Análisis Noticiosos
Luce inviable la elección primaria simultánea con padrón de la JCE
Por Juan Bolívar Díaz
Si la propuesta de celebrar las elecciones primarias el mismo día, con padrón abierto y organizadas por la Junta Central Electoral divide desde ya las cúpulas de los partidos, con mayor razón se impone una fórmula de transacciónLa emergencia determinada por el paso del huracán Irma aplazó esta semana el interés de la comisión bicameral que promueve la ley de partidos por alcanzar consenso en el liderazgo político sobre la conveniencia de celebrar las elecciones primarias el mismo día, con padrón abierto y bajo organización de la Junta Central Electoral (JCE).
La propuesta divide a los partidos, incluso en su interior, y no cuenta con la aprobación de la JCE, además de que parece inviable por la cantidad de precandidaturas que implicaría, razones más que suficientes para que se imponga la necesidad de consenso, sin que sigan reduciendo los alcances democráticos del proyecto de ley.
En “los toques finales”
La comisión bicameral que estudia el proyecto de Ley de Partidos inició otra legislatura empeñada en encontrar consenso sobre esa pieza, empantanada básicamente en el dilema de si las elecciones primarias deben ser simultáneas y si con el padrón universal de electores o el de los militantes de partidos, así como en la cuota de candidaturas de las mujeres y si debe extenderse a los cargos directivos de las organizaciones política, y el tope de financiamiento.
Al comenzar la semana una delegación de la Comisión que preside el senador Arístide Victoria Yeb concluyó un largo periplo con los líderes políticos, al reunirse con el presidente Danilo Medina y el jueves se proponía socializar en el pleno de los comisionados las posiciones del mandatario y otros líderes políticos sobre los temas no consensuados. Pero ahí se atravesó el huracán Irma que paralizó el país a mitad de semana, relegando los trabajos.
Ya antes los comisionados e reunieron con dirigentes de los demás partidos mayoritarios, es decir del Partido Revolucionario Moderno, del Revolucionario Social Cristiano y del Partido Revolucionario Dominicano, entre los cuales tampoco hay consenso. También el lunes el Comité Político del PLD trató sobre el dilema, pero ante la dificultad para ponerse de acuerdo decidió convocar una reunión especial el próximo sábado 16, en la que adoptaría una posición definitiva.
Lo que prefiere Danilo
Tras la reunión de los subcomisionados con el presidente Medina, el vocero de los diputados del PRM, Alfredo Pacheco, confirmó lo que se rumorea hace tiempo: que el mandatario prefiere las primarias simultáneas, con el padrón universal, o abierto, y organizadas por la JCE. No quedó duda cuando el jueves Gonzalo Castillo, el ministro de Obras Públicas, del Comité Central del PLD, y prominente danilista, dijo: “nosotros apoyamos que se hagan las primarias con el padrón de la Junta y que sean simultáneas”.
Al igual que Medina, el presidente del PLD, Leonel Fernández, ha preferido no hablar públicamente sobre sus preferencias, pero algunos de sus más cercanos colaboradores, como Franklin Almeyda, han defendido que sea con el padrón del partido. Se ha dicho que las diferencias entre los peledeístas es de los factores que en los últimos años han frenado la aprobación de la Ley de Partidos.
Por su lado, el presidente en funciones del PRM, Roberto Fulcar, ratificó el martes la posición de ese partido: “la inclusión en la ley de las elecciones primarias simultáneas, organizadas por la JCE en base a los padrones internos de los partidos constituiría un paso de trascendental importancia para la institucionalidad democrática y la transparencia”.
Se ha dicho que en la comisión el PRSC ha sostenido una posición flexible, y Pacheco también reveló que ese partido ha propuesto una cumbre de dirigentes políticos para buscar consenso en una u otra dirección. Al reunirse en abril con la comisión bicameral, representantes de 12 partidos minoritarios plantearon que las primarias sean organizadas por las propias organizaciones políticas y no por la JCE.
La transacción lógica
El tranque principal es el padrón a utilizarse en las primarias, o elección de candidatos de los partidos, predominando que las organice la JCE, aunque tampoco en esto hay unanimidad. Sobre el padrón parece haber divergencias en todos los partidos, más allá de las posiciones oficiales fijadas. En tal situación, lo lógico sería que la ley dejara abiertas ambas posibilidades como establece el proyecto sometido por la JCE tras múltiples consultas, y que sean los estatutos de cada partido, que determinen de forma democrática el padrón que prefieran.
