Opinión
Lumpen-imperialismo o imperialismo mafioso
por Narciso Isa Conde
Su nueva divisa es depredar y destruir la periferia del sistema para prolongar su vejez y decadencia.
En muchas ocasiones he hablado de la pertinencia del término lumpen-burguesía o burguesía mafiosa.
Igual puede y debe ser calificada un gran parte de la elite de la partidocracia que le sirve a ella de instrumento político de dominación. Y también vale para describir poderosas facciones del generalato militar y policial.
El neoliberalismo, las privatizaciones, la reedición de viejas formas de acumulación originaria de capital, la aparición de otras formas gansteriles con iguales fines: robo del patrimonio público, de los recursos naturales y de los fondos estatales, estafas financieras, tráfico de influencia, evasiones de impuestos, prácticas de narco-economía y narco-política, tráfico de armas, órganos y personas, contrabando de todo tipo, estafas financieras, para-militarismo y nuevas modalidades de las fuerzas de intervención y agresión militar… han disparado y deformado este engendro imperialista a niveles nunca antes vistos.
- El vientre del engendro global.
La matriz global de estos fenómenos aberrantes y sus resultados, está en la multi-crisis crónica del capitalismo mundial, en su progresiva decadencia y en la conversión del imperialismo colectivo (norteamericano, europeo, asiático… con su centro en EEUU) en un lumpen-imperialismo o imperialismo mafioso, comandado por una lumpen-burguesía transnacional, con agresivos componentes y agentes financieros, militares y minero-energéticos.
El imperialismo, para prolongar su vejez, se ha tornado altamente depredador y destructivo, sobre todo de los países y territorios de su periferia dependiente y de clases populares, explotadas y excluidas.
En nuestro país la usura financiera, el saqueo de minerales y recursos energéticos, los atracos en nombre de las privatizaciones… tienen nombres de bancos y corporaciones. Van de la mano de un endeudamiento externo oneroso, que asciende ya al 50% del PBI y consume al 40% del presupuesto nacional (en pago de intereses y amortizaciones), y se entrelazan con la voracidad de la Barrick Gold, Uni-Gold, Gold Corp, Dominican Gold, Falcondo-Xstrata Niquel y de innumerables corporaciones destinadas a saquear la Cordillera Central, la zona de influencia del Artibonite, Loma Mala, la Sierra de Siete Picos, Los Haitises, las costas, las fuentes de agua…
Pero el patrón es tan mundial como la destrucción y el caos que genera ese saqueo impuesto con el uso de la fuerza o bajo amenaza del uso de la fuerza.
La recesión prolongada, el agotamiento del modelo keynesianismo, las graves déficits internos y externos, las sucesivas explosiones de las burbujas inmobiliarias y financieras, la pérdida de ineficacia del voluminoso complejo militar-industrial estatal como mecanismo de crecimiento económico y de ingresos extraoprdinarios, el auge de la pobreza, el desempleo y la indigencia en los centros desarrollados del capitalismo, ha determinado el reemplazo progresivo de sus economías productivas por el reino de la especulación y el consiguiente crecimiento de mecanismos informales cada vez más gansterizados.
- Cambios en la política y en los instrumentos de guerra.
Esto ha dado lugar a un fenómeno militar de alto riesgo, el cual ha sido muy bien caracterizado por Jorge Beistein, analista desde la óptica marxista del devenir de la crisis del capitalismo, en su ensayo titulado “La ilusión del meta-contral imperial del caos.- La mutación del sistema de intervención militar de los Estado Unido”. (Editorial Trinchera, Caracas, mayo 2013), el cual nos refiere a:
-La creciente privatización, informalización y elitización del poderío militar estadounidense.
-La flexibilización de su sistema militar, combinando “estructuras de la guerra tradicional” con “bandas de mercenarios” y “redes mafiosas”.
-La descentralización en el contexto de esa mezcla de fuerza estatales y no estatales, y la creación simultánea de comandos y núcleos operativos altamente tecnificados y centralizados.
-El financiamiento de lo para-estatal a través de la narco-economía, las ventas irregulares de armas, la prostitución y otros negocios ilegales; con destacada participación de la DEA, CIA y numerosas agencias de seguridad privada.
