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Lula se impone y disputará la segunda vuelta a un Bolsonaro reforzado

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El exmandatario logra el 48% de los votos, por el 43,5% del actual presidente, que gana poder en el Congreso

Sao Paulo.- El sueño de una victoria de la izquierda brasileña en primera vuelta quedó enterrado. El presidente, el ultraderechista Jair Bolsonaro, mostró una fortaleza superior a la pronosticada por las encuestas. Con el 99% escrutado, el expresidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, de 76 años, lograba el 48% de los votos, mientras que su rival Bolsonaro, de 67 años, se hacía con el 43%. Brasil celebró los comicios más decisivos y reñidos de las últimas décadas tras una larga y enconada campaña electoral salpicada por algunos episodios de violencia política grave, como el asesinato de al menos dos seguidores de Lula a manos de bolsonaristas. Los brasileños, que fueron a las urnas para decidir si imponían un giro hacia la izquierda o profundizaban en el volantazo a la ultraderecha de 2018, se han divididos en dos mitades. Ninguno alcanzó el 50% más uno de los votos válidos necesario para sentenciar la elección ya; el duelo entre Lula y Bolsonaro se resolverá dentro de cuatro domingos. “Vamos a ganar, esto es tan solo una próoroga”, ha dicho el izquierdista con el resultado ya decidido.

Una victoria en la segunda vuelta de Lula supondría la culminación del giro a la izquierda que se ha venido dando en América Latina en las últimas elecciones y la posibilidad de reescribir los capítulos finales de su historia personal, empañados por su paso por prisión, aunque sus condenas por corrupción fueron anuladas. También sería crucial para el futuro de la Amazonia y para el planeta, por el papel que ejerce como regulador de la temperatura.

Durante meses, Bolsonaro ha criticado las encuestas que de manera sostenida le colocaban entre 10 y 15 puntos por detrás de Lula. Sus fieles decían que estaba siendo subestimado como en 2018, y así ha sido. A la hora de la verdad, su apoyo real ha sido mayor del pronosticado. Su partido, el Liberal (PL), tendrá el mayor grupo parlamentario y el desembarco bolsonarista en el Senado ha sido potente. Y los candidatos a gobernador en al menos tres Estados (Río de Janeiro, el Distrito Federal y Paraná) apadrinados por Bolsonaro han ganado en primera vuelta. Adenás, su hombre para el Gobierno de São Paulo, Tarcisio Freitas, un militar que fue ministro, se disputará la segunda vuelta con Fernando Haddad, lo más parecido que Lula tiene a un heredero político. Los sondeos colocaban a Haddad, exalcalde de la metrópoli y que perdió ante Bolsonaro las presidenciales hace cuatro años, muy por delante, lo que hizo soñar al Partido de los Trabajadores con conquistar el Estado más rico de Brasil.

Al ir a votar, Lula recordó su paso por prisión. “Es un día importante para mí”, declaró. “Hace cuatro años no pude votar porque fui víctima de una mentira. Quiero ayudar a mi país a regresar a la normalidad”, añadió en São Bernardo do Campo (São Paulo), donde se forjó como líder sindical y político.

En Brasil se vota en urna electrónica: la ciudadanía teclea el número asignado a cada candidato, cuya fotografía el elector puede ver. Se trata de un método implantado hace 25 años para facilitar la vida a los analfabetos y combatir el fraude. Lula es el 13 y Bolsonaro, el 22. El sistema era un orgullo nacional, pero el presidente Bolsonaro ha erosionado de manera grave su credibilidad. El mandatario ha agitado las dudas hasta el último minuto, siempre sin pruebas, contra un sistema que no ha sufrido ningún fraude relevante. “Si son elecciones limpias, sin problema, que gane el mejor”, ha declarado este domingo por la mañana el presidente brasileño al votar en una villa militar de Rio de Janeiro vestido con una camiseta con los colores patrios. El problema es que buena parte de los bolsonaristas se han creído ese discurso y sospechan que las autoridades electorales arrebatarían a su líder una posible victoria. El voto es en urnas a prueba de hacker, no conectadas a internet.