Se parte de que los padrones de los partidos son obsoletos y manipulables y que el abierto, de todos los ciudadanos, garantiza que a nadie se le excluya. Pero el mismo proyecto de ley, en su artículo 5 ya consensuado, establece que los partidos tendrán que mantener registrado y actualizado cada año ante la JCE su padrón de miembros, lo que de cumplirse aseguraría los derechos de todos.
Sería una vulneración de la autodeterminación de cada formación política, y generadora de conflictos internos, que la ley le imponga que un ciudadano que no sea miembro, pueda decidir sus candidatos. Sería absurdo someter a la gran mayoría de los partidos, de escasa militancia, a una votación de todos los ciudadanos, cuando sólo 2 de 27 obtuvieron más del 6 por ciento de los sufragios en las elecciones del 2016, y otros 2 sobre el 5 por ciento, e igual número sobre el 1 por ciento. Los 22 restantes menos del 1.
Propuesta impracticable
Parece haber predominado entre los partidos que sea la JCE la que organice las primarias simultáneamente y haga el cómputo, sin precisarse quién pagará el costo y si implica mayor financiamiento estatal a unos partidos que confiesan incapacidad de autogestión y no quieren rendir cuentas. El proyecto de la JCE indica que cada partido decidiría la fecha para escoger sus candidatos, entre un año y siete meses antes de cada elección, dejando las opciones de que sea organizada por esa institución o por el partido, pero en este caso bajo su supervisión y fiscalización.
La experiencia de los propios partidos no recomienda la concentración de la organización simultánea y el cómputo de la elección de candidatos de todos los partidos, por la multiplicidad de precandidatos que implicaría. El proyecto sugiere que para las primarias se permita hasta tres aspirantes por cargos, lo que triplicaría el esfuerzo del escrutinio de una elección nacional, y sin especificar cómo evitar que aspiren más de tres.
Asumiendo que sean sólo los cuatro partidos que obtuvieron más del 5 por ciento de la votación en los comicios del 2016, sólo pudiera realizarse en la presidencial y congresual que en mayo del 2020 involucraría 190 diputados, 32 senadores, presidente y vicepresidente, para un total de 224, que multiplicados por tres en cada partido involucraría 672 precandidatos y un total de 2 mil 688 entre los cuatro.
A partir del 2020, las elecciones municipales se adelantan a febrero, antes de las presidenciales, con 3 mil 982 cargos electivos, que con tres precandidatos por partido implicaría 11 mil 946, y multiplicados por los cuatro mayoritarios totalizaría 47 mil 784 precandidatos. Nadie puede prever cuánto tiempo se tomaría la JCE para computar los votos que obtengan cada uno en boletas separadas, pues no cabrían en una sola.
En los comicios del 15 de mayo del 2016, la JCE se tomó dos semanas para concluir el escrutinio de los votos de los 4 mil 206 candidatos, el 29 de mayo, dejando sin computar los resultados de cientos de colegios. Por su parte el PLD celebró primarias el 15 de diciembre del 2015 para elegir sólo a 15 candidatos a diputados y la mayoría de los municipales, y con muchas dificultades concluyó su cómputo el 27 de diciembre, también dos semanas después.
Real Ley de Partidos
Si el sistema político quisiera en verdad una real Ley de Partidos que rescate la institucionalidad democrática y revierta el desprestigio del sistema político, debería concentrarse en los aspectos fundamentales, dejando atrás el absurdo debate sobre las primarias. Todavía siguen negando el principio de la paridad de género. La transacción sería elevar la cuota de la mujer del 33 al mínimo del 40 por ciento, pero no sólo en las candidaturas, sino también en los cargos directivos de los partidos.
Sigue la resistencia a topes de financiamientos de partidos, precandidatos y candidatos. Lo consensuado por la comisión bicameral está evadiendo hacer transparente los ingresos y gastos y una más equitativa repartición del financiamiento estatal, así como sanciones disuasorias de violaciones y delitos electorales. Están reduciendo del 25 al 10 por ciento la proporción de este destinado a educación de sus miembros.
Para hacer el ridículo han consensuado un tope de las contribuciones individuales a los partidos en el 1 por ciento del mayor financiamiento estatal que reciba un partido, lo que en el 2016 hubiese sido 4 millones 190 mil pesos, unos 84 mil dólares, cuando en Estados Unidos es de 2 mil 500 dólares. La Ley de partidos puede terminar en una burla más del sistema partidista.-
Por Robinson Lebrón Céspedes.
