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Cobertura forestal creció a un 44.03 % hasta febrero 2024, según presidente Abinader.

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Santo Domingo. –Un informe fue presentado este lunes por el presidente Luis Abinader acerca de las acciones que ha realizado el gobierno desde el año 2020 para preservar los recursos naturales y el medioambiente en la República Dominicana.

Durante su discurso en LA Semanal con la Prensa, como cada lunes, el gobernante dijo que de agosto 2020 a febrero 2024 se plantaron 24.2 millones de árboles, que suman más de 470 mil tareas nacionales reforestadas. Con esto, la cobertura forestal creció a un 44.03 %, de los cuales 38.82 % son de bosques y 5.21 % de sistemas de agroforestales.

Se han producido 32.9 millones de plántulas en 54 viveros mediante la producción de 22 mil kilogramos de semillas de las principales especies endémicas y nativas, como la mara, cedro blanco, caoba criolla y pino criollo.

Gestión de recursos costeros y marinos

En la franja costera se restauraron 80,670 m2 con la plantación de 307,191 unidades de mangle botón, mangle blanco y uva de playa.

Asimismo, se recuperaron 31.5 km de playas ocupadas por negocios ilegales y se sanearon 2,236,000 m2 de playas en 124 jornadas del programa de limpieza de franja costera y ribera de los ríos.

También en las playas se recuperaron 1,447,234 libras de residuos y se creó el gabinete de lucha contra el sargazo.

Protección y conservación de biodiversidad marina

En este sentido, Abinader indicó que se intervinieron 396 nidos de tortugas marinas de las especies tinglar y verde, liberando unos 14,978 neonatos.

Se decomisaron 23 mil libras de pez loro, se recuperaron 14 km de tejido coralino en la región este y se realizaron 2 expediciones científica oceánicas en la cordillera submarina beata, recorriendo 2,740 km y dedicando más de 355 horas de investigación, con la meta de lograr el 30% de conservación del territorio marino antes del 2030.

Fortalecimiento del SINAP

El jefe de Estado explicó que se ha fortalecido el SINAP con 4 nuevas áreas protegidas: el Parque Nacional Loma los Siete Picos, el Refugio de Vida Silvestre Laguna Prieta y los monumentos naturales Loma del Flaco José Francisco Peña Gómez y Río Partido. Además, se aumentaron 131 áreas de conservación con un 25.3% de territorio terrestre y 10.8% de la superficie marina.

Plan de acción de rescate

El gobierno ha iniciado un gran plan de acción de rescate y remozamiento de parques como el Nacional Valle Nuevo, estando también en proceso de rescate de la parte sur. También se continuó con el plan de acción de rescate del Parque Nacional Los Haitises, el rescate del Monumento Natural de Lagunas Cabarete y Goleta, el remozamiento del Parque Nacional El Morro y el mejoramiento del control y vigilancia en la Sierra de Bahoruco.

Control y vigilancia de las áreas protegidas

En este aspecto se incrementaron los guardaparques de 856 a 1,102, al tiempo que se realizaron mejoras salariales en un 50 % en la escala salarial.

Prohibición de FOAM y plásticos

Al respecto se emitió la resolución que prohíbe el FOAM y plásticos de un solo uso en el Parque Nacional Cotubanamá, el Monumento Natural Isla Catalina y en todos los cuerpos de agua a nivel nacional.

Cambio climático

En cuanto a este tema, se logró la aprobación del Fondo de Pérdidas y Daños a través de los líderes de las negociaciones en las COP y voceros de la Alianza de Pequeños Estados Insulares (AOSIS).

Asimismo, se logró ser miembro de la Junta Directiva del Fondo Verde del Clima y de la junta directiva del Fondo de Pérdidas y Daños. El país fue gestor de 50 proyectos de cooperación internacional, 22 concluidos y 28 en ejecución, con una inversión de US$701.3 millones.

El presidente Abinader anunció también que se reconocieron 6.4 millones de dólares por la reducción y captura de carbono, por un 1,278,595 toneladas métricas de CO2 (EQ) gracias a los servicios de los bosques.

Un acuerdo de 25 millones de dólares con el Banco Mundial para el pago por reducciones verificables de gases de efecto invernadero (GEI) provenientes del carbono de los bosques hasta el año 2025.

Indicó que solo en el 2023, se llevaron a cabo 8,565 operativos en coordinación con el Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA) para perseguir y sancionar delitos que amenazan aspectos vitales como la seguridad hídrica, la calidad ambiental y la sostenibilidad económica del país.

Dominicana Sostenible

En el marco del programa Dominicana Sostenible, Abinader sostuvo que abordó la problemática de los vertederos, reduciendo de 240 a cielo abierto en el 2021 a un número significativamente menor.

