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Parece el Ministerio de Justicia podría regresar al sistema dominicano
Santo Domingo, R.D.-Fue aprobado en el Senado de la República en segunda lectura el proyecto que busca crear el Ministerio de Justicia.
La pieza, depositada por los senadores Félix Bautista y Cristóbal Castillo, propone entregar a lo que sería una nueva entidad del Poder Ejecutivo las atribuciones de la coordinación y dirección del Sistema Nacional de Derechos Humanos, junto al Sistema Penitenciario y Correccional.
Este proyecto de ley pasa al estudio y conocimiento de la Cámara de Diputados, donde debe ser favorecida en dos discusiones, antes de ser promulgado por la consultoría jurídica de la Presidencia.
La figura del Ministerio de Justicia formó parte de la estructura estatal durante los primeros 120 años de la República, desde la proclamación de la primera Constitución el 6 noviembre de 1844. Sin embargo, el 10 de noviembre de 1964 fue suprimido, en ese momento identificado como Secretaría de Justicia, transfiriendo sus funciones a la Procuraduría General de la República (PGR).
Por lo que, con esta propuesta, el Ministerio de Justicia podría asumir la gestión del esquema penitenciario nacional, el auxilio científico forense a los tribunales y órganos de investigación, el registro y la certificación de documentos oficiales y notariales.
Así como también la prestación de ciertos servicios a la ciudadanía y asociaciones sin fines de lucro, funciones “todas que deberían concernir más bien a un órgano creado para tales fines, dentro de la estructura de la Administración Público Central”.
Esto dejaría en manos del titular de Justicia la gestión de las cárceles y centros correccionales situados en el territorio nacional, a través de una dirección general dependiente.
Viceministerios y direcciones
El Ministerio de Justicia sería agregado a la lista de órganos constitucionales, legales y procesales que conforman el Poder Judicial del país. Dentro de los que se encuentran el Concejo Nacional de la Magistratura (CNM), el Concejo del Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Tribunal Constitucional (TC), Tribunal Superior Electoral (TSE), entre otras jurisdicciones.
Los senadores visualizaron la integración de cinco viceministros para garantizar el funcionamiento institucional. Estos son el Viceministerio de Atención y Colaboración al Sistema de Justicia, de Representación Judicial y Extrajudicial, de Políticas Penitenciarias y Correccionales, al igual que de Asuntos Registrales y Servicios a la Ciudadanía.
Por otro lado, establece que el incumbente de este ministerio tendría que cumplir con los siguientes requisitos: Ser dominicano, estar en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos, haber cumplido 25 años de edad, ser licenciado o doctor en derecho y demostrar un alto nivel de conocimiento sobre las ciencias jurídicas.
“El ministro de Justicia no (podría) desempeñar ninguna otra función pública o privada, salvo la actividad docente y la investigación académica”, indica el segundo párrafo del artículo 11.
Debate
Aunque el proyecto de ley es una fusión de dos redacciones diferentes realizadas por los representantes Cristóbal Castillo y Félix Bautista, la cámara alta decidió acoger diversas modificaciones sugeridas por el senador Rogelio Genao, quien consideró necesario readecuar algunos artículos, sin afectar la base del texto.
No obstante, el presidente de la comisión de Justicia, senador Antonio Taveras, le solicito al presidente del Senado, Ricardo de los Santos, enviar nuevamente la pieza legislativa a la mesa de trabajo para estudiar las variaciones propuestas.
Pero esta petición no fue acogida, resultando la iniciativa con el voto favorable de los 22 senadores presentes, exceptuando Taveras.
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Dos contratistas son condenados por atentado al sistema eléctrico en perjuicio de Edeeste y del Estado
Santo Domingo. – Dos contratistas fueron condenados mediante sentencia definitiva emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de Santo Domingo por prácticas fraudulentas en perjuicio de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EDEESTE).
La parte legal de Edeeste y el Ministerio Público presentaron pruebas suficientes para que el tribunal acogiera como buena y válida la condena en contra de Héctor Rafael Reví y Joan Danilo Eusebio Ramírez.
La sentencia establece una condena de tres años de prisión en la Penitenciaría Nacional de La Victoria y el pago de una indemnización económica de RD$100,000.00, así como la remuneración de las costas penales y civiles del proceso.