Por eso es clave la reacción de Bolsonaro a los resultados oficiales. El sistema de voto electrónico y el Tribunal Superior Electoral (TSE) han sido, junto al dúo Lula-Bolsonaro, los grandes protagonistas de esta campaña. Existe el temor de que ante un resultado que no sea de su agrado, el ultraderechista movilice a sus seguidores al estilo de Donald Trump con el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

Los 156 millones de electores convocados a las urnas votan para elegir presidente, Cámara de Diputados, un tercio del Senado, los gobernadores de los 26 Estados y del Distrito Federal, además de todos los Parlamentos estatales. En el caso de presidente y gobernadores, hay segunda vuelta si ninguno alcanza el 50% más uno de los votos válidos, sin contar blancos y nulos. El voto es obligatorio, pero la multa a los que no ejerzan su derecho es pequeña y la abstención suele rondar el 20%. Por primera vez, todo el país ha votado en el mismo horario, de modo que el recuento empieza al cierre de los colegios.

Tras el 13 para votar a Lula y el 22 para Bolsonaro, existen dos de país completamente antagónicos.

El mandato de Bolsonaro ha sido bastante parecido a lo que anticipaba su trayectoria como diputado extravagante y nostálgico de la dictadura. Son casi cuatro años marcados por una gestión negacionista de la pandemia y el retraso en comprar las vacunas. Ese ha sido su mayor error, el que más le reprochan los que soñaron con que traería un cambio político profundo y ahora están decepcionados. Instalado en el poder, el bolsonarismo ha generado una tensión constante con otras instituciones del Estado, sobre todo con el Tribunal Supremo, incluidas amenazas golpistas más o menos veladas. A mitad de mandato y para evitar un impeachemnt se alió con la vieja política con la que había prometido acabar.

La campaña de Lula para conseguir su tercer mandato a la presidencia —gobernó entre 2003 y 2010— ha sido pura nostalgia. El candidato de la izquierda ofrece a sus compatriotas recetas que entonces funcionaron, pero mejoradas, suele decir. Siempre ambiguo, no ha entrado detalles sobre cómo pretende conseguirlo en una situación económica con síntomas de mejoría, pero que no termina de despegar. Y mientras, su promesa de que con él Brasil volverá a ser feliz ha calado.

Lula lidera una candidatura de 10 partidos que van de la extrema izquierda al centroderecha. Y como candidato a vicepresidente lleva a uno de sus históricos adversarios, Geraldo Alkcmin, figura del centroderecha tradicional que suaviza el perfil de los que aún ven a Lula como un radical.

Los mítines de Lula han sido un recordatorio constante de los mejores logros de los gobiernos progresistas para combatir la pobreza e impulsar la inclusión y prosperidad de las masas de desheredados a las que las élites blancas dejaron de lado durante siglos. Por eso los pobres siempre han permanecido fieles al Partido de los Trabajadores, incluso en medio de los peores escándalos de corrupción y cuando Lula fue encarcelado tras unas condenas por corrupción posteriormente anuladas. Fue juzgado por un juez, Sergio Moro, al que no le correspondía el caso. Moro, que fue ministro de Justicia de Bolsonaro y rompió con él, busca un escaño en el Senado.

El votante de Lula es pobre, mujer y más bien mestizo o negro. En cambio, los más ricos, instruidos, blancos y los hombres prefieren a Bolsonaro.

El antiguo militar que logró entusiasmar a sus compatriotas con un discurso antipolítica, de combate implacable contra la corrupción y mano dura en seguridad acabó desilusionando a quienes le votaron por el deseo de cambio radical y la agenda liberal en economía. En cambio, han permanecido a su lado los más ideologizados, los entusiastas del discurso anticomunista que ve a la izquierda como enemiga irreconciliable, incluidos muchos defensores de las armas.

elpais.com

 

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Persiste el caos en Haití que espera el pleno establecimiento del Consejo de Transición

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EFE
Persiste la situación de caos en Haití, marcada por sangrientos enfrentamientos entre unidades de la Policía Nacional Haitiana (PNH) y grupos armados pertenecientes a la coalición ‘Vivre Ensemble’ (‘Vivir Juntos’) y el no funcionamiento de las escuelas desde hace más de un mes en la región metropolitana de la capital.

