Análisis Noticiosos
Luce inviable la elección primaria simultánea con padrón de la JCE
Por Juan Bolívar Díaz
Si la propuesta de celebrar las elecciones primarias el mismo día, con padrón abierto y organizadas por la Junta Central Electoral divide desde ya las cúpulas de los partidos, con mayor razón se impone una fórmula de transacciónLa emergencia determinada por el paso del huracán Irma aplazó esta semana el interés de la comisión bicameral que promueve la ley de partidos por alcanzar consenso en el liderazgo político sobre la conveniencia de celebrar las elecciones primarias el mismo día, con padrón abierto y bajo organización de la Junta Central Electoral (JCE).
La propuesta divide a los partidos, incluso en su interior, y no cuenta con la aprobación de la JCE, además de que parece inviable por la cantidad de precandidaturas que implicaría, razones más que suficientes para que se imponga la necesidad de consenso, sin que sigan reduciendo los alcances democráticos del proyecto de ley.
En “los toques finales”
La comisión bicameral que estudia el proyecto de Ley de Partidos inició otra legislatura empeñada en encontrar consenso sobre esa pieza, empantanada básicamente en el dilema de si las elecciones primarias deben ser simultáneas y si con el padrón universal de electores o el de los militantes de partidos, así como en la cuota de candidaturas de las mujeres y si debe extenderse a los cargos directivos de las organizaciones política, y el tope de financiamiento.
Al comenzar la semana una delegación de la Comisión que preside el senador Arístide Victoria Yeb concluyó un largo periplo con los líderes políticos, al reunirse con el presidente Danilo Medina y el jueves se proponía socializar en el pleno de los comisionados las posiciones del mandatario y otros líderes políticos sobre los temas no consensuados. Pero ahí se atravesó el huracán Irma que paralizó el país a mitad de semana, relegando los trabajos.
Ya antes los comisionados e reunieron con dirigentes de los demás partidos mayoritarios, es decir del Partido Revolucionario Moderno, del Revolucionario Social Cristiano y del Partido Revolucionario Dominicano, entre los cuales tampoco hay consenso. También el lunes el Comité Político del PLD trató sobre el dilema, pero ante la dificultad para ponerse de acuerdo decidió convocar una reunión especial el próximo sábado 16, en la que adoptaría una posición definitiva.
Lo que prefiere Danilo
Tras la reunión de los subcomisionados con el presidente Medina, el vocero de los diputados del PRM, Alfredo Pacheco, confirmó lo que se rumorea hace tiempo: que el mandatario prefiere las primarias simultáneas, con el padrón universal, o abierto, y organizadas por la JCE. No quedó duda cuando el jueves Gonzalo Castillo, el ministro de Obras Públicas, del Comité Central del PLD, y prominente danilista, dijo: “nosotros apoyamos que se hagan las primarias con el padrón de la Junta y que sean simultáneas”.
Al igual que Medina, el presidente del PLD, Leonel Fernández, ha preferido no hablar públicamente sobre sus preferencias, pero algunos de sus más cercanos colaboradores, como Franklin Almeyda, han defendido que sea con el padrón del partido. Se ha dicho que las diferencias entre los peledeístas es de los factores que en los últimos años han frenado la aprobación de la Ley de Partidos.
Por su lado, el presidente en funciones del PRM, Roberto Fulcar, ratificó el martes la posición de ese partido: “la inclusión en la ley de las elecciones primarias simultáneas, organizadas por la JCE en base a los padrones internos de los partidos constituiría un paso de trascendental importancia para la institucionalidad democrática y la transparencia”.
Se ha dicho que en la comisión el PRSC ha sostenido una posición flexible, y Pacheco también reveló que ese partido ha propuesto una cumbre de dirigentes políticos para buscar consenso en una u otra dirección. Al reunirse en abril con la comisión bicameral, representantes de 12 partidos minoritarios plantearon que las primarias sean organizadas por las propias organizaciones políticas y no por la JCE.