La conformación, en consecuencia, de verdaderos “escuadrones de la muerte globales” y la creación de “fuerzas de intervención privadas-clandestinas”, destinadas a desplegar su accionar como lo hicieron en Nicaragua y lo están haciendo en Irak, Afganistán, Libia, Siria… provocando diversas guerras informales y asimétricas; auxiliadas siempre por el poderoso Comando Conjunto de Operaciones Especiales, dotado de drones, armamentos sofisticados y núcleos operativos entrenados para acciones y crímenes puntuales.
Esto implica ir mas allá de la llamada “guerra de cuarta generación”, engendrando, en lugar de nuevas maquinarias jerarquizadas y fuerzas militares regulares, una especie de “administración de fuerzas delincuentes” con crecientes prácticas gansteriles y propósitos destructivos.
El para-militarismo acompaña las corporaciones mineros-energéticas y las tropas mercenarias con altos niveles de entrenamiento y agresividad tienden a crecer en forma alarmante: 137 mil mercenarios en el Medio Oriente, 190 mil en Afganitán, 1931 agencias de seguridad privadas y redes de agentes, que en total sobrepasan un millón de efectivos hasta conformar una enorme fuerza militar privatizada difícil de domesticar.
(Esto debe alertarnos respecto al rol de Manuel Rocha, gerente de Barrick Gold y especialista en la materia, y al numeroso personal extranjero de ese consorcio y empresas conexas; como también respecto a la guardia privada de Falcondo-Xstrata Niquel y a los cuerpos para-policiales entrenados por asesores colombianos. Porque todo esto resuma conformación de una fuerza militar mercenaria).
- Caos fuera y caos dentro del imperio.
Estos cambios en la política de guerra e intervención, más que ocupar ordenadamente territorio, como se hacía antes, persigue des-estructurar sociedades en la periferia del sistema capitalista, sembrar caos, destruir identidades, desatar pugnas y saquear recursos en interés de prolongar la vida decadente del imperialismo y sus países centrales.
Esto es así, tanto en cuanto a los avances destructivos de la mega-minería a cielo abierto y de las corporaciones energéticas en el llamado Tercer Mundo, como de las intervenciones financieras y militares; todas acompañadas de guerras mediáticas globales y locales, dirigidas a estigmatizar y aislar a las victimas de sus agresiones y rapacidad.
El problema de esa determinación imperial es que –como dice Beinstein- el control del caos generado y su limitación a la periferia del sistema en crisis, es realmente una “ilusión”; dado que la destrucción de territorios y sociedades en áreas tan extensa y pobladas, y el proceso de gansterización de los instrumentos militares, extractivos y financieros empleados para saquear, se revierten sobre los países centrales y tienden a provocar su autodestrucción.
Un gasto militar que llegaría en el 2015 a los 9 billones de dólares (millones de millones), siete veces el déficit fiscal de EEUU, sin tener ya capacidad, en medio de está multi-mega crisis, de reactivar la economía y generar bienestar social como ocurría en la era del militarismo keynesiano; sumado a los 47 millones de indigentes existentes ya en esa sociedad central del capitalismo, apuntan a un caos interno cada vez mayor. Europa, por demás está convulsionada.
Esa ominosa perspectiva global exige un cambio radical del actual “ordenamiento” destructivo de la sociedad humana.
El capitalismo ya agotó su existencia desarrollista y avanza rápidamente hacia la generalización del caos con consecuencias fatales para el planeta y sus habitantes, por lo que urge sembrar y crear socialismo a través de nuevas y originales revoluciones. (SD-RD, 10-06-2013).
Por ROMMEL SANTOS DIAZ
Cuando se haya remitido a la CPI una situación en virtud del artículo 13 y el Fiscal haya determinado que existen fundamentos razonables para comenzar una investigación, o el Fiscal inicie una investigación en virtud de los artículos 13 y 15, éste lo notificará a todos los Estados Partes y a aquellos Estados que, teniendo en cuenta la información disponible, ejercerán normalmente la jurisdicción sobre los crímenes de que se trate. El Fiscal podrá hacer la notificación a esos Estados con carácter confidencial y, cuando lo considere necesario a fin de proteger personas , impedir la destrucción de pruebas o impedir la fuga de personas,, podrá limitar el alcance de la información proporcionada a los Estados.