En este contexto y tras varias semanas de evasivas, en la víspera se firmó el decreto por el que se nombra al Consejo Presidencial de Transición llamado a dirigir hasta el 7 de febrero de 2026, fecha prevista para la investidura de un nuevo presidente tras las elecciones legislativas.

En la norma se invita a las personalidades designadas para formar parte de dicho Consejo a presentar en la Secretaría General del Consejo de Ministros los documentos requeridos de conformidad con el artículo 2 del decreto publicado.

Estos son al menos los requisitos establecidos en una nota publicada para anunciar la adopción por el Consejo de Ministros y la publicación en el diario oficial Le Moniteur del decreto por el que se crea el Consejo Presidencial de Transición.

La publicación de este decreto ha sido acogida con satisfacción por los actores nacionales y la comunidad internacional, incluidos Estados Unidos, la Comunidad del Caribe (Caricom), Canadá, Francia y las Naciones Unidas.

La Oficina Integrada de las Naciones Unidas afirma que continúa siguiendo de cerca el proceso que ha llevado a la publicación del decreto.

«Reafirmamos nuestro compromiso de apoyar a las instituciones del país en sus esfuerzos por restaurar las instituciones democráticas», declaró el representante del secretario general de la ONU en Haití.

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ONG reporta 241 personas muertas en las cárceles de El Salvador en dos años de régimen de excepción

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AP

El Salvador.-La organización Socorro Jurídico Humanitario afirmó el miércoles que 241 personas murieron en las cárceles en los dos años de vigencia del régimen de excepción en el país, luego de ser detenidos como sospechosos de ser pandilleros o colaborar con estos grupos criminales.

La directora de la organización, Ingrid Escobar, dijo que desde 2022 han recibido 500 denuncias de fallecidos bajo custodia del Estado, pero «nosotros hemos confirmado 241: 239 adultos y dos niños hijos de privadas de libertad».

Según el informe de la ONG, «el 44% murió por muerte violenta, torturas graves, el 29% por falta de atención médica, es decir, otra forma de torturar a la gente».

El gobierno del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, consiguió que el Congreso del país aprobara hace dos años un régimen de excepción, como parte de su política de mano dura contra las pandillas, que suspendió derechos fundamentales como el de tener acceso a un abogado o el de conocer los motivos de la detención.

Además, el plazo de detención administrativa —sin pasar a disposición judicial— se extiende de 72 horas a 15 días y hasta dos años para investigarlos.

La medida fue la respuesta del gobierno a los índices de violencia y de asesinatos en el país.

La situación de los detenidos en las cárceles de El Salvador ha sido recurrentemente cuestionada por organizaciones de derechos humanos por vulneración de los mismos.

Socorro Jurídico Humanitario también pidió al Estado salvadoreño que investigue conforme a la ley «todos los homicidios que han ocurrido en los centros penitenciarios, así como todas las desapariciones forzadas de detenidos».

Por su parte, la organización Cristosal registra más de 3,500 denuncias de violaciones a derechos humanos durante el régimen de excepción.

Amnistía Internacional también sostiene que ha habido desapariciones forzadas, torturas y muertes arbitrarias bajo custodia del Estado, así como trato cruel e inhumano, hacinamiento carcelario y criminalización de personas que viven en la pobreza.

Al presentar el informe, la directora Escobar dijo que «el Estado de El Salvador tiene que estar claro que ha sido violador de tratados internacionales y que ha cometido crímenes de lesa humanidad».

Sin embargo, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, indicó que desde la entrada en vigencia del estado de excepción el 27 de marzo de 2022, han detenido a 79,184 personas, calificadas como «presuntos terroristas». Con estas cifras, el ministro refirió que han capturado al 75% de los pandilleros del país y que la mayoría del 25% faltante, ya están fuera del territorio nacional.

El mismo gobierno ha tenido que liberar a más de 7,000 personas por falta de pruebas en los últimos dos años. Alrededor del 90% de los reclusos están en la cárcel sin sentencia.

En ese sentido, la ong Socorro Jurídico Humanitario estimó que el 35% son inocentes y que el 94% de los fallecidos no tenían afiliación con pandillas.