Según se describe en el documento de sentencia definitiva, ambos fueron sorprendidos en flagrante delito realizando conexiones ilegales sin la debida autorización de la Superintendencia de Electricidad (SIE) y de Edeeste, por personal de Seguridad Física de la distribuidora en junio del año 2023. Al momento de la detención tenían una “guagüita”, escalera, cables, entre otros objetos.
Con sus acciones, tanto Héctor Rafael Reví como Joan Danilo Eusebio Ramírez violentaron los artículos 124-2 de la Ley General de Electricidad 125-01 y los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano.
Edeeste aprovechó para reiterar su compromiso con el fortalecimiento de sus mecanismos de control y de actuar en el marco de la ley para proteger los recursos del sistema eléctrico nacional.
Además, la distribuidora aprovechó para llamar a los usuarios a regularizar su situación energética y evitar incurrir en prácticas ilegales que pueden conllevar sanciones penales y económicas.
Cabe recordar que el fraude eléctrico constituye un delito tipificado en la Ley General de Electricidad, y su combate es fundamental para garantizar la sostenibilidad del servicio y la equidad en el pago por el consumo de energía.
Santo Domingo. – Un esquema de corrupción ha sido destapado mediante un entramado de lavado de activos que involucra a funcionarios de la Distribuidora de Electricidad del Sur (EDESUR), según una investigación del Ministerio Público, en la que hay personas que habrían recibido sobornos hasta por 15 millones de pesos dominicanos de parte de la empresa Servicios Nacional de Seguridad Integral SRL (SENASE).
De acuerdo con la medida de coerción, las transferencias realizadas carecían de justificación contractual y coincidían con los períodos de supervisión o pagos de facturas sometidas por la empresa investigada.
El documento explica que las evidencias apuntan a un sistema estructurado de pagos ilícitos que operó entre los años 2012 y 2020.
La medida de coerción dice que entre los implicados figura el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz, quien, en su calidad de director de Seguridad de EDESUR, habría exigido sobornos al empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González, representante de SENASE. Los pagos se realizaban mediante transferencias bancarias y entregas en efectivo, con el fin de evitar la fiscalización del cumplimiento de los contratos de seguridad.
Además, explica que durante su gestión, Robles Díaz habría contratado de forma irregular los servicios de la empresa SEGUINSA, presuntamente vinculada a un cuñado suyo, sobre la cual también tenía responsabilidad de supervisión directa.
El Ministerio Público dijo que Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar, quien, sin ocupar cargo alguno en EDESUR ni en otras instituciones contratantes, actuaba como intermediario para facilitar la entrega de sobornos y agilizar pagos a favor de SENASE. En 2022, Aybar recibió transferencias directas por un total de DOP2,598,216.04 sin respaldo de relación comercial alguna.
Durante la Operación Lobo se realizaron 15 allanamientos en el Distrito Nacional y Santiago, logrando el arresto de una red integrada por militares y civiles vinculados al esquema delictivo.
Entre los detenidos, además de Robles Díaz y Rodríguez González, figuran los coroneles Andrés Pacheco Varela, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández Vásquez, Elías Camaño Pérez, el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar, el primer teniente Wellington Peralta Santos, el coronel de la Policía Ramón Quezada Ortiz y Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
Santo Domingo, R.D.-Durante labores de inspección agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público incautaron dos velones y un peluche relleno de fibras de cocaína en operativos realizados en el Instituto Postal Dominicano (Inposdom).
En un comunicado, la DNCD explicó que los agentes e inspectores verificaban en uno de los depósitos del Inposdom, cuando una unidad canina alertó de sustancias narcóticas en el interior de los paquetes, procediendo de inmediato a realizar el proceso de apertura.
En la primera caja se encontró un peluche de color rosado, lleno de fibras de poliéster impregnados de cocaína.
La caja fue enviada por un individuo con presunto domicilio en la calle 11, sector Mendoza, municipio Santo Domingo Este y la recibiría una mujer que según el manifiesto tiene dirección en Pune Walk, Australia.
En el segundo caso, los agentes, coordinados por el fiscal, procedieron a abrir la otra caja, donde encontraron dos velones aromatizados, llenos de cocaína, los cuales según el manifiesto fueron enviados por un hombre con residencia en la calle Santomé, Distrito Nacional y su destino final era, Norfolk ST, Estados Unidos.
La DNCD y el Ministerio Público mantiene abierta una investigación en relación con ambos casos, mientras continúan mejorando su capacidad operativa frente al narcotráfico.