Dentro del mes siguiente a la recepción de dicha notificación, el Estado podrá informar a la CPI que esta llevando a cabo o ha llevado a cabo una investigación en relación con sus nacionales u otras personas bajo su jurisdicción respecto de actos criminales que puedan constituir crímenes contemplados en el artículo 5 del Estatuto de Roma y a los que se refiera la información proporcionada en la notificación a los Estados.
A petición de dicho Estado, el Fiscal se inhibirá de su competencia a favor del Estado en relación con la investigación sobre las personas antes mencionadas, a menos que la Sala de Cuestiones Preliminares decida, a petición del Fiscal, autorizar la investigación.
El Fiscal podrá volver a examinar la cuestión de la inhibición de su competencia al cabo de seis meses a partir de la fecha de la inhibición o cuando se haya producido un cambio significativo de circunstancias en vista de que el Estado no está dispuesto a llevar a cabo la investigación o no puede realmente hacerlo.
El Estado de que se trate o el Fiscal podrán apelar ante la Sala de Apelaciones de la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares, de conformidad con el artículo 82. La apelación podrá sustanciarse en forma sumaria.
Cuando el Fiscal se haya inhibido de su competencia en relación con la investigación con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2, podrá pedir al Estado de que se trate que le informe periódicamente de la marcha de sus investigaciones y del juicio ulterior. Los Estados Partes responderán a esas peticiones sin dilaciones indebidas.
El Fiscal podrá, hasta que la Sala de Cuestiones Preliminares haya emitido su decisión, o en cualquier momento si se hubiere inhibido de su competencia en virtud de este artículo, pedir a la Sala de Cuestiones Preliminares, con carácter excepcional, que le autorice a llevar adelante las indagaciones que estime necesarias cuando exista una oportunidad única de obtener pruebas importantes o exista un riesgo significativo de que esas pruebas no estén disponibles ulteriormente.
Finalmente, el Estado que haya apelado una decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares en virtud del artículo 18 podrá impugnar la admisibilidad de un asunto en virtud del artículo 19, haciendo valer hechos nuevos importantes o un cambio significativo de las circunstancias.
Por Isaías Ramos
Un país no fracasa porque le falten recursos. Fracasa cuando sus instituciones dejan de servir al ciudadano y comienzan a servir a los privilegios. Fracasa cuando la Constitución promete dignidad, bienestar y justicia social, pero la práctica política reparte exenciones, contratos, subsidios mal diseñados, deuda y cargas tributarias sobre los mismos hombros de siempre.
La República Dominicana no necesita escoger entre Estado y mercado. Nuestra Constitución consagra un Estado Social y Democrático de Derecho, fundado en la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación de poderes. También garantiza la libre empresa y la propiedad privada; pero ordena proteger la competencia libre y leal, evitar los efectos nocivos y restrictivos del monopolio y del abuso de posición dominante, y reconoce que la propiedad tiene una función social. Mercado, sí; empresa, sí; propiedad, sí; pero nunca por encima de la dignidad del ciudadano.
Los países que se desarrollan no subsidian la ineficiencia: financian productividad. Usan crédito, incentivos y subsidios para crear empleo formal, innovación, exportaciones, infraestructura, energía eficiente y salarios dignos. Los países capturados hacen lo contrario: convierten el subsidio en dependencia, la exención en renta privada, el contrato en premio político y la deuda en hipoteca contra el pueblo.
La deuda pública consolidada ya no permite eufemismos. A abril de 2026, alcanzó US$82,790.8 millones, equivalente al 61.4 % del PIB: US$66,408.5 millones del Sector Público No Financiero y US$16,382.2 millones del Banco Central. Esa cifra compromete ingresos futuros y estrecha el margen para salud, educación, seguridad, vivienda, agua, transporte y energía.
