someter a la gran mayoría de los partidos, de escasa militancia, a una votación de todos los ciudadanos, cuando sólo 2 de 27 obtuvieron más del 6 por ciento de los sufragios en las elecciones del 2016, y otros 2 sobre el 5 por ciento, e igual número sobre el 1 por ciento. Los 22 restantes menos del 1.
Propuesta impracticable
Parece haber predominado entre los partidos que sea la JCE la que organice las primarias simultáneamente y haga el cómputo, sin precisarse quién pagará el costo y si implica mayor financiamiento estatal a unos partidos que confiesan incapacidad de autogestión y no quieren rendir cuentas. El proyecto de la JCE indica que cada partido decidiría la fecha para escoger sus candidatos, entre un año y siete meses antes de cada elección, dejando las opciones de que sea organizada por esa institución o por el partido, pero en este caso bajo su supervisión y fiscalización.
La experiencia de los propios partidos no recomienda la concentración de la organización simultánea y el cómputo de la elección de candidatos de todos los partidos, por la multiplicidad de precandidatos que implicaría. El proyecto sugiere que para las primarias se permita hasta tres aspirantes por cargos, lo que triplicaría el esfuerzo del escrutinio de una elección nacional, y sin especificar cómo evitar que aspiren más de tres.
Asumiendo que sean sólo los cuatro partidos que obtuvieron más del 5 por ciento de la votación en los comicios del 2016, sólo pudiera realizarse en la presidencial y congresual que en mayo del 2020 involucraría 190 diputados, 32 senadores, presidente y vicepresidente, para un total de 224, que multiplicados por tres en cada partido involucraría 672 precandidatos y un total de 2 mil 688 entre los cuatro.
A partir del 2020, las elecciones municipales se adelantan a febrero, antes de las presidenciales, con 3 mil 982 cargos electivos, que con tres precandidatos por partido implicaría 11 mil 946, y multiplicados por los cuatro mayoritarios totalizaría 47 mil 784 precandidatos. Nadie puede prever cuánto tiempo se tomaría la JCE para computar los votos que obtengan cada uno en boletas separadas, pues no cabrían en una sola.
En los comicios del 15 de mayo del 2016, la JCE se tomó dos semanas para concluir el escrutinio de los votos de los 4 mil 206 candidatos, el 29 de mayo, dejando sin computar los resultados de cientos de colegios. Por su parte el PLD celebró primarias el 15 de diciembre del 2015 para elegir sólo a 15 candidatos a diputados y la mayoría de los municipales, y con muchas dificultades concluyó su cómputo el 27 de diciembre, también dos semanas después.
Real Ley de Partidos
Si el sistema político quisiera en verdad una real Ley de Partidos que rescate la institucionalidad democrática y revierta el desprestigio del sistema político, debería concentrarse en los aspectos fundamentales, dejando atrás el absurdo debate sobre las primarias. Todavía siguen negando el principio de la paridad de género. La transacción sería elevar la cuota de la mujer del 33 al mínimo del 40 por ciento, pero no sólo en las candidaturas, sino también en los cargos directivos de los partidos.
Sigue la resistencia a topes de financiamientos de partidos, precandidatos y candidatos. Lo consensuado por la comisión bicameral está evadiendo hacer transparente los ingresos y gastos y una más equitativa repartición del financiamiento estatal, así como sanciones disuasorias de violaciones y delitos electorales. Están reduciendo del 25 al 10 por ciento la proporción de este destinado a educación de sus miembros.
