Análisis Noticiosos
Luce inviable la elección primaria simultánea con padrón de la JCE
Por Juan Bolívar Díaz
Si la propuesta de celebrar las elecciones primarias el mismo día, con padrón abierto y organizadas por la Junta Central Electoral divide desde ya las cúpulas de los partidos, con mayor razón se impone una fórmula de transacciónLa emergencia determinada por el paso del huracán Irma aplazó esta semana el interés de la comisión bicameral que promueve la ley de partidos por alcanzar consenso en el liderazgo político sobre la conveniencia de celebrar las elecciones primarias el mismo día, con padrón abierto y bajo organización de la Junta Central Electoral (JCE).
La propuesta divide a los partidos, incluso en su interior, y no cuenta con la aprobación de la JCE, además de que parece inviable por la cantidad de precandidaturas que implicaría, razones más que suficientes para que se imponga la necesidad de consenso, sin que sigan reduciendo los alcances democráticos del proyecto de ley.
En “los toques finales”
La comisión bicameral que estudia el proyecto de Ley de Partidos inició otra legislatura empeñada en encontrar consenso sobre esa pieza, empantanada básicamente en el dilema de si las elecciones primarias deben ser simultáneas y si con el padrón universal de electores o el de los militantes de partidos, así como en la cuota de candidaturas de las mujeres y si debe extenderse a los cargos directivos de las organizaciones política, y el tope de financiamiento.
Al comenzar la semana una delegación de la Comisión que preside el senador Arístide Victoria Yeb concluyó un largo periplo con los líderes políticos, al reunirse con el presidente Danilo Medina y el jueves se proponía socializar en el pleno de los comisionados las posiciones del mandatario y otros líderes políticos sobre los temas no consensuados. Pero ahí se atravesó el huracán Irma que paralizó el país a mitad de semana, relegando los trabajos.
Ya antes los comisionados e reunieron con dirigentes de los demás partidos mayoritarios, es decir del Partido Revolucionario Moderno, del Revolucionario Social Cristiano y del Partido Revolucionario Dominicano, entre los cuales tampoco hay consenso. También el lunes el Comité Político del PLD trató sobre el dilema, pero ante la dificultad para ponerse de acuerdo decidió convocar una reunión especial el próximo sábado 16, en la que adoptaría una posición definitiva.
Lo que prefiere Danilo
Tras la reunión de los subcomisionados con el presidente Medina, el vocero de los diputados del PRM, Alfredo Pacheco, confirmó lo que se rumorea hace tiempo: que el mandatario prefiere las primarias simultáneas, con el padrón universal, o abierto, y organizadas por la JCE. No quedó duda cuando el jueves Gonzalo Castillo, el ministro de Obras Públicas, del Comité Central del PLD, y prominente danilista, dijo: “nosotros apoyamos que se hagan las primarias con el padrón de la Junta y que sean simultáneas”.
Al igual que Medina, el presidente del PLD, Leonel Fernández, ha preferido no hablar públicamente sobre sus preferencias, pero algunos de sus más cercanos colaboradores, como Franklin Almeyda, han defendido que sea con el padrón del partido. Se ha dicho que las diferencias entre los peledeístas es de los factores que en los últimos años han frenado la aprobación de la Ley de Partidos.
Por su lado, el presidente en funciones del PRM, Roberto Fulcar, ratificó el martes la posición de ese partido: “la inclusión en la ley de las elecciones primarias simultáneas, organizadas por la JCE en base a los padrones internos de los partidos constituiría un paso de trascendental importancia para la institucionalidad democrática y la transparencia”.
Se ha dicho que en la comisión el PRSC ha sostenido una posición flexible, y Pacheco también reveló que ese partido ha propuesto una cumbre de dirigentes políticos para buscar consenso en una u otra dirección. Al reunirse en abril con la comisión bicameral, representantes de 12 partidos minoritarios plantearon que las primarias sean organizadas por las propias organizaciones políticas y no por la JCE.
La transacción lógica
El tranque principal es el padrón a utilizarse en las primarias, o elección de candidatos de los partidos, predominando que las organice la JCE, aunque tampoco en esto hay unanimidad. Sobre el padrón parece haber divergencias en todos los partidos, más allá de las posiciones oficiales fijadas. En tal situación, lo lógico sería que la ley dejara abiertas ambas posibilidades como establece el proyecto sometido por la JCE tras múltiples consultas, y que sean los estatutos de cada partido, que determinen de forma democrática el padrón que prefieran.