Y aun así, el problema puede ser mayor. RDVial muestra la zona gris. En 2024, el fideicomiso registró recaudación de peajes por RD$9,065.7 millones, pagó intereses por RD$5,332.6 millones y cerró con RD$67,076.5 millones en deuda a largo plazo y bonos por pagar. Dicho sin maquillaje: un monto equivalente a casi el 59 % de lo recaudado en peajes terminó destinado al pago de intereses. Cuando los peajes del ciudadano financian principalmente el costo financiero de la deuda, ya no hablamos solo de infraestructura: hablamos de ingresos públicos futuros comprometidos para pagar obligaciones presentes.
La discusión constitucional es inevitable: si un fideicomiso administra patrimonio público, derechos de cobro públicos o flujos pagados por ciudadanos, su deuda y sus riesgos fiscales deben transparentarse. No basta decir que no está en el presupuesto ordinario. Si el pueblo paga, el pueblo tiene derecho a saber. En RDVial, los estados financieros identifican como activos intangibles los derechos recibidos del Estado dominicano sobre ingresos por cobro y recaudación de peajes.
Ahora se presenta la Ley 30-26 bajo el discurso de crecimiento, sostenibilidad fiscal y protección social. El Gobierno afirma que busca captar entre RD$40,000 y RD$50,000 millones adicionales, sin modificar la tasa ni la base del ITBIS. Pero incluye el aumento del impuesto a cheques y transferencias electrónicas de 0.15 % a 0.2 % y diez dólares adicionales al impuesto sobre pasajes aéreos.
La pregunta no es solo quién firma el impuesto; es quién termina pagándolo. En mayo de 2026, la inflación interanual fue 5.35 %, con alimentos y bebidas no alcohólicas en 6.56 % y transporte en 7.47 %. En ese contexto, elevar costos financieros, operativos y de transporte puede trasladarse a precios, servicios y consumo. Tal vez no se llame impuesto a la canasta básica, pero cuando sube el costo de mover dinero, transportar personas y operar negocios, el consumidor termina pagando.
La contradicción se agrava al mirar las exenciones. Para 2026, el gasto tributario estimado asciende a RD$393,541.54 millones, equivalente al 4.54 % del PIB: casi ocho veces la meta máxima de la reforma. No todo gasto tributario es privilegio; algunas exenciones protegen bienes y servicios esenciales. Pero cuando una exención no demuestra retorno social, empleo digno, productividad, innovación, competencia o reducción de precios, deja de ser incentivo y se convierte en privilegio. Y cuando ese privilegio se financia con deuda e impuestos al pueblo, se vuelve ilegítimo, injusto e inmoral.
También se castiga a la diáspora. El aumento de diez dólares al pasaje aéreo golpea al dominicano ausente que viene a ver a su madre, invertir sus ahorros, enterrar a un familiar o traer a sus hijos para que no pierdan la patria. Esa misma diáspora envió US$5,170.1 millones en remesas entre enero y mayo de 2026. No es una caja registradora: es parte viva de la nación. No se puede celebrarla cuando envía remesas y castigarla cuando regresa.
En el Frente Cívico y Social entendemos que la República Dominicana necesita una reforma, sí; pero una reforma que empiece por el poder, no por el bolsillo del pueblo. Una reforma que audite exenciones, condicione incentivos, transparente fideicomisos, revise subsidios, reduzca deuda improductiva, transparente gastos e inversiones públicas y proteja a quienes sostienen la economía real: la clase media, los trabajadores, los productores, los emprendedores y la diáspora dominicana. Una reforma para que el crecimiento deje de ser estadística y se convierta en dignidad cotidiana. No estamos contra la empresa. Estamos contra el abuso. No estamos contra la riqueza. Estamos contra un Estado corporativo, clientelar y de privilegios.
Ya basta. Es tiempo de gobernar. Es tiempo de activar el orden constitucional.
Por Rosario Espinal
La eventual candidatura de Santiago Matías representa, en gran medida, una expresión del desencanto ciudadano con las estructuras políticas existentes. No es casual que su discurso encuentre receptividad entre sectores que consideran que los partidos tradicionales han dejado de escuchar a la población.
La reciente posibilidad de una candidatura presidencial de Santiago Matías (Alofoke) ha generado debates, entusiasmo y preocupación en diversos sectores de la sociedad dominicana. Más allá de las simpatías o rechazos que pueda despertar su figura, el fenómeno merece un análisis más profundo, pues no se trata únicamente de una persona, sino de un síntoma de una transformación política que se viene gestando desde hace años.