La transacción lógica
El tranque principal es el padrón a utilizarse en las primarias, o elección de candidatos de los partidos, predominando que las organice la JCE, aunque tampoco en esto hay unanimidad. Sobre el padrón parece haber divergencias en todos los partidos, más allá de las posiciones oficiales fijadas. En tal situación, lo lógico sería que la ley dejara abiertas ambas posibilidades como establece el proyecto sometido por la JCE tras múltiples consultas, y que sean los estatutos de cada partido, que determinen de forma democrática el padrón que prefieran.
Se parte de que los padrones de los partidos son obsoletos y manipulables y que el abierto, de todos los ciudadanos, garantiza que a nadie se le excluya. Pero el mismo proyecto de ley, en su artículo 5 ya consensuado, establece que los partidos tendrán que mantener registrado y actualizado cada año ante la JCE su padrón de miembros, lo que de cumplirse aseguraría los derechos de todos.
Sería una vulneración de la autodeterminación de cada formación política, y generadora de conflictos internos, que la ley le imponga que un ciudadano que no sea miembro, pueda decidir sus candidatos. Sería absurdo someter a la gran mayoría de los partidos, de escasa militancia, a una votación de todos los ciudadanos, cuando sólo 2 de 27 obtuvieron más del 6 por ciento de los sufragios en las elecciones del 2016, y otros 2 sobre el 5 por ciento, e igual número sobre el 1 por ciento. Los 22 restantes menos del 1.
Propuesta impracticable
Parece haber predominado entre los partidos que sea la JCE la que organice las primarias simultáneamente y haga el cómputo, sin precisarse quién pagará el costo y si implica mayor financiamiento estatal a unos partidos que confiesan incapacidad de autogestión y no quieren rendir cuentas. El proyecto de la JCE indica que cada partido decidiría la fecha para escoger sus candidatos, entre un año y siete meses antes de cada elección, dejando las opciones de que sea organizada por esa institución o por el partido, pero en este caso bajo su supervisión y fiscalización.
La experiencia de los propios partidos no recomienda la concentración de la organización simultánea y el cómputo de la elección de candidatos de todos los partidos, por la multiplicidad de precandidatos que implicaría. El proyecto sugiere que para las primarias se permita hasta tres aspirantes por cargos, lo que triplicaría el esfuerzo del escrutinio de una elección nacional, y sin especificar cómo evitar que aspiren más de tres.
Asumiendo que sean sólo los cuatro partidos que obtuvieron más del 5 por ciento de la votación en los comicios del 2016, sólo pudiera realizarse en la presidencial y congresual que en mayo del 2020 involucraría 190 diputados, 32 senadores, presidente y vicepresidente, para un total de 224, que multiplicados por tres en cada partido involucraría 672 precandidatos y un total de 2 mil 688 entre los cuatro.
A partir del 2020, las elecciones municipales se adelantan a febrero, antes de las presidenciales, con 3 mil 982 cargos electivos, que con tres precandidatos por partido implicaría 11 mil 946, y multiplicados por los cuatro mayoritarios totalizaría 47 mil 784 precandidatos. Nadie puede prever cuánto tiempo se tomaría la JCE para computar los votos que obtengan cada uno en boletas separadas, pues no cabrían en una sola.
En los comicios del 15 de mayo del 2016, la JCE se tomó dos semanas para concluir el escrutinio de los votos de los 4 mil 206 candidatos, el 29 de mayo, dejando sin computar los resultados de cientos de colegios. Por su parte el PLD celebró primarias el 15 de diciembre del 2015 para elegir sólo a 15 candidatos a diputados y la mayoría de los municipales, y con muchas dificultades concluyó su cómputo el 27 de diciembre, también dos semanas después.
Real Ley de Partidos
Si el sistema político quisiera en verdad una real Ley de Partidos que rescate la institucionalidad democrática y revierta el desprestigio del sistema político, debería concentrarse en los aspectos fundamentales, dejando atrás el absurdo debate sobre las primarias. Todavía siguen negando el principio de la paridad de género. La transacción sería elevar la cuota de la mujer del 33 al mínimo del 40 por ciento, pero no sólo en las candidaturas, sino también en los cargos directivos de los partidos.