Se parte de que los padrones de los partidos son obsoletos y manipulables y que el abierto, de todos los ciudadanos, garantiza que a nadie se le excluya. Pero el mismo proyecto de ley, en su artículo 5 ya consensuado, establece que los partidos tendrán que mantener registrado y actualizado cada año ante la JCE su padrón de miembros, lo que de cumplirse aseguraría los derechos de todos.
Sería una vulneración de la autodeterminación de cada formación política, y generadora de conflictos internos, que la ley le imponga que un ciudadano que no sea miembro, pueda decidir sus candidatos. Sería absurdo someter a la gran mayoría de los partidos, de escasa militancia, a una votación de todos los ciudadanos, cuando sólo 2 de 27 obtuvieron más del 6 por ciento de los sufragios en las elecciones del 2016, y otros 2 sobre el 5 por ciento, e igual número sobre el 1 por ciento. Los 22 restantes menos del 1.
Propuesta impracticable
Parece haber predominado entre los partidos que sea la JCE la que organice las primarias simultáneamente y haga el cómputo, sin precisarse quién pagará el costo y si implica mayor financiamiento estatal a unos partidos que confiesan incapacidad de autogestión y no quieren rendir cuentas. El proyecto de la JCE indica que cada partido decidiría la fecha para escoger sus candidatos, entre un año y siete meses antes de cada elección, dejando las opciones de que sea organizada por esa institución o por el partido, pero en este caso bajo su supervisión y fiscalización.
La experiencia de los propios partidos no recomienda la concentración de la organización simultánea y el cómputo de la elección de candidatos de todos los partidos, por la multiplicidad de precandidatos que implicaría. El proyecto sugiere que para las primarias se permita hasta tres aspirantes por cargos, lo que triplicaría el esfuerzo del escrutinio de una elección nacional, y sin especificar cómo evitar que aspiren más de tres.
Asumiendo que sean sólo los cuatro partidos que obtuvieron más del 5 por ciento de la votación en los comicios del 2016, sólo pudiera realizarse en la presidencial y congresual que en mayo del 2020 involucraría 190 diputados, 32 senadores, presidente y vicepresidente, para un total de 224, que multiplicados por tres en cada partido involucraría 672 precandidatos y un total de 2 mil 688 entre los cuatro.
A partir del 2020, las elecciones municipales se adelantan a febrero, antes de las presidenciales, con 3 mil 982 cargos electivos, que con tres precandidatos por partido implicaría 11 mil 946, y multiplicados por los cuatro mayoritarios totalizaría 47 mil 784 precandidatos. Nadie puede prever cuánto tiempo se tomaría la JCE para computar los votos que obtengan cada uno en boletas separadas, pues no cabrían en una sola.
En los comicios del 15 de mayo del 2016, la JCE se tomó dos semanas para concluir el escrutinio de los votos de los 4 mil 206 candidatos, el 29 de mayo, dejando sin computar los resultados de cientos de colegios. Por su parte el PLD celebró primarias el 15 de diciembre del 2015 para elegir sólo a 15 candidatos a diputados y la mayoría de los municipales, y con muchas dificultades concluyó su cómputo el 27 de diciembre, también dos semanas después.
Real Ley de Partidos
Si el sistema político quisiera en verdad una real Ley de Partidos que rescate la institucionalidad democrática y revierta el desprestigio del sistema político, debería concentrarse en los aspectos fundamentales, dejando atrás el absurdo debate sobre las primarias. Todavía siguen negando el principio de la paridad de género. La transacción sería elevar la cuota de la mujer del 33 al mínimo del 40 por ciento, pero no sólo en las candidaturas, sino también en los cargos directivos de los partidos.
Sigue la resistencia a topes de financiamientos de partidos, precandidatos y candidatos. Lo consensuado por la comisión bicameral está evadiendo hacer transparente los ingresos y gastos y una más equitativa repartición del financiamiento estatal, así como sanciones disuasorias de violaciones y delitos electorales. Están reduciendo del 25 al 10 por ciento la proporción de este destinado a educación de sus miembros.
Para hacer el ridículo han consensuado un tope de las contribuciones individuales a los partidos en el 1 por ciento del mayor financiamiento estatal que reciba un partido, lo que en el 2016 hubiese sido 4 millones 190 mil pesos, unos 84 mil dólares, cuando en Estados Unidos es de 2 mil 500 dólares. La Ley de partidos puede terminar en una burla más del sistema partidista.-
Por José Cabral
El presidente Luis Abinader ha dejado claro que en él predomina más la torpeza que la razón, dado que promulgó la Ley 13-26 que saca del escenario electoral dominicano las candidaturas independientes ajustadas a la Constitución por la sentencia TC/0788/24.
