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Cobertura forestal creció a un 44.03 % hasta febrero 2024, según presidente Abinader.

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Santo Domingo. –Un informe fue presentado este lunes por el presidente Luis Abinader acerca de las acciones que ha realizado el gobierno desde el año 2020 para preservar los recursos naturales y el medioambiente en la República Dominicana.

Durante su discurso en LA Semanal con la Prensa, como cada lunes, el gobernante dijo que de agosto 2020 a febrero 2024 se plantaron 24.2 millones de árboles, que suman más de 470 mil tareas nacionales reforestadas. Con esto, la cobertura forestal creció a un 44.03 %, de los cuales 38.82 % son de bosques y 5.21 % de sistemas de agroforestales.

Se han producido 32.9 millones de plántulas en 54 viveros mediante la producción de 22 mil kilogramos de semillas de las principales especies endémicas y nativas, como la mara, cedro blanco, caoba criolla y pino criollo.

Gestión de recursos costeros y marinos

En la franja costera se restauraron 80,670 m2 con la plantación de 307,191 unidades de mangle botón, mangle blanco y uva de playa.

Asimismo, se recuperaron 31.5 km de playas ocupadas por negocios ilegales y se sanearon 2,236,000 m2 de playas en 124 jornadas del programa de limpieza de franja costera y ribera de los ríos.

También en las playas se recuperaron 1,447,234 libras de residuos y se creó el gabinete de lucha contra el sargazo.

Protección y conservación de biodiversidad marina

En este sentido, Abinader indicó que se intervinieron 396 nidos de tortugas marinas de las especies tinglar y verde, liberando unos 14,978 neonatos.

Se decomisaron 23 mil libras de pez loro, se recuperaron 14 km de tejido coralino en la región este y se realizaron 2 expediciones científica oceánicas en la cordillera submarina beata, recorriendo 2,740 km y dedicando más de 355 horas de investigación, con la meta de lograr el 30% de conservación del territorio marino antes del 2030.

Fortalecimiento del SINAP

El jefe de Estado explicó que se ha fortalecido el SINAP con 4 nuevas áreas protegidas: el Parque Nacional Loma los Siete Picos, el Refugio de Vida Silvestre Laguna Prieta y los monumentos naturales Loma del Flaco José Francisco Peña Gómez y Río Partido. Además, se aumentaron 131 áreas de conservación con un 25.3% de territorio terrestre y 10.8% de la superficie marina.

Plan de acción de rescate

El gobierno ha iniciado un gran plan de acción de rescate y remozamiento de parques como el Nacional Valle Nuevo, estando también en proceso de rescate de la parte sur. También se continuó con el plan de acción de rescate del Parque Nacional Los Haitises, el rescate del Monumento Natural de Lagunas Cabarete y Goleta, el remozamiento del Parque Nacional El Morro y el mejoramiento del control y vigilancia en la Sierra de Bahoruco.

Control y vigilancia de las áreas protegidas

En este aspecto se incrementaron los guardaparques de 856 a 1,102, al tiempo que se realizaron mejoras salariales en un 50 % en la escala salarial.

Prohibición de FOAM y plásticos

Al respecto se emitió la resolución que prohíbe el FOAM y plásticos de un solo uso en el Parque Nacional Cotubanamá, el Monumento Natural Isla Catalina y en todos los cuerpos de agua a nivel nacional.

Cambio climático

En cuanto a este tema, se logró la aprobación del Fondo de Pérdidas y Daños a través de los líderes de las negociaciones en las COP y voceros de la Alianza de Pequeños Estados Insulares (AOSIS).

Asimismo, se logró ser miembro de la Junta Directiva del Fondo Verde del Clima y de la junta directiva del Fondo de Pérdidas y Daños. El país fue gestor de 50 proyectos de cooperación internacional, 22 concluidos y 28 en ejecución, con una inversión de US$701.3 millones.