Más del 55 % de las emisiones de gas metano provenían de estos vertederos, generando 13 mil toneladas de residuos sólidos urbanos (RSU) al día.

Además, se completaron 8 obras y se tienen 23 en proceso, beneficiando a más de 4.5 millones de personas con una inversión de RD$1,532 millones.

Digitalización de los servicios

En cuanto a la digitalización de los servicios, el escenario hasta julio 2023 era de retrasos internos con errores y falta de transparencia, también altos consumo de papel.

En ese mismo orden, el mandatario Abinader destacó una transformación significativa, desde julio de 2023 con el ahorro de recursos, la implementación de trámites en línea, reducción de uso de papel y una comunicación más eficiente con los ciudadanos.

Desde marzo de 2024, se lanzó la segunda etapa del sistema, enfocada en optimizar la operatividad de control.

Uso sostenible de suelos y aguas

Al referirse al aprovechamiento y uso sostenible de suelos y aguas el mandatario indicó que se establecieron 30 nuevas canteras de minas secas para extraer 5.4 millones de m3 anuales.

Se prohibieron las extracciones en los ríos, excepto en proyectos con criterios técnicos específicos, y se automatizaron las autorizaciones para extracciones, con un plazo máximo de 15 días calendario y se otorgaron autorizaciones de hasta un año para proyectos con un volumen mínimo de extracción anual de 120,00 m3.

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RD tiene 14 fallas sísmicas activas, advierte la Defensa Civil y llama a la poblacion a estar alerta.

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Santo Domingo.- Las alarmas se han encendido en la República Dominicana a propósito del movimiento telúrico de magnitud 5.0 registrado al sur de La Romana, sumado a los recientes fuertes terremotos en Venezuela.

El director de la Defensa CivilJuan Salas, reiteró este viernes que el país “vive en una zona sísmicamente activa” y recordó que existen al menos 14 fallas sísmicas que pueden activarse en cualquier momento, por lo que la preparación ciudadana puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Salas insistió en que la población debe mantenerse informada, organizada y lista para responder ante un evento súbito, al tiempo que anunció que el organismo cuenta con una nueva herramienta técnica para ofrecer respuestas más rápidas ante emergencias.

En medio del contexto regional, el titular de la Defensa Civil advirtió sobre la vulnerabilidad del país.

“Una brigada de técnicos dominicanos está trabajando en esta dirección… lo ocurrido en Venezuela, país con una placa tectónica similar a la nuestra, nos llama a mantenernos atentos. Somos un país con 14 fallas que pudieran activarse en cualquier momento”, expresó Juan Salas.

Además, explicó que el equipo técnico realiza demostraciones constantes sobre qué hacer antes, durante y después de un sismo, destacando tres acciones esenciales:

  • Mantener la calma
  • Identificar salidas seguras
  • Seguir un comportamiento correcto en medio de la emergencia.
Delfín Rodríguez, sub director de la Defensa Civil
Delfín Rodríguez, sub director de la Defensa Civil

Durante la jornada informativa también intervino el subdirector de la Defensa Civil, Delfín Rodríguez, quien detalló los protocolos básicos que debe seguir la población en caso de un sismo.

“Antes de un sismo hay que capacitarse, hacer un plan familiar y comunitario de emergencia para saber qué hacer antes, durante y después”, explicó.

Rodríguez enfatizó el uso del silbato como herramienta de rescate, especialmente en casos de colapso estructural.

“El silbato sirve para que, si quedamos atrapados, podamos emitir sonido y los equipos de rescate nos localicen. Si no hay silbato, se puede golpear metal o piedras para ser ubicados”, señaló.

También indicó que las unidades de rescate cuentan con equipos especializados como cámaras telescópicas con alcance de hasta 12 metros entre escombros, además de tecnología de ultrasonido para la localización de personas atrapadas.

En cuanto a la respuesta inmediata, fue enfático en la técnica básica que toda la población debe memorizar:

Agáchate, cúbrete y protégete”, reiteró, explicando que durante el sismo las personas deben proteger la cabeza, adoptar posición segura y evitar correr de manera descontrolada.

Rodríguez explicó que el país comparte una compleja estructura tectónica en la isla, incluyendo fallas como la trinchera de los Muertos, ubicada al sur del territorio nacional, la cual ha sido históricamente responsable de eventos sísmicos en la región.

Recordó además el terremoto de Haití como un punto de reflexión para fortalecer la descentralización de los equipos de emergencia.

“Hoy contamos con equipos distribuidos en las nueve regiones del país. Si una región colapsa, otra puede brindar apoyo inmediato mientras llegan ayudas internacionales”, afirmó.