Desde que conocí a Abinader cuando era un simple aspirante a la Presidencia de la República nunca observé nada que pudiera reflejar o significar las habilidades y la formación necesarias para dirigir el Estado dominicano.
Con esta nueva torpeza queda claro que el proyecto en el Congreso Nacional era un plan del partido más anti-democrático que tiene el país, el Revolucionario Moderno, el cual luego de llegar al poder sirve para muy poca cosa.
El presidente con la promulgación de la ley aprobada por los senadores y diputados deja claro que está con las peores causas y que su proyección desde la Presidencia tiene más de simulación que de vocación democrática.
La pregunta que se haría cualquier persona sensata es qué gana el presidente Abinader con promulgar y convertir en ley una propuesta que no hace otra cosa que dañar la democracia dominicana y que además lesiona la vida institucional de la nación.
Abinader ha querido conjuntamente con los tarados que conforman el Congreso Nacional extirpar las vías que pueden servir para mejorar la democracia nacional, la cual ya prácticamente no tiene legitimidad.
La verdad que no entiendo la razón por la que Abinader no ha logrado superar su torpeza en los años que lleva al frente del Estado dominicano, cuya sin razón ya se ha expresado en una multiplicidad de veces durante sus periodos de gobierno.
Sin embargo, hay un detalle que llama a la atención y es que quien fuera presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, permita que eso ocurra sin renunciar como Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, a menos de que su consejo haya sido que ese contrasentido fuera promulgado.
Ante la torpeza del presidente Abinader sólo queda la interposición de una acción directa de inconstitucionalidad ante el mismo Tribunal Constitucional para que por lógica jurídica predomine la jurisprudencia sentada por la alta corte.
Luis Abinader y su aberrante PRM deben recibir una lección de un profundo contenido político y social, ya que la sociedad no debe tolerar otra torpeza más en contra del deseo de cambio del ciudadano ante el comportamiento distorsionado de los partidos políticos.
Considero que con la promulgación de semejante disparate jurídico queda confirmado que se trata de una confrontación entre la política y el derecho, porque en los partidos pesa más el miedo que la vergüenza.
Por José Cabral
No me queda la menor duda de que la partidocracia aprovecha todo su poder para lesionar la democracia, sobre todo cuando surgen vías que puedan mejorarla.
No hay motivo para no creer que es así, pero la aprobación en el Senado y puede decirse que también prácticamente en la Cámara de Diputados de un proyecto que busca sepultar las candidaturas independientes, confirma de lo que son capaces los partidos políticos.
Lo que espero es que inmediatamente esta travesura del Congreso Nacional termine su proceso en esta instancia del Estado, pase al Poder Ejecutivo para su observación o promulgación, cuya decisión, entonces, permitirá tener una idea más clara de qué tanto la irracionalidad se ha apropiado del Partido Revolucionario Moderno y de sus dirigentes y militantes.
La pregunta que me hago es si el presidente Abinader cometería la torpeza de adherirse al despropósito de los legisladores de prácticamente todos los partidos políticos, que su ceguera no les permite ver hasta dónde llega su facultad en el sistema democrático.
Todo esto lo digo en razón de que lo que hacen los diputados y senadores es romper con el orden institucional de la Nación y si para colmo Abinader, jefe del Estado dominicano, se suma a semejante travesura, entonces podría decirse que todo constitucionalmente hablando está perdido.
Naturalmente, habría que ver cuál es la asesoría que recibiría en esta materia de un hombre con una amplia trayectoria en asuntos jurídicos y que ahora funge como consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa, expresidente de la Suprema Corte de Justicia.
No hay que saber tanto de derecho para entender que aún una persona como Subero Isa esté en favor o en contra de la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, la TC/0788/24, no puede haber otra decisión que respetarla para preservar el orden institucional y la supremacía de la constitución de la República.
El orden jurídico nacional se rige por el principio de legalidad y la decisión del Tribunal Constitucional se ajusta a lo que dispone el artículo 47 de la Ley 137-11 en lo concerniente a la interpretación de aquellas normas que violentan la carta magna, cuya ley orgánica se deriva del mandato de los artículos 184 y 185 de la ley de leyes del país.
