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Presidente de Suprema Corte de Justicia asegura crimen transnacional amenaza integridad institucional y a la sociedad
Santo Domingo, R.D.-Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia de República Dominicana, aseguró que el crimen transnacional afecta directamente las estructuras y reglas del estado de derecho, constituyéndose en una amenaza a la integridad de las instituciones «y la seguridad de nuestras sociedades».
Molina, quien también ostenta la Secretaría Pro Tempore de la Cumbre Judicial Iberoamericana (2023-2025), se expresó en esos términos al participar en el acto de lanzamiento del Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado -PAcCTO 2.0-, sesiones de alto nivel, ciclo de políticas compartidas de Justicia, actividad que se realiza en la ciudad de Panamá.
Asimismo, aseguró que cooperando a ambos lados del Atlántico se logrará atacar los problemas en todos los segmentos de la cadena criminal y su tratamiento desde la gestión de los sistemas penitenciarios, hasta la prevención de la corrupción o el blanqueo de dinero, para lo cual sostuvo que es necesario diseñar y revisar estrategias a medida para mejorar los servicios judiciales y la respuesta estatal.
«Esta nueva edición del PAcCTO tiene un valor adicional en la medida en que amplía su alcance geográfico a los países del Caribe. Para el Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe, del cual el Poder Judicial de la República Dominicana ostenta actualmente la Presidencia pro tempore, esta dimensión caribeña es especialmente importante, pues permitirá afinar la cooperación con nuestros países vecinos», explicó Molina.
Expresó tener grandes esperanzas en las iniciativas que se puedan lograr en los próximos años, gracias a la asistencia técnica del PAcCTO, especialmente en la gestión penal para delitos de alta complejidad en todas sus fases.
Entre otras metas a alcanzar, señaló la oportunidad de incorporar al Plan Iberoamericano de Estadísticas Judiciales las sentencias en materia de crimen organizado, así como debatir sobre las mejores formas de conectar el Poder Judicial con ministerios públicos, las administraciones penitenciarias y otras instituciones relacionadas con el proceso judicial del crimen organizado.
En las sesiones de alto nivel ciclo de políticas compartidas de Justicia que se realiza del 12 al 13 de marzo, en Panamá, participan también Enrique Gil, secretario general de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (Comjib); Eduardo Casal, presidente de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (Aiamp); Catarina Sarmento, ministra de Justicia de Portugal; David Vilas, director general de Cooperación Jurídica Internacional, Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de España; y José de la Mata, presidente del BoRP de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación en materia de Justicia Penal (Eurojust), entre otras personalidades.
Sobre PAcCTO
El Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado (PAcCTO) es un programa de cooperación internacional financiado por la Unión Europea que busca contribuir a la seguridad y la justicia en América Latina a través del apoyo a la lucha contra el crimen transnacional organizado.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.