El presidente Abinader anunció también que se reconocieron 6.4 millones de dólares por la reducción y captura de carbono, por un 1,278,595 toneladas métricas de CO2 (EQ) gracias a los servicios de los bosques.

Un acuerdo de 25 millones de dólares con el Banco Mundial para el pago por reducciones verificables de gases de efecto invernadero (GEI) provenientes del carbono de los bosques hasta el año 2025.

Indicó que solo en el 2023, se llevaron a cabo 8,565 operativos en coordinación con el Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA) para perseguir y sancionar delitos que amenazan aspectos vitales como la seguridad hídrica, la calidad ambiental y la sostenibilidad económica del país.

Dominicana Sostenible

En el marco del programa Dominicana Sostenible, Abinader sostuvo que abordó la problemática de los vertederos, reduciendo de 240 a cielo abierto en el 2021 a un número significativamente menor.

Más del 55 % de las emisiones de gas metano provenían de estos vertederos, generando 13 mil toneladas de residuos sólidos urbanos (RSU) al día.

Además, se completaron 8 obras y se tienen 23 en proceso, beneficiando a más de 4.5 millones de personas con una inversión de RD$1,532 millones.

Digitalización de los servicios

En cuanto a la digitalización de los servicios, el escenario hasta julio 2023 era de retrasos internos con errores y falta de transparencia, también altos consumo de papel.

En ese mismo orden, el mandatario Abinader destacó una transformación significativa, desde julio de 2023 con el ahorro de recursos, la implementación de trámites en línea, reducción de uso de papel y una comunicación más eficiente con los ciudadanos.

Desde marzo de 2024, se lanzó la segunda etapa del sistema, enfocada en optimizar la operatividad de control.

Uso sostenible de suelos y aguas

Al referirse al aprovechamiento y uso sostenible de suelos y aguas el mandatario indicó que se establecieron 30 nuevas canteras de minas secas para extraer 5.4 millones de m3 anuales.

Se prohibieron las extracciones en los ríos, excepto en proyectos con criterios técnicos específicos, y se automatizaron las autorizaciones para extracciones, con un plazo máximo de 15 días calendario y se otorgaron autorizaciones de hasta un año para proyectos con un volumen mínimo de extracción anual de 120,00 m3.

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Tribunal aplaza audiencia de imputados separados en caso Medusa

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Santo Domingo.-Fueron aplazadas las cinco audiencias que estaban pautadas para este jueves en el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, en las que darían continuidad, de forma separada, al proceso que se sigue contra el imputado Juan Azael y las empresas Smart Logistics SRL, Distribuidora Ropi SRL, Ropalma y Viaros Comercial, que fueron desglosados del caso Medusa.

El juez Amauri Martínez pautó las audiencias para el 6 de junio, debido a que el abogado de la parte querellante no estuvo presente por problemas de salud.

El expediente del imputado Juan Azael fue separado del proceso, tras dejar sin efecto el acuerdo arribado con el imputado, a solicitud de la coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortíz, debido a que este declaró en el tribunal que había sido extorsionado por el órgano acusador para firmarlo.

En ese sentido, el Ministerio Público pidió al tribunal que el imputado sea enviado a juicio de fondo para que allí responda por los hechos que se le imputa en el entramado de corrupción del caso medusa.

El Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional además aplazó, para el miércoles 8 de mayo, la audiencia preliminar que se sigue a la imputada Altagracia Guillen Calzado de manera desglosada, tras ser separado su expediente del caso Medusa, por razones de salud.

La coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortíz informó que el tribunal pautó la fecha, tomando en cuenta que el proceso que se sigue contra la imputada está avanzado, las partes vertieron conclusiones y tiene que agendarse dentro del plazo de los 10 días.

El expediente de la excoordinadora Administrativa y Financiera de la Procuraduría General, Altagracia Guillen Calzado, fue separado del proceso del caso Medusa tras su defensa técnica presentar un licencia médica de 30 días, razón por la que se conocerá de forma individual para no afectar la continuación del juicio preliminar contra los demás imputados.