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TC dispone devolver RD$8 millones a hombre y fija límites a retención de bienes

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Santo Domingo, R.D.-El Tribunal Constitucional (TC) volvió a pronunciarse sobre un problema recurrente: la negativa de autoridades e instituciones a devolver bienes o recursos cuya retención ya no tiene sustento legal.

En una nueva sentencia, la alta corte ordenó al Banco Agrícola devolver ocho millones de pesos que permanecían retenidos pese a que habían cesado las medidas de coerción que dieron origen a la garantía económica.

La decisión se suma a otros fallos recientes del TC relacionados con la devolución de bienes y recursos vinculados a procesos judiciales, en los que el tribunal ha advertido que las autoridades no pueden mantener bajo su control dinero o propiedades cuando desaparece la causa legal que justificó la medida.

Posteriormente, el 3 de octubre de 2017, el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Romana dictó un auto de no ha lugar y dispuso el cese de todas las medidas de coerción impuestas en ese proceso.

La entidad financiera alegó que la garantía estaba respaldada por un certificado financiero emitido a nombre de la Procuraduría Fiscal de La Romana y no a nombre de Michel, por lo que entendía que los fondos no podían ser entregados al reclamante. También sostuvo que este carecía de interés directo sobre esos valores y que la devolución podía afectar el patrimonio de la institución.

Ante la negativa, Michel presentó una acción de amparo alegando una vulneración de su derecho de propiedad. El Tribunal Superior Administrativo (TSA) acogió el recurso y, mediante una sentencia emitida en agosto de 2019, ordenó al Banco Agrícola devolver los fondos.

Los jueces verificaron que el dinero había sido aportado originalmente por Michel mediante un cheque de administración emitido por el Banco de Reservas y que esos recursos nunca fueron transferidos ni cedidos al imputado ni al Estado como propietarios de los fondos.

El TC concluyó que el certificado financiero emitido a nombre de la Procuraduría respondía al mecanismo utilizado para instrumentar la garantía judicial, pero no modificaba la titularidad del dinero.

«Resultaba jurídicamente improcedente la retención de los montos depositados», sostuvo el tribunal al confirmar la devolución de los 8 millones de pesos.

La alta corte recordó que el artículo 237 del Código Procesal Penal dispone que las garantías económicas deben cancelarse y los bienes afectados devolverse cuando cesa la medida que les dio origen.

Asimismo, reiteró un criterio fijado recientemente según el cual las personas que enfrenten la negativa de una autoridad a devolver bienes o valores cuya restitución sea obligatoria pueden recurrir al amparo de cumplimiento para exigir la ejecución de esa obligación legal.

Con esta decisión, el TC confirmó la devolución de los fondos reclamados por Michel y reafirmó que la retención de bienes o recursos no puede mantenerse cuando desaparece la causa legal que la justificaba.

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Los hermanos Espaillat van a juicio de fondo a la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional.

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Santo Domingo, R.D.-Fue apoderada para conocer el juicio de fondo contra Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, acusados de su presunta responsabilidad en el colapso del techo  del referido establecimiento, tragedia que dejó como resultado la muerte de 236 personas y más de 180 heridos, la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional.

El expediente fue asignado al tribunal, presidido por la magistrada Clara Luz Almonte, mediante el sistema de sorteo aleatorio computarizado de la presidencia de la Cámara Penal del Distrito Nacional, luego de que un juez determinara que debía seguir el proceso en un juicio de fondo.

Con este paso, la magistrada procederá próximamente a emitir el auto de fijación de audiencia para citar formalmente al Ministerio Público, a la defensa de los imputados y a las partes querellantes.

Tras un análisis exhaustivo del expediente, el magistrado tipificó los hechos como homicidio culposo o imprudente, rechazando la solicitud de un sector de las víctimas que buscaba que el caso fuera juzgado bajo la figura de homicidio voluntario.

Uno de los puntos relevantes de la decisión del juez Mejía es la exclusión del Ayuntamiento del Distrito Nacional, el Ministerio de Obras Públicas y otras instituciones estatales del proceso penal.

El juez argumentó que, ante la conducta procesal demostrada por los imputados, quienes han mostrado arraigo y disposición de asistir voluntariamente a las audiencias, la prisión preventiva no resulta procedente, recordando que en el sistema constitucional dominicano la libertad es la regla y la prisión la excepción.

No obstante, en el ámbito civil, el tribunal dictó medidas de coerción reales contra los imputados, consistentes en la inmovilización de bienes y medidas conservatorias para garantizar la reparación del daño a las víctimas.

El tribunal confirmó que las evidencias, tanto documentales como materiales, fueron recabadas respetando los derechos fundamentales y ajustándose a los artículos 140, 173, 174 y 197 del Código Procesal Penal, así como a la Resolución 38-69 de la Suprema Corte de Justicia.

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