De manera, que cualquier decisión del presidente de la República tiene que ser en el marco de lo que dispone la Constitución de la República, cuyas candidaturas independientes son el producto de lo consignado por el constituyente en el artículo 22 de la carta magna.
Al ser así, el presidente Abinader no puede tomar otra decisión que no sea observar lo aprobado por los senadores y diputados, porque de lo contrario ese proyecto tendría una muerte segura mediante una acción directa de inconstitucionalidad ante el propio TC.
Por José Cabral.
La partidocracia dominicana está sumergida en un pantano de lodo que tiene profundas raíces culturales, cuya salvación no la puede proporcionar nadie, absolutamente nadie, porque luce algo difícil, por no decir imposible, ya que hay una famosa expresion aplicable a este caso que dice que: «árbol que nació torcido nadie lo endereza».
La figura del depredador está dentro del espíritu de los actores de la vida política partidaria de la nación, pero esa condición no es fruto del capricho de uno o dos de los que conforman la partidocracia, sino de prácticamente todos sus dirigentes y militantes, porque se trata de una visión de vida asociada con una explicación cultural, no de otra cosa.
Hay quienes justifican este comportamiento que hoy sumerge a los partidos políticos en el peor de los descréditos al atraso y la pobreza que ha caracterizado al país desde mucho antes de su nacimiento como república.
Sin embargo, la realidad es que, aunque esas consideraciones sean muy atendibles, porque ahí también entra la baja educación ciudadana, lo cierto es que en el país se ha desarrollado una visión de vida que lleva a la mayoría de la gente a sólo pensar en la adquisición de bienes materiales, aun aquellos que lo tienen todo, sin importar su procedencia.
En mi opinión, aparte de lo cultural, se suma la entrada salvaje del neoliberalismo que se ha llevado de paro los valores cívicos y morales y puede decirse que se ha robado al dominicano que ahora su princial meta es identificar la vía que le permita de forma más fácil y rápida acumular fortunas.
Yo he dicho en otras ocasiones que en el país la mayoría de los políticos quieren llegar al control del Estado para llevarse a sus bolsillos el dinero del patrimonio público, cuya principal desfachatez es que después de sus travesuras someter un proyecto de ley para atacar la corrupción.
Entonces, todo el que busca fortunas fáciles en el país tiene dos caminos para tenerlas y son el narcotráfico y la política que se ejerce a través de los partidos políticos, pequeños, medianos y grandes, cuyos dirigentes saben muy bien que cuando se prestan al juego de los que tienen mayor aceptación popular, no sólo reciben dinero de la Junta Central Electoral, sino también de la ocupación de un cargo público cuando se convierte en bisagra del que ha sido elegido para dirigir los destinos nacionales.
El problema es sumamente grave y preocupante y por esa razón a la partidocracia le importa muy poco el destino de la democracia nacional, sino buscar más dinero para el bolsillo de cúpula dirigencial, lo que explica que no respete el mandato constitucional del que se derivan las candidaturas independientes.
Por esta y otras muchas más razones sostengo que la derrota de la partidocracia en esta confrontación entre la política y el derecho va a depender de cómo se asuma la actitud del Congreso Nacional de anular una opción que no es caprichosa, sino que está consignada en la Constitución de la República, ley suprema de la nación.
Yo tengo la esperanza de que la partidocracia sea derrotada como ha ocurrido en la historia de la República Dominicana, en la que personajes con mucha sensibilidad patriótica se han armado de coraje y les han cortado las cabezas a férreas dictaduras que han retrasado el avance de la democracia nacional.
Todo el mundo sabe que, así como el doctor Joaquín Balaguer proclamaba que la Constitución no era más que un pedazo de papel, cuyo concepto aun prevalece en los nuevos actores de la vida política nacional, pero con la diferencia de que éstos simulan lo contrario, porque sencillamente el país es más de percepción que de realidad, sólo que a través de una doble cara.
Pero no se puede olvidar que, si bien la Constitución no es respetada, cuya comprobación se puede hacer con la gran cantidad de sentencias del Tribunal Constitucional no ejecutadas, las mismas siguen ahí y nadie podrá borrarlas.
Es bueno que se entienda que esa realidad de vender una percepción que no tiene nada que ver con la realidad, sólo perdurará hasta que el soberano, el pueblo dominicano, tolera las travesuras de la partidocracia que no respeta ley y que utiliza el Estado para aliarse con el bajo mundo y con los peores intereses de la nación.