La mercantilización del sufragio: Compra de votos y pérdida de autonomía.
A pesar del blindaje garantista introducido por la reforma constitucional de 2010 y la modernización logística de la Junta Central Electoral (JCE), el mercado electoral dominicano durante el periodo 2006-2026 ha seguido condicionado por la persistencia del clientelismo sistémico. La práctica de la compra directa e indirecta de votos en las inmediaciones de los recintos electorales comúnmente operada a través de las denominadas «casas de campaña» informales o logísticas partidarias de último minuto constituye una de las agresiones más severas a la dignidad humana.
Desde una perspectiva ética y sociológica, la transacción monetaria o el intercambio del voto por bienes materiales (como raciones de alimentos, materiales de construcción o promesas de empleo público) despoja al ciudadano de su condición de agente político libre y deliberativo. Este fenómeno genera una «mercantilización del sufragio», donde el votante es percibido por las élites partidarias no como un depositario de la soberanía nacional, sino como un recurso transaccional cuantificable. La autonomía moral del individuo núcleo esencial de la dignidad según la doctrina constitucional queda subordinada a la coacción de sus necesidades materiales básicas, viciando el consentimiento político y erosionando la legitimidad moral de la representación democrática. El uso político-electoral del gasto social estatal.
La instrumentalización de los programas de asistencia social del Estado representa otra vulneración estructural a la dignidad de los sectores más vulnerables de la sociedad dominicana. Durante las últimas dos décadas, y a pesar de la introducción de legislaciones restrictivas como la Ley No. 33-18 de Partidos Políticos y la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral, la frontera entre la acción institucional del Gobierno y la promoción de las candidaturas oficialistas ha sido históricamente difusa.
El condicionamiento implícito o explícito de subsidios condicionados, tarjetas de ayuda social, programas de transferencias monetarias y planes de empleo coyunturales durante los meses previos a los comicios electorales lesiona gravemente la dignidad ciudadana. Al utilizar los recursos públicos —que constituyen un derecho colectivo— como un mecanismo de chantaje o de inducción del voto, el aparato político instrumentaliza la pobreza. Esta práctica reduce al ciudadano a una condición de dependencia y subordinación psicológica ante el gobernante de turno, transformando lo que constitucionalmente debe ser un ejercicio de libertad soberana en un acto de supervivencia económica forzada.
Desigualdad en el financiamiento y la exclusión de candidaturas idóneas.
La dignidad humana, en su vertiente política, no solo ampara el derecho a elegir en libertad, sino también el derecho a ser elegido en condiciones de equidad e igualdad de oportunidades (artículo 39 de la Constitución). Sin embargo, el ecosistema electoral dominicano ha operado bajo una profunda distorsión provocada por el alto costo de las campañas políticas y la insuficiencia de los mecanismos de fiscalización del financiamiento privado.
La irrupción de capitales no transparentes y el desborde de los topes de gastos permitidos por la ley generan una plutocratización fáctica de la política. Aquellos ciudadanos e intelectuales idóneos que aspiran a puestos de elección popular, pero que carecen de grandes fortunas personales, el patrocinio corporativo o el acceso a redes clientelares, quedan excluidos de facto de la competencia electoral. Esta asimetría económica no solo vulnera el derecho a la igualdad de los aspirantes, sino que limita la libertad de opción de los electores, quienes ven reducida su oferta política a opciones validadas por el poder económico y no por el mérito programático, consolidando una democracia de exclusión que lesiona la dignidad del debate público.
Las prácticas de clientelismo, la instrumentalización de los programas sociales y la desigualdad en el financiamiento electoral representan desafíos estructurales para la democracia dominicana, al comprometer la dignidad humana y la libertad del sufragio. Superar estas distorsiones requiere fortalecer la transparencia, la fiscalización y la educación cívica, garantizando procesos electorales más equitativos y respetuosos de los principios constitucionales y del Estado social y democrático de derecho.
Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
Abogado y Docente Universitario.
Análisis Noticiosos
Irresponsabilidad del Estado ante la posible ocurrencia de un terremoto en Santiago.
