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Presidente de Suprema Corte de Justicia asegura crimen transnacional amenaza integridad institucional y a la sociedad
Santo Domingo, R.D.-Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia de República Dominicana, aseguró que el crimen transnacional afecta directamente las estructuras y reglas del estado de derecho, constituyéndose en una amenaza a la integridad de las instituciones «y la seguridad de nuestras sociedades».
Molina, quien también ostenta la Secretaría Pro Tempore de la Cumbre Judicial Iberoamericana (2023-2025), se expresó en esos términos al participar en el acto de lanzamiento del Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado -PAcCTO 2.0-, sesiones de alto nivel, ciclo de políticas compartidas de Justicia, actividad que se realiza en la ciudad de Panamá.
Asimismo, aseguró que cooperando a ambos lados del Atlántico se logrará atacar los problemas en todos los segmentos de la cadena criminal y su tratamiento desde la gestión de los sistemas penitenciarios, hasta la prevención de la corrupción o el blanqueo de dinero, para lo cual sostuvo que es necesario diseñar y revisar estrategias a medida para mejorar los servicios judiciales y la respuesta estatal.
«Esta nueva edición del PAcCTO tiene un valor adicional en la medida en que amplía su alcance geográfico a los países del Caribe. Para el Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe, del cual el Poder Judicial de la República Dominicana ostenta actualmente la Presidencia pro tempore, esta dimensión caribeña es especialmente importante, pues permitirá afinar la cooperación con nuestros países vecinos», explicó Molina.
Expresó tener grandes esperanzas en las iniciativas que se puedan lograr en los próximos años, gracias a la asistencia técnica del PAcCTO, especialmente en la gestión penal para delitos de alta complejidad en todas sus fases.
Entre otras metas a alcanzar, señaló la oportunidad de incorporar al Plan Iberoamericano de Estadísticas Judiciales las sentencias en materia de crimen organizado, así como debatir sobre las mejores formas de conectar el Poder Judicial con ministerios públicos, las administraciones penitenciarias y otras instituciones relacionadas con el proceso judicial del crimen organizado.
En las sesiones de alto nivel ciclo de políticas compartidas de Justicia que se realiza del 12 al 13 de marzo, en Panamá, participan también Enrique Gil, secretario general de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (Comjib); Eduardo Casal, presidente de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (Aiamp); Catarina Sarmento, ministra de Justicia de Portugal; David Vilas, director general de Cooperación Jurídica Internacional, Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de España; y José de la Mata, presidente del BoRP de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación en materia de Justicia Penal (Eurojust), entre otras personalidades.
Sobre PAcCTO
El Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado (PAcCTO) es un programa de cooperación internacional financiado por la Unión Europea que busca contribuir a la seguridad y la justicia en América Latina a través del apoyo a la lucha contra el crimen transnacional organizado.
Santo Domingo.-El sustitivo concebido en el Código de Trabajo para la cesantía laboral es el seguro de desempleo, cuya opción es la propuesta que tienen bajo la manga los sectores empresariales del pais.
El punto es que el tema del seguro de desempleo es terreno de la Ley de Seguridad Social, que tiene pendiente de modificación desde el año 2011, luego de haber sido promulgada en el año 2001 bajo el número 87-01.
Sin embargo, la ley vieja, que debe ser modificada, ya contempla la creación de un seguro de desempleo y señala directamente una modificación a la cesantía laboral, aunque especificando que se trabaje sin que se pierdan derechos adquiridos.
Pero los 18 meses ya computan 25 años desde la aprobación de la referida ley, sin que hasta el momento los integrantes de la mesa tripartita logren ponerse de acuerdo en torno a un mandato legal.
Esta ha sido una de las principales causas que han impedido, entonces, una reforma al Código de Trabajo, una pieza que el Poder Ejecutivo aspira modificar desde el primer cuatrienio de gobierno del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), pero sin tocar aspectos relacionados con la cesantía.