Para hacer el ridículo han consensuado un tope de las contribuciones individuales a los partidos en el 1 por ciento del mayor financiamiento estatal que reciba un partido, lo que en el 2016 hubiese sido 4 millones 190 mil pesos, unos 84 mil dólares, cuando en Estados Unidos es de 2 mil 500 dólares. La Ley de partidos puede terminar en una burla más del sistema partidista.-
Análisis Noticiosos
Naciones de la Amazonia boliviana trazan planes de vida para evitar su extinción
Seis pueblos del norte y noroeste del país plasman su lengua, costumbres y demandas en autodiagnósticos
Bolivia ha sido históricamente proyectada como el país más indígena de Sudamérica. La presidencia más longeva a cargo de un mandatario de origen nativo estuvo acompañada de un largo proceso institucional y social para reconocer la diversidad de sus habitantes. Por la cantidad de sus miembros y su empuje político, las culturas andinas, la aimara y la quechua, han protagonizado las mayores conquistas. Sin embargo, 30 de los 36 pueblos originarios reconocidos en la constitución boliviana provienen de la parte tropical y amazónica del país. La reducida cantidad de sus pobladores y su aislamiento geográfico los han llevado a ser constantemente postergados por el Estado. Tal vez de ahí surge un sentido de orgullo que los impulsa a mantener intacto su idioma y su vocación de gobernarse bajo sus propias normas.
La capacidad de reconocer el sonido de cada una de los cientos de especies de pájaros que existen, las miles de experimentaciones realizadas con plantas para descubrir qué dolores alivian o la herida generacional de la fiebre del caucho que obligó a su dispersión. Las naciones situadas en la parte de Bolivia atravesada por la Amazonia, en el norte y noroeste, comparten todas estas características, pero también padecen las mismas carencias. Las carreteras desde los poblados hasta las capitales más cercanas son precarias, al punto de volverse intransitables en época de lluvias, y a otras comunidades solo se llega en embarcación. Esto convierte en travesías el arribo de medicamentos, profesores y, en general, cualquier forma de conectividad con el exterior.
Como parte de la actual revalorización occidental del “pulmón del mundo”, la Cooperación Española ha puesto su atención en estas comunidades, asesorándolas para elaborar planes de vida y organizar sus demandas con el fin de generar incidencia. Ross Amils, integrante de la Cooperación Española dedicada al proyecto, denomina al proceso —que duró dos años— como autodiagnósticos comunitarios: “Son documentos creados por los pueblos para gestionar su relacionamiento con la administración del Estado. Hubo reuniones con instancias del gobierno local y municipal para plantear los principios de los planes de vida. Además, brindan un contexto de las naciones y de las necesidades que ellos perciben”.
Se elaboraron seis planes de vida para seis naciones (esse ejja, machineri, yaminahua, yuqui, kabineño y tacana), a partir de diagnósticos en 33 comunidades. Participaron instituciones como el Fondo Indígena para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob) y el Centro de Formación y Realización Cinematográfica. El proyecto también dio lugar a una exposición fotográfica en la oficina de la Cooperación Española en Santa Cruz de la Sierra, abierta hasta el 20 de mayo, donde se exhiben cortos documentales y objetos de algunas de las tribus.
El resultado es la fotografía de una región con culturas vivas y latentes. Lo que más sorprende, dada la reducida cantidad de habitantes en muchos casos, es la pervivencia de la lengua. La nación Yaminahua, por ejemplo, está conformada por 131 personas, de las cuales casi el 70 % domina el idioma homónimo, de acuerdo con los planes de vida. “El idioma no lo perdemos. Hasta los jóvenes, cuando salen a la ciudad, lo mantienen. Lo vemos como una ventaja”, explica la primera concejal de Puerto Yaminahua, Pilar Duri. Es más, como se indica en su documento pertinente, los 953 esse ejja dominan su idioma y aprendieron a hablar castellano solo al ingresar al colegio, porque es la lengua que dominan los profesores.
Para el nivel secundario, son pocos los docentes que se animan a emprender la travesía hacia estas poblaciones. Fátima Monje, presidenta de la comunidad Las Amalias —la más alejada de las seis que conforman a los esse ejja— explica cómo llegar desde la urbe más cercana: “Se debe navegar desde Riberalta durante 24 horas en embarcación fluvial. Existe otra vía, disponible solamente en época seca (de junio a noviembre): saliendo desde Riberalta, se viaja por una carretera sinuosa durante 11 horas hasta llegar a Ingavi; desde allí, se debe navegar dos horas hasta Las Amalias”.