Sigue la resistencia a topes de financiamientos de partidos, precandidatos y candidatos. Lo consensuado por la comisión bicameral está evadiendo hacer transparente los ingresos y gastos y una más equitativa repartición del financiamiento estatal, así como sanciones disuasorias de violaciones y delitos electorales. Están reduciendo del 25 al 10 por ciento la proporción de este destinado a educación de sus miembros.
Para hacer el ridículo han consensuado un tope de las contribuciones individuales a los partidos en el 1 por ciento del mayor financiamiento estatal que reciba un partido, lo que en el 2016 hubiese sido 4 millones 190 mil pesos, unos 84 mil dólares, cuando en Estados Unidos es de 2 mil 500 dólares. La Ley de partidos puede terminar en una burla más del sistema partidista.-
Por José Cabral
Los estudios de los fenómenos sociales ocurridos en la sociedad dominicana indican con toda claridad que adoleció del desarrollo de la fuerza productiva, lo que, naturalmente, genera una falta de conciencia social.
Este el fundamento de los que muchos sostienen, incluido yo, de que el sector empresarial amuela cuchillos para su propia garganta, porque no representa un foco de presión para que las cosas se hagan con el propósito de preservar sus intereses.
Pero es que esa conducta se deriva del hecho de que los que se suponen que deben procurar fortalecer el Estado mediante el combate de todas las distorsiones que sufre el sistema, lo que hacen es sumarse a las acciones que le quitan legalidad y legitimidad.
Yo he dicho y lo reitero en este artículo que el sector empresarial se ha sumado a la cadena de complicidad que comienza en el Palacio Nacional, entra a los medios de comunicación social y luego se convierta en un cometa, porque nadie sabe dónde termina, ya que todo el que se hace llamar inversionista no busca otra cosa que mediante una vocación mafiosa acumular fortunas sobre la base de la sombra del Estado.
Lo que pasa, según entiendo, es que ellos como son parte de lo que en sociología política se le llama clase social entre sí, les importa poco la desnaturalización del rol del Estado, aunque al final de la jornada sean los principales afectados porque son los que más tienen que perder frente a una revolución social.
El problema tiene una grave complejidad, ya que al no existir una clase social para sí, consciente de su papel, difícilmente tengan la iniciativa de exigir controles, como por ejemplo, del gasto público, sobre todo si el sector empresarial se suma en complicidad a la corrupción que se promueve o es auspiciada por el sector oficial.
De manera, que resulta un problema con raíces muy profundos que solucionarlo resulta bastante difícil, porque además no se entiende la explicación del fenómeno.
En países pobres y con bajos niveles de institucionalidad, como el dominicano, el llamado empresario se suma a la fiesta de la corrupción, lo que constituye una razón para crear disgusto social y las condiciones para que se produzca una explosión social.
El llamado empresario dominicano, tanto el colocado en la pequeña, mediana o grandes empresas persigue más que seguridad jurídica y paz social y la satisfacción de necesidades sociales, que se le incorpore al contrabando, que se le entregue propiedades públicas y ser favorecidos por todas las travesuras del que tiene el control del Estado.
Sin embargo, la pregunta que me hago es si ciertamente en el país existe alguna propuesta para institucionalizar la nación, al margen del amor por el dinero y las cosas materiales, no importa su procedencia, pues penosamente tengo que decir que ese es un sueño utópico por el momento.
Sigo pensando que sólo un Estado que promueva valores más que antivalores podría ser la panacea a un mal integral que no permite que la gente haga una reflexión profunda y realista y actúe de modo diferente frente a un fenómeno que puede llevar al abismo a la sociedad dominicana.
Por José Cabral
Observo con mucha preocupación el afán desmedido del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por mantenerse en el poder cuando su obra de gobierno es tan pobre que no es comparable con ningún otro por malo que haya sido.
Lo digo por lo que veo que ocurre en Santiago y en todo el territorio nacional, donde el deterioro de los servicios públicos es tan preocupante que cualquiera se larga del país para no volver jamás.
No hay prácticamente servicio de agua potable, ni siquiera para descargar los baños de las casas y los negocios, lo que llena de bacterias los hogares y se propagan las enfermedades, sobre todo las infecto-contagiosas.