Acusación contra imputados del caso Medusa El proceso judicial denominado Medusa, tiene como principal acusado al exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez y el expediente señala que los imputados integraban una red criminal de corrupción que, según estimaciones, estafó al Estado dominicano con más de 6 mil millones de pesos.

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Apertura a juicio hijo de exviceministro de Agricultura por estafa a esa institución

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Santo Domingo, R.D.-Fue dictado auto de apertura a juicio de fondo por parte del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional contra el hijo de un ex-viceministro de Agricultura y a otro acusado de supuestamente desfalcar esa entidad gubernamental con casi cuatro millones de pesos.

Los que enfrentarán el proceso son Antonio José Paredes Eliozondo y Julio (Julito) Enrique Domínguez Solano, este último vástago del administrativo y financiero de Agricultura, Julio Domínguez Fernández.

El Ministerio Público acusa a Paredes Elizondo de realizarse transferencias fraudulentas, a través del netbanking que estaba asignado al Viceministerio Administrativo y Financiero, para luego entregárselo a Domínguez Solano.

El monto exacto del fraude a Agricultura es de tres millones ochocientos diez mil pesos (3,810,000 pesos).

La Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) inició la investigación después de recibir una denuncia del Ministerio de Agricultura, presentada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, que dirige Milagros Ortiz Bosch.

Acusación

Los implicados enfrentan cargos de coalición de funcionarios, desfalco, usurpación de funciones y asociación de malhechores.

También se les señala por violación a los artículos 5, 6 y 14 de la Ley número 53-07, contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, así como el 66 de la Ley núm. 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

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Aceptan irse voluntariamente en extradición dos de los acusados de estafar ancianos.

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Santo Domingo, R.D.-Por voluntad propia dos de los cuatro dominicanos arrestados tras ser acusados de operar desde el país una red de estafa contra ancianos de Estados Unidos, decidieron acogerse a la solicitud de extradición de la justicia estadounidense.

La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) conocía esta jueves la solicitud de extradición para los cuatro hombres que hasta el momento han sido detenidos por el caso que ha sido denominado «estafa de abuelos»: Rafael Ambiorix Rodríguez Guzmán, Félix Samuel Reynoso Ventura, Juan Rafael Parra Arias y a José Ismael Diloné Rodríguez

En ese sentido, los acusados Rodríguez Guzmán y Reynoso Ventura notificaron hoy su decisión de irse voluntariamente a los Estados Unidos a enfrentar los 19 cargos que el Departamento de Justicia les imputa por el robo de millones de dólares a cientos de estadounidenses de avanzada edad.

Mientras que la audiencia sobre la extradición de Juan Rafael Parra Arias y a José Ismael Diloné Rodríguez se aplazó para el próximo jueves 9 de mayo, porque sus abogados dijeron no estar preparados.

Los 11 dominicanos acusados de operar desde el país la red de estafas enfrentarían, de ser encontrados culpables, una pena máxima de 20 años por cada uno de los cargos que el Departamento de Justicia presentó contra ellos en una corte de Nueva Jersey.

Contra el grupo de dominicanos pesan 19 cargos de conspiración de fraude postal y electrónico, fraude electrónico, fraude postal, conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero.

Los hombres trabajaban en centros de llamada (call centers) registrados en la República Dominicana desde donde se comunicaban con los ancianos en Estados Unidos haciéndose pasar por familiares y pedirles ayuda económica para resolver alguna situación, por lo regular un accidente automovilístico.

Sus víctimas eran «abuelos» residentes en varios estados, incluidos Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania y Massachusetts.

Al menos siete de ellos siguen prófugos, según informaron las autoridades estadounidense.

El resto de los 16 acusados, cuatro hombres y una mujer que residían en Nueva York, ya están bajo custodia de las autoridades estadounidenses y fueron acusados por conspiración de fraude electrónico como parte del mismo esquema.

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