El historiador británico Eric Hobsbawm, en el capítulo «La caída del liberalismo» de su obra Historia del siglo XX (1998), explicó cómo los períodos de crisis de representación y pérdida de confianza en las instituciones tradicionales crean espacios para el surgimiento de nuevos liderazgos capaces de canalizar el descontento social. Aunque la República Dominicana actual está muy lejos de las dramáticas circunstancias de la Europa de entreguerras, existen elementos que invitan a la reflexión.
Los partidos políticos dominicanos continúan siendo las principales estructuras de acceso al poder, pero enfrentan un progresivo deterioro de su capacidad para representar las aspiraciones de la ciudadanía. Como señala el sociólogo Bernardo Matías, la principal característica de la crisis política dominicana es la creciente desconexión entre los partidos y la sociedad. La militancia ideológica ha sido sustituida por el pragmatismo electoral, el clientelismo y la búsqueda de beneficios individuales.
Esta realidad ha provocado que amplios sectores de la población, especialmente los jóvenes, perciban a los partidos tradicionales como organizaciones alejadas de sus preocupaciones cotidianas. El aumento de la abstención electoral y la disminución de la identificación partidaria son señales evidentes de este fenómeno.
Es precisamente en ese escenario donde emerge la figura de Alofoke. Su fortaleza no proviene de una estructura política tradicional ni de una larga trayectoria partidaria. Su principal capital es una comunidad digital construida durante años a través de las redes sociales y los medios de comunicación alternativos. En una época en que la comunicación política se desarrolla cada vez más en plataformas digitales, su capacidad de influencia constituye una ventaja que pocos actores políticos poseen.
La eventual candidatura de Santiago Matías representa, en gran medida, una expresión del desencanto ciudadano con las estructuras políticas existentes. No es casual que su discurso encuentre receptividad entre sectores que consideran que los partidos tradicionales han dejado de escuchar a la población. Tampoco es casual que su propuesta surja en un contexto donde más de la mitad de los ciudadanos no manifiestan simpatía por ninguna organización política.
Sin embargo, la historia demuestra que la popularidad mediática por sí sola no garantiza el éxito político. Gobernar un país requiere mucho más que influencia comunicacional. Exige propuestas concretas, equipos técnicos, capacidad institucional y una visión clara sobre los desafíos nacionales. La verdadera prueba para cualquier outsider político consiste en transformar el apoyo emocional de sus seguidores en un proyecto de gobierno viable.
De cara a las elecciones de 2028, la República Dominicana podría enfrentar uno de los procesos electorales más interesantes de las últimas décadas. Si los partidos tradicionales no logran renovar sus liderazgos, fortalecer sus vínculos con la sociedad y ofrecer respuestas efectivas a las demandas ciudadanas, es probable que continúen surgiendo figuras ajenas al sistema político convencional.
La lección que ofrece Hobsbawm es clara: cuando las instituciones dejan de representar eficazmente a la sociedad, aparecen nuevos actores dispuestos a ocupar ese espacio. La pregunta no es si Alofoke puede convertirse en presidente, sino qué condiciones sociales y políticas han hecho posible que una candidatura como la suya sea considerada seriamente por una parte importante de la población.
El desafío para la democracia dominicana no consiste en impedir la aparición de nuevos liderazgos, sino en fortalecer las instituciones para que la competencia política se base en propuestas, programas y soluciones reales a los problemas nacionales. De lo contrario, la crisis de representación seguirá profundizándose y los ciudadanos continuarán buscando alternativas fuera de los canales tradicionales de la política.
Bibliografía
Hobsbawm, E. J. (1998). Historia del siglo XX (J. Faci, J. Ainaud y C. Castells, trads.). Buenos Aires, Argentina: Crítica.
Matías, B. (2020, 23 de junio). La crisis de los partidos en República Dominicana. Acento. La crisis de los partidos en República Dominicana
Jovine Rijo, F. A. (2026, 22 de junio). ¿Alofoke, presidente? Listín Diario. ¿Alofoke, presidente?