El servicio de energía eléctrica no puede ser peor, cuya distribuidora del Norte, EDENORTE y las demás Edes, se la pasan en confabulación con PROTECOM estafando a los usuarios con facturaciones falsas, inventadas y con medidores “arreglados” para buscar cubrir sus déficits con el engaño al ciudadano.
Ahora también se agrega que la recogida de basura en el municipio de Santiago es prácticamente nula, entonces, repito la pregunta, para qué el PRM quiere preservar el poder.
El gran problema de este partido es que no entiende de planificación ni de programar una gestión pública a corto, mediano y largo plazo.
No es que los demás partidos del sistema no tengan la misma visión y comportamiento, pero pienso que lo que ocurre con el PRM ya llega al colmo de la incapacidad para dirigir el país.
El sufrimiento de los dominicanos por la irresponsabilidad de los que van al Estado, principalmente a resolver sus problemas personales, no parece tener fin, ya que aquellos que ya pasaron por la administración pública tienen ojos para ver la irresponsabilidad y la vocación por la corrupción de los que ostentan hoy el poder, pero al final de cuentas todo se trata de una doble moral.
Sin embargo, creo que lo del PRM ya no tiene madre, para utilizar una expresión muy popular de la República Dominicana, por lo que cuando llegue al final de su gobierno es muy poco lo que va a quedar.
En conclusión, el PRM es una verdadera desgracia nacional, máxime porque ahora los dominicanos no tienen derechos ni para disfrutar de un buen servicio de agua potable y energía eléctrica, pero la incapacidad abarca todo lo demás, porque se trata de una deficiencia integral, general.
¡Qué desastre!.
Por José Cabral
Estuvo profundamente convencido de que el presidente Luis Abinader observaría la Ley 13-26 que persigue anular una jurisprudencia sentada por el Tribunal Constitucional sobre las candidaturas independientes.
Sin embargo, me equivoqué porque Abinader escogió la vía de la promulgación de lo que muy bien se puede calificar como un adefesio jurídico.
Pero hay otro elemento que me provoca muchas dudas y me refiero a cuál ha sido el papel jugado en este caso por el expresidente de la Suprema Corte de Justicia y quien ahora funge como consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa.
La pregunta surge porque después de la promulgación sigue la publicación en la gaceta oficial de la nueva ley que pone en tela de juicio todo el sistema legal e institucional del país y precisamente ese último paso recae sobre Subero Isa.
Entonces, se impone preguntarse que si independientemente de que Subero Isa no haya compartido la sentencia TC/0788/24 y que incluso se oponga a las candidaturas independientes, tiene acaso otra opción que no sea respetar la jurisprudencia sentada en esta materia por la alta corte, sobre todo por tratarse de un jurisconsulto que nadie pone en tela de juicio su gran formación jurídica.
Considero que Subero Isa si por alguna razón tiene que cumplir con la decisión tomada por Abinader, la cual parece ser parte de un plan del PRM, entonces lo menos que puede ocurrir es que presente su renuncia de la posición de consultor jurídico del Poder Ejecutivo.
Cualquier decisión que no se corresponda con respetar lo que ha sido su trayectoria como hombre de ley, coloca a Subero Isa en una contradicción que impacta muy negativamente el respeto que se ha ganado en el entorno de la justicia dominicana.
Subero Isa es uno de los mejores presidentes de la Suprema Corte de Justicia que ha tenido el país, pero no luce como razonable que juegue algún papel para atacar una jurisprudencia que cumple con todos los requerimientos del derecho constitucional moderno o del neo-constitucionalismo.
Todavía me asalta la duda si Subero Isa se ha sumado a un plan que en todo caso debe ser político para poner en cuestionamiento el proceso de constitucionalización del derecho en la República Dominicana, cuyos fines es preservar y promover los derechos fundamentales.
La verdad que me gustaría saber a ciencia cierta cuál es la posición de Subero Isa frente a la torpeza cometida por Luis Abinader, sin que haya una razón lógica que la explique.