Los machineri, por ejemplo, aprovechan su ubicación fronteriza con Brasil, sobre el río Acre, para cruzar al país vecino en busca de salud y otros servicios básicos. “Compramos todo en Brasil. Assis Brasil está a 10 kilómetros de nuestra comunidad, San Miguel de Machineri; Cobija —la capital de Pando, el único departamento de Bolivia totalmente amazónico— está a 110 y la carretera no siempre es transitable”, cuenta el capitán grande de esta nación, Leomir Flores. Los machineri, como los pueblos vecinos, viven en una Tierra Comunitaria de Origen (TCO), lo que les permite regirse por su propia forma de gobierno y sus normas internas.
Este logro fue conseguido tras el histórico desplazamiento a pie de más de 600 kilómetros desde el oriente del país hasta la sede de Gobierno en La Paz, en 1990, conocido como la Marcha por el Territorio y la Dignidad. El Estado se vio obligado a reconocer oficialmente, por primera vez, los territorios indígenas en tierras bajas y a otorgarles autonomía sobre su suelo. Como responsable de su nación, Flores se muestra preocupado. Las ayudas locales e internacionales prometidas suelen quedarse en anuncios o a medio ejecutar: “Visité Santa Cruz en 2024, La Paz el año pasado y en septiembre tuvimos una reunión con la Unión Europea. A todos les digo lo mismo: ‘No coordinen con la gente de la ciudad; somos nosotros quienes sufrimos’”.
Es común que en estos poblados alejados —relata Flores— existan centros de salud, pero sin equipamiento adecuado y casi nunca con médicos permanentes; el hospital más cercano puede estar a un día de distancia. “Cuando nos enfermamos, nos salvamos con remedios caseros o pidiendo a Dios que nos proteja; es la única forma”, lamenta el capitán. La medicina tradicional es de uso frecuente en la selva. En el plan de vida de los tacana, la población más numerosa del proyecto —poco más de 4.000 personas—, pero también la más dispersa, se detalla con qué plantas de su entorno se combate cada dolencia: para el reumatismo se hierve jengibre, eucalipto y una cabeza de ajo. En caso de diarrea, se toma como infusión la hoja de guayaba hervida junto con el cogollo del cayó.
El 30 % de los tacana combina medicina occidental y tradicional, y un 8 % confía únicamente en la segunda, según los documentos elaborados. El dato refuerza la visión de estas naciones: identidad y saber ancestral frente a la marginación. Duri sintetiza el sentir: “Ojalá tengamos un poco más de importancia como pueblo fronterizo. Aquí nacieron nuestros abuelos, nuestros padres y ahora nosotros nos vemos en la obligación de dejar la comunidad por las condiciones precarias. A migrar con nuestros hijos”.
elpais.com
Por José Cabral
La constitucionalización del derecho es un proceso definitivamente hermoso, ya que se apoya en el respeto y la preservación de los derechos fundamentales.
Sin embargo, cuando vamos a la realidad la perspectiva cambia y entonces cualquier ciudadano pasa de la emoción a la frustración.
Y no digo eso por la no ejecución de muchas de las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional, aunque no es para menos, sino porque se observa una especie de complicidad de todo el sistema para que el proceso de constitucionalización no tenga credibilidad.
Este criterio lo sustento porque en el marco del derecho es una de las metas más admiradas en una sociedad cuyas tradiciones son precisamente de no respeto a los derechos fundamentales.
El país siempre ha estado muy marcado por las conductas autoritarias, desde que nació como República, cuya superación han sido muy difícil por no decir imposible.
Las violaciones al principio de legalidad y de juridicidad es el pan de cada día en todo el sistema de justicia, pero que la respuesta a este problema es la posibilidad que tiene el justiciable de recurrir para hacer valer sus derechos.
La más seria debilidad de la democracia dominicana es la poca conciencia de su gente para que proceso como el de constitucionalización del derecho tenga éxito, pese a que se entiende que son muchos los que se inclinan por su fracaso.
Los esfuerzos deben ser mayores para que las cosas ocurran de otra manera e incluso el propio gobierno debía ser parte del montaje de una gran campaña nacional para que el proceso de constitucionalización tenga éxito.