Por José Cabral
La indignación del ciudadano dominicano no tiene otra razón de ser que la irresponsabilidad, la negligencia y la complicidad de las autoridades edilicias de Santiago y de todo el Estado ante la posibilidad de que el país pueda ser afectado por un terremoto que supere los siete grados como ha ocurrido en Venezuela.
Ya Santiago muchas décadas atrás fue víctima de un fenómeno natural que prácticamente borró del mapa a la segunda ciudad en importancia del país.
Sin embargo, por las propias características de una ciudad que ya representa una gran metrópolis como lo es Santiago, sus residentes están expuestos a un gran peligro, a una tragedia nacional de magnitudes insospechadas.
Los grandes terremotos son cíclicos, ya que hay expertos que sostienen que se producen cada 60 ó 70 años, el cual no debe ser el punto de referencia para que las autoridades tomen las medidas pertinentes, no para que no ocurran, sino para que los daños no sean tan cuantiosos, sobre todo en lo que respecta a pérdida de vidas humanas.
Pero como el asunto tiene su base en una cultura como la improvisación y la falta de planificación estratégica de las autoridades que gobiernan el país, no sólo de las actuales, sino también de las pasadas, en Santiago, cuyo suelo no es recoso, han permitido la construcción de grandes torres que representan una gran amenaza ante la ocurrencia de este tipo de fenómeno natural.
Lo peor de todo es que nada les sirve de escarmiento y sólo el problema se aborda cuando surge una tragedia, como la que ha afectado a Venezuela, la cual luce que esperan tanto las autoridades municipales como las nacionales.
Un ejemplo de la irresponsabilidad y cómo opera el tráfico de influencia es que, por la propia naturaleza del tipo de suelo de Santiago, la ciudad tenia prohibida la construcción de edificios que superaran las cuatro plantas, pero de unos años para acá ha tolerado el levantamiento de altas torres en lugares como “La Trinitaria”, donde algunas alcanzan hasta casi los 30 pisos.
El tema ha sido puesto sobre el tapete ante los terremotos y la gran tragedia que se ha producido en Venezuela por causas parecidas a las que se concretan en Santiago, donde la llamada falla de la zona Septentrional atraviesa la cordillera del mismo nombre, cuyo desplazamiento horizontal parte del límite de la que se conocen como las placas de Norteamérica y del Caribe.
Esta falla atraviesa el norte del país por unos 228 kilómetros desde la bahía de Manzanillo en Montecristi y llega hasta la de Samaná, la cual tiene una gran cercanía a centros urbanos como Santiago y Puerto Plata, la cual es considerada la más peligrosa y con mayor potencial para generar grandes sismos en la región.
Lo más grave del asunto es que hay personas que se les ha ocurrido construir viviendas hasta en la falda de la Cordillera Septentrional, cuyo peligro tiene mucho que ver con la tolerancia, la ignorancia, pero sobre todo con la irresponsabilidad de las autoridades.
A Dios que reparta suerte.
Por Antonio Salcedo
El descredito de los partidos políticos en la República Dominicana ya deja la sensación de que en el 2028 cualquier cosa puede ocurrir.
Pero el hecho de que cualquiera se pueda encamarar en el poder es un fenómeno que ya ha ocurrido en más de una ocasión en el país y en otras naciones del hemisferio.
La República Dominicana ya ha tenido que soportar a varios presidentes que definitivamente no tienen bien puestas sus cabezas.
La cualquierización de que hablo podría representar un gran peligro para la nación, porque ello podría traer consigo una debacle nacional, tal vez el abismo total del país.
Sin embargo, a pesar de la fuerza que toma el fenómeno de que alguien venga desde fuera de la política tradicional y se encaramarse en el poder, es una posibilidad muy real, pero no luce que el país pueda fijarse en una figura vulgar y estrafalaria como Alofoque.
Aunque, repito, cualquier cosa puede ocurrir, ya que cuando una sociedad entra en crisis puede producirse lo que nadie se imagina.
No obstante, no me luce que Alofoke pueda capitalizar la crisis que impacta a los partidos políticos, porque muy difícilmente una figura de las redes sociales con las características de este personaje pueda tener éxito político.
De lo que sí hay que estar consciente es que en la República Dominicana las travesuras de los actores de la clase política no van a dejar nada bueno.
Pero me ratifico en la idea de que no será un Alofoke, un personaje de muy mala procedencia y con una pobre formación, quien capitalice la decepción del ciudadano con la partidocracia.
El tiempo hablará.