El tema tiene tales niveles de sensibilidad que los actores políticos representados en la Cámara de Diputados y en el Senado ni siquiera se atreven a fijar posturas públicas, aunque tras bastidores comparten la idea del seguro de desempleo.
Entrevistado sobre el particular, el senador Alexis Victoria Yeb declaró que lo que se procura es el libre mercado, pero respetando a la vez los derechos adquiridos.
Y aunque la ley del 2001 habla de reformar en un plazo de 18 meses, Victoria Yeb afirmó que el tema deberá abordarse en los próximos cinco o diez años.
“Eso no se va a tocar (la cesantía) y no debe tocarse. Este no es el momento de crear más situaciones por cómo está el mercado y la situación política en sentido general”, indicó Victoria Yeb.
Entretanto, el proyecto reposa en la Cámara de Diputados con fines de ser conocido en una segunda lectura que, según una nota de prensa del hemiciclo, se realizará esta misma semana.
Los trabajos de comisión fueron dirigidos por el diputado Mélido Mercedes y, pese a la cantidad de encuentros que se sostuvieron con legisladores y personas de interés en torno al tema, se supo que muchos de ellos debieron ser suspendidos por falta de apoyo de las partes.
Si los diputados aprueban la pieza esta semana, la misma deberá retornar, debido a las modificaciones introducidas, al Senado de la República, órgano que tendría la obligación de aprobarla sin cambios o, de lo contrario, la iniciativa se caería, para posteriormente ser enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación.
El tema aquí es que los sectores empresariales agrupados en el Consejo Nacional de la Empresa Privada consideran que la pieza que se trabaja no reúne las características que inicialmente se consensuaron, lo que los lleva a oponerse a la misma.
Detrás de todas las quejas subsiste el tema de la cesantía, que ya el legislador consideró hace 25 años, mediante una ley, que debía regirse por un seguro de desempleo, algo que, pese a estar consignado allí, no genera apoyo popular.
Santo Domingo, R.D.-Las autoridades identificaron al piloto Erick Diago y al copiloto Rudy Gahasal como las dos personas fallecidas tras el accidente de una aeronave que se precipitó a tierra cuando intentaba regresar al Aeropuerto Internacional de La Romana, de donde había despegado minutos antes, luego de que el avión presentara fallas mecánicas.
De acuerdo a informes preliminares, la aeronave partió inicialmente desde Puerto Rico y aterrizó en La Romana para reabastecer combustible y dejar dos pasajeros. El destino final de los pilotos era Austin, Texas, Estados Unidos.
La comisión indicó que la aeronave presentó una situación de emergencia cuando se encontraba aproximadamente a 16 millas náuticas al suroeste de La Romana.
Santiago. -Este jueves el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción ante el Tribunal de Atención Permanente de Santiago contra los apresados en la Operación XL526, quienes alegadamente integran una presunta red dedicada a estafas, extorsiones y lavado de activos con víctimas en Estados Unidos de América.
El jurista Kilvio González, quien representa a Danny Rafael Laguar Ferreira, asegura que su defendido es un ingeniero civil dedicado a la construcción de viviendas en el distrito municipal de San Francisco de Jacagua, y no.parte de una estructura criminal.
El también abogado José Reynoso García asegura que se han cometido violaciones al debido proceso de los apresados.
Criticó que fueran trasladados a distintos centros de reclusión, incluyendo el Palacio de Justicia, el centro de la fortaleza Fernando Valerio y posteriormente Rafey, dificultando que pudieran verlos.
La Operación XL526 fue ejecutada el.pasado martes con operativos en Santiago y Puerto Plata, donde fueron arrestadas 20 personas señaladas de integrar una estructura criminal. En el.caso de Santiago, la estructura funcionaba desde Los Cocos de Jacagua y utilizaba amenazas, simulación de carteles de drogas y herramientas tecnológicas para extorsionar a víctimas en Estados Unidos.