Con ese propósito parte del presupuesto de publicidad del Gobierno debía estar concentrado en que la democracia aumente sus niveles de institucionalidad a través del respeto a la ley y a la Constitución.
Pero, necesariamente, tengo que preguntarme si realmente es posible un esfuerzo conjunto de todos, incluido el Tribunal Constitucional, para exigir, más que demandar o pedir, reforzar el proceso de constitucionalización del derecho mediante una gran campaña nacional a nivel de las escuelas públicas y privadas y de las universidades nacionales para crear conciencia de esta hermosa meta.
Igual debe ocurrir con la celebración de talleres para que el funcionario, incluido el Ministerio Público, actúan más apegado a los derechos fundamentales de la persona humana, lo que nos elevaría como sociedad del siglo XX!
Por José Cabral
La confrontación entre la política y el derecho está presente en prácticamente todos los Estados del planeta, sin importar el continente.
No hay un solo lugar del mundo en que no haya esta confrontación y casi siempre vence la política, porque es la que tiene el control del Estado, el poder público, independientemente de que tanto ha avanzado el derecho constitucional interno y externo de las naciones.
Un escenario donde esta confrontación es vista con mucha preocupación es en los Estados Unidos de América, pionero y principal referente del derecho constitucional difuso y del equilibrio de los poderes, el checks and balances, como se conoce en el derecho inglés, pero que ambos han quedado muy cuestionados a propósito de la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump.
El comportamiento de Trump ha puesto en tela de juicio la credibilidad de la democracia representativa, máxime en un país como Estados Unidos donde siempre se ha dicho a través de la sociología política de que es el primer Estado que se forma en el mundo sin influencias feudales, netamente capitalista y con una alta conciencia social.
Sin embargo, Trump no ha respetado la tradición nacida en los Estados Unidos y que ha impactado todo el mundo mediante el derecho constitucional, quien a través de sus órdenes ejecutivas viola el derecho interno y también el internacional con la imposición de aranceles a sus socios comerciales ilegalmente, cuya competencia es del Congreso porque se trata en realidad de un impuesto a las importaciones.
Sin embargo, este viernes la Suprema Corte de los Estados Unidos se empantalonó y declaró inconstitucionales los aranceles de Trump, pero inmediatamente el mandatario esgrimió su autoridad para imponer ahora bajo la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 un diez por ciento a todos los productos que vienen del exterior de la potencia del norte, cuya cláusula legal dice que le otorga poderes al jefe de Estado para abordar ciertos problemas fundamentales de pago internacional a través de recargos y otras restricciones especiales a las importaciones.
De cualquier modo, esta opción que ahora ha escogido Trump, es más controlada teóricamente por el Congreso Nacional de los Estados Unidos, pese a que ya está demostrado que eso para el jefe de Estado norteamericano no significa mucho.
La cuestión es que, pese a que parezca increíble, Donald Trump disfruta de su sueño de ser dictador, aunque sea por un día, en una nación que siempre ha sido ejemplo de institucionalidad para los demás países del planeta, ya que la violación general de las leyes en ese territorio no cabía en ninguna cabeza humana.
La realidad innegable es que la confrontación entre la política y el derecho está al rojo vivo en los Estados Unidos, cuyo mandatario en medio de una rueda de prensa ha lanzado ataques muy fuertes en contra de la Suprema Corte de Justicia que ha declarado ilegales los caprichosos aranceles de Trump.
Este fenómeno, que ocurre en la nación que siempre ha querido ser el ejemplo a seguir por el resto de los países, toma ribetes preocupantes, porque Donald Trump tiene el propósito, no sólo de desarticular y debilitar el derecho internacional para entrar a territorios ajenos como Pedro por su casa, como muy bien dice una expresión popular, sino que pretende hacer trizas el ordenamiento jurídico de la nación del norte para gobernar como todo un jefe de Estado del tercer mundo, donde la ley importa muy poco y las constituciones pueden definirse como de fachadas, es decir, que existen en el papel, pero no en la realidad.