«La mayoría eran personas trabajadoras como comerciantes informales, taxistas y/o transportistas informales, agricultores, pescadores, pastores y predicadores evangélicos, empleados municipales y un sindicalista», señala en informe.

No obstante, el ministro Villatoro reiteró en una entrevista con la televisión local la necesidad de continuar con la política de seguridad contra las pandillas, a las que las autoridades responsabilizan de la mayoría de los crímenes que se cometen en el país.

Según el gobierno, la violencia en El Salvador ha disminuido considerablemente desde 2015, cuando se registraron más de 6,665 homicidios y el país era considerado uno de los más peligrosos del mundo. En 2023, el año cerró con 214 asesinatos, entre ellos, 38 homicidios de presuntos pandilleros, que fallecieron en supuestos enfrentamientos con policías y fuerzas armadas.

Según cifras oficiales, en los tres primeros meses de 2024 se contabilizan 31 homicidios, un 34% menos que los 47 registrados en el mismo periodo del año pasado. En los dos primeros días del abril, se ha confirmado un homicidio.

Con al régimen de excepción, el Congreso también reformó el Código penal para aumentar las penas de cárcel para los pandilleros y sus colaboradores. Además, los fiscales pueden presentar juicios masivos por clicas —o grupos de pandillas— sin necesidad de individualizar los procesados.

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Haití extiende por un mes más el estado de emergencia en la capital debido a la violencia

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Efe

Puerto Príncipe.-El Gobierno de Haití informó este miércoles que extenderá el estado de emergencia en todo el Departamento Oeste, donde se ubica la capital, desde este jueves hasta el 3 de mayo próximo.

Las autoridades también decidieron extender el período de toque de queda en toda esa demarcación desde este miércoles hasta el 10 de abril próximo.

Estas disposiciones han sido tomadas con el fin de restablecer el orden y tomar las medidas oportunas para recuperar el control de la situación, dijo el comunicado emitido por la oficina del primer ministro interino, Michel Patrick Boisvert.

El toque de queda se extenderá desde las siete de la noche hora local (24:00 GMT) hasta las seis de la mañana hora local del miércoles venidero (11:00 GMT).

Esta medida no se aplica a los agentes del orden en servicio, bomberos, conductores de ambulancias, personal sanitario y periodistas debidamente identificados.

Durante el período del estado de emergencia, todas las manifestaciones en la vía pública están prohibidas, de día o de noche, en el Departamento Oeste.

En consecuencia, se ordenó a la policía utilizar todos los medios legales a su disposición para hacer cumplir el toque de queda y detener a todos los infractores.

La orden de Boisvert no sorprende a los haitianos, ya que la situación de violencia imparable que afecta a la capital, principalmente, se mantiene a causa de los ataques por doquier de las bandas armadas que controlan o inciden en casi la totalidad de Puerto Príncipe.

Lo dispuesto por el ministro interino se produce cuando aumentan las expectativas en torno a reuniones para la conformación del Consejo Presidencial para la Transición en Haití, impulsado por la Comunidad del Caribe (Caricom) y países como Estados Unidos, Canadá, México y Brasil, con el propósito de sacar a Haití de una situación de inseguridad sin precedentes.

Mientras se llevan a cabo esas discusiones, algunas zonas de la región metropolitana de la capital presentaron este miércoles una aparente calma, y en otras áreas se escucharon intensos tiroteos durante todo el día.

La Policía Nacional de Haití (PNH) intensificó sus operaciones como única institución que queda en pie en el país desde que estalló la crisis a finales de febrero pasado, y se declara movilizada y decidida a seguir luchando contra las bandas armadas en concertación con la población.

En un comunicado hecho público este miércoles, la PNH anunció la muerte de un poderoso jefe de banda en un intercambio de disparos, así como la incautación de armas y municiones.

‘New York New York’, el jefe de la banda de Cité Doudoune, en la comuna de Croix-des-Bouquets, al norte de la capital, fue abatido, según la policía, durante una operación para acabar con el bandidaje.

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Edificio La República: Restauración No. 138, cuarta planta, Santiago, República Dominicana. Teléfono: 809-247-3606. Fax: